[contextly_sidebar id=”yTVHvmsgUc8nI2oBtSfOrkI4ipf6zcXh”]Este martes, 7 de julio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigió al Ejército mexicano que se “revoquen o sean modificados” todos los documentos y ordenanzas militares –vigentes a la fecha– en los que se instruye tanto a mandos como a la tropa a “abatir” personas.
A través de una solicitud formal, la Segunda Visitaduría de la CNDH exhortó al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, a que “en caso de que existieran documentos u órdenes vigentes, en los que se utilizaran términos como ‘abatir’ u otro similar, sin precisar sus significados y alcances específicos, respetuosamente le solicito se revoquen o sean modificados en las partes conducentes, a efecto de evitar ambigüedades en su acatamiento“.
La exigencia de revocar o modificar toda orden que incluya el concepto “abatir” fue planteada por la CNDH, luego de que se diera a conocer un documento interno del Ejército, en el que se ordena a soldados apostados en el Estado de México “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
Dos semanas después de emitido este documento, soldados de ese regimiento ejecutaron extrajudicialmente a por lo menos ocho personas, en la comunidad de Tlatlaya, el 30 de junio de 2014.
En ese momento, el Ejército anunció que un enfrentamiento con delincuentes había dejado un saldo de 22 presuntos criminales muertos. Sin embargo, la Procuraduría General de la República halló pruebas de que, al menos ocho de esas personas, habían sido asesinadas a mansalva por los soldados.
Pero según las estimaciones de la CNDH, el número real de víctimas de ejecución extrajudicial podría ser de hasta 15 personas asesinadas por el Ejército dentro de una bodega.
Entre las personas que perdieron la vida durante el operativo nocturno del Ejército en Tlatlaya, y que inicialmente fueron presentadas como sicarios, se encuentra una adolescente de 15 años.
Ahora, la Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con tres días para responder a la CNDH si acatará, o no, la solicitud de cancelar toda orden vigente en el país, que incluya el concepto “abatir”.
El debate sobre “abatir”
La semana pasada, activistas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez difundieron una copia de las órdenes entregadas a un batallón del ejército que mató a 22 presuntos delincuentes en junio de 2014. Las investigaciones determinaron que la mayoría de las víctimas fueron baleadas después de haberse rendido o estando desarmadas.
Los soldados recibieron la orden de “abatir” a los criminales, una palabra que en México se entiende de manera general como “matar”. Otros puntos en las órdenes de tres páginas, las cuales son algo contradictorias, también les pedían a los militares que respetaran los derechos humanos.
Posteriormente, las autoridades federales argumentaron que “abatir” puede significar otras cosas, tales como derribar o humillar. Pero incluso el Ejército y las fuerzas policiales han usado esa palabra en forma uniforme en comunicados de prensa anteriores con el significado de “matar”.
La Sedena, asimismo, reconoció la autenticidad del documento dado a conocer por el Centro Pro Juárez, pero destacó que éste no sólo incluye la orden de “abatir delincuentes en horas de la noche”, sino también la orden de mantener toda acción miitar dentro del respeto a los derechos humanos.
La Sedena ha dicho que los homicidios en el municipio de Tlatlaya, al oeste de la Ciudad de México, fueron obra de siete soldados acusados en el caso y no ha implicado a ningún oficial. En noviembre, tres de los soldados en la patrulla fueron acusados de homicidio con agravantes, mientras que a otros cuatro, incluido un teniente, se les aplicaron cargos de acciones inadecuadas para el servicio público por no reportar los asesinatos. No ha habido juicios ni veredictos en el caso.
Los interrogantes en torno a los homicidios fueron puestas ante la opinión pública por primera vez en un reporte de The Associated Press que hacía notar contradicciones en la versión del ejército. Los periodistas de la AP que visitaron el lugar de los hechos tres días después del tiroteo encontraron poca evidencia de una larga batalla. En lugar de ello, los muros mostraban un patrón repetitivo de uno o dos agujeros de bala ubicados cerca uno de otro rodeados de sangre salpicada, lo que daba la apariencia de que algunos de los muertos habían estado de pie frente a la pared y se les había baleado a aproximadamente la altura del pecho.
El Manual de las Fuerzas Armadas sobre el Uso de la Fuerza afirma que los soldados sólo pueden usar sus armas de fuego “en legítima defensa” de ellos mismos o de otras personas, en casos de peligro o muerte inminente o lesión grave, o para evitar que se cometa un delito que involucre una amenaza a la vida, y sólo en el caso en que otras medidas menos extremas sean insuficientes para alcanzar esos objetivos.
Con información de AP.
