[contextly_sidebar id=”nxoL7mDeUufSgA57Ca6EsMFYprnqBmtK”]En el Sistema Penitenciario Federal hay 6 mil 847 reos con un brazalete electrónico, como el que portaba Joaquín el Chapo Guzmán y que se quitó antes de fugarse del penal de máxima seguridad El Altiplano.
Esta es una medida de seguridad que ha sido colocada a internos de los 17 Centros Federales de Readaptación Social, de acuerdo con datos del Sistema Penitenciario Federal entregados a Animal Político.
En 2012 colocaron 3 mil 539 dispositivos de vigilancia electrónica a reos “como medida de seguridad” y en 2013 se sumaron 3 mil 308 internos con este dispositivo, explica el Sistema Penitenciario Federal, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad.
Mientras que de 2008 a 2011 y en 2014 “no se aplicaron a internos del Sistema Penitenciario Federal, dispositivos de vigilancia electrónica como medida de seguridad”, se informa.
Según el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong estos dispositivos carecen de geolocalizador y son “más delgados” porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos “no permite el uso de brazaletes dentro de las cárceles”.
Sin embargo, Animal Político consultó a la CNDH sobre los documentos en los que advierte esta negativa y la oficina de comunicación social respondió que no existen recomendaciones ni informes con señalamientos de esa naturaleza.
En la conferencia de prensa de este lunes, Osorio Chong aclaró que el brazalete del Chapo, “no es un brazalete que se ocupan para reos o delincuentes o presuntos delincuentes fuera de la cárcel, fuera del lugar donde están aprehendidos, no. Son solamente para una localización interna”.
Además, “por razones de derechos humanos, de respeto a la intimidad, la viodeovigilancia tenía dos puntos ciegos” que Guzmán Loera aprovechó para fugarse evadiendo el resto de mecanismos de seguridad.
Al respecto, la CNDH emitió un comunicado el pasado martes 15 de julio en el cual precisa que el organismo “no establece las normas bajo las cuales deben regirse los penales y centros de internamiento para personas privadas de su libertad”, toda vez que “su función es observar y verificar que en dichos lugares se respeten la dignidad y los derechos fundamentales de la persona, sin que ello inhiba o determine las condiciones de seguridad”.
El Altiplano, bajo la lupa de la CNDH
Como parte del cumplimiento de la observancia del respeto a los derechos fundamentales en los reclusorios, la CNDH realizó el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria en 2013 que incluye el análisis de cinco tópicos: aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno; estancia digna; condiciones de gobernabilidad; reinserción social del interno y grupos de internos con requerimientos específicos.
El estudio revisa los penales federales entre los que se encuentra “El Altiplano”, que alcanzó la quinta posición con un promedio de 7.53 y de acuerdo a la evaluación, entre las debilidades identificadas por el organismo estaba el “registro de incidentes que afectan la seguridad” y el “tiempo de respuesta”.
La CNDH calificó con “cero” la suficiencia de personal de seguridad de custodia; en cambio, entre los rubros mejores calificados está “supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular”, pues obtuvo 10 de calificación en los registros de supervisión, notificación de las irregularidades detectadas, seguimiento a la atención de las irregularidades, informes por escrito y un informe diario.
Además del ejercicio de las funciones de autoridad como el control de la seguridad, de actividades, visitas y teléfonos también alcanzaron calificaciones de 10.
