Ocho errores clave cometidos por la autoridad al investigar el caso Ayotzinapa (según la CNDH)
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Manu Ureste

Ocho errores clave cometidos por la autoridad al investigar el caso Ayotzinapa (según la CNDH)

Un informe de la CNDH establece cuáles han sido las diligencias y acciones que, hasta la fecha, han omitido realizar las autoridades responsables, las cuales, de llevarse a cabo, permitirían obtener indicios "fundamentales" no sólo sobre el paradero de los jóvenes que permanecen desaparecidos, sino también sobre la identidad y responsabilidad de los involucrados en el crimen.
Manu Ureste
Por Paris Martínez
24 de julio, 2015
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Octava marcha por Ayotzinapa en la ciudad de México. //Foto: Manu Ureste

Octava marcha por Ayotzinapa en la ciudad de México. //Foto: Manu Ureste

A dos días de cumplirse 10 meses del secuestro y desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo público un informe preliminar sobre las investigaciones que, por su cuenta, realiza el ombudsman nacional sobre el actuar de las autoridades mexicanas, tras el ataque cometido contra estos jóvenes durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

El informe de la CNDH establece cuáles han sido las diligencias y acciones que, hasta la fecha, han omitido realizar las autoridades responsables (especialmente la Procuraduría General de la República), las cuales, de llevarse a cabo, permitirían obtener indicios “fundamentales” no sólo sobre el paradero de los jóvenes que permanecen desaparecidos, sino también sobre la identidad y responsabilidad particular de los involucrados en el crimen.

A continuación, te presentamos un resumen de esas fallas en la investigación, detectadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

1.- ¿Cómo buscas… si no sabes lo que buscas?

Luego de revisar de forma íntegra el expediente integrado por la PGR sobre el ataque a los normalistas de Ayotzinapa, la CNDH detectó que hasta la fecha no se han Integrado fichas de identificación de los alumnos, sin las cuales, “las acciones de búsqueda de los estudiantes desaparecidos que se pudieran llevar a cabo (…) disminuyen sensiblemente las posibilidades de éxito.” Las fichas de identificación deben incluir, además de los datos generales de la persona a localizar, datos específicos como el tipo de sangre, el uso de algún aparato terapéutico, la referencia de intervencines quirúrgicas, la ficha odontológica, señas particulares, tatuajes, cicatrices, la huella digital, entre otros.

Luego del ataque a los normalistas, en la comunidad de Mezcala, aledaña a Iguala (y ubicada en sentido opuesto a Cocula), la PGR encontró un autobús abandonado, que previamente había sido usado por los normalistas. En los alrededores de dicho vehículo, las autoridades encontraron ocho playeras y un pañuelo, mismos que no han sido analizados para saber si pertenecían a los jóvenes desaparecidos. Una de estas playeras, de hecho, tiene rastros de sangre.

Si estas prendas pertenecían a los jóvenes desaparecidos, esto pondría en entredicho la versión de la PGR, ya que según la Procuraduría los estudiantes fueron trasladados a Cocula, y no hacia Mezcala. Estos peritajes, sin embargo, no pueden realizarse, por la falta de las fichas de identificación de los normalistas ausentes.

Por la misma causa, la PGR tampoco ha realizado dictámenes periciales a los rastros de sangre localizados en el punto donde los normalistas fueron atacados.

2.- Una investigación, sin reconstrucción de hechos

Aunque la PGR ha realizado “recreaciones individuales” sobre la supuesta ruta que siguieron los captores y sus víctimas, luego del ataque en Iguala, hasta la fecha la Procuraduría no ha realizado una “reconstrucción de hechos” completa. Esta diligencia, subrayó la CNDH, es “fundamental” para determinar la hora y los lugares en los que se desarrollaron los hechos.

Para la CNDH, las “recreaciones individuales” de la PGR “no reúnen los requisitos legales para estimarlas como una reconstrucción de hechos”.

La falta de esta diligencia, pone en evidencia, además, las contradicciones que persisten en la versión oficial de los hechos. Por ejemplo, a pesar de que la PGR afirma que los normalistas fueron conducidos al basurero de Cocula, donde fueron asesinados e incinerados, la misma Procuraduría cuenta con el testimonio de un presunto involucrado según el cual los estudiantes no fueron llevados al basurero, sino a la localidad de “Pueblo Viejo” y al “Cerro la Parota”.

Asimismo, la PGR no ha investigado la identidad de dos presuntos involucrados que, según detenidos, habrían participado en el traslado de los estudiantes hacia Pueblo Viejo y La Parota.

3.- ¿Y los teléfonos celulares de las víctimas?

Según la investigación de la CNDH, existen indicios de que desde tres teléfonos celulares de los normalistas desaparecidos se emitieron mensajes de texto, después de ser secuestrados por la Policía de Iguala. Asimismo, de un cuarto teléfono existen indicios de que se realizó una llamada telefónica. Sin embargo, la PGR no ha realizado hasta la fecha un rastreo “georreferenciado” de dichos aparatos. El mapeo de los movimientos de esos celulares, que siguieron activos después del secuestro, podría dar indicios sobre la “ruta de desaparición”.

“La determinación del área en la que se sostuvieron las comunicaciones, así como la fijación y corroboración de las fechas y horas en que fueron efectuadas, permitiría a los investigadores orientar las acciones de búsqueda”.

4.- ¿Cómo se calcinan 43 cuerpos… bajo una intensa lluvia?

A pesar de que existen distintos testimonios que indican que Iguala y Cocula vivieron una intensa lluvia durante toda la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27, la PGR concluyó que los cuerpos de los 43 normalistas raptados fueron incinerados en el basurero de Cocula, hasta prácticamente desintegrar sus restos. Sin embargo, según la CNDH, hasta la fecha la Procuraduría no ha verificado con instancias especializadas, como el Servicio Meteorológico Nacional, si en la zona se dieron las condiciones climáticas necesarias para generar la incineración que refiere la versión oficial de los hechos o si, por el contrario, la lluvia de esa noche lo habría impedido.

5.- Balas, hebillas, botones… los cabos sueltos

Según la versión oficial de la PGR, luego de ser incinerados en el basurero de Cocula, los restos de los normalistas fueron embolsados y arrojados al río San Juan. Sin embargo, la CNDH consideró que la Procuraduría no ha realizado los estudios necesarios para comprobar si los restos hallados en el río San Juan comparten vínculos químicos con el terreno del basurero, o si, por el contrario, no están relacionados, lo que pondría en entredicho la versión de la PGR.

Cabe destacar que, según la PGR, en las bolsas del río San Juan fueron hallados botones, hebillas y otros objetos, que nunca han sido mostrados a los familiares de los jóvenes desaparecidos, para confirmar o descartar si dichas evidencias pertenecen a sus hijos.

Asimismo, tras analizar la averiguación previa iniciada por la PGR por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la CNDH determinó que no se han realizado pruebas de balística que permitan saber con qué armas fueron disparadas las balas halladas en el basurero de Cocula. Estas pruebas permitirían saber si, eventualmente, esas balas fueron disparadas por armas de los policías de Iguala y Cocula implicados en el rapto de los estudiantes.

6.- La incógnita: ¿los huesos son de humanos?

Si bien la PGR ha realizado pruebas genéticas a algunos restos óseos hallados tanto en el basurero de Cocula como en el río San Juan, la inmensa mayoría de los 60 mil restos óseos localizados no han sido sometidos a procesos genéticos de identificación, dada su calcinación. Sin embargo, la CNDH consideró que esos restos pueden ser sometidos a otro tipo de pruebas, no genéticas, que permitirían eventualmente su identificación.

Así, la CNDH recomendó a la PGR realizar peritajes en antropología y odontología forense “a la totalidad de los fragmentos óseos y odontológicos”. De hecho, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hasta la fecha la PGR ni siquiera ha determinado si dichos restos óseos son de origen humano.

7.- Los que faltan por hablar: policías y militares

La PGR no ha recabado testimonios importantes para la búsqueda de los desaparecidos, y para la aprehensión e identificación de los secuestradores. Entre las declaraciones ministeriales que la PGR no ha recabado se encuentran las de los vecinos de Iguala que dieron auxilio a los normalistas, en el momento en que eran atacados; la de los policías estatales y federales, así como de los militares destacamentados en Iguala y Cocula; la de los policías federales que acudieron al lugar donde fueron baleados los integrantes del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo.

En el caso del Ejército, la CNDH consideró que al menos nueve militares que recibieron los reportes sobre el ataque a los estudiantes, y que acudieron al lugar de los hechos, podrían dar información valiosa sobre la reacción de los militares ante los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

8.- ¿Qué pasó con Julio César y Alexander?

Además de los errores detectados por la CNDH en la investigación realizada por la PGR, el ombudsman nacional también consideró que la Fiscalía General del Estado de Guerrero ha omitido investigar el origen de las lesiones presentes en el rostro del joven Julio César Mondragón, cuyo cuerpo fue localizado un día después del ataque a los normalistas. Hasta la fecha, las autoridades estatales no han establecido si las lesiones en el rostro de este estudiante “corresponden a una acción intencional de desollamiento o si pudieran ser consecuensia de la intrusión de la fauna de la zona en que fue abandonado el cadáver”.

En la misma medida, la PGR tampoco ha emprendido ninguna acción formal encaminada a esclarecer el homicidio del único normalista desaparecido cuyo deceso ha sido comprobado científicamente, Alexander Mora.

Según la CNDH, aunque esta muerte ya se confirmó, la PGR no ha iniciado ninguna averiguación previa por el delito de homicidio.

Epílogo: lo que le faltó a la investigación… de la CNDH

Aunque el informe preliminar de la CNDH confirma las irregularidades presentes en la investigación del caso Iguala, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez –que brinda acompañamiento legal a las familias de los normalistas desaparecidos– consideró que el ombudsman nacional omitió señalar otras anomalías, denunciadas por los padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa.

Mario Patrón, director del Centro Pro, señaló que el informe de la CNDH debió incluir recomendaciones directas al Ejército, ya que esta institución se ha negado de forma reiterada a informar sobre su actuar durante el ataque a los estudiantes, además de que tampoco se ha investigado a profundidad aquellos testimonios de presuntos implicados, que afirman que los militares conocían de la presencia de grupos del crimen organizado en Iguala desde 2013, sin actuar en consecuencia.

Es importante que la CNDH insista ante el Ejército en que debe cooperar, permitir que sus elementos rindan declaraciones declaraciones ministeriales –señaló Patrón–, pero la CNDH también olvida destacar que hay declaraciones de policías detenidos, que establecen que el ejército desde 2013 sabía lo que ocurría en Iguala y en Cocula, entonces, en términos de responsabilidad institucional esa parte contextual debe ser investigada”.

Asimismo, destacó Patrón, la CNDH no se pronunció en torno a la falta de investigación a Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, y quien también podría tener responsabilidad en los hechos.

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Roe vs Wade: Qué cambia realmente (y qué no) con la prohibición del aborto en EU

La Corte Suprema de EU anuló el derecho constitucional federal al aborto después de casi 50 años de haber sido aprobado.
24 de junio, 2022
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Tras casi medio siglo en vigor, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó este viernes la protección constitucional al derecho al aborto.

Lo hizo al anular la histórica sentencia de 1973 conocida como Roe vs. Wade, un precedente legal que lo garantizaba.

A través de estas cinco preguntas te contamos qué es lo que ha decidido en concreto el tribunal de mayoría conservadora, qué es lo que cambia y qué consecuencias tiene para millones de mujeres en EE.UU.

Lee: Roe vs. Wade: el mapa que muestra dónde estará prohibido o restringido abortar en Estados Unidos

1. ¿Qué decretó exactamente la Corte Suprema de EU?

Con la decisión respaldada por la mayoría de jueces conservadores del tribunal, con 6 votos frente a 3, queda anulado el precedente legal que imposibilitaba a los estados prohibir el procedimiento mientras el feto no fuera viable fuera del útero (lo que hoy se considera ocurre alrededor de la semana 23 de embarazo).

“Lo que hace esta decisión es eliminar el aborto como un derecho constitucional“, le explica a BBC Mundo Grace Howard, experta en criminalización del embarazo de la Universidad Estatal de San José en California.

Dicha protección se remontaba a 1973, cuando una mayoría de jueces nombrados por presidentes republicanos interpretaron que en la 14 Enmienda de la Constitución, que reconoce el derecho a la privacidad, estaba recogido también el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo.

La nueva decisión revierte este criterio y devuelve a las autoridades de los estados la decisión de prohibir o permitir el aborto.

Carteles Roe vs. Wade

Getty Images

“Significa que ya no existe un umbral de protección federal sobre cómo los estados pueden regular o prohibir el aborto. Ahora los estados pueden hacer lo que quieran en cuanto al tema del aborto”, explica Howard.

“Si los estados individuales desean anular los derechos de la persona que estaba embarazada, pueden hacerlo. Si lo desean, pueden hacer que el aborto sea completamente ilegal en todas las circunstancias, pero también pueden hacer que el aborto sea gratuito y esté disponible para los pacientes que lo deseen”, agrega la autora de The Pregnancy Police: Conceiving Crime, Arresting Personhood.

2. ¿Qué cambia ahora con esta decisión? ¿Se convierte el aborto ilegal en Estados Unidos?

La decisión no implica que el aborto se convierta, de por sí, en “legal” o “ilegal” en Estados Unidos como nación.

“Al ser EE.UU. una federación, cada estado tiene la potestad de decidir sobre aquellos asuntos que no se consideren como derechos o deberes protegidos por la Constitución del país”, explica Howard.

Para la experta, los cambios que puede implicar la decisión pueden conllevar desde factores políticos hasta sociales e incluso económicos:

  • “Es previsible un aumento de la tasa de mortalidad materna de 21% en los Estados Unidos, que ya es el país industrializado con mayor número de muertes maternas”.
  • “Las personas en muchos estados no podrán acceder al aborto legal, por lo que seguirán practicándose abortos ilegales, con todos los riesgos que esto implica”.
  • “Los estudios que hemos hecho anticipan que muchas mujeres morirá porque se verán obligadas a dar a luz y no están preparadas o no desean hacerlo, aumentando también la carga sobre el estado con mayor número de niños dados en adopción”.
  • “También podemos anticipar muchos arrestos: tanto de mujeres como de otras personas que las ayuden o, incluso, de pacientes que se presenten en los hospitales tras tener un aborto ilegal”.
  • “Muchos médicos podrían verse obligados legalmente a denunciar a una paciente embarazada que hace algo que podría tener un impacto negativo en un embarazo”.
  • “Los estudios muestran que muchas familias se ven sumidas en la pobreza al dar a luz a niños que no desean y que a veces no tienen cómo mantener. Y esto afecta también a los hijos que ya tienen”.
  • “Será un problema también para las mujeres que tengan abortos espontáneos. Muchas se verán sometidas a investigaciones para probar que el aborto no fue provocado y si la encuentran culpable, podríamos ver escenarios en los que las condenen a 10 o 20 años de cárcel”.
  • “Muchas mujeres podrían también ser condenadas por utilizar medicamentos u otros métodos para facilitar el aborto”.

3. ¿Qué estados ya prohibieron el aborto, cuáles se prevé que lo harán y cuáles no?

Misuri y Texas han sido los primeros en restringir el aborto inmediatamente después de conocerse la decisión del Supremo.

Lo han hecho por medio de sendas leyes desencadenantes, también conocidas como de activación o “gatillo”, diseñadas para entrar en vigencia automáticamente o mediante una acción estatal rápida una vez eliminada la protección constitucional.

Hay otros 11 estados que tienen leyes de ese tipo preparados para limitar la interrupción del embarazo.

Mientras, 16 estados, entre ellos Nueva York, California y Washington, las autoridades han aprobado “trigger laws” para proteger el derecho al aborto.

Los límites al aborto que se impondrán también dependerán de los estados: mientras algunos permitirán algunas condicionantes (como los casos en que peligre la vida de la madre) en otros, como en Ohio, estará prohibido incluso si el embarazo es resultado de una violación.

carteles pro aborto en Washington

Getty Images

De acuerdo con el Instituto Guttmacher algunos estados como Alabama, Arizona y Arkansas, lo prohibirán desde el inicio del estado de gestación. Otros como Georgia, Idaho, Iowa y Kentucky lo harán a partir de las seis semanas de embarazo.

Aunque todavía no se han pronunciado oficialmente al respecto, el Instituto Guttmacher pronostica que los Congresos de Florida, Indiana, Montana y Nebraska también se sumarán a las prohibiciones.

4. ¿Entonces irán a la cárcel las mujeres? ¿Cómo se penalizará el aborto en los estados donde se prohíba?

Muchos estados han aprobado ya leyes que penalizan a los médicos y las clínicas que practiquen los abortos, con condenas que van desde la suspensión de las licencias para ejercer hasta la cárcel.

En estados como Texas, los médicos que practiquen un aborto podrían ser condenados a cadena perpetua.

Sin embargo, un hecho poco conocido es que, incluso con Roe vs. Wade, muchas mujeres han ido a la cárcel en Estados Unidos por la práctica de abortos.

De acuerdo con datos de la Universidad de Fordham, al menos 413fueron encarceladas entre 1973 y 2005 por este motivo.

Howard teme que a raíz de la actual decisión de la Corte Suprema el número se pueda incrementar.

“Hemos visto, incluso con Roe vs. Wade, mujeres acusadas de delitos contra sus propios embarazos por cosas como el autocontrol del aborto o dar positivo por drogas durante sus embarazos. Incluso por cosas como sobrevivir a un intento de suicidio mientras están embarazadas”, explica la experta.

“Entonces, si este es cosas suceden con Roe vs. Wade, que establece explícitamente que una persona embarazada tiene derechos, cuando eso desaparezca, creo que solo podemos esperar ver mucho más de esto”, señala.

5. ¿Cómo era hasta ahora? ¿En qué consistía Roe vs. Wade?

En 1969, una mujer soltera de 25 años, Norma McCorvey, bajo el seudónimo de “Jane Roe”, desafió las leyes del aborto en Texas, donde estaba prohibido, excepto en los casos en que la vida de la madre estuviera en peligro.

En 1973, su apelación llegó a la Corte Suprema, quien fallaría a favor de ella al interpretar que el derecho al aborto estaba protegido por la Constitución.

Afuera de Planned Parenthood Reproductive Health Services Center en St. Louis, Missouri

Getty Images

La decisión creó el sistema de “trimestre” que otorgaba a las mujeres estadounidenses el derecho absoluto a un aborto en los primeros tres meses del embarazo, permitía algunos tipos de regulación gubernamental en el segundo trimestre del embarazo y daba a los estados el derecho a restringir o prohibir los abortos en el último trimestre.

“Hay que decir que Roe vs. Wade se volvió con el tiempo un listón muy bajo: en las últimas décadas se ha ido restringiendo progresivamente el derecho al aborto en casi la mitad de EE.UU.”, señala Howard.

Desde la década de 1990, numerosos estados han estado implementando restricciones al derecho constitucional al aborto y en algunos como Texas ya era prácticamente imposible realizarse uno incluso antes de la decisión de la Corte Suprema.

En otros, como Misisipi, solo existía una clínica que facilitaba el aborto en funcionamiento para todo el estado.

En más de una veintena de estados existen requisitos, como que las mujeres jóvenes embarazadas involucren a sus padres o a un juez en su decisión de aborto. Otros han introducido períodos de espera entre el momento en que una mujer visita por primera vez una clínica de aborto y el procedimiento en sí.

“Como resultado, muchas mujeres ya tenían que viajar más lejos y pagar más y esto hace que las mujeres más pobres y las mujeres afroestadounidenses se vuelvan las más afectadas”, señala Howard.

Según el Instituto Guttmacher, una ONG que apoya el derecho al aborto, más de 4.000 mujeres cada año no pueden realizarse abortos en EE.UU. como resultados de las restricciones ya existentes.

6. ¿Puede el Congreso legalizar el aborto en EE.UU?

Por casi 50 años, la decisión de Roe vs. Wade marcó la práctica del aborto en Estados Unidos y no se consideró necesario convertirlo en una ley federal que aplicara para todo el país.

El Congreso de Estados Unidos podría aprobar una ley que garantice el derecho al aborto en el país y las autoridades de los estados tendrían que igualmente seguirlas independientemente de su orientación política.

Sin embargo, dado que se trata de un tema altamente politizado es improbable que una legislación al respecto sea aprobada por una mayoría en el Senado. Para ello se necesitarían al menos 60 votos y los demócratas cuentan actualmente con 50 (más el de la vicepresidenta Kamala Harris).

Howard, por su parte, ve un escenario más probable.

“Si en las próximas elecciones los republicanos ganan el Senado por una supermayoría, ciertamente podemos anticipar que se presente un proyecto de ley sobre la ´personalidad fetal´ a nivel federal (considerar el feto como persona humana). Y, si eso pasa, no hay límite para lo que eso podría significar, incluso para lugares donde sea legal el aborto, como California o Nueva York”, dice.


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