Penales federales, el segundo programa con más presupuesto de seguridad
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Penales federales, el segundo programa con más presupuesto de seguridad

Tan solo para 2015, se destinaron 16 mil 991 millones de pesos a la administración del sistema federal penitenciario.
CUARTOSCURO
Por Nayeli Roldán
13 de julio, 2015
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Durante los últimos tres años, la administración del sistema federal penitenciario ha sido el segundo programa presupuestal con más recursos –sólo detrás de la implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito–, lo que representa casi 30% de los programas del Ramo 36 de Seguridad Pública.

Tan solo para 2015, se destinaron 16 mil 991 millones de pesos a la administración del sistema federal penitenciario; esto es tres veces más de lo invertido en la Gendarmería Nacional y 16 veces más que el presupuesto de subsidios para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal.

Este presupuesto se destina a los 17 centros penitenciarios dependientes del gobierno federal y a la población del fuero federal (49 mil 311 reos), de acuerdo con información del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad.

En el gobierno de Enrique Peña Nieto se registró un incremento de 137% en este rubro con respecto al último año de la administración de Felipe Calderón, pues mientras en 2012 el presupuesto ascendió a 6 mil 715 millones de pesos, pasó a 16 mil 487 millones de pesos para 2013.

Esto representó 40% del presupuesto del Ramo, pero “la importancia de este programa dentro del presupuesto es resultado de la expansión que en años recientes ha observado la capacidad instalada del Sistema Penitenciario Federal”, se explica en un análisis presupuestal de la Cámara de Diputados.

En tanto, para 2014, el presupuesto ascendió a 16 mil 953 millones de pesos .

El Altiplano, el lugar de la fuga

De acuerdo con la información del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, en el país existen 17 penales federales, uno de ellos es el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “El Altiplano”, ubicado en el Estado de México, considerado de máxima seguridad y de donde se fugó el sábado Joaquín Guzmán, alias el Chapo, líder del cártel de Sinaloa.

Hasta el reporte de abril de 2015, en dicho penal existía una población de mil 74 internos, lo que significaba una sobrepoblación de 238 personas, toda vez que su capacidad es para 836 reos.

En un informe de la Secretaría de Seguridad Pública, se describía al penal como de máxima seguridad porque “existen sistemas y equipos electromecánicos y electrónicos como: circuito cerrado de televisión, control de accesos, alarmas , detectores de metal, drogas y explosivos, radiocomunicación, voz y datos, sensores de presencia, y telefonía entre otros, para apoyar a los elementos de seguridad a brindar el control estricto de la institución”.

Está ubicado aproximadamente a 25 kilómetros de la ciudad de Toluca, con una extensión de 260,000 metros cuadrados de los cuales 27,900 componen las instalaciones de la prisión y el resto se utiliza como área de seguridad, y para las instalaciones diversas como son el centro de apoyo a la seguridad y guarda, rondín perimetral, sala de espera y estacionamientos.

Solicitud de los planos a través de transparencia

En mayo pasado, un ciudadano solicitó los planos de las instalaciones de “El Altiplano”, a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Sin embargo, le fue negado por considerarse información “reservada”, según la respuesta del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social en junio de 2014.

En la respuesta se explicaba que de entregar los planos existía el “daño probable” de “menoscabar o dificultar las estrategias contra la evasión de reos”, también porque podría “obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia y contrainteligencia para “mantener el orden, la disciplina y la seguridad del Centro Federal de Readaptación Social; menoscabar o dificultar las estrategias o acciones contra la delincuencia organizada”.

El “daño específico”, según los argumentos para no entregar los planos de “El Altiplano” era que “cualquier persona, incluidas las pertenecientes a grupos delictivos, acceda a la información estratégica del Centro, como es la ubicación de instalaciones de seguridad, médicas, de internamiento, administrativas, de guardia y custodia, de servicios, lo que origina una afectación en las tareas de inteligencia del Centro Federal”.

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Yolanda Martínez: la joven que según autoridades se marchó de casa 'por voluntad propia' y apareció muerta

El caso de Yolanda Martínez engrosa la crisis de mujeres desaparecidas que azota al estado mexicano de Nuevo León.
10 de mayo, 2022
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La Fiscalía General de Nuevo León comunicó este lunes la identificación del cadáver de Yolanda Martínez, una joven de 26 años que llevaba desaparecida desde el pasado 31 de marzo en este estado en el norte de México.

Los restos, en avanzado estado de descomposición, fueron encontrados este domingo en el municipio de Júarez, en la zona metropolitana de Monterrey.

Griselda Núñez Espinoza, fiscal especializada en feminicidios del estado, reveló que el cadáver vestía la misma ropa del día de la desaparición y que presentaba una evolución estimada en más de tres semanas, indicio de que la muerte pudo producirse poco después de desaparecer.

El caso está rodeado de preguntas y flecos sueltos.

Martínez fue vista por última vez en San Nicolás de los Garza tras salir de casa de su abuela, también en el área metropolitana de Monterrey.

Desde su desaparición, su familia la ha buscado sin parar y ha acusado a las autoridades de negligencia en la pesquisa.

Durante semanas, la Fiscalía de Nuevo León sostuvo la hipótesis de que la joven se había marchado de casa por “voluntad propia” y más tarde abrió la posibilidad de que estuviese huyendo de una presunta violencia familiar.

Motivos que no han sido corroborados el padre de la víctima, Gerardo Martínez, quien protagonizó jornadas de campañas y protestas pidiendo más atención e investigación al caso.

El hallazgo del cuerpo de Martínez se produce pocas semanas después de encontrarse los cádaveres de Debanhi Escobar y María Fernanda Contreras, otras dos jóvenes que desaparecieron en Nuevo León en circunstancias similares.

En los últimos meses, este estado mexicano está bajo el foco por la oleada de desapariciones, en su mayoría mujeres jóvenes.

Ahora, a falta de que se confirme la causa de muerte de Yoalnda Martínez, este caso incrementa la indignación con la que sus habitantes piden respuestas a las autoridades para detener un problema endémico, el de la violencia contra las mujeres, que azota gravemente a la totalidad del país.

Volante sobre la desaparición de Yolanda Martínez.

Buscadoras Nuevo León / Facebook

¿Qué se sabe de la víctima?

Madre soltera de una niña de tres años, a Yolanda Martínez se le perdió el rastro sobre el mediodía del pasado 31 de marzo.

Ese día dejaba la casa de su abuela, en San Nicolás de los Garzo en Monterrey, para supuestamente buscar trabajo por la zona.

Dos días antes, la mujer había visitado el domicilio de su expareja en Guadalupe, en las afueras de la misma ciudad, para ver a su hija.

Ese 31 de marzo, Martínez vestía una blusa negra a rayas, pantalón de mezclilla azul, tenis negros y bolso negro. Los mismos atuendos con los que fue encontrada muerta en la tarde del domingo.

Una mujer que recogía leña en unos matorrales y que se topó con el cuerpo tras llegarle un olor fétido fue quien reportó el hallazgo a las autoridades.

La zona donde se encontró el cadáver, en el municipio de Juárez, se sitúa a unos 11 kilómetros de donde fue vista por última vez.

¿Por qué se critica a las autoridades?

Gerardo Martínez ha denunciado lentitud y negligencia en las investigaciones de la Fiscalía. Asegura que se perdió mucho tiempo de búsqueda porque las autoridades afirmaban que la mayoría de mujeres se van de casa por problemas o desacuerdos familiares.

Durante los primeros días, prácticamente todas las labores de búsqueda fueron conducidas por familiares, allegados de la víctima y voluntarios. Han estado repartiendo volantes, esbozando posibles recorridos, preguntando a vecinos, protestando en medios de comunicación y en las sedes de instituciones.

https://www.instagram.com/p/CdRnF0csNcu/

Por varias semanas, la Fiscalía manejó la hipótesis de que Yolanda Martínez se había marchado de casa por voluntad propia, una línea de investigación que posteriormente fue descartada.

Luego, el 5 de mayo, muchas críticas se dirigieron contra Samuel García, gobernador de Nuevo León, quien dijo ante cámaras que la desaparición de la joven podía tener que ver con una salida de su domicilio por un caso de violencia familiar, supuestamente de “un tío, hermano de la mamá, muy violento”.

Estas declaraciones fueron criticadas ampliamente en redes sociales.

En esta oleada de desapariciones en Nuevo León cambia el nombre el nombre de las víctimas, pero las críticas contra las autoridades se repiten: lentitud, negligencia, falta de transparencia y frivolidad.

Protestas contra la violencia femenina en CDMX el pasado 24 de abril.

Getty Images
El caso de Debanhi Escobar fue el más mediático de una serie que mantiene en vilo a todo el país.

Una crisis que no cesa

La aparición del cádaver de Martínez, y a falta de que se confirme la causa de su muerte, no hace más que amplificar el fenómeno de desapariciones que golpea a Nuevo León, uno de los estados más pudientes México.

El caso de Debanhi Escobar, aún envuelto en interrogantes, ha sido el más mediático de la crisis que tiene pendiente a todo el país.

A fines de abril, la Fiscalía de Nuevo León admitió deficiencias y removió de sus cargos a los titulares de la Fiscalía de Personas Desaparecidas y de la Fiscalía Antisecuestros.

Más de 300 mujeres han sido reportadas desaparecidas en lo que va de año en Nuevo León. Alrededor de 30 siguen sin localizar y seis han sido halladas sin vida.


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