En atención a la carta que Javier Lizárraga, a nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), envió como respuesta al reportaje “El gobierno federal y el Edomex donan mil 700 millones de pesos a una fundación y a una empresa, sin pedirles cuentas”, hacemos los siguientes comentarios:
La información sobre los términos del contrato entre la SCT y la UANL sería interesante para los lectores. La subcontratación de servicios por parte del gobierno federal a través de una institución pública de educación superior parece ser parte de una práctica común que en otras ocasiones ha resultado irregular. En enero del presente año la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó el dictamen de auditoría de la cuenta pública del 2013 en el que encontró que el FONADICT contrató a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), y ésta a su vez subcontrató a empresas privadas para llevar a cabo los servicios acordados. Para la ASF la UAEM recibió un contrato sin contar con las capacidades para llevar a cabo los servicios acordados y por tanto al subcontratar a empresas privadas para hacerlo no pudo garantizar que se obtuvieran “las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.[4]