Ultimátum a la PGR: un juez le pidió cuatro veces resolver sobre caso ABC
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Manu Ureste

Ultimátum a la PGR: un juez le pidió cuatro veces resolver sobre caso ABC

Padres de la guardería respaldan que haya maestros acusados pero piden que se siga indagando a altos mandos; acusan a abogado de filtrar información y poner en riesgo indagatoria revelando identidades de personas aún no procesadas.
Manu Ureste
Por Arturo Angel
14 de agosto, 2015
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El viernes 5 de junio de 2015 se llevó a cabo una marcha en el DF, para conmemorar los 6 años de la tragedia de la guardería ABC. //Foto: Manu Ureste (@ManuVPC)

El viernes 5 de junio de 2015 se llevó a cabo una marcha en el DF, para conmemorar los 6 años de la tragedia de la guardería ABC. //Foto: Manu Ureste (@ManuVPC)

Un juez federal tuvo que exigir en cuatro ocasiones –con ultimátum incluido– a la Procuraduría General de la República (PGR) que resolviera la averiguación que mantenía abierta por la tragedia ocurrida hace seis años en la Guardería ABC. En respuesta, la dependencia presentó una nueva acusación, pero lo hizo solo contra 22 empleadas del establecimiento.

La consignación, que es la primera que se realiza por este caso en el actual sexenio, no incluyó al exgobernador de Sonora Eduardo Bours ni a otros altos mandos como han exigido las víctimas. Según la Procuraduría, hay un desglose abierto del expediente para seguir indagando a mas personas,

De acuerdo con la PGR y a juicio del Ministerio Público, las consignadas son maestras y trabajadoras que por presunta negligencia u omisión serían responsables de las lesiones y muertes de los menores de edad pues estaban al frente de su cuidado. Falta aún que el juez valore la consignación y determine si concede o no las órdenes de aprehensión.

En caso de que se ordene su captura las maestras y empleadas podrán alcanzar la libertad pero tendrían que pagar una fianza.

Los padres de la guardería ABC, muchos de ellos pertenecientes al Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio pero también otros independientes, expresaron públicamente su respaldo a la determinación de la PGR pues consideraron que algunas de las maestras si tienen una responsabilidad, aunque exigieron que la investigación también alcance a ex funcionarios como el entonces gobernador de Sonora.

“Este es un primer paso. No consideramos que las maestras sean todas las responsables de lo que sucedió, hay grados de responsabilidad. Habrá maestras que no tienen grados de responsabilidad y otras que sí; eso se dictaminará a través de un juicio y el juez dirá que si o que no es parte de un proceso”, dijo Abraham Fraijo, uno de los padres, en entrevista con Animal Político.

Además, los padres desconocieron e incluso anunciaron que estudian proceder legalmente en contra del abogado Gabriel Alvarado Serrano, quien forma parte de la organización Manos Unidas y que criticó la determinación de la Procuraduría de proceder contra las empleadas.

Según los padres, el abogado puso en riesgo la investigación y proceso al revelar que hay órdenes de aprehensión solicitadas y señalar en contra de quienes son, lo que además viola principios de presunción de inocencia. Incluso, señalaron que el litigante igual representa a padres que a trabajadoras del local.

Justicia poco expedita

El año pasado la organización Manos Unidas promovió un juicio de amparo para que la procuraduría resolviera ya la indagatoria por el caso ABC. La demanda, iniciada por “dilación en procuración de justicia”, quedó radicada en el Juzgado Décimo de Distrito de Sonora bajo la causa 1269/2014.

El historial del expediente, que puede consultarse en la base de datos del Consejo de la Judicatura, indica que la demanda fue admitida el 22 de septiembre de 2014 y ocho meses después, el juez decidió conceder el amparo “a efectos de que la responsable (o sea la PGR) se pronunciara sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal”.

A partir de ahí comenzó la insistencia del juez para que la Procuraduría cumpliera con el amparo y diera a conocer los resultados de la averiguación en la que figuraban más de 50 personas distintas entre empleados, ex funcionarios y particulares,

10 semanas de insistencia
1 mayo 2015 Primer apercibimiento del juez a la PGR
2 junio de 2015 Segundo apercibimiento del juez a la PGR
30 junio de 2015 Tercer apercibimiento del juez a la PGR
14 Julio de 2015 Cuarto apercibimiento del juez a la PGR

El 14 de julio, tras diez semanas de insistencia, el juez notificó a la Procuraduría que era la “cuarta y última ocasión” para que informara sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo, es decir, que anunciara el resultado de las indagatorias.

Dos semanas después la Procuraduría ejerció acción penal en contra de 22 personas a las que acusó de homicidio culposo y lesiones culposas (no intencionales) en agravio de los 49 niños que fallecieron en la guardería ABC y de 105 más que resultaron heridos a causa del fuego que se presentó en la guardería en el 2009.

“En cumplimiento a una sentencia de amparo, promovido por padres de menores afectados por el siniestro ocurrido el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, la Representación Social de la Federación determinó el ejercicio de la acción penal en contra de 22 personas” señaló la PGR en un comunicado.

Las acusadas

La PGR informó a Animal Político que se procedió en contra de 22 personas en cuyos casos el Ministerio Público acreditó circunstancias de “modo, tiempo y lugar” respecto al siniestro.. Es decir que estaban en el sitio y momento en el que ocurrieron los hechos.

A juicio de los fiscales de la delegación de la PGR en Sonora, las empleadas consignadas fueron omisas o negligentes en algún momento de los hechos, aun y cuando hay casos en que algunas de ellas intentaron salvar a algunos de los menores de edad y resultaron lesionadas en el proceso.

La PGR dijo que no se darían a conocer detalles de las consignadas pues se trata de personas que aún no están bajo proceso y que falta conocer en contra de quienes se otorgaría orden de aprehensión, decisión que está en manos del Juzgado Tercero de Distrito en Hermosillo Sonora.

Por su parte, el abogado Alvarado Serrano, responsable de promover el amparo, dio a conocer que se había procedido solo en contra de las trabajadoras de la guardería, situación que consideró “una cortina de humo” para no acusar a funcionarios de alto rango.

Pero padres de menores víctimas de la guardería, entre ellos del Movimiento por la Justicia 5 de Junio, asociación que ha impulsado la mayoría de las movilizaciones dieron su respaldo a la determinación de la PGR de proceder en contra de las trabajadores.

Abraham Fraijo dijo es una petición de los padres que se indagara la responsabilidad de todas las personas involucradas y eso incluye también a las trabajadoras del local.

“Una de las maestras perdió a su hija en el incendio, ella salvó a niños que tenían a su cuidado y no fue por su hija porque pensó que otras maestras estaban haciendo lo mismo que ella pero es claro que no fue así”, dijo en entrevista.

Otro de los padres, Julio Cesar Márquez, pidió no olvidar que las únicas víctimas en el caso fueron sus hijos y que todos en mayor o menor medida deben responder. “Ellas (las empleadas) efectivamente sí tenían una responsabilidad en cuanto al cuidado de nuestros hijos” dijo.

Los que faltan

Por el caso de la tragedia en la guardería ABC hay actualmente 22 personas bajo proceso penal, entre ellos ex funcionarios de IMSS, de Protección Civil y Secretaría de Hacienda de Sonora, además de particulares, aunque todos ellos siguen su proceso en libertad.

A ese grupo se estarán sumando los empleados consignados por la PGR si el juez determina que hay evidencia suficiente para primero ordenar su detención y luego dictarles el auto de formal prisión.

Animal Político publicó el 5 de junio que todas las averiguaciones y procesos del caos suman ya un expediente con 168 tomos y más de 168 mil páginas peor hasta ahora no hay un sola sentencia dictada.

Los padres de los menores han pedido reiteradamente que se indague y castigue a altos funcionarios y otros particulares, principalmente al ex gobernador de Sonora Eduardo Bours, al ex director del IMSS Daniel Karam, además de a los propietarios de la guardería.

El Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio, que ha sostenido reuniones periódicas con la PGR, dijo que el expediente se encuentra abierto y que en las próximas semanas vendrán nuevas acusaciones.

“Este fue un primer paquete de consignaciones pero es falso que el caso se haya cerrado ya. Sabemos que se está integrando la indagatoria y esperamos que se deslinde la responsabilidad de los que faltan

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¿Por qué Irán ejecuta a más mujeres que cualquier otro país?

La BBC habló con activistas de derechos humanos dentro y fuera de Irán sobre las razones que explican esta situación.
10 de agosto, 2022
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Advertencia: este artículo contiene imágenes que pueden resultar perturbadoras.

Los grupos de derechos humanos dicen que Irán vive una ola de ejecuciones. Solo en la última semana de julio, 32 personas fueron ejecutadas, incluidas tres mujeres que fueron ahorcadas por asesinar a sus maridos.

“No hay pena de prisión por asesinato . O perdonas o ejecutas“, dice Roya Boroumand, directora ejecutiva de la organización iraní de derechos humanos Centro Abdorrahman Boroumand, con sede en Estados Unidos.

Mientras que otros países ejecutan a más personas que Irán, ningún otro ejecuta a más mujeres, según las cifras anuales de Amnistía Internacional.

¿Por qué Irán ejecuta a más mujeres?

Pena de muerte

Además de las tres mujeres ejecutadas afines de julio, otras seis murieron en los primeros seis meses del año, según el Centro Abdorrahman Boroumand.

Agentes preparan una soga de ahorcamiento en Irán.

Getty Images
Los activistas acusan a las autoridades iraníes de ocultar el número real de ejecuciones.

Es cierto que la gran mayoría de ejecuciones en el país son de hombres, pero estas 9 mujeres se suman a un total creciente.

“Entre 2000 y 2022, hemos registrado las ejecuciones de al menos 233 mujeres”, dijo Boroumand a la BBC.

106 mujeres fueron ejecutadas por asesinato y 96 por presuntos delitos de drogas”, agregó.

Se cree que un número menor fue condenado a muerte por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio.

Boroumand dijo que solo alrededor del 15% de estos casos se anunciaron oficialmente. Se conocen otros de presos políticos o de funcionarios que se filtran sin la aprobación de las autoridades.

El alto número de ejecuciones se debe en parte a la falta de flexibilidad, aseguró Boroumand. Según el sistema legal del país, el Estado no puede conmutar una sentencia de muerte por asesinato. La decisión de perdonar recae en la familia de la víctima.

Sin ayuda

La activista iraní Atena Daemi trató de obtener un indulto de última hora para Sanubar Jalali, una mujer afgana de 40 años que finalmente fue ejecutada la semana pasada por matar a su esposo.

La madre de Abdolah Hosseinzadeh, quien fue asesinado en 2007, remueve la soga del cuello de Balal, quien mató a su hijo.

Getty Images
En un extraño acto de compasión, los padres de un joven asesinado perdonaron al asesino después de que fuera llevado a la horca.

Daemi esperaba negociar el perdón con la familia del esposo de Jalali.

“Tratamos de encontrar a la familia de la víctima para suplicarles, pero las autoridades penitenciarias no ayudaron. Nos dieron el número de teléfono de su abogado asignado por el Estado, pero ignoró nuestras solicitudes”, dijo Daemi a la BBC.

“Las autoridades penitenciarias a veces ayudan a que la familia acepte dinero y perdone, pero no siempre”.

Sin embargo, Boroumand puede contar algunos éxitos: trabajando con otros activistas, aseguró haber salvado a dos personas de la ejecución y a otras ocho de la amputación de una parte del cuerpo.

De las otras dos mujeres que fueron ahorcadas el mismo día que Jalali, una era una niña casada a la edad de 15 años. La otra había sido arrestada por matar a su esposo hace más de cinco años.

Defensa débil

Daemi ha pasado siete años en prisión por su activismo. Ella dijo que las prisiones para mujeres carecen de instalaciones básicas y que a veces las reclusas son golpeadas.

Atena Daemi

Atena Daemi
Atena Daemi dice que el sesgo de género en el sistema judicial dificulta la absolución de una mujer acusada de asesinato.

Los procedimientos judiciales a menudo se inclinan contra las mujeres, ya que solo los hombres pueden ser jueces y la mayoría de los abogados también son hombres, señaló.

Los tribunales iraníes deben proporcionar un abogado defensor, pero Daemi aseguró que no brindan suficiente apoyo legal ya que “muchos de estos abogados asignados son exjueces o fiscales”.

“Probar la inocencia no es fácil en los casos de asesinato. En esos casos, las palabras de los familiares de la víctima tienen más peso que las del acusado”, indicó Daemi.

Sistema sexista

La periodista iraní Asieh Amini, que ahora vive en Noruega, ha seguido de cerca los casos en que las mujeres son condenadas a muerte. Ella considera que la raíz del problema es el propio sistema legal.

Una mujer iraní detenida en prisión.

Getty Images
Muchas familias cortan vínculos con las mujeres que son acusadas judicialmente, explican los activistas.

“Según la ley, el padre y el abuelo paterno son el cabeza de familia y pueden decidir el destino de las hijas, incluido el matrimonio”, explicó Amini a la BBC.

Esto significa que las niñas que se ven obligadas a casarse pueden enfrentar graves problemas, incluida la violencia doméstica, y les resultará casi imposible divorciarse en los tribunales iraníes, añade.

Las mujeres condenadas a muerte a menudo pierden incluso el apoyo de sus padres, quienes pueden desear defender lo que consideran el “honor de la familia“.

“En esta condición, algunas mujeres siguen siendo víctimas de la violencia para siempre”, dice Amini.

Otras consideran matar a sus maridos.

“Algunas de estas mujeres confesaron que ellas mismas cometieron el asesinato o alguien las ayudó. Casi todas enfatizaron en que si hubiera habido una manera de apoyarlas contra la violencia que estaban soportando, no habrían cometido el crimen”, afirmó.

Asieh Amini

Javad Montazeri
Asieh Amini atribuye la ejecución de mujeres en Irán a las leyes religiosas y a la sociedad patriarcal.

Ejecuciones de menores

Amini citó como ejemplo de cómo los tribunales tratan a algunas mujeres el caso de una niña de 16 años, Atefeh Sahaleh, quien fue abusada sexualmente por varios hombres.

En lugar de buscar justicia para la adolescente, los jueces dictaminaron en 2004 que había tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio.

“Fue condenada a muerte por confesar haber tenido relaciones sexuales con unos hombres, cuando en realidad fue violada”, explicó Amini.

Aseguró que, según el Código Penal Islámico de Irán, si una persona soltera confiesa haber tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, será sentenciada a 100 latigazos. Y si este acto se repite tres veces, pueden ser condenadas a muerte.

“Pero en el caso de Atefeh, ni siquiera se aplicó esta ley inhumana, porque descubrí que le dieron 100 latigazos solo dos veces antes de que el juez dictaminara que tenía que ser ejecutada”, dijo Amini.

“Por cuarta vez, este mismo juez, cuyo nombre era Haji Rezaei, puso la cuerda alrededor del cuello de Atefeh“.

El entusiasmo por la retribución no termina ahí. La activista contra la pena de muerte Narges Mohammadi publicó un video donde describe una ejecución en la que el hijo de una mujer condenada por asesinar a su esposo pateó el taburete de debajo de los pies de su madre en la horca.

Reclusas iraníes sentadas en su celda en la cárcel de Evin.

Getty Images
Atena Daemi dice que las cárceles de mujeres a menudo carecen incluso de las necesidades básicas

Mohammadi cree que la familia del marido asesinado ejerció mucha presión sobre el hijo y sus parientes para restaurar el “honor familiar”.

Herramienta de intimidación

Amini lamenta que la discriminación en la ley, los tribunales y las tradiciones “jueguen un papel en llevar a estas mujeres a un callejón sin salida, convirtiéndolas en criminales o en víctimas”. Sin embargo, no está segura de qué hacer con esta serie de ejecuciones.

“Realmente nunca entendí durante los años que seguí estos casos de prisión en prisión, cómo el gobierno de Irán se beneficia de un castigo tan brutal“, dijo.

No obstante, Boroumand tiene una teoría.

Una mujer parada en la horca en Irán.

Getty Images
En el exterior ha habido muchas protestas contra el uso de la pena capital por parte de Irán.

Las prisiones de Irán ahora están abarrotadas de presos políticos y consumidores de drogas, y para aliviar la presión sobre las cárceles, cree que los funcionarios obligan a los familiares de las personas asesinadas a acelerar su decisión: clemencia o muerte.

Boroumand teme que esto lleve a que muchos más sean enviados a la horca.

Ella también sospecha que las autoridades tienen un motivo oculto para el castigo extremo.

“Recientemente le amputaron la mano a un hombre en Teherán. Están trayendo prisioneros de otras ciudades para realizar las amputaciones”, aseguró.

“No lo están anunciando, pero lo hacen de tal manera que la información sobre el castigo se filtrará en la sociedad en general y creará miedo entre los activistas”.

El gobierno iraní no responde a las solicitudes de comentarios de la BBC, pero el poder judicial ha dicho previamente que las ejecuciones son legales y no violan las obligaciones internacionales (tratados firmados por Irán). El gobierno iraní ha negado repetidamente los informes de tortura y confesiones forzadas.


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