[contextly_sidebar id=”LEQLo8nBvhYL5ut1vBMQPlLPolU4NMo9″]31 años y tres meses de prisión fue la condena que recibió el subteniente de infantería del Ejército Mexicano, Danny Hernández Sánchez, por la desaparición forzada de una persona en mayo de 2012, en el municipio de Los Herreras, Nuevo León, quien hasta hoy permanece desaparecida.
El Juez Primero de Distrito en Materia Penal del estado de Nuevo León dictó sentencia luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) acreditara la participación directa del elemento de las Fuerzas Armadas en la desaparición, quien permanece recluido y fue destituido e inhabilitado por 15 años para desempeñar un cargo público.
El Juez habría basado su sentencia en la grave afectación de la integridad de la víctima directa, así como por la protección a sus familiares.
Desde que la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas fue creada en junio de 2013, esta área de trabajo de la Procuraduría General de la República (PGR) ha registrado 120 casos de desaparición forzada, en los que los perpetradores del delito fueron “posibles autoridades federales, ministeriales y/o municipales“.
De acuerdo al oficio SJAI/DGAJ/0284/2015, emitido por la PGR en febrero pasado, 74 de estas desapariciones fueron perpetradas por autoridades federales; 25 más por autoridades municipales y 21 por estatales. De estos casos 112 son hombres y 8 mujeres, raptados en 12 entidades del país.
