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Veracruz debe responder 15 denuncias por la evasión de 4,600 mdp

La Auditoría Superior de la Federación interpuso 15 denuncias penales contra funcionarios del gobierno de Veracruz por presuntos engaños a la autoridad al tratar de ocultar faltantes de recursos públicos.
Cuartoscuro/Archivo
Por Sandra Isabel Jiménez
26 de agosto, 2015
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MÉXICO, D.F., 21AGOSTO2015.-  Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado de Veracruz y Luis Ángel Bravo Contreras, Procurador General de Justicia del mismo Estado, durante la XXXVIII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública realizada en Palacio Nacional. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado de Veracruz. Foto: Cuartoscuro/Archivo.

El gobierno de Veracruz debe responder a 15 denuncias penales interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por engañar a la autoridad intentando ocultar faltantes de recursos públicos.

El gobernador Javier Duarte mintió al asegurar que tales demandas ya habían sido sobreseídas.

En todas las denuncias presentadas por la ASF se acredita que los funcionarios del gobierno de Veracruz que desviaron estos recursos realizaron movimientos bancarios, primero para simular la solventación de las irregularidades detectadas por la Auditoría y después para retirar los recursos y depositarlos en cuentas distintas, sin que pudieran acreditar el destino final de esos recursos.

A esto, el 22 de junio de 2015, Javier Duarte aseguró que se habían sobreseído las 15 denuncias penales que la ASF interpuso contra su gobierno el 11, 12, 13 y 20 de noviembre del 2014.

Sin embargo, ante una solicitud de acceso a la información a la ASF, ésta autoridad respondió el 17 de agosto de 2015 con folio 00028615, que las denuncias están en curso.

La Auditoría Superior de la Federación rechazó proporcionar detalles sobre el estado de las 15 denuncias penales porque “la información solicitada se encuentra clasificada como reservada, toda vez que se relaciona con el estado que guardan las Averiguaciones Previas iniciadas y presentadas por la Auditoría Superior de la Federación ante el Ministerio Público de la Federación”.

También en el apartado de “Denuncias penales” de la página de la Auditoría, las mismas continúan en línea hasta la modificación de la página del 19 de agosto de 2015.

6 extitulares de la Secretaría de Finanzas aparecen en la lista

Los datos de los implicados se conocieron porque el 6 de mayo de 2015, Miguel Ángel Yunes Linares, hoy diputado federal electo por el PAN y entonces, candidato, mostró un segundo paquete que completaba la documentación de 12 de estas denuncias.

El numero de involucrados puede ser mayor, al no revelarse aún el contenido de las otras 3 denuncias vigentes.

En esos documentos, la ASF asienta que con estas acciones de evasión “se causó un daño grave” y se “atentó contra el interés superior de la sociedad”.

En el primer paquete se demostraba que 2,500 millones de pesos no fueron reintegrados, mientras que en el segundo, eran 2,100 millones; 4,600 millones de pesos, en total.

La cifra, igualmente, puede ser mucho más que esta cantidad.

En sus denuncias, la propia ASF señala que “los servidores públicos involucrados en este proceso de simulación con sus conductas provocaron que, en su momento, no se ejerciera acción alguna, entre ellas las de carácter administrativo o resarcitorio, por parte de esta entidad de fiscalización superior de la federación, con lo cual se habría estado en la aptitud de obtener la recuperación de los recursos materia del daño a la Hacienda Pública Federal y, en su caso sancionar a los presuntos responsables”.

La grave crisis financiera de Veracruz

El gobierno de Veracruz tiene la tercera mayor deuda bancaria del país, con 44,470.8 millones de pesos, cantidad reconocida por el mismo Javier Duarte el lunes 17 de agosto, cifra mayor a la reportada a la Secretaría de Hacienda al segundo semestre del año, por sólo 41,661.9 millones de pesos.

La disparidad de estos montos se suma a un crédito bancario reconocido por 1,338 millones de pesos adquirido con Multiva, lo cual da 4,146.9 millones de pesos de deuda nueva en 2015.

El Senador José Yunes Zorrilla, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, calcula la deuda de Veracruz en, por lo menos, 80 mil millones de pesos.

“Son 44 mil millones los registrados con el sistema financiero, pero deuda, hay que decirlo con todas sus letras, es toda aquella obligación que compromete recursos futuros; ahí solo estamos considerando lo que se pidió prestado. Hay que sumarle todo lo que son estos instrumentos de PPS (es una modalidad de participación pública privada en el cual el sector privado presta servicios de apoyo al gobierno para que éste, a su vez, preste un servicio público), de APS (asociación pública privada), hay que sumarle las presiones que por ley obliga el IPE (Instituto de Pensiones del Estado), hay que tener en cuenta los adeudos con el IMSS y hay que tener en cuenta también los pasivos contingentes con contratistas y prestadores de servicios y proveedores. No hay una cifra clara pero desde luego que es mucho más de 44 mil 470.8 millones de pesos”, por eso –refiere- hay quienes la calculan en hasta 80 mil millones de pesos.

La deuda con los prestadores de servicios y contratistas es de tal dimensión que los reclamos incluso se dan por parte de los dirigentes de los organismos empresariales de México, como el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, quien en su mensaje semanal del 13 de julio dijo que: “En el caso de Veracruz, tenemos conocimiento de que tiene una deuda muy significativa a proveedores”.

Los nombres de los funcionarios y exfuncionarios implicados, al menos en 12 de estas denuncias, son:

  1. Juan Felipe Aguilar de la Llave, exsecretario de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan)
  2. Rafael Germán Murillo Pérez, exsecretario de Finanzas y Planeación
  3. José Salvador Sánchez Estrada, exsecretario de Finanzas y Planeación
  4. Fernando Charleston Hernández, , exsecretario de Finanzas y Planeación, diputado federal saliente.
  5. Mauricio Martín Audirac Murillo, exsecretario de Finanzas y Planeación y excontralor General del Estado
  6. Carlos Aguirre Morales, subsecretario de Egresos de la Sefiplan
  7. Antonio Ferrari Cazarín, exsubsecretario de Finanzas de la Sefiplan (actual director de Patrimonio del Estado de Veracruz)
  8. Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, Auditor general del ORFIS, exdirector general de Control y Evaluación de la Contraloría General del estado.
  9. Jon Gurutz Rementería Sempé, exsecretario de Salud (2004-2007), actual delegado del IMSS en la Zona Sur de Veracruz
  10. Leonel Bustos Solís, exdirector general del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de la SSA, actualmente director general del Seguro Popular
  11. Beda Ocampo López, directora de Recursos Humanos de la SEV
  12. José Rafael Méndez Escobar, exfuncionario de la Secretaría de Salud
  13. Clara Luz Prieto Villegas, Subdelegada de Desarrollo Comunitario y Participación Social de la delegación de Sedesol en Veracruz, excontralora del Estado
  14. Jesús Guillermo Villegas Ríos, director de Control y Evaluación de la Contraloría del Estado
  15. Santiago Mota Bolfeta, director de la Comisión Constructora de Salud del Estado
  16. Nicolas Gerardo Baizabal Silva, exsubdirector de Operación Financiera de la Subsecretaría de Finanzas y Planeación, cuando Javier Duarte era Subsecretario de Finanzas
  17. Rocío Hernández Ríos, exsubdirectora administrativa del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de la SSA
  18. Timoteo Aldana Carrión, director administrativo de los Servicios de Salud de la SSA
  19. Carlos González Cruz, exjefe del Departamento de Contabilidad de la Secretaria de Salud de Veracruz
  20. Edgardo Hernández Callejas, exfuncionario de la Secretaría de Salud de Veracruz
  21. Juan Gabriel Hernández Jiménez, exfuncionario de la Sefiplan
  22. Tomás José Ruíz González. Actual Secretario de Infraestructura y Obras Públicas del gobierno del estado; era Secretario de Finanzas y Planeación al darse el ilícito.
  23. Gabriel Deantes Ramos. Actual Secretario del Trabajo y Previsión Social; era Subsecretario de Finanzas y Administración de la Sefiplan al momento del ilícito.
  24. Carlos Aguirre Morales. Subsecretario de Egresos de la Sefiplan; tenía el mismo cargo al momento del ilícito.
  25. Vicente Guillermo Benítez González. Actual Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz; era Tesorero de la Sefiplan al momento del ilícito.
  26. Lorenzo Antonio Portilla. Actual Auditor Superior del Organo de Fiscalización Superior (ORFIS). Cuando se cometió el delito era Director General de Control y Evaluación de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Veracruz.
  27. Antonio Ferrari Cazarín. Actual Director de Patrimonio del Estado de Veracruz. Cuando se cometió el delito era Subsecretario de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado.
  28. Antonio Tarek Abdalá Saad, diputado federal electo por Cosamalopan, exsubsecretario de la Sefiplan
  29. Edgar Spinoso Carrera, diputado federal electo por Martínez de la Torre, ex Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, de donde fue removido después de un escándalo de corrupción, junto con Gabriel Deantes (23, en esta lista)
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Refinería Dos Bocas: el polémico cambio de AMLO a favor del petróleo como motor económico

La idea es aumentar su producción de gasolina y reducir la importación del combustible que representa, en promedio, el 70% del consumo nacional.
12 de mayo, 2019
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Es uno de sus proyectos más polémicos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que su gobierno construirá una refinería en el puerto de Dos Bocas, Tabasco, en el sureste del país.

La decisión se toma después que se declaró desierta la licitación a consorcios internacionales para llevar a cabo el proyecto.

Las propuestas que se presentaron, dijo López Obrador, superaban las condiciones de construir la planta de refinación en tres años y con un costo promedio de US$8.000 millones.

Así, en adelante la construcción queda a cargo de la empresa del estado Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Energía.

El anuncio de López Obrador revivió una controversia iniciada en la contienda electoral de 2018, cuando el ahora mandatario anunció sus planes para Pemex.

Pero más allá de la polémica, algunos ven en la construcción de Dos Bocas el primer paso en un viraje de la política energética del país.

A diferencia de los últimos gobiernos que incluyeron en su agenda el apoyo a proyectos de energías renovables, AMLO, como se conoce en México al presidente, tiene como prioridad la extracción de petróleo.

El gobierno de México construirá una nueva refinería en Tabasco, en el sureste del país.Derechos de autor de la imagenAFP
Image captionLa última refinería que se construyó en México fue en Salina Cruz, Oaxaca, inaugurada en 1979.

Una estrategia contraria a la de muchos países del mundo explica José Alberto Lara Pulido, director del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (Centrus) de la Universidad Iberoamericana.

“Teníamos una trayectoria en los últimos años de cumplir las metas sobre cambio climático. México se distinguía por eso”, asegura el académico a BBC Mundo.

“Pero creo que las prioridades de este gobierno son distintas, nos alejamos de esa trayectoria”.

“Energías fósiles”

Aunque oficialmente se mantiene el respaldo al uso de energías renovables, la política energética del gobierno de AMLO parece privilegiar la extracción de hidrocarburos, coinciden especialistas.

El objetivo es, insiste el director de Petróleos Mexicanos Octavio Romero Oropeza, asegurar la autosuficiencia energética como principio de seguridad nacional.

Así, además de construir la planta en Dos Bocas, el plan contempla modernizar las seis refinerías que actualmente existen en el país.

La idea es aumentar su producción de gasolina y reducir la importación del combustible que representa, en promedio, el 70% del consumo nacional.

La política energética de AMLO contempla reducir la importación de gasolina.Derechos de autor de la imagenAFP
Image captionLa política energética de AMLO contempla reducir la importación de gasolina.

En marzo pasado, la compra de gasolina en mercados internacionales fue de 440.000 barriles al día, según datos de la Secretaría de Energía.

“Es una contradicción, un absurdo que tengamos petróleo crudo y estemos comprando gasolinas”, insiste López Obrador.

Otra parte de la estrategia es aumentar la inversión pública en Pemex, especialmente en el área de exploración de nuevos yacimientos.

En abril pasado se extrajo un promedio de 1,7 millones de barriles de petróleo al día. La meta es que dentro de tres años la producción sea de 2,4 millones diariamente.

En el caso del sector eléctrico, la propuesta es aumentar el presupuesto en la gubernamental Comisión Federal de Electricidad (CFE).

También se pretende poner en funcionamiento la controvertida central termoeléctrica en Huexca, Morelos, que es rechazada por las comunidades vecinas.

Y adicionalmente el plan contempla aumentar las compras de carbón mineral para generar electricidad.

“Le pone énfasis a las fuentes fósiles de energía, por ahí va su apuesta”, dice el director del Centrus.

Pemex, el motor de México

Manuel López Obrador.Derechos de autor de la imagenREUTERS
Image caption“Vamos a transformar a Pemex y vamos a transformar a México”, dijo AMLO en marzo.

En el fondo, dicen especialistas, con la nueva estrategia López Obrador pretende que la extracción de hidrocarburos y la generación de electricidad se conviertan en el motor de la economía mexicana.

El presidente lo reconoció en marzo pasado durante la celebración por los 81 años de la expropiación petrolera.

“Estamos ante un nuevo paradigma, vamos a transformar a Pemex y vamos a transformar a México”, dijo.

“Vamos a rescatar esta industria tan importante para el desarrollo del país, va a ser palanca para el desarrollo de México”.

Sin embargo, algunas de las decisiones de AMLO preocupan a especialistas. Una de ellas es la determinación de que el gobierno se encargue de construir la refinería en Dos Bocas.

Y antes también cuestionaron que la Secretaría de la Defensa Nacional se responsabilice de la obra del nuevo aeropuerto internacional, en la Base Aérea Militar de Santa Lucía.

En los últimos cinco gobiernos esta clase de proyectos solían encargarse a corporaciones privadas.

Académicos como Carlos Elizondo Mayer-Serra, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), encuentran rasgos de una política estatista en las decisiones.

AMLO saluda al equipo de bomberos que trabaja en la refinería de Pemex en Veracruz.Derechos de autor de la imagenREUTERS
Image captionPara analistas, AMLO quiere aplicar un modelo económico similar al de los años 60.

En un artículo publicado en la revista Letras Libres, el especialista asegura que López Obrador parece aplicar un modelo económico similar al de los años 60.

En esa época la economía del país creció a un promedio de 6% anual. A ese período se le conoce como Desarrollo Estabilizador donde la inversión pública permitía el desarrollo de grandes proyectos donde participaba el sector privado.

López Obrador coincide. El Desarrollo Estabilizador “ya se está poniendo en práctica, es que la inversión pública sea básicamente capital semilla y se complemente con la inversión privada”, dijo a finales de febrero ante el Consejo Coordinador Empresarial.

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