Magistrados exhiben fallas en acusaciones por Línea 12, revocan casi la mitad
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Cuartoscuro

Magistrados exhiben fallas en acusaciones por Línea 12, revocan casi la mitad

Más de 20 funcionarios ya lograron nulificar las sanciones y el resto está en proceso; algunos fueron acusados hasta por malos acabados en rejas y ventanas.
Cuartoscuro
Por Arturo Angel
10 de agosto, 2015
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metro linea 12

Fallas atribuidas a funcionarios que no eran responsables de ellas, valoración errónea de modificaciones al proyecto ejecutivo, desconocimiento de las leyes y reglamentos que regulan la obra, nula valoración de las pruebas presentadas por los acusados, violación al principio de presunción de inocencia…

Se trata de algunas de las fallas que magistrados capitalinos consideraron claves para revocar -hasta ahora- por lo menos 20 de las casi 50 sanciones económicas y administrativas que impuso la Contraloría General del Distrito Federal a ex funcionarios del denominado Proyecto Metro por presuntas irregularidades en la construcción y funcionamiento de la Línea 12.

Entre septiembre y noviembre del 2014 la Contraloría capitalina, tras una investigación y estudio de la planificación, asignación y construcción de la llamada ”Línea Dorada”, decidió sancionar a funcionarios con decenas de años de inhabilitación y una suma económica de casi 23 mil millones de pesos, monto incluso superior a los 17 mil millones que costó toda la obra.

Prácticamente la totalidad de los sancionados fueron los empleados del Proyecto Metro, un órganos desconcentrado creado para la dirección y coordinación en la construcción de la línea. Del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro solo fue sancionado un funcionario administrativo.

En los meses siguientes 48 de los ex funcionarios castigados decidieron iniciar “juicios de nulidad” ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal con la finalidad de dejar sin efecto dichas acusaciones.

En mayo el Director de Asuntos Jurídicos del Tribunal Juan Carlos Ávila, adelantó que 14 funcionarios habían obtenido ya sentencias favorables sin dar mayores detalles.

La información proporcionada por los funcionarios sancionados a Animal Político, quienes actualmente se han agrupado en una organización para impulsar una mejor defensa de sus casos, indican que ya son al menos 20 los ex servidores públicos del Proyecto Metro que recibieron una sentencia favorable luego de que los magistrados consideraron infundadas y no apegadas a derecho las sanciones impuestas.

Los ex funcionarios, que hasta ahora han preferido llevar una batalla más legal que mediática, facilitaron a este medio digital el documento completo de una de las sentencias ganadas por un ex subdirector del Proyecto Metro que había recibido uno de los castigos más elevados.

Cabe señalar que a diferencia de los juicios de amparo u otros procedimientos de tipo penal o civil, las sentencias del Tribunal de lo Contencioso no pueden ser consultadas en línea o públicamente,

STC Metro y supervisores, responsables

En la sentencia del juicio de nulidad número ii-77906/2014 impulsado por José León Américo Fernández Villaseñor, subdirector de Obra Civil de Proyecto Metro, los magistrados de la Segunda Sala Ordinaria, Ponencia Seis, determinaron dejar sin efecto la sanción que le había impuesto la Contraloría.

La referida sanción era de cinco años de inhabilitación y el pago por daño patrimonial de dos mil 823 millones 649 mil 174 pesos, una de las multas más elevadas de todas las que originalmente se dictaron.

Según la contraloría, Fernández Villaseñor era responsable de más de una decena de irregularidades tanto generales (de las que se acusó a casi todos los funcionarios sancionados) y otras específicas supuestamente inherentes a su cargo. En ninguna de ellas los magistrados encontraron sustento.

Una de las determinaciones clave es la relacionada con la falta de construcción de un tercer andén en las estaciones Atlalilco, Ermita y Zapata, entre otros supuestos faltantes y cambios irregulares respecto al proyecto original.

Los magistrados señalaron en su sentencia que el proyecto sufrió modificaciones conforme se desarrolló la obra, pero con el consentimiento de las autoridades del propio STC Metro, de acuerdo con las minutas existentes.

“El consorcio encargado de la obra señaló que derivado de problemas estructurales, geotécnicos, y de procedimiento constructivo, se procedió a reducir los andenes a dos y el propio Sistema de Transporte Colectivo manifestó estar de acuerdo con tal modificación” indica la sentencia e la página diez.

En tales condiciones, agregaron los magistrados, no se le puede atribuir a Fernández Villaseñor responsabilidad alguna en ese hecho.

Los ex trabajadores del Metro entrevistados por Animal Político dijeron que este mismo criterio imperó en la mayoría de las sentencias pues todas las modificaciones que se estiman irregulares por parte de la Contraloría en la obra, fueron autorizadas por los directores generales con conocimiento y consentimiento del STC Metro.

Por otra parte, los magistrados indicaron en su sentencia que de acuerdo con el artículo 50 de la Ley de Obras del Distrito Federal, para cualquier obra se establece un ente supervisor compuesto por una serie de compañías separadas de quien construye y coordina, y que tiene la función de vigilar y en su caso dictaminar irregularidades susceptibles de sanción.

En el caso de la Línea 12 esa supervisión estuvo a cargo de cinco compañías: Ingeniería Asesoría y Consultoría SA de CV; Integración de Procesos de Ingeniería SA de CV; Consultoría Integral en Ingeniería SA de CV; Lumbreras y Túneles SA de CV; y Empresa de Estudios Económicos y de Ingeniería SA de CV.

Peor la Contraloría en su acusación decidió que Fernández Villaseñor, al igual que otros funcionarios de Proyecto Metro, eran responsables de no detectar las “irregularidades” y proceder en consecuencia.

“El actor (Villaseñor) no puede ser considerado responsable de las irregularidades administrativas a estudio (…) es evidente que por el tamaño de la obra se requiere de un supervisor con la infraestructura para comprobar que los trabajos se realizaran de acuerdo a lo contratado, y en el caso, se trataba de las empresas que fueron contratadas para supervisar la construcción” indican los magistrados.

Cabe recordar que entre las irregularidades que según la Contraloría debieron de sancionar los funcionarios castigados están situaciones ajenas a la falta de compatibilidad entre trenes y rieles que ocasionaron que la Línea 12 cesara funciones en la mitad de sus estaciones. Por ejemplo, se les responsabilizó de que las ventanas y rejas o cumplían con las especificaciones.

Culpable sin defensa

Fernández Villaseñor, como todos los funcionarios sancionados, interpuso ante la Contraloría pruebas a su favor para desvirtuar las presuntas irregularidades que se le imputaban.

Entre otros elementos, exhibió las minutas con el consentimiento del STC Metro para modificaciones al proyecto, los reglamentos de obra, los resultados de más de 15 auditorías practicadas, la descripción de funciones de los distintos cargos, la argumentación respecto a las funciones de las Dirección de Obra Civil del Proyecto Metro que son ajenas al tema electromecánico.

Pero de nada sirvió porque la Contraloría terminó imputándoles las sanciones ya conocidas con el argumento de que lo presentado por el acusado “era insuficiente para atender o solventar las conductas imputadas”.

Loa magistrados consideraron que dicha determinación resulta “contraria al derecho” pues quita de un plumazo el valor probatorio de indicio que tienen las pruebas que aporten los servidores públicos en contra de los que se pretende actuar.

“Lo anterior significa que la autoridad le impone la carga de la prueba para desvirtuar las presuntas inconsistencias detectadas en el acta entrega-recepción, violando con ello el principio de presunción de inocencia” señala la sentencia.

En resumen, los magistrados detallaron que la Contraloría impuso una sanción a Fernández Villaseñor por considerarlo responsable “de conductas que legalmente no se demostró que le correspondían”. Es decir, fue acusado y juzgado al mismo tiempo sin que valiera su derecho de defensa.

“Estas acusaciones hechas en contra mía y de mis ex colaboradores están llenas de incongruencias y son poco precisas. De ahí que la mayoría hayan sido revertidas en los tribunales” dijo en entrevista Fernández.

¿Qué sigue?

Luego de conocer las determinaciones de los magistrados la Contraloría General hizo valer sus recursos de apelación en contra de las sentencias dictadas en favor de los ex funcionarios de Proyecto Metro.

Los representantes legales de los funcionarios indicaron que serán de tres a seis meses el tiempo que tomará para que se conozca la determinación final e irrevocable de los magistrados correspondientes.

La resolución resulta clave no solo por las sanciones económicas y administrativas sino porque la averiguación previa de tipo penal que tiene en curso la Procuraduría General de Justicia capitalina, y que podría llevar a la cárcel a varios de los involucrados, está sustentada de origen en el estudio e imputaciones de la Contraloría.

Pero mientras eso ocurre lo sancionados aun no pueden aun recuperar su trabajo. Actualmente, como publicó Animal Político, varios de ellos enfrentan consecuencias tanto patrimoniales como de salud por el procedimiento que confían se resolverá a su favor, pero no tan pronto como quisieran.

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Qué hay detrás de los cambios de política de EU hacia Cuba y Venezuela

El alivio de algunas restricciones a ambos países marca un giro de Washington respecto a la estrategia de mano dura de Trump y busca dar señales de cambio a la región, según analistas.
19 de mayo, 2022
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Después de insistir por un buen tiempo con sanciones, reproches y presión extrema, Estados Unidos comenzó a flexibilizar su política hacia dos de sus mayores antagonistas latinoamericanos: Cuba y Venezuela.

Washington anunció por separado esta semana que aliviaría sus restricciones para viajes y remesas a Cuba, así como para las negociaciones de la principal petrolera estadounidense en Venezuela.

Las medidas son limitadas y están lejos de suponer una normalización de las relaciones de EE.UU. con los gobiernos de ambos países.

Pero sí resulta evidente el giro que la Casa Blanca de Joe Biden busca darle a la estrategia de mano dura diseñada por el anterior presidente Donald Trump para esos países.

Y detrás de este cambio hay varios motivos, según expertos.

Una cumbre polémica

Los anuncios de Washington surgieron mientras el gobierno de Biden se prepara para organizar la novena Cumbre de las Américas el mes que viene en Los Angeles.

La antesala del cónclave está signada por pugnas y un riesgo de boicot de algunos presidentes por la probable exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua, países a los que EE.UU. ha sugerido que dejaría fuera por considerarlos autocráticos.

Joe Biden

Getty Images

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha condicionado su asistencia al encuentro a la participación de esas tres naciones, una postura que también asumió su homólogo boliviano, Luis Arce.

Otros gobiernos latinoamericanos cuyos presidentes prevén asistir a la cumbre, como Argentina, Chile y Honduras, también pidieron que todos los países de la región sean invitados.

EE.UU. ha respondido que aún debe tomar la decisión final sobre los invitados y abrió un diálogo con López Obrador sobre su reclamo.

En el gobierno de Biden niegan que esta polémica por la cumbre tenga alguna relación con los cambios de política hacia Cuba y Venezuela.

“El momento de esto diría que está completamente separado de lo que ha dicho el presidente mexicano respecto a Cuba”, sostuvo un alto funcionario del gobierno de EE.UU. al explicar el martes a periodistas el alivio de sanciones a Venezuela.

El funcionario dijo que las medidas, que incluyen una autorización “limitada” a la petrolera estadounidense Chevron para negociar posibles actividades futuras con Venezuela, buscan respaldar un reinicio del diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y sus opositores.

Nicolás Maduro

Getty Images
El gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela podrá entablar negociaciones con la petrolera estadounidense Chevron.

Señaló además que el gobierno de Biden llevaba meses preparando su nueva política hacia Cuba, que autoriza vuelos comerciales a ciudades de la isla más allá de La Habana y suspende el límite de US$1.000 por trimestre a las remesas.

Sin embargo, algunos analistas observan un vinculo claro entre estos cambios y las críticas de la región a la Cumbre de las Américas a celebrarse del 6 al 10 de junio.

“Es una muestra de que la administración Biden no quiere llegar a la cumbre con las manos vacías”, dice Cynthia Arnson, directora del programa latinoamericano del Wilson Center, un centro de análisis independiente en Washington, a BBC Mundo.

Y agrega que el objetivo de la Casa Blanca es mostrar diferencias con el gobierno de Trump en las políticas sobre Cuba, Venezuela y la migración, en medio de las dudas sobre los compromisos que se lograrán en la cumbre.

De hecho, muchos anticipaban que Biden aliviaría las restricciones impuestas por Trump a Cuba y Venezuela poco después de asumir en enero de 2020, pero diferentes razones demoraron el cambio.

Banderas de países americanos en Washington.

Getty Images
La cumbre de las Américas se realiza en junio en Los Angeles.

“El país obvio”

Pese al afloje de las restricciones a Cuba y Venezuela, los analistas consideran improbable que Biden invite finalmente a ambos países al cónclave de Los Angeles.

En esto también pesan razones de política doméstica: la presencia de autoridades de cubanas o venezolanas en EE.UU. provocaría rechazos internos a meses de las elecciones de mitad de período en noviembre.

Los cambios anunciados esta semana por Washington fueron criticados no solo por opositores republicanos, sino también por demócratas como Bob Menéndez, que preside el poderoso comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU.

Bob Menéndez

Getty Images
El senador demócrata Bob Menéndez ha rechazado los planes de la administración Biden para Cuba y Venezuela.

“Darle a Maduro un puñado de dádivas inmerecidas solo para que su régimen prometa sentarse a negociar es una estrategia destinada al fracaso”, sostuvo Menéndez en un comunicado.

El alto funcionario del gobierno de Biden que habló bajo la condición de que su nombre se mantuviera en reserva negó que el permiso a Chevron vaya a derivar en un aumento de ganancias para el gobierno de Maduro, quien sigue bajo sanciones de Washington.

También advirtió que EE.UU. podría aumentar o aliviar más las sanciones a Venezuela en función de lo que ocurra en el diálogo entre el gobierno de Maduro y sus opositores.

Y señaló que el objetivo de Washington es lograr avances hacia elecciones libres y justas en Venezuela, negando que el foco esté en el petróleo.

Pero algunos prevén un mayor rédito para la petrolera estatal venezolana PDVSA luego de este anuncio.

“Tarde o temprano, Chevron explorará petróleo y PDVSA se beneficiará de eso”, dice a BBC Brasil Ryan Berg, investigador para América Latina del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), una organización bipartidista en Washington.

Otros creen que EE.UU. ve en Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de crudo en el mundo, una oportunidad para rebajar el precio del petróleo, que se disparó tras la invasión de Rusia a Ucrania en febrero.

En marzo, mientras EE.UU. impulsaba sanciones al petróleo ruso, enviados de Biden viajaron sorpresivamente a Venezuela para conversar reservadamente con Maduro, un aliado de Moscú que dijo estar dispuesto a aumentar la producción petrolera.

Venezuela liberó a dos prisioneros estadounidenses luego de aquel encuentro, que también generó críticas de republicanos y demócratas en Washington.

Ahora cobra fuerza para algunos la idea de que el pulso de Occidente con Rusia también ha movido la política de EE.UU. hacia Venezuela.

“La visita en marzo (a Maduro) fue parte de una mirada global sobre cómo sustituir el petróleo de Rusia al mundo con producción en otros sitios”, señala Arnson. “Y en América Latina, el país obvio es Venezuela”.


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