Periodistas y activistas cuestionan la reacción del gobierno ante el asesinato de Rubén Espinosa
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Periodistas y activistas cuestionan la reacción del gobierno ante el asesinato de Rubén Espinosa

Periodistas y activistas de derechos humanos mostraron inmediatamente su desacuerdo con las declaraciones del procurador del DF, que llegó a decir que el motivo por el que el fotógrafo Rubén Espinosa, de 31 años, colaborador de la revista Proceso y la agencia Cuartoscuro, se encontraba en la capital era para mejorar sus expectativas laborales.
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Por AP
3 de agosto, 2015
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El fotoperiodista Rubén Espinosa durante una entrevista en la Ciudad de México, el 26 de junio de 2015. Foto: AP

El fotoperiodista Rubén Espinosa durante una entrevista en la Ciudad de México, el 26 de junio de 2015. Foto: AP

Las autoridades de justicia de la Ciudad de México dijeron que siguen abiertas todas las líneas de investigación en el asesinato de un fotoperiodista que fue asesinado junto a cuatro mujeres en la capital del país, donde se había refugiado buscando protegerse de las amenazas recibidas en el estado de Veracruz.

Los investigadores aplican los protocolos de que se siguen en los casos de crímenes contra periodistas y feminicidios y no descartan que el motivo del quíntuple homicidio fuera el robo, según explicó en una rueda de prensa Rodolfo Ríos Garza, procurador de Justicia del Distrito Federal.

Pero periodistas y activistas de derechos humanos mostraron inmediatamente su desacuerdo con las declaraciones del procurador, que llegó a decir que el motivo por el que el fotógrafo Rubén Espinosa, de 31 años, colaborador de la revista Proceso y la agencia Cuartoscuro, se encontraba en la capital era para mejorar sus expectativas laborales.

Según organizaciones de defensa de periodistas como Artículo 19 y Periodistas de a pie, Espinosa dejó el estado de Veracruz, donde había trabajado durante ocho años, por las amenazas recibidas y esa es la línea de investigación que debería considerarse prioritaria.

Cuando se producen ataques contra periodistas, las autoridades mexicanas suelen descartar desde el principio que estén relacionados con el ejercicio de la profesión, aunque México es el país más peligroso de América Latina para el trabajo informativo. En amplias zonas del país, los delitos violentos o la corrupción no llegan a los medios de comunicación y se impone el silencio porque sus empleados han sido comprados o viven intimidados.

“Siento un desdén hacia la investigación por motivos periodísticos”, lamentó Darío Ramírez, director de Artículo 19. “Aquí el tema es que él denunció que tenía riesgo y un mes después fue asesinado. Son coincidencias que no pueden ser descartadas diciendo que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado”.

Periodistas presentes en la rueda de prensa le preguntaron al procurador si los hechos que condujeron a Espinosa a autoexiliarse a la capital en junio se están investigando y si las autoridades han pedido que declare el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, señalado por colegas y activistas como responsable del clima de ataques contra la prensa en su estado.

Ríos Garza se limitó a decir que todas las líneas de investigación están abiertas, incluida la que tiene que ver con su trabajo como periodista en Veracruz.

“Elemento más pernicioso que es la violencia contra la prensa es una violencia contra toda de la sociedad”, declaró Ramírez. “Ya hay amplios lugares en el país en que el silencio es el camino plano, allanado, para que el crimen organizado, para que la corrupción, para que todo lo que destruye a la sociedad, se vea de manera sin contrapisas, sin contratiempos ni obstáculos”.

Espinosa ya había dicho en numerosas ocasiones que había recibido presiones durante años mientras realizaba coberturas en Veracruz. Que se le habían borrado tarjetas de memoria de su cámara y se le había pedido que dejara de tomar fotos de situaciones como la detención de estudiantes durante una manifestación en 2012. Ese mismo año, Regina Martínez, otra reportera de Proceso, una revista que se caracteriza por su periodismo de investigación, fue asesinada. Las autoridades nunca contemplaron que su trabajo como periodista de investigación pudo ser el motivo de la muerte, que achacaron a un robo.

Espinosa había dicho que un funcionario del gobierno llegó a espetarle una vez: “Deja de tomar fotos si no quieres acabar como Regina”.

En otra ocasión, según contó la revista Proceso, Espinosa acusó al gobernador Duarte de ofrecerle dinero para que retirase una denuncia que había puesto contra la policía después que varios agentes le golpeasen.

Espinosa dejó Xalapa, la capital del estado de Veracruz en junio. Explicó que había personas siguiéndole, molestándole y tomándole fotos afrente a su casa. Pocos días antes había participado en la colocación de una plaza en una Plaza de Xalapa a la que renombraron como “Plaza Regina Martínez” en protesta por la manera en la que gobierno manejó el caso.

Durante una concentración de protesta por el asesinato en la capital mexicana, en la que varios cientos de personas portaban pancartas contra el gobernador Duarte, uno de sus portavoces, Nefatlí Granados, un estudiante de Veracruz dijo “salimos a la calle y decimos alto, claro que queremos a Duarte en la cárcel, ni un solo periodista más puede ser asesinado por Veracruz”.

En la marcha, Alma Espinosa, hermana del fotoperiodista, pidió “justicia para mi hermano y para toda la gente que muere en este país”.

“Esto es culpa nuestra. Cuando queremos, apoyamos… Todos somos seres humanos y tenemos que cuidarnos unos a otros”, señaló, antes de dirigirle unas palabras a su hermano. “Rubén, hermano, me atreví a presentarme porque esto es lo que hubieras deseado. Es por lo que tú luchaste y te fuiste como un guerrero, en la línea hasta el final. A pesar de todo te enfrentaste. Estés donde estés, pronto nos vemos”.

La respuesta de Duarte

Por su parte, Duarte emitió un comunicado en el que lamentó el asesinato múltiple, al que calificó de “aberrante” y confió en que la investigación resuelva el caso lo antes posible.

En junio acusó a varios periodistas de vínculos con el crimen organizado.

“Todos sabemos quiénes tienen vínculos y quiénes están metidos con el hampa”, dijo. “No hay que confundir libertad de expresión con representar la expresión de los delincuentes a través de los medios”.

Veracruz es un lugar peligroso para el ejercicio del periodismo. Desde que en 2010 Duarte asumiera el cargo, han sido asesinados 11 periodistas. Otros dos, entre los que se incluye Espinosa, han muerto fuera del estado. Tres más están desaparecidos.

Los cinco cuerpos aparecieron la noche del viernes en un apartamento de la colonia Narvarte, un barrio de clase media próximo al centro de la capital mexicana. El edificio contaba con una cámara de seguridad y en la calle hay seis más, dos de ellas de la Secretaría de Seguridad. Ríos Garza afirmó que cuentan con 15 testimonios y evidencias genéticas y en video.

Para llegar hasta el apartamento donde se cometieron los asesinatos, el atacante o atacantes tuvieron que pasar por dos puertas a la calle que no muestran ningún signo de haber sido forzadas.

Ríos Garza también dijo que el apartamento fue saqueado. Tres de las mujeres compartían la vivienda y una cuarta trabaja en tareas de limpieza. Ofrecieron resistencia y tenían lo que el procurador calificó de “escoriaciones” en el cuerpo, fruto del forcejeo.

Las autoridades no han desvelado la identidad de las mujeres. Pero dio sus edades: 18, 29, 32 y 40 años.

Todas las víctimas murieron de balazos en la cabeza. El calibre de la pistola utilizada es de 9 milímetros. Espinosa tenía heridas graves en la cabeza que fueron ocasionadas antes de su muerte.

Darío Ramírez dijo que una de las fallecidas era amiga de Espinosa. Se conocían de Veracruz. Artículo 19 publicó una alerta sobre la situación del fotoperiodista el 15 de enero, después de su llegada a la capital. Espinosa no había pedido protección a las autoridades federales, que ha creado una institución para proteger a periodistas amenazados. Explicó que el fallecido confiaba más en que organizaciones como Artículo 19 y sus amigos pudieran protegerle.

Espinosa es el primer periodista asesinado en la Ciudad de México desde 2006, cuando José Manuel Nava Sánchez, columnista del diario El Sol, fue apuñalado en su apartamento. El caso de Nava también mostró signos de robo, según el Comité para la Protección de Periodistas, con sede en Nueva York.

Articulo 19 ha dicho que el asesinato de Espinosa marca un punto de inflexión en la violencia contra la prensa porque es el primero que se comete contra alguien que ya se había exiliado en la capital tratando de protegerse. Hay decenas de periodistas de todo el país que buscan protección en la capital.

“El nivel de impunidad es lo que permitió esto. Los periodistas desplazados en algún momento vinimos al DF como isla de protección. Ya no hay para dónde ir, para donde correr”, dijo un periodista que también ha abandonado el estado Veracruz y no quiere que su nombre sea público por motivos de seguridad.

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El récord de casi 19 mil menores no acompañados que llegaron en un mes a la frontera de EU

Los números de migrantes que desde México y Centroamérica tratan de llegar a Estados Unidos no deja de crecer.
8 de abril, 2021
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Centro que acoge a los menores

Getty Images
Los centros de acogida de menores no acompañados están desbordados.

Casi 19.000 menores no acompañados llegaron a la frontera de Estados Unidos con México.

La cifra anunciada por el gobierno de Estados Unidos este jueves es la más alta jamás registrada en un mes y supone un test para la nueva presidencia de Joe Biden.

Una mezcla de factores en Centroamérica y en Estados Unidos están detrás de este incremento.

El gobierno de Biden decidió dejar de expulsar a los niños que llegan solos, algo que la presidencia de Donald Trump, y entregarlos a familiares que ya viven en el país mientras los tribunales estudian sus casos.

La patrulla fronteriza (CBP) encontró a 18.663 menores (algunos niños de sólo 3 años de edad) en marzo, muy por encima de los 11.475 de mayo de 2019 y los 10.620 de junio de 2014, que eran las cifras más altas desde que se empezaron a contabilizar en 2009.

Esto está provocando el hacinamiento de los centros que el gobierno tiene para el cuidado de los menores.

Muchos analistas ven la devastación que dejaron los huracanes que golpearon Centroamérica en noviembre del año pasado y las históricas condiciones de pobreza y violencia, como las causas principales de que muchas personas traten de emigrar a Estados Unidos.

Cambios en la percepción de la política migratoria de Biden también parecen haber contribuido al auge.

La detención de migrantes indocumentandos en la frontera con México ascendió un 70% en marzo hasta 172.331, el número más alto en 15 años.

El CBP culpó del auge a la “violencia, los desastres naturales, la inseguridad alimentaria y la pobreza en México y en los países del Triángulo Norte de Centroamérica”.

“Esto no es nuevo”, dijo Troy Miller, comisionado del CBP.

Casi 104.000 personas fueron expulsadas a México, la mayoría adultos sin familia, de acuerdo a la normativa de covid-19, pero los niños sí se han podido quedar de momento en territorio estadounidense.

Hay más de 20.000 niños bajo custodia del gobierno, que está buscando ampliar los recintos que los acogen.


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