Víctima se encadena a las rejas de CNDH; lleva 4 años esperando justicia
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Víctima se encadena a las rejas de CNDH; lleva 4 años esperando justicia

Marco Antonio Castillo se encadenó por segunda ocasión afuera de las oficinas de la Comisión, cuatro años después de que las presuntas irregularidades en la investigación de la muerte de su hijo no han sido castigadas.
Por Paris Martínez
26 de agosto, 2015
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FOTO CARRUSEL (2)

Hace tres años, Marco Antonio Castillo se encadenó a un árbol ubicado frente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para reclamar la intervención de este organismo ante las presuntas irregularidades cometidas por las autoridades de Yucatán al investigar la muerte de su hijo, José Felipe, ocurrida en julio de 2011.

En aquella ocasión, la CNDH decidió ejercer su facultad de atracción sobre este caso, logrando así que el padre del menor retirara su protesta de la fachada de sus oficinas centrales, y luego de dos años de indagatorias, el ombudsman nacional determinó en 2013 que, efectivamente, la Fiscalía General de Yucatán había incurrido en faltas graves al investigar la muerte de este menor.

Entre otras anomalías, la CNDH concluyó en 2013 que el gobierno de Yucatán había presentado un reporte forense alterado, para sustentar la hipótesis de que el joven se había quitado la vida por voluntad propia, descartando de antemano la posibilidad de que fuese víctima de un homicidio.

Las irregularidades de esta autopsia son varias: se asegura que el estudio forense fue realizado a una persona con un nombre distinto al del adolescente fallecido; además, no incluye golpes y lesiones que el peritaje fotográfico sí registra en el cuerpo del menor; y, finalmente, la misma Fiscalía de Yucatán reconoció que el médico que supuestamente realizó el estudio nunca ha trabajado para la institución.

Además, la CNDH confirmó que los agentes encargados de esta investigación robaron y desaparecieron distintas evidencias del expediente, tales como el peritaje fotográfico que se hizo a las heridas presentes en el cuerpo del menor –lesiones defensivas en manos, y una lesión de 20 centímetros en la base del cráneo–. Además, los agentes yucatecos robaron la ropa que portaba la víctima, antes de que se hicieran pruebas a esta evidencia; y se robaron también el celular del menor.

Por estas anomalías, la CNDH concluyó en septiembre de 2013 que las autoridades de Yucatán violaron los derechos de la familia Castillo a la legalidad, a la seguridad jurídica, al trato digno, a la verdad, así como a la debida procuración y acceso a la justicia, y ordenó al gobernador de esa entidad, Rolando Zapata, corregir todas las anomalías presentes en esta investigación, y le otorgaba un plazo de 15 días para entregar pruebas de cumplimiento.

Dos años después de que fuera emitida esta reconvención al gobierno de Yucatán, nada fue cumplido. Por eso, el señor Marco Antonio Castillo este martes, 25 de agosto de 2015, se presentó nuevamente ante la CNDH, y se encadenó del cuello a esta institución, en demanda de que eleve al Senado este caso de incumplimiento, para que sea el Poder Legislativo el que llame a cuentas al gobernador yucateco, tal como dicta la norma en estos casos.

“No me moveré de aquí hasta que haya una solución”, advirtió el padre del menor, con un candado cerrando un extremo de la cadena alrededor de su cuello, mientras el otro extremo se mantenía fijado, con un segundo candado, a las rejas de la institución.

–¿Por qué decide manifestarse así, encadenado, ante la CNDH? –se le pregunta.

–Desde septiembre de 2013 –responde el señor Castillo–, sólo se ha burlado de mí la CNDH, la gente que me ponen es gente que no me llaman, no me atienden, ahorita me acabo de enterar de que la CNDH, en total contubernio con el gobierno del estado de Yucatán, pretende darle carpetazo a la recomendación 34/2013 (sobre las irregularidades en la investigación de la muerte del joven José Felipe Castillo). Me llaman a mí del gobierno del estado y me dicen que la CNDH me va a notificar que está haciendo una negociación, en el punto de reparación de daños… Luego me llega un oficio en el que me dicen que me presente el 30 de julio para recibir la fabulosa suma de 50 mil pesos, por la vida de mi niño. Yo le pregunto al presidente de la CNDH: si la vida de este niño vale 50 mil pesos, ¿la vida de los hijos de usted también vale 50 mil pesos?

–¿Cuál es el grado de cumplimiento de la recomendación 34/2013?

–La recomendación establecía que debía hacerse una nueva averiguación previa, porque la Fiscalía yucateca, en el caso de mi hijo, no aplicó el protocolo de investigación al que está obligado el Ministerio Público, de acuerdo al artículo 21 de la Constitución federal. Y el gobernador de Yucatán ha prometido que va a hacerlo, pero jamás cumplido. Ha dicho que va a dar cumplimiento a la recomendación, pero no se ha llevado a cabo. La verdad, no entiendo por qué está protegiendo a delincuentes. Y aún así, la CNDH dice que esto ya fue cumplido, por lo que, ahora, yo exijo que el ombudsman me muestre las pruebas de que todas las irregularidades en la investigación sobre la muerte de mi hijo ya fueron subsanadas.

–¿Qué significa la cadena, se va a quedar encadenado ante la CNDH indefinidamente?

–Sí, yo me voy a quedar aquí hasta que atiendan mi pliego petitorio. Además, me declaro en suspensión de alimentos, porque esta CNDH es tan cruel que en otras protestas que he hecho en este mismo lugar se negaron a facilitarme acceso al sanitario, ni siquiera por cuestiones humanitarias, por eso suspendí mis alimenetos. Tomaré sólo agua.

–¿Qué demanda en su pliego petitorio?

– Primero: ser atendido por el ombdusman nacional; además, que me sea entregada copia certificada de mis expedientes de queja y seguimiento; copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento de la recomendación, en caso de que los tenga la CNDH; que sea citado el gobernador de Yucatán, así como su servidor, a una reunión en la Segunda Visitaduría de CNDH, para que explique el incumplimiento de la recomendación; asimismo, que se me informe el avance de la queja que puse contra servidores públicos de la CNDH, ante la Contraloría de este organismo, y por último, en caso de incumplimiento o cumplimiento parcial de la recomendación, que este expediente sea turnado de oficio al Senado de la República, como lo ordena el propio Reglamento de la CNDH, buscando la comparecencia del funcionario ante el pleno o la Comisión Permanente.

Para las 00:00 horas de este miércoles 26 de agosto, el señor Castillo seguía ahí, encadenado a las rejas de la CNDH, de donde ningún funcionario salió para escuchar sus peticiones.

En 2012, el señor Castillo se encadenó a la CNDH y logró que este organismo atrajera su caso y resolviera en su favor. Hoy, se encadena nuevamente, en demanda de que CNDH haga cumplir dicha resolución, la cual atribuye al gobierno de Yucatán la violación de diversos derechos humanos. Foto: Paris Martínez

En 2012, el señor Castillo se encadenó a la CNDH y logró que este organismo atrajera su caso y resolviera en su favor. Hoy, se encadena nuevamente, en demanda de que CNDH haga cumplir dicha resolución, la cual atribuye al gobierno de Yucatán la violación de diversos derechos humanos. Foto: Paris Martínez

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Marisol García Alcántara, la mexicana que sobrevivió a un disparo de la Patrulla Fronteriza (y ahora va a demandar a EU)

El balazo lo recibió el 16 de junio, en Nogales, Arizona, a bordo de una camioneta mientras trataba de entrar indocumentada a Estados Unidos. Del incidente le quedan restos del proyectil en la cabeza y unas secuelas permanentes que le impiden trabajar.
12 de mayo, 2022
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“Sentí un golpe en mi cabeza. Me imaginé que me habían pegado con un bate o con la cacha (culata) de una pistola. Yo iba del lado del piloto, en la parte trasera, pegada a la ventana. Fue ahí cuando se me nubló la visión”.

Lo que Marisol García Alcántara recibió fue un balazo.

Le ocurrió hacia las 5 de la tarde del 16 de junio en Nogales, Arizona, cuando iba a bordo de una camioneta Kia blanca, según recoge el reporte policial, junto a otros que trataban de entrar a Estados Unidos indocumentados desde el estado mexicano de Sonora.

Se lo cuenta a BBC Mundo desde su casa en México, a donde fue deportada tras ser sometida a una cirugía y pasar 22 días en un centro de detención, en una conversación por Zoom en presencia de su equipo legal.

El suyo es un relato detallado, pero con pausas. Y es que por momentos le cuesta recordar nombres, busca palabras en su cabeza durante segundos, hace gestos de esfuerzo. A veces lo logra. Otras no.

La pérdida de memoria es una de las “consecuencias de por vida” que asegura le dejó el impacto de la bala y el fragmento que aún alberga su cerebro.

Fotos de migrantes que murieron a manos de la Patrulla Fronteriza, junto a un cartel que exige el fin de los abusos.

Getty Images
Fotos de migrantes que murieron a manos de la Patrulla Fronteriza, junto a un cartel que exige el fin de los abusos.

En diciembre presentó una reclamación civil por daños y prejuicios contra la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), agencia que supervisa a la Patrulla y que depende del Departamento de Seguridad Nacional, exigiendo una indemnización.

Es un paso previo obligatorio antes de entablar una demanda federal contra el gobierno de Estados Unidos, algo que pretenden hacer tan pronto como los plazos legales se lo permitan —no antes del próximo 20 de junio—, tal como le explica a BBC Mundo su abogado Eugene Iredale.

Pero volvamos a la escena inicial, al relato de Marisol.

“Un ángel muy grande”

“Íbamos en la camioneta. Al dar la segunda vuelta, como a media calle, se escucharon las sirenas. Entonces le dijimos al conductor que se parara por favor, porque ya nos habían agarrado“.

Era la Patrulla Fronteriza siguiéndolos, ordenándole al vehículo que se detuviera.

Un supervisor de la Patrulla les diría después a los agentes del Departamento de Policía de Nogales que llegaron a la escena que la camioneta había hecho caso omiso, tal como se recoge en el informe policial, pero García Alcántara insiste en que estaban aminorando la marcha para parar.

El muro fronterizo en Nogales, Arizona, Estados Unidos, el 6 de febrero de 2019.

Getty Images
El incidente ocurrió en la localidad fronteriza de Nogales, en Arizona.

En eso estaban, cuenta, cuando uno de los agentes de la Patrulla —cuyo nombre no se ha hecho público ni se recoge en el informe policial ni en la reclamación civil— le disparó. Ella inmediatamente perdió la visión.

“Yo nomás escuchaba a mis compañeras que estaban pidiendo ayuda. Escuchaba que ellas decían que me ayudaran a mí, que alguien las ayudara.

“Los policías me preguntaban cómo me llamaba, cuántos años tenía, de dónde era y cuántas hijas tenía. Y (me decían) que no me durmiera, que ya iba a llegar la ambulancia por mí”.

Para cuando recuperó la vista ya iba en la ambulancia de camino al centro de salud local, donde una doctora le diría que “tenía un ángel muy grande en el cielo porque estaba viva después de recibir un balazo”.

El disparo le provocó una hemorragia intracraneal, fractura de cráneo y de órbita (uno o más huesos que rodean el ojo) y la bala y algunos fragmentos de hueso se le quedaron incrustados en el lóbulo frontal izquierdo, según se lee en la demanda civil.

La cirugía para extraerle el proyectil se la realizaron en el Hospital St Joseph, en Phoenix, a donde la trasladaron en helicóptero.

De la intervención le queda la marca de 36 grapas, un poco más arriba de la cicatriz que le dejó la bala. “Aquí, arriba de la ceja está la cicatriz, y la de los puntos aquí. Tengo todo esto, hasta acá”, dice mientras mueve el cabello de la frente para mostrarla a cámara.

“Desperté el día viernes (18 de junio). Fue cuando me llevaron a otro cuarto. Y de ahí el sábado me llevaron a Migración y el domingo a Florence”.

— ¿Qué es Florence?

— Florence es la cárcel.

El Centro Penitenciario Florence alberga un centro de detención gestionado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Marisol pasó allá 22 días antes de ser deportada.

“Si me la saca, me muero”

De regreso en su país volvió a ir al médico, ya que en EE.UU., asegura, no le habían dado “ninguna explicación”, ni el informe del alta hospitalaria ni ningún otro documento que informara sobre su estado de salud.

En México “me hicieron estudios y me dijeron que traía un pedazo de bala en la cabeza, que me está cubriendo un pedazo de mi cerebro”.

“No pueden hacer nada más que tratarme con medicamentos. Eso sí, me dijo el doctor que el medicamento es de por vida. Porque sacarme la bala no se va a poder, porque si me la saca, me muero”.

Los fármacos que debe tomar incluyen uno para prevenir ataques epilépticos, además de antidepresivos.

A 10 meses del incidente, “tengo consecuencias como parálisis facial, pérdida de memoria, los dolores de cabeza que no se me van a quitar, me mareo”, cuenta.

“Justamente ayer me mareé y se me fue la visión por segundos”.

Eso le impide seguir trabajando como seguridad privada, a lo que se dedicaba antes de decidir emigrar y buscar en EE.UU. una manera de ayudar a que sus tres hijas sigan estudiando.

Hoy por hoy subsiste con la ayuda que le da su madre y una asociación cuando se siente “más apretada”.

Las demandas

Por ello presentó en diciembre la reclamación civil por daños y perjuicios. Pero no busca solo que la indemnicen con dinero.

“Justicia, pedimos justicia. Que la persona que me disparó me pida una disculpa personalmente y que se haga justicia para que él no siga haciendo más daño a más personas”.

BBC Mundo le consultó a la CBP sobre el incidente y la demanda presentada por Marisol, pero todo lo que obtuvo por respuesta es que no hace comentarios sobre litigaciones en curso. No hay más información pública acerca del caso.

Según el abogado Iredale, recibieron una carta de la CBP fechada el 23 de diciembre solicitando una serie de documentos, incluidos los relativos a los tratamientos médicos, e informando que tenían hasta seis meses para llevar a cabo una investigación y responder a la demanda civil.

La reclamación civil es una etapa obligatoria para poder entablar una demanda en un tribunal federal contra el gobierno de Estados Unidos, aclara el letrado.

Si a los seis meses de presentar la reclamación civil —se cumplen el 20 de junio— la CBP no ha respondido, Iredale confirma que presentarán la demanda federal. Si hay respuesta, tendrán que esperar otros seis meses para hacerlo.

“Queremos una investigación completa”, le dice a BBC Mundo. “Pero creemos que no es solamente una cuestión de culpabilidad civil, sino también criminal, porque este es un asalto con fuerza letal contra una mujer que es inocente de cualquier forma de provocación o asalto”.

“Ella no representó un peligro de ninguna forma para a este agente”, subraya.

“Y va contra las reglas de la Patrulla Fronteriza el utilizar balas, disparar, para tratar de parar un vehículo. Y según entiendo a este punto en nuestra investigación es que el vehículo estaba parado o estaba en el proceso de hacerlo cuando el tiroteo sucede. No hay justificación posible para este uso de fuerza brutal“.

Migrantes tomados en custodia por la Patrulla Fronteriza en Yuma, Arizona, junto al muro que separa Estados Unidos de México, el 7 de diciembre de 2021.

Getty Images
Migrantes tomados en custodia por la Patrulla Fronteriza en Yuma, Arizona, junto al muro que separa Estados Unidos de México, el 7 de diciembre de 2021.

La cantidad de migrantes que tratan de llegar ilegalmente a EE.UU. por la frontera que comparte con México se ha disparado en los últimos años.

El pasado año fiscal —que empezó en octubre de 2020 y terminó el 30 de septiembre de 2021— la Patrulla Fronteriza registró la mayor cantidad de “encuentros” con migrantes indocumentados de las últimas seis décadas.

Y en ese mismo periodo la CBP contabilizó en la frontera sur 628 incidentes en los que agentes de la Patrulla Fronteriza hicieron “uso de la fuerza”, según se recoge en las estadísticas disponibles en su página web, sin especificar de qué tipo ni con qué consecuencias. En lo que va de año fiscal llevan ya 360.

De acuerdo a la Southern Border Communities Coalition (SBCC), una coalición de más de 100 agrupaciones que trabajan en la frontera, desde enero de 2010 al menos 100 personas han muerto a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza. En su página web recogen los datos con detalle, en ocasiones con nombres y apellidos de las víctimas.

Agente de la Patrulla Fronteriza anota información sobre los migrantes tomados en custodian en Yuma, Arizona, en la frontera de Estados Unidos con México, el 7 de diciembre de 2021.

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Los “encuentros” de los agentes de la Patrulla Fronteriza con migrantes indocumentados en la frontera entre Estados Unidos y México en el último año fiscal se han disparado.

Mientras “los agentes de la CBP y los oficiales arriesgan sus vidas todos los días para mantener seguras a nuestras comunidades”, el Departamento de Seguridad Nacional “le debe al público la investigación justa, objetiva y transparente de los incidentes de uso de fuerza para que se mantengan y cumplan nuestros más altos estándares”, dijo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro N. Mayorkas en unas declaraciones recogidas en enero por el diario The New York Times.

La utilización de la fuerza por parte de la Patrulla con consecuencias nefastas no es nueva.

Una de las más sonadas fue la muerte en 2010 de Anastasio Hernández Rojas, un mexicano padre de cinco hijos que llevaba 25 años residiendo y trabajando en construcción en EE.UU. sin los debidos documentos migratorios.

Falleció tras ser detenido en la localidad californiana de San Ysidro y recibir descargas eléctricas de la Patrulla Fronteriza. El informe forense lo catalogó como “homicidio”. El Departamento de Justicia se negó a presentar cargos contra los agentes involucrados y hoy el caso está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La madre de Anastasio Hernández Rojas sujeta un cartel con el nombre de su hijo durante una protesta para denunciar el uso de fuerza excesiva por parte de la Patrulla Fronteriza en San Ysidro, California, en la frontera de Estados Unidos con México, el 23 de febrero de 2013.

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La madre de Anastasio Hernández Rojas sujeta un cartel con el nombre de su hijo durante una protesta para denunciar el uso de fuerza excesiva por parte de la Patrulla Fronteriza en San Ysidro, California, en la frontera de Estados Unidos con México, el 23 de febrero de 2013.

“Desde el caso de Anastasio hasta el de Marisol, existe una gran problema de impunidad con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)”, dice Andrea Guerrero, directora ejecutiva de Alliance San Diego, que forma parte de la Southern Border Communities Coalition.

“La CBP es relativamente nueva. Se formó después del 11-S, rápido, sin mucha supervisión y sin un sistema para responsabilizar a los agentes que cometen abusos”, explica.

Guerrero apunta al Equipo de Incidentes Críticos como el centro del problema.

El rol de dicho equipo no está definido públicamente y no tiene autorización del Congreso para llevar a cabo investigaciones ni recopilar evidencias, pero suele involucrarse cuando agentes de la Patrulla se ven envueltos en incidentes con heridos o muertos, apunta.

En el caso de Marisol, el reporte del Departamento de Policía de Nogales hace constar que el Equipo de Incidentes Críticos estuvo en la escena además del FBI.

Guerrero, que lleva años indagando sobre el equipo, lo describe como “unidad encubridora en la sombra”. Por ello, la Southern Border Communities Coalition ha pedido al Congreso que lo investigue y presentó una denuncia ante el Departamento de Seguridad Nacional.

Dos comités del Congreso iniciaron en enero una investigación propia, solicitando a la CBP información sobre la unidad en cuestión.

“Creamos la CBP, la agencia policial más grande de EE.UU., y funciona con mucha impunidad. Y es algo que tiene que acabar”, zanja Guerrero.


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