Cómo funcionaría la unidad que investiga a policías que torturan como método de investigación
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Cómo funcionaría la unidad que investiga a policías que torturan como método de investigación

El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) presentó los resultados de los tres años de la Campaña Nacional para Prevenir la Tortura. Como parte de esta campaña, Insyde propone a las procuradurías estatales la creación de una unidad especial que se dedique a investigar casos de tortura por parte de funcionarios.
Por Manu Ureste
25 de septiembre, 2015
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Foto: Cuartoscuro.

Insyde denuncia que la tortura es “un medio de investigación policial”. //Foto: Cuartoscuro.

En México hay personas torturadas pero no torturadores. Así lo dijo el relator especial de la ONU el pasado mes de marzo en un informe especial, en el que señaló que en en el país la tortura que proviene de funcionarios del Estado es “una práctica generalizada” que no se castiga.

Y así lo dice, incluso, las mismas estadísticas oficiales: en una nota que publicó Animal Político el 12 de marzo, se dio a conocer que de 2006 a 2013 la Procuraduría General de la República (PGR) sólo consignó 1 de cada 100 casos de presunta tortura y sólo en la tercera parte de las averiguaciones realizó el peritaje que marcan los estándares internacionales.

En este contexto, en el que como señala Ernesto López Portillo, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), “no importa si hay 10, 100, mil o miles de quejas y denuncias por tortura, pues de todos modos no hay responsables”, Insyde presentó los resultados de los tres años de la Campaña Nacional para Prevenir la Tortura. Campaña que plantea a los legisladores y a los diferentes gobiernos estatales una serie de propuestas para erradicar la tortura “como medio de investigación policial”.

Uno de esas propuestas clave –está la elaboración de una Ley modelo para prevenir, investigar, sancionar y reparar la tortura, la Guía para investigar la tortura, o un Manual de principios y procedimientos para controlar el uso de la fuerza policial– es la creación de un Modelo de Unidad Especializada de Investigación en las diferentes procuradurías estatales

O en otras palabras: la conformación de una unidad especial que se dedique exclusivamente a investigar los casos de tortura cometidos a manos de funcionarios del Estado mexicano.

Tres áreas: investigación, análisis, y acusación

“En realidad, esta unidad no es ningún invento. Sino que vendría a replicar otras unidades especiales que ya están funcionando y dando resultados exitosos, como por ejemplo el caso de la Fiscalía de Guatemala, o los casos de las fiscalías de Chile y Colombia”, matiza Carlos Castresana, juez español encargado de diseñar esta unidad especial anti-tortura, y quien dirigió la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

Cuestionado en una entrevista con Animal Político sobre cuáles serían las características que definirían estas unidades ‘anti-tortura’ que Insyde está proponiendo que se integren en las procuradurías estatales, el juez detalla que estarían compuestas por grupos de aproximadamente 10 personas, entre fiscales, analistas, policías de investigación y un jefe de unidad. Asimismo, la unidad funcionaría “con el soporte de los métodos de investigación de la policía científica y de la medicina forense”, y estaría “sometida a controles periódicos de confianza” y constantes capacitaciones de los elementos.

“Se trata de una unidad con tres áreas fundamentales”, profundiza Castresana, quien es célebre internacionalmente por encabezar las investigaciones que dieron como resultado el procesamiento del dictador chileno Augusto Pinochet.

Unos elementos son los que investigan en el sentido de interrogar, hacer arrestos, cateos, y las diligencias clásicas de investigación. Otros conformaran el área de análisis que se dedica a procesar toda la información; y otros elementos formarán el área que se dedica a llevar los casos a juicio”.

Para el juez, el área de análisis dentro de la unidad es la clave que ha permitido obtener buenos resultados en la lucha contra la tortura.

“Investigar la tortura caso por caso, denuncia por denuncia y de manera vertical, es lo que normalmente produce la falta de resultados, porque se está investigando como si fuera un caso aislado”, advierte el magistrado.

“En cambio, las herramientas tecnológicas de análisis nos permite entender que la tortura es una mecánica que obedece a patrones de conducta generalizados, que sólo pueden producirse cuando hay una cadena de mando que, o bien ordena que esas conductas se realicen de manera generalizada, o bien permite que los subordinados la realicen sin intervenir ni impedirlo”.

“Y para esto, se requiere de una unidad de análisis que sea capaz de cruzar la información de unos casos con la de otros, buscando la coincidencia de personas, de placas de automóviles, de números de teléfono, etcétera, y esto a su vez requiere de una base de datos con un motor potente de búsqueda, y unos funcionarios adiestrados especialmente en esa tarea de análisis”, añade Castresana.

¿Cómo unos policías investigarán a otros policías?

Hasta aquí la parte bonita: una unidad de policías investigando las torturas que cometen otros policías contra ciudadanos –se le plantea al juez durante la entrevista-. ¿Pero no resulta esto algo utópico, especialmente en un país como México donde la corrupción “alcanza el nivel de norma social”, tal y como expuso el IMCO y el CIDE en su investigación ‘México: Anatomía de la corrupción’.

“La dificultad principal es, efectivamente, cómo unos investigadores que forman parte, o están muy cercanos a los investigados, pueden funcionar con autonomía para que las investigaciones no sean objeto de conocimiento anticipadamente por parte de los investigados, y puedan destruir evidencias y la investigación que se hace contra ellos”, concede el juez.

“Entonces, lo primero es que el personal que esté en la unidad tiene que tener autonomía dentro de la institución de justicia y estar lo más aislado posible del resto de esa institución. Y claro, además, tiene que haber una voluntad política por parte de cada gobernador y de cada procurador para que se les deje hacer su trabajo”, añade.

En cuanto a esa voluntad política, también se le cuestiona al juez cómo piensan convencer a las autoridades para que acepten implementar este modelo de unidad para investigar torturas, especialmente en estados como Puebla, Guanajuato, Jalisco o Tabasco; entidades que, según apuntó Ernesto López Portillo durante la rueda de prensa de presentación de la campaña de Insyde, se niegan a reconocer el problema de la tortura.

“Esta iniciativa tiene primero que consolidarse desde abajo –subraya-. Por eso se han elegido para empezar casos como Oaxaca y Coahuila, donde parece que el problema de la tortura no es tan grave y donde parece que sí hay un interés de incorporar la unidad. Esto, con la idea de que si el modelo funciona con éxito se pueda exportar después a otros estados. Y claro, también se trata de buscar llevar el modelo a las entidades donde existe voluntad política para que se permita trabajar a la unidad”.

“Es decir –recalca de nuevo- se tiene que dar la combinación de estos dos factores para que la unidad funcione: primero, que las autoridades de los estados no nieguen la realidad de los hechos y que sean conscientes del problema de la tortura por parte de las policías; y segundo, que haya voluntad política de abordarlo y solucionarlo”.

Factores, desde luego, que serán muy difícil de materializar, aunque para el magistrado casos recientes como el de Guatemala, invitan al optimismo moderado.

“Estos fiscales que han procesado y encarcelado al presidente (Otto Pérez Molina), son los mismos fiscales que nosotros capacitamos a partir de 2007 (en la Comisión Internacional contra la Impunidad). De manera que cuando existe la voluntad política y los recursos, que no son muchos en lo que se refiere a dinero, a esas unidades sólo hay que darles tiempo para den resultados”, concluye Castresana.

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Cómo el COVID-19 generará la mayor deuda pública mundial de la historia (y por qué no es necesariamente algo malo)

El aumento del gasto en todo el mundo para hacer frente a la pandemia ha llevado a que por primera vez en la historia la deuda pública global sea cercana al 100% del PIB internacional. Sin embargo, muchos -entre ellos el FMI- aconsejan que no se recorte el gasto.
20 de noviembre, 2020
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Los países en todo el mundo han aplicado distintas estrategias para combatir la pandemia del coronavirus, pero casi todos han hecho algo en común: aumentar su gasto público para hacer frente a la crisis sanitaria.

Además de los gastos en salud, la mayoría de los gobiernos han ofrecido ayuda financiera a las personas y los negocios afectados económicamente por la parálisis que trajo la pandemia.

En un informe sobre la situación fiscal de la economía mundial publicado en octubre pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que a nivel mundial se han gastado unos US$12 billones en “amortiguar el golpe” del covid-19.

Estas medidas fiscales “han salvado vidas y medios de subsistencia”, resaltó el organismo.

Sin embargo, semejante incremento del gasto público internacional, sumado a la fuerte caída en los ingresos tributarios como consecuencia de la parálisis de la actividad, también ha generado algo inédito.

Ha llevado a que la deuda pública mundial alcance su máximo histórico y por primera vez sea cercano al 100% del Producto Interno Bruto (PIB) internacional.

Dicho de otra forma, ha provocado que por primera vez en la historia la deuda pública global iguale al tamaño de la economía mundial.

No obstante, lejos de lo que podría pensarse, el FMI no aconseja recortar el gasto.

Por el contrario. La directora del organismo, Kristalina Georgieva, ha enfatizado repetidamente los riesgos de una reducción prematura del estímulo.

Tijeras y un billete de US$100 cortado

iStock
No es momento para cortar el gasto estatal, dice el FMI.

“Donde persiste la pandemia, es fundamental mantener líneas de vida en toda la economía, para las empresas y los trabajadores, como aplazamientos de impuestos, garantías de crédito, transferencias de efectivo y subsidios salariales”, señaló Georgieva.

“Es igualmente importante la acomodación monetaria continua y las medidas de liquidez para asegurar el flujo de crédito, especialmente a las empresas pequeñas y medianas, apoyando así el empleo y la estabilidad financiera”, dijo en un discurso a comienzos de octubre.

“Corta las líneas de vida demasiado pronto y el largo ascenso (de la recuperación) se convierte en una caída precipitada“, advirtió.

Déficit

A pesar de que el FMI estima que los déficits presupuestarios de los gobiernos aumentarán del 3,9% del PIB al 12,7% en 2020, lo considera algo transitorio.

“Lo que vemos es un aumento único de la deuda en 2020, luego una estabilización después de 2021, e incluso una ligera tendencia a la baja en 2025“, le dijo a Reuters el director de Asuntos Fiscales del FMI, Vitor Gaspar.

El organismo incluso está incentivando a algunos países, reacios a aumentar el gasto, a aprovechar las bajas tasas de interés para invertir en infraestructura.

Sus estimaciones sugieren que una inversión en infraestructura pública del 1% del PIB podría impulsar la producción en un 2,7%, creando entre 20 y 33 millones de puestos de trabajo.

Según Gaspar, la reanudación del crecimiento económico y las tasas de interés extremadamente bajas ayudarán a aliviar los déficits presupuestarios primarios.

“La diferencia entre las tasas de interés y el crecimiento no solo es negativa, sino más negativa, en nuestras proyecciones, de lo que era antes del covid-19. Por lo tanto, las bajas tasas de interés juegan un papel importante en la dinámica de la deuda”, aseguró.

Un martillo que dice 2020 rompiendo un chanchito con ahorros

iStock
El FMI estima que muchos países podrán estabilizar su deuda tras la crisis sanitaria.

Deuda récord

El FMI no es el único que afirma que el inédito nivel de deuda pública no es algo necesariamente malo.

Son varios los actores económicos que coinciden en que, lejos de generar pánico, este gasto récord es exactamente lo que se necesita para reactivar la economía global.

“La pandemia parece estar cambiando lo que muchos piensan sobre una deuda pública considerable”, observa John Letzing, editor digital de Inteligencia estratégica del Foro Económico Mundial.

“Aquellos que alguna vez pudieron haberse asustado con el concepto parecen ahora estar de acuerdo con él, si el dinero se utiliza bien y los intereses adeudados siguen siendo relativamente bajos”.

Según Letzing, hace no tanto existía un consenso generalizado de que la carga de la deuda pública de un país debía mantenerse muy por debajo del tamaño de su economía.

“En Estados Unidos la deuda pública ascendía a aproximadamente el 60% del PIB en vísperas de la crisis financiera mundial hace poco más de una década”, detalla.

“Y el tratado de fundación de la Unión Europea (UE) de hecho estableció un límite de deuda pública del 60% del PIB”.

“Pero al igual que otras cosas que alguna vez se dieron por sentadas, la pandemia ha eliminado, al menos temporalmente, esa directriz de la UE, mientras los responsables políticos se apresuran a apuntalar las economías”, afirma.

Pilas de yen que van en aumento

iStock
La deuda pública de Japón es la más alta del mundo y crecerá casi 30% como consecuencia del aumento del gasto por el coronavirus.

Las mayores deudas

Según los cálculos del FMI, 30 países superarán el 100% de deuda respecto a su PIB en 2020, debido a su respuesta a la pandemia.

Al tope de la lista está Japón, que ya era el país más endeudado, con una deuda pública del 238% del PIB. Este año, la cifra ascendería casi 30 puntos más, a 266%, según ese organismo.

También Sudán y Grecia tendrán deudas por encima del 200% de su PIB, de acuerdo con las estimaciones. El país africano pasaría de 202% a 259% y el europeo de 181% a 205%.

Completan el ranking de los 20 países más endeudados Eritrea, Líbano, Italia, Portugal, Cabo Verde, Belice, Barbados, EE.UU., Singapur, Baréin, España, Mozambique, Bután, Angola, Francia, Chipre y Bélgica.

Estas perspectivas han llevado a algunos legisladores en estos países a exigir a los gobiernos que empiecen a recortar el gasto relacionado con el covid, antes de que la creciente deuda genere un problema.

Muchos de estos políticos proponen que, en vez, se levanten las cuarentenas y restricciones y se reabran las economías.

Sin embargo, think tanks como el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas de EE.UU. advierten que esto sería un error.

“Contrariamente a algunas teorías previas, no hay evidencia de que una cierta proporción de deuda con respecto al PIB precipite una crisis de deuda“, señaló el instituto en un informe.

“La reapertura de la economía ha fracasado como estrategia para fortalecer las finanzas familiares y estatales, y esta estrategia no puede justificar el retiro a nivel federal de la sólida ayuda fiscal para las familias y los estados”, agregó.

Un mendigo durante la Gran Depresión en EE.UU.

Getty Images
Recortar el gasto impidió la recuperación después de la Gran Depresión, advierten los expertos del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas de EE.UU.

El centro de investigación también advirtió que “un giro equivocado y prematuro hacia la austeridad fiscal impidió la recuperación después de la Gran Depresión, y los legisladores deben evitar cometer el mismo error ahora”.

Riesgo para los más pobres

No obstante, los mismos actores que consideran que la histórica deuda pública mundial no debería causar alarma ni llevar a los gobiernos a reducir su gasto durante la pandemia, también advierten que la situación no será igual para todos.

Letzing, del Foro Económico Mundial, reconoce que “los niveles récord de deuda pública crearán desafíos financieros en muchas partes del mundo”.

“Los países en desarrollo, por ejemplo, podrían ser incapaces de aprovechar los mismos recursos que sus pares más ricos, y es probable que pronto se vean obligados a pagar miles de millones de dólares en pagos de deuda”, alerta.

También Georgieva, la directora del FMI, ha advertido que “muchos países se han vuelto más vulnerables” debido a sus niveles de deuda.

La economista sostiene que se debe actuar de forma coordinada para ayudar a estos países a “lidiar con su deuda”.

“Entraron en esta crisis con niveles de deuda ya elevados y esta carga solo se ha vuelto más pesada. Si quieren luchar contra la crisis y mantener un apoyo político vital; si quieren evitar la reversión de los avances en desarrollo logrados durante décadas, necesitarán más ayuda y rápido“, señaló.

“Esto significa acceso a más subsidios, crédito en condiciones favorables y alivio de la deuda, combinado con una mejor gestión de la deuda y transparencia”, detalló.

Kristalina Georgieva

Reuters
Kristalina Georgieva, del FMI, afirma que habrá que ayudar a los países más pobres que no pueden hacer frente a su carga de deuda.

Georgieva adelantó que “en algunos casos, será necesaria la coordinación global para reestructurar la deuda soberana, con la plena participación de los acreedores públicos y privados”.

“El largo ascenso”

Según la jefa del FMI, el mundo atraviesa en este momento un “largo ascenso” para salir de la crisis que trajo el coronavirus.

Este difícil ascenso será “desigual, incierto, y propenso a contratiempos”, advirtió.

“Mientras nos embarcamos en este ‘ascenso’, todos estamos unidos por una sola cuerda, y somos tan fuertes como los escaladores más débiles. Necesitarán ayuda para subir”, concluyó.

Enlaces a más artículos sobre el coronavirus

BBC

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