Caso Ayotzinapa: sin sentencias y sin procesados por desaparición forzada
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Caso Ayotzinapa: sin sentencias y sin procesados por desaparición forzada

De los 111 detenidos, sólo se pudo confirmar que hay 73 acusados de secuestro, y ninguno por desaparición forzada. Hay 33 casos que no se conocen públicamente. Expertos de la CIDH consideraron que también podrían haberse imputado otros delitos como tortura o abuso de autoridad
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Por Arturo Angel
22 de septiembre, 2015
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Padres de los normalistas realizaron un mitin frente a las instalaciones de la PGR. // Foto: Manu Ureste.

A casi un año del ataque a un grupo de normalistas de Ayotzinapa en Iguala, que dejó un saldo de 43 estudiantes desaparecidos y tres muertos, no se ha dictado una sola sentencia en contra de los más de cien encarcelados por el caso, y de hecho, todos están procesados por otros delitos menos por desaparición forzada.

Una revisión hecha por Animal Político de los juicios en curso, arroja incluso que hay detenidos que no están acusados ante el juez de haber participado directamente en los hechos del 26 de septiembre, entre ellas la esposa del ex presidente municipal de Iguala José Luis Abarca o del líder de Guerreros Unidos Sidronio Casarrubias.

En el caso de José Luis Abarca, pese a que fue capturado desde noviembre del 2014, apenas en junio de este año la PGR consiguió que se la abriera proceso por el plagio de los estudiantes. Según la Procuraduría General de la República (PGR), él es el principal autor intelectual de lo ocurrido en Iguala y Cocula.

De acuerdo con datos del Consejo de la Judicatura Federal, los juzgados Primero y Tercero de Distrito en materia de Proceso Penales federales en Tamaulipas son los que están encargados de las principales causas penales por la desaparición de los estudiantes normalistas, aunque hay casos como el de la ex pareja presidencial de Iguala que se llevan en el estado de México.

Por determinación de esos juzgados, el desarrollo de los juicios iniciados incluyendo nuevas consignaciones se mantiene bajo sigilo a partir de abril de este año. Lo que si confirmaron autoridades judiciales es que no hay una sentencia dictada hasta ahora, ni condenatoria ni absolutoria.

Secuestro sí, desaparición forzada no

Aunque hay 111 personas detenidas como resultado de la averiguación abierta en la PGR por el caso de los normalistas desaparecidos, la revisión de los datos públicos disponibles y del Consejo de la Judicatura solo permite confirmar que 73 de ellos están acusados del plagio de los estudiantes.

Cabe señalar que hay 34 casos de presuntos sicarios de Guerreros Unidos detenidos pero cuya consignación no se hizo pública y por lo tanto no se puede verificar el delito por el cual están bajo proceso.

Entre los que están acusados del delito de secuestro se encuentran el ex presidente municipal de Iguala José Luis Abarca. Luego de su detención en noviembre del 2014 la PGR lo consignó por varios delitos que no estaban relacionados con el tema de los normalistas, y fue apenas en junio de este año cuando pudo conseguir que se le iniciara proceso por el secuestro de los estudiantes.

Todos los policías detenidos y procesados hasta ahora, tanto los 43 de Iguala como los 15 de Cocula, están acusados también del plagio de los normalistas, al igual que varios integrantes del grupo delictivo de Guerreros Unidos

Sin embargo, y aunque el propio ex procurador Jesus Murillo Karam sostuvo que lo ocurrido en Iguala era un tema de desaparición forzada, debido a que funcionarios públicos participaron en la retención ilegal de los estudiantes, hasta ahora ni Abarca ni los ex policías están bajo proceso por ese delito en específico.

El subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Betanzos, dijo en una entrevista publicada el pasado 9 de septiembre que uno de los delitos consignados en el caso Ayotzinapa era el de desaparición forzada, lo cual era una ventaja pues evitaba que el caso prescribiera, es decir, que en algún momento el castigo que pudieran recibir los involucrados caducara.

Pero el informe elaborado por los expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló que los jueces no han concedido a la PGR ninguna orden de aprehensión por este delito.

De acuerdo con ese informe, en diciembre del 2014 la Procuraduría consignó la averiguación previa PGR/ SEIDO/UEDIMS/871/2014 relacionada con el caso Ayotzinapa, por desaparición forzada, sin embargo, los jueces reclasificaron el delito como secuestro.

“Ya tenemos conocimiento de las consignaciones y fueron por secuestro, quien debe resolver si son responsables o no es el juez. El secuestro como delito es por el que está la acusación, no por desaparición forzada” dijo Ángela Buitrogo, una de las integrantes del grupo de expertos.

Aunque la penalidad entre el delito de secuestro y desaparición forzada es similar (40 años de cárcel como pena máxima), el de desaparición forzada tiene un mayor peso específico pues implica el reconocimiento de que agentes del Estado participaron en el delito, de acuerdo con organismos internacionales como la CIDH o Amnistía Internacional.

Los expertos de la CIDH que han analizado lo ocurrido el 26 de septiembre en Iguala, también consideraron que existe evidencia suficiente para que la Fiscalía de Guerrero o la PGR hubieran imputado otros delitos como por ejemplo el de tortura en el caso del estudiante Julio Cesar Mondragón Fuentes, así como los de tentativa de homicidio, encubrimiento, uso no adecuado de la fuerza, lesiones y amenazas.

Los “no” acusados

Entre las personas que no están acusadas del plagio de los estudiantes se encuentra María de los Ángeles Pineda, esposa del ex presidente municipal José Luis Abarca, y cuya celebración de su informe de actividades en su calidad de presidenta municipal de Iguala fue el factor detonante del ataque en contra de los estudiantes, según la PGR.

Pineda fue consignada ante un juez federal en el estado de México acusada de delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de que según la PGR, desde el 2005 prestó apoyo financiero primero al cártel de los Beltrán Leyva y luego al grupo criminal Guerreros Unidos.

La investigación de la PGR corroboró que específicamente, en el periodo del 2009 al 2014, Pineda recibió a través de cuatro cuentas depósitos por más de 13 millones 700 mil pesos, recursos que no tienen un origen comprobable por lo que probablemente son resultado de actividades ilícitas en Morelos y Guerrero.

En junio pasado, la PGR obtuvo una nueva orden de aprehensión en contra de Pineda por delincuencia organizada por los nexos con Guerreros Unidos, pero no por el caso específico de los normalistas.

Sidronio Casarrubias Salgado, presunto líder máximo de la organización delictiva de Guerreros Unidos, es otro de los detenidos que no enfrenta proceso directamente vinculado por el plagio de los normalistas.

En sus declaraciones difundidas por la PGR, Casarrubias aceptó que dio autorización desde Morelos para que se procediera en contra de los normalistas, pero lo hizo porque su lugarteniente “El Gil” le indico que se trataba de supuestos integrantes del grupo antagónico conocido como “Los Rojos”.

De acuerdo con una tarjeta informativa del Consejo de la Judicatura, Casarrubias al igual que otro de sus cómplices de nombre Norman Isaí Alarcón Mejía, están bajo proceso por delincuencia organizada, delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y violación a la Ley Federal de Armas. Ninguno de ellos está preso por secuestro.

Uno de los integrantes más importantes del grupo delictivo de Guerreros Unidos detenido hasta ahora, Rubén Núñez Salgado, señalado como el operador financiero de la organización delictiva, está bajo proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Tampoco se le acusa directamente del plagio de los estudiantes.

Noemi Berumen, la joven que prestó un domicilio de su familia en la delegación Iztapalapa para que se escondiera el ex presidente municipal de Iguala José Luis barca y su esposa María de los Ángeles Pinera, está bajo proceso en libertad solamente por el delito de encubrimiento.

Sin sentencia

El Consejo de la Judicatura Federal confirmó a Animal Político que hasta ahora no se ha dictado ninguna sentencia en los procesos penales abiertos por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

La principal causa penal en curso es la número 100/2014 a cargo del Juzgado Primero de Procesos Penales Federales d Tamaulipas y es en ella en donde se encuentran incluidos la mayoría de policías consignados y de integrantes de Guerreros Unidos. El juicio se encuentra en la fase de desahogo de pruebas, es decir, la parte intermedia del proceso.

Además, de acuerdo con los reportes judiciales, más de la tercera parte de los consignados han presentado apelaciones en contra de los autos de formal prisión que les dictaron y aunque ninguno ha salido en libertad, el análisis de las consignaciones por parte de los tribunales ha retrasado aún más los procesos.

A lo anterior se suma que los jueces han reclasificado algunos delitos que la PGR imputó originalmente como el de desaparición forzada.

En el caso de José Luis Abarca, su proceso se encuentra en una fase inicial luego de que apenas en junio se le dictó el auto de formal prisión por el secuestro de los normalistas, mientras que por los delitos que se le imputaron inicialmente entre ellos delincuencia organizada tampoco hay una resolución hasta ahora.

María de los Ángeles Pineda tiene su proceso penal por lavado de dinero y delincuencia organizada abierto en el Juzgado Tercero de Distrito con sede en el estado de México bajo la causa penal 105/2014, sin que tampoco se haya dictado sentencia hasta ahora.

Cabe señalar que las sentencias posiblemente condenatorias que dictan los jueces no solo sirven para que los procesados sean castigados, sino que son indispensables para que se file pago de reparación del daño a las víctimas.

Detenidos por el caso Ayotzinapa. Omar Bobadilla (@obobadilla)

Detenidos por el caso Ayotzinapa. Omar Bobadilla (@obobadilla)

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¿A qué se han comprometido los países de América Latina en la cumbre sobre cambio climático?

Acabar con la deforestación y depender menos del metano y del carbón fueron algunas de las propuestas de la COP26 en Escocia, pero ¿qué países de la región firmaron los acuerdos al respecto?
10 de noviembre, 2021
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El cambio climático se está intensificando y ahora amenaza todos los aspectos de la vida humana.

De no controlarse, la humanidad se enfrenta a sequías cada vez más graves y un mayor aumento del nivel del mar, lo que conllevaría a la extinción masiva de especies: sería una catástrofe.

También aumentaría la frecuencia de inundaciones, olas de calor, huracanes e incendios forestales.

Para controlarlo, líderes de todo el mundo se encuentran reunidos desde el 1 de noviembre en la ciudad de Glasgow, en Reino Unido, donde se lleva a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP 26.

La cumbre ya ha rendido frutos y generado varios acuerdos, pero no todos los países asistentes los respaldan.

Aquí te ofrecemos un resumen de los compromisos más importantes que se han logrado y de los países que se adhirieron, con un foco en América Latina.

Acabar con la deforestación para 2030

Más de 130 líderes mundiales prometieron la semana pasada ponerle fin y revertir la deforestación para 2030. Fue el primer gran acuerdo logrado en la cumbre climática COP26.

Brasil, donde grandes partes de la selva amazónica ya han sido taladas, fue uno de los signatarios. Canadá, China, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia también respaldaron la iniciativa.

Los árboles a veces son talados para crear tierras de pastoreo y alimentar al ganado.

Getty Images
Los árboles a veces son talados para crear tierras de pastoreo y alimentar al ganado.

Dentro de los países latinoamericanos que firmaron este acuerdo se encuentran Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú República Dominicana y Uruguay.

Para lograr la meta se utilizarán alrededor de US$19.200 millones de fondos públicos y privados.

Simon Lewis, experto en clima y bosques de la University College London, le dijo a la BBC que es una buena noticia que tantos países se comprometan a ponerle fin a la deforestación y que se cuente con una “financiación significativa para seguir adelante en ese viaje”.

Pero recordó que el mundo “ha estado aquí antes”, haciendo alusión a una declaración voluntaria similar que fue firmada por 40 países en 2014 en Nueva York y que “no logró frenar la deforestación en absoluto”.

Boris Johnson, el primer ministro de Reino Unido y anfitrión de cumbre mundial en Glasgow, calificó de “histórico” este nuevo compromiso firmado por más de 130 países.

La tala de árboles contribuye al cambio climático porque agota los bosques que absorben grandes cantidades de CO2.

Menos metano

El metano es uno de los gases de efecto invernadero que más contribuye al cambio climático y es responsable de un tercio del calentamiento actual de la Tierra.

Metano.

Getty Images
Argentina, Chile y México son tres de los más de diez países latinoamericanos que se comprometieron a reducir las emisiones de metano en un 30% para 2030.

Decenas de países se han sumado a una iniciativa liderada por EE.UU. y la Unión Europea (UE) que busca reducir las emisiones de este gas en al menos un 30% para 2030, en comparación con los niveles de 2020.

En el marco de la COP26 casi 100 países suplementarios se sumaron al compromiso.

La lista ahora incluye a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.

China, Rusia e India, tres de los principales emisores de metano en el mundo, se abstuvieron de adherirse al plan.

Alrededor del 40% de las emisiones de metano provienen de fuentes naturales como los humedales, pero la mayor parte ahora proviene de una variedad de actividades humanas, que van desde la agricultura, como la producción de ganado y arroz, hasta el uso de gas natural y los vertederos de basura.

Desde 2008 ha habido un gran aumento en las emisiones de metano, que algunos investigadores vinculan al auge de la fracturación hidráulica en algunas partes de EE.UU.

Carbón

Más de 40 países se comprometieron a acelerar la transición energética y reducir el uso del carbón, el mayor contribuyente al cambio climático.

El compromiso incluye poner fin a todas las inversiones que consideren abrir nuevas centrales eléctricas que utilicen carbón, además de impulsar el desarrollo de “energías limpias“.

Planta de carbón en China.

Getty Images
Alrededor del 37% de la electricidad mundial se produjo con carbón en 2019.

Los firmantes estipulan eliminar gradualmente el uso de este contaminante hacia la década de 2030 para las principales economías y la década de 2040 para las naciones más pobres.

“El fin del carbón está a la vista”, aseguró el ministro británico de Energía y Negocios, Kwasi Kwarteng.

“El mundo se está moviendo en la dirección correcta, está listo para sellar el destino del carbón y abrazar los beneficios ambientales y económicos de construir un futuro impulsado por la energía limpia”, añadió.

Grandes consumidores de carbón como Alemania, Canadá, Chile, Corea del Sur, Polonia, Ucrania y Vietnam respaldaron el acuerdo.

Docenas de organizaciones también lo hicieron y varios de los bancos más importantes del mundo acordaron dejar de financiar la industria del carbón.

No obstante, Australia, India, China y EE.UU., cuatro de los más dependientes del carbón en el mundo, no lo firmaron.

Además de Chile, Ecuador ha sido el único país de América Latina que se ha adherido.

Para Juan Pablo Osornio, jefe de la delegación de Greenpeace en la COP26, esta declaración “aún está muy por debajo” de lo que el mundo necesita.

“A pesar del titular brillante, da a los países un enorme margen de maniobra para elegir su propia fecha de eliminación”, precisó.

Zona ecológica libre de pesca

Colombia, Ecuador, Panamá y Costa Rica acordaron el segundo día de la cumbre un convenio para crear una zona ecológica libre de pesca en sus aguas en el océano Pacífico.

El llamado Corredor Marino del Pacífico Tropical Oriental (CMAR) tendrá una extensión de 500.000 kilómetros cuadrados y conectará a las islas Galápagos en Ecuador, la isla Malpelo en Colombia y las de Cocos y Coiba, situadas en aguas territoriales de Costa Rica y Panamá.

Corredor Marino

CMAR
El Corredor Marino del Pacífico Tropical Oriental es una de las áreas de conservación de vida marina más grande del planeta.

“Vamos a proteger ecosistemas como Galápagos y las islas Cocos, que se encuentran entre los más valiosos del mundo”, dijo el presidente de Costa Rica, Álvaro Quesada, durante la firma del acuerdo.

La iniciativa tiene como principal objetivo resguardar las especies migratorias que transitan anualmente por la zona y que no se vean afectadas por la pesca comercial.

Con 500.000 kilómetros cuadrados, el corredor será “la reserva marina más grande en Occidente”, de acuerdo con el gobierno colombiano.

Al darse a conocer el pacto, el primer ministro británico, Boris Johnson, describió el esfuerzo como una “iniciativa audaz, ambiciosa y crucial para los esfuerzos de conservación en esta hermosa región”.


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