Caso Narvarte: el arma homicida no identificada y el peritaje clave que falta
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Caso Narvarte: el arma homicida no identificada y el peritaje clave que falta

Hay dos consignados pero PGJDF no tiene pistas en torno a la pistola usada en el crimen. Los abogados pidieron que se amplíe peritaje para esclarecer cómo fueron sometidas las víctimas y como se hicieron cinco disparos sin que nadie escuchara. Juez federal ordenó al MP frenar filtraciones del caso.
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Por Arturo Angel
2 de septiembre, 2015
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Detenido por caso Narvarte cambia declaración: dice que fue golpeado, amenazado y no tuvo abogado. Foto Cuartoscuro

Detenido por caso Narvarte cambia declaración: dice que fue golpeado, amenazado y no tuvo abogado. Foto Cuartoscuro

La pistola calibre 9 milímetros que se utilizó para asesinar hace más de un mes a cinco personas en la colonia Narvarte no había sido utilizada antes para cometer un delito, por lo menos del que se tuvieran datos, y tampoco pertenecía a algún policía del país. Los casquillos encontrados en el departamento confirman que provinieron de un arma que no aparece en ningún registro.

A petición de los abogados que representan a las víctimas la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal llevó a cabo un rastreo de los casquillos mediante el denominado Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS por sus siglas en ingles).

Dicho sistema, cuenta con más de 20 mil registros de armas y casquillos utilizados en hechos delictivos a nivel nacional, a los que se suman también los datos de todas las armas que tienen asignadas las corporaciones policíacas del país

Karla Michel Salas, abogada de Nada Vera una de las víctimas confirmó a Animal Político que los resultados fueron negativos.

“Es un dato relevante porque quiere decir que la pistola que se usó o es nueva o por lo menos no se había utilizado antes en algún robo, o que pertenecía a algún policía o elemento de seguridad” dijo la abogada, quien en su calidad de coadyuvante ha tenido acceso a los tomos de la averiguación previa del caso.

La ampliación de la verificación balística era uno de los dos peritajes considerados como “claves” que los abogados pidieron a la Fiscalía de Homicidios de la PGJDF que se llevaran a cabo para esclarecer el crimen.

La otra prueba clave, solicitada también por Artículo 19, es un nuevo análisis de la mecánica de los hechos para establecer cómo es que todas las víctimas pudieron ser sometidas y cómo es que nadie escuchó ni los gritos ni los disparos.

¿Disparos fantasma?

Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete, Mile Martin y Rubén Espinosa fueron asesinados dentro del departamento 401 del edificio ubicado en la calle Luz Saviñón el 31 de julio. Cada víctima tenía un disparo de arma de fuego en la cabeza.

Los peritos de la Fiscalía de Homicidios encontraron cinco casquillos en el lugar del crimen, que según la información oficial revelada pertenecen a una pistola calibre 9 milímetros. Se trata de un arma considerada de grueso calibre, que en algunos modelos incluso está reservada para el uso exclusivo de las fuerzas armadas.

La información que se filtró en las primeras semanas posteriores al crimen indicaba que no se usó un silenciador en el arma sino una almohada, lo que provocó que no se escucharan las detonaciones. También trascendió en los medio, que el arma utilizada pertenecía a Abraham Tranquilino Torres, ex policía capitalino implicado en los hechos y que fue consignado ayer al Reclusorio Oriente.

En ese contexto la defensa de Nadia Vera, que coadyuva en el caso, pidió a la Procuraduría que con los casquillos se hiciera un rastreo en los bancos balísticos y que no se limitara a los de la Procuraduría de la ciudad, sino también a los de la Procuraduría General de la República que son de alcance nacional.

“Los casquillos tienen una especie de huella digital que se pueden confrontar con un arma (…) pedimos que la confronta se hiciera también con la información de la PGR y los resultados fueron negativos. Es como si se tratara de un arma que no se hubiera utilizado” dijo la abogada.

La abogada dijo que pese a lo que se ha publicado en cuanto a las filtraciones, no existe (o por lo menos ellos no tienen conocimiento) prueba alguna que permita identificar que pistola calibre 9 milímetros se utilizó y menos que pertenezca o haya sido utilizada por alguno de los dos detenidos.

“Tampoco se ha esclarecido el tema del ruido de los disparos. La PGJDF ha dicho que no cree que se usó silenciador pero la almohada que se reportó solo tiene un disparo y se hicieron cinco en el departamento. El ruido al disparar una pistola de ese tipo es casi tan intenso como el de una turbina de avión aunque mucho más rápido. No parece difícil que no se haya escuchado” dijo.

Reconstrucción pendiente

Aunque ya transcurrió un mes de las investigaciones iniciadas por el multihomicidio en el departamento de Luz Saviñón, hasta ahora las autoridades no han realizado una reconstrucción de los hechos.

De acuerdo con los abogados de las víctimas, esta prueba pericial es importante aunque no tendría un peso específico pues estaría basada solo en la declaración de Daniel Pacheco, el primer detenido y consignado, quien no reconoció que se hubiera cometido crimen alguno.

Pero, según Michel Salas, si existe otra diligencia clave pendiente en la investigación y es una ampliación del llamado “peritaje en mecánica de hechos”, es decir, de los estudios periciales que permiten establecer cómo es que presuntamente ocurrió el crimen a través de los hallazgos ubicados.

“Es una reconstrucción también peor en base a la evidencia pericial no de los dichos de los detenidos” dijo Karla.

La ampliación de la mecánica de hechos permitirá, de acuerdo con los abogados, tratar de establecer, por ejemplo, cómo fue posible que tres personas sometieran a las cinco víctimas impidiendo además que estas gritaran, o verificar si se pudieron haber hecho los disparos con una única almohada y que no se escucharan.

La organización Artículo 19, en su informe emitido esta semana sobre inconsistencias en el caso, también puso énfasis en la importancia de que se lleve a cabo una ampliación de la mecánica de hechos pues a más de un mes del crimen, existen dudas respecto a cómo ocurrieron los hechos la tarde del 1 de julio.

Blindaje judicial

El juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal concedió una suspensión provisional solicitada por los abogados de las víctimas y la organización Artículo 19, para que la Procuraduría capitalina frene la filtración de datos de la averiguación previa relacionada con el multihomicidio en la colonia Narvarte.

Los datos de la demanda, que se pueden consultar en la lista de acuerdos del Poder Judicial Federal, revelan que el recurso se interpuso el pasado 27 de agosto por “omisión en el resguardo de la información contenida en la averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07” así como “filtraciones que han llevado a cabo de la información contenida en la averiguación previa…”.

Los demandantes también argumentaron que se ha hecho una estigmatización y revictimización de las personas fallecidas con las filtraciones y expusieron como pruebas diversas notas publicadas que citan como fuente un presunto “acceso a la averiguación” del caso.

La demanda quedó radicada en el expediente 804/2015 y el mismo 27 de agosto el juez federal concedió la “suspensión provisional”, es decir, una medida provisional que ordena a distintas áreas de la PGJDF frenar de inmediato la divulgación de datos. Este miércoles 2 de septiembre está programada la primera audiencia encaminada a definir si se concede de forma definitiva el amparo.

Ayer, la PGJDF emitió un comunicado del caso en el que dio a conocer que había consignado al ex policía Abraham Tranquilino por los delitos de homicidio, feminicidio y lesiones, pero no dio más detalles tras argumentar que por la demanda de amparo

La Procuraduría capitalina precisa que por el momento, se encuentra impedida jurídicamente para difundir mayores detalles de la investigación, debido a la medida suspensiva decretada por la Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, en el expediente 804/2015-IV, por lo cual ordena que resguarden la totalidad de la información” señaló la PGJDF.

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Qué es el kafala, el controvertido sistema de empleo por patrocinio que 'esclaviza' a los trabajadores

Miles de trabajadores viajan a los países del Golfo, Jordania y Líbano con el sueño de ahorrar dinero para ayudar a sus familias, pero acaban en un ciclo interminable de abuso.
6 de octubre, 2021
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Pensó que había encontrado el empleo de su vida, pero terminó cautivo y obligado a trabajar gratis.

Athenkosi Dyonta, un barista de 30 años, trabajaba en un café en la ciudad de George, un popular sitio de vacaciones en su país natal, Sudáfrica.

El joven solía compartir su “arte en latte“, los diseños que se hacen con leche sobre el café, con baristas de todo el mundo en un grupo de Facebook.

Fue allí donde una mujer lo contactó con una oferta de trabajo en Omán.

Además de un salario decente, le ofrecían alojamiento, comida y transporte gratuitos.

La mujer dijo que se ocuparía de su visa. Todo lo que Athenkosi tendría que hacer era pagar un boleto de avión, un chequeo médico y una prueba de covid-19.

Taza de latte con diseños hechos con el café sobre la leche

Getty Images
Athenkozi fue contactado en un grupo de Facebook donde compartía su “arte en latte”.

“Pensé que cuando él regresara después de un año más o menos nos compraríamos una casa y podríamos enviar a nuestros niños a mejores escuelas”, recordó su novia Pheliswa Feni, de 28 años, con quien tiene dos hijos.

La pareja pidió prestado dinero para el pasaje aéreo de Athenkosi, quien poco después viajó a Omán.

Al llegar al país árabe, el barista fue conducido desde la capital, Muscat, a una ciudad llamada Ibra, donde lo trasladaron a su nuevo hogar.

“Era un lugar sucio, una habitación pequeña, con apenas un colchón y cajas”, le dijo Athenkosi al podcast The Comb de la BBC.

La sorpresa fue solo el inicio de un período de enorme angustia para el joven, quien se enteró poco después de que el “empleo de sus sueños” no existía.

Athenkosi Dyonta lavando tazas en Omán

Athenkosi Dyonta
En Omán, cuando Athenkosi no estaba trabajando debía permanecer encerrado en su habitación.

Athenkozi pasó a trabajar de 12 a 14 horas al día en tareas de limpieza en cafés.

Cuando no tenía que trabajar lo obligaban a permanecer encerrado en su habitación. La comida era terrible y no le pagaban.

“Comía solo pan y leche, a veces un panecillo con un huevo. No recibía ningún salario, solo trabajaba”.

Lo que el joven no sabía era que había firmado un acuerdo de patrocinio utilizado en partes del Medio Oriente llamado “kafala”, que otorga a ciudadanos y empresas privadas un control casi absoluto sobre el empleo y el estatus migratorio de los trabajadores extranjeros.

A la merced del empleador

“El sistema de kafala o patrocinio ata a los trabajadores migrantes a sus empleadores”, le señaló a BBC Mundo May Romanos, investigadora de Amnistía Internacional (AI) sobre derechos de migrantes en la región del Golfo .

Romanos es una de las autoras de un informe de AI de 2019 sobre el sistema de kafala en Líbano.

La palabra árabe kafala significa garantizar.

En este sistema “los trabajadores no pueden entrar al país u obtener una visa a menos que tengan ese patrocinio”.

“Y el empleador puede en cualquier momento cancelar el permiso de residencia y dejar al trabajador como un ilegal en riesgo de ser deportado”, explicó Romanos.

“El trabajador no puede cambiar de trabajo ni abandonar el país sin permiso de su empleador, así que acaba atrapado en un ciclo de abuso”.

El sistema fue creado para asegurar una oferta abundante de mano de obra barata durante una era de boom económico.

Sus defensores aseguran que beneficia a las empresas locales y es un factor que impulsa el desarrollo, aunque el sistema se ha vuelto cada vez más polémico por las denuncias de casos de abuso.

A pesar de la posible explotación, los trabajadores muchas veces aceptan trabajos en el sistema de kafala porque la paga que se ofrece es mejor que la que obtendrían en sus propios países, señala el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en inglés), un think tank con sede en Nueva York.

Muchos trabajadores envían remesas a sus hogares, que según el Banco Mundial pueden ayudar a aliviar la pobreza en países de medianos y bajos ingresos. En 2019, Kuwait, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos estuvieron entre los 10 países desde donde se enviaron más remesas.

Los valedores del sistema argumentan que facilitar la entrada legal de trabajadores a la región hace que éstos sean menos vulnerables al tráfico de personas.

Quienes se oponen, sin embargo, señalan que se requieren mayores garantías legales para proteger a los trabajadores, agrega el análisis de CFR.

Mujeres protestando en Líbano con un cartel que dice "abajo el kafala". 2019

Getty Images
“Abajo el kafala”. Trabajadores migrantes protestaron contra este sistema en Líbano.

El sistema de kafala se aplica con variaciones en todos los países del Golfo, además de en Jordania y Líbano.

“En Líbano, por ejemplo, los trabajadores migrantes no pueden cambiar de empleo sin el permiso del empleador pero sí pueden salir del país”, afirmó Romanos.

“Aunque en la práctica es muy difícil hacerlo si el empleador se niega a pagar el pasaje aéreo, ya que estos trabajadores ganan muy poco. En muchos casos además los empleadores confiscan sus pasaportes“.

“Historias desgarradoras”

El informe de 2019 de Amnistía Internacional se centra en el caso de las trabajadoras domésticas.

Uno de los testimonios que recoge el reporte es el de Mary, una trabajadora de Etiopía que viajó a Líbano, donde aseguró haber sufrido abuso físico y verbal.

“Estuve en la casa de mis empleadores sin salir durante un año, trabajaba 18 horas al día. Lloraba todos los días y traté de acabar con mi vida en tres ocasiones. Su casa era mi prisión”, relató Mary.

“La historia de las trabajadoras domésticas es tristemente muy similar en toda la región”, señaló Romanos.

Manos con guantes de limpieza

Getty Images
Algunas de las trabajadoras domésticas entrevistadas por Amnistía Internacional trabajaban hasta 18 horas al día.

“Como viven en la casa de sus empleadores tienden a estar aisladas, a muchas se les prohíbe salir de la casa. Creo que algunas de las historias más desgarradoras que escuchamos eran especialmente de trabajadoras domésticas”.

La mayoría de las trabajadoras domésticas atrapadas en el sistema de kafala son mujeres y provienen de Filipinas, Sri Lanka, India, Bangladesh, y en muchos casos de África.

Muchas de ellas son madres que dejaron a sus hijos en sus países y viajaron con la idea de ganar dinero para la educación y alimentación de sus niños”.

Romano señaló que muchas trabajadoras domésticas migrantes trabajan, como Mary, hasta 18 horas al día sin ningún día libre a la semana.

La carga de trabajo es atroz y muchas relatan casos de abusos físicos por parte no solo de sus empleadores sino de los menores a su cargo”.

“Hemos hablando con muchas de estas mujeres que estaban en refugios en Líbano y Qatar. Estaban atrapadas, porque los empleadores aún tenían sus pasaportes y además no tenían dinero para regresar a su país y reunirse con sus hijos”.

Muchas de ellas ni siquiera habían recibido sus salarios así que trabajaron por nada”.

Un estudio de 2008 de Human Rights Watch denunció que las trabajadoras domésticas migrantes estaban muriendo en Líbano a una tasa de más de una por semana, debido a suicidios o intentos de escapes fallidos.

Bahréin, Qatar y Arabia Saudita

Bahréin anunció en 2009 que desmantelaría el sistema de kafala y estableció un organismo público, la Autoridad Reguladora del Mercado de Trabajo, con el fin de regular el estatus de los trabajadores migrantes en lugar de los empleadores.

Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, señaló que esa Autoridad actúa luego del reclutamiento y “no ha asumido el rol de patrocinio, por lo que el sistema de kafala permaneció con algunas restricciones”.

Los trabajadores migrantes en Bahréin ahora tienen “un grado de mobilidad ya que pueden cambiar de empleo sin el consentimiento escrito de su empleador”.

Pero la OIT advirtió que esta libertad fue luego restringida por otra ley en 2011 “que impide a los trabajadores cambiar de empleo antes de un año”.

Qatar también introdujo reformas recientemente al sistema de kafala “ante la presión internacional y por ser foco de atención antes del Mundial de fútbol de 2022”, señaló Romanos.

El país tiene cerca de dos millones de trabajadores migrantes, que representan el 95% de su fuerza laboral, según AI.

“Qatar permite ahora que los trabajadores migrantes cambien de trabajo y salgan del país sin permiso de sus empleadores, pero en la práctica esto sigue siendo difícil”.

“Y además el empleador aún tiene el poder de cancelar en cualquier momento el permiso de residencia. Si el trabajador abandona el empleo por abuso puede ser acusado de huir y enfrentar un posible arresto y deportación”.

La OIT, por su parte, describió la reforma al sistema de kafala en Qatar como “un cambio histórico”.

“Qatar ha introducido grandes modificaciones a su sistema laboral, poniendo fin al requisito de que los trabajadores migrantes obtengan el permiso de su empleador para cambiar de trabajo. El país convirtió al mismo tiempo en el primero de la región en adoptar un salario mínimo no discriminatorio”, señaló la OIT.

“Tras la adopción de la ley 19 de 2020, el 30 de agosto de ese año, los trabjaadores migrantes pueden cambiar de empleo antes del fin de su contrato sin obtener primero un Certificado de No Objeción de su empleador.

Esta nueva ley, unida a la eliminación previa del requisito de un permiso del empleador para abandonar el país, efectivamente desmantela el sistema de patrocinio de kafala y marca el comienzo de una era en el mercado laboral de Qatar”.

“Mediante legislación adicional se estableció un salario mínimo de 1.000 riyales de Qatar (unos US$275) que se aplica a todos los trabajadores, de todos los sectores, incluyendo las empleadas domésticas”, agregó la OIT.

Trabajadores migrantes en Doha, Qatar, haciendo fila para usar un cajero automático

Getty Images
Qatar tiene cerca de dos millones de trabajadores migrantes, que conforman el 95% de la fuerza laboral del país.

Arabia Saudita, por su parte, “tiene más de 10 millones de trabajadores migrantes“, afirmó Romanos.

Este país también introdujo algunas reformas, “pero son más en papel que en la práctica”, según la investigadora de AI.

“Por otra parte, es un país cerrado a las organizaciones de derechos humanos por lo que es muy difícil documentar los abusos y ofrecer apoyo a los trabajadores”.

“Una forma de esclavitud moderna”

Al igual que Mary, la trabajadora doméstica en Líbano, Athenkosi intentó quitarse la vida.

El joven barista logró finalmente volver a Sudáfrica, luego de que su novia organizara una campaña para recaudar fondos. El empleador sólo lo dejó ir tras recibir unos US$1.500 por “incumplimiento de contrato y gastos de comida y alojamiento”.

Otras personas atrapadas en el sistema de kafala no han sido tan afortunadas y siguen a la merced de sus empleadores.

Protesta de trabajadores migrantes en Líbano en 2019

Getty Images
Estos trabajadores migrantes en Líbano piden a sus empleadores: “Entreguen nuestros pasaportes, concédannos un día libre, paguen salarios, hablen en forma amable”.

Para Romanos, el kafala es un sistema complejo que no se cambia solo aboliendo un par de leyes.

“Debe haber un cambio de cultura en estos países, y debe acabarse con la cultura de impunidad”.

Los empleadores no enfrentan ninguna consecuencia por sus abusos, ni en Qatar ni en el resto de la región”.

Romanos asegura que los gobiernos deben no solo reformar las leyes sino implementar esos cambios y castigar a los abusadores.

“Definitivamente el sistema de kafala es una forma de esclavitud moderna y creemos que debe ser abolido“.

“Ése es el llamado que hicimos ya hace más de diez años cuando comenzamos a informar sobre el kafala”.

“Es un sistema que debe ser reemplazado por otro que proteja a los trabajadores migrantes de los abusos y garantice sus derechos humanos”.


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