Cien organismos civiles presentan diagnóstico sobre fallas y rezagos de la ley mexicana contra la tortura
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Amnistía Internacional

Cien organismos civiles presentan diagnóstico sobre fallas y rezagos de la ley mexicana contra la tortura

En México, cabe destacar, rige una Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura desde el año 1991, sin embargo, destacó la coalición de organismos ciudadanos, esta ley contempla una definición limitada de tortura, que no se ajusta a los estándares internacionales.
Amnistía Internacional
Por Paris Martínez
5 de septiembre, 2015
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Cien organismos civiles presentan diagnóstico sobre fallas y rezagos de la ley mexicana contra la tortura.

Un día después de que el presidente Enrique Peña Nieto anunciara –durante su tercer informe de gobierno– que trabajará con el Congreso de la Unión para que se concrete la emisión de una Ley General en materia de tortura, que sustituya la ley federal que no aplica para estados y municipios, un centenar de organizaciones civiles, académicas y de defensa de derechos humanos presentó un diagnóstico sobre las deficiencias normativas que actualmente se enfrentan en México para prevenir y sancionar este delito, y sus recomendaciones para subsanar dichos errores en la nueva norma que preparan las autoridades federales.

En México, cabe destacar, rige una Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura desde el año 1991, sin embargo, destacó la coalición de organismos ciudadanos, esta ley contempla una definición limitada de tortura, que no se ajusta a los estándares internacionales.

La actual definición mexicana, por ejemplo condiciona el reconocimiento de un caso de tortura a que las lesiones causadas sean de “gravedad”, además de que sólo se acepta como tortura si el perpetrador es una autoridad gubernamental, y no así cuando el autor es un particular.

A la letra, la definición vigente de tortura señala que ésta la comete “el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psicquicos, con el fin de obtener del torturado o de un tercero información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada”.

Esta definición limitada es, según el conjunto de organismos ciudadanos, la primer gran deficiencia que debe ser subsanada en una Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura y, siguiendo las recomendaciones formuladas desde 2008 por la ONU, el diagnóstico de las organizaciones ciudadanas destaca que las autoridades nacionales deben adoptar la definición establecida por la Convención Interamericana en la materia.

Según este ordenamiento internacional, se debe entender por tortura “todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o antgustia psíquica”.

La definición internacional, destacaron las organizaciones civiles –encabezadas por la Red Todos los Derechos para Todos y Todas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y la Universidad Iberoamericana, entre otros–, amplía las “conductas” que deben ser perseguidas penalmente, ya que no sólo contempla como tortura los todo acto intencional para causar “penas o sufrimientos físicos o mentales” a una persona, sino también aquellas acciones que busquen “anular la personalidad de la víctima o disminuir su capacidad física o mental” aún cuando estas acciones no causen dolor o angustia.

Asimismo, destacaron los organismos civiles, la definición internacional amplía “la finalidad con que tales conductas se cometen”, ya que reconoce que la tortura puede realizarse con “cualquier fin”, y no es una condición obligatoria que ésta se perpetre sólo cuando se busca obtener información, confesiones, para castigar a la víctima o para obligarla a actuar en un sentido determinado.

El diagnóstico de la coalición de organismos ciudadanos también demanda que la futura Ley General para prevenir y sancionar la tortura incluya, además, penas que sean acordes a la gravedad de los abusos cometidos, así como que “refuerce la tutela de poblaciones expuestas a una mayor vulnerabilidad, discriminación y/o daños específicos frente a la tortura”, entre los que destacó a las mujeres, las niñas y niños, los adolescentes y adultos mayores, las víctimas de otros delitos o de violaciones a derechos humanos, indígenas, migrantes, integrantes de la comunidad LGBTTIQ, periodistas y defensores de derechos humanos.

Asimismo, reclamaron, la nueva normativa “deberá incluir una modalidad mayormente penada que las anteriores, en aquellos casos en los cuales la tortura se practique de manera masiva, desproporcionada y generalizada“, lo cual, siguiendo los estándares internacionales, debe ser tipificado como un “crimen de lesa humanidad”.

La futura Ley General, asimismo, debe no sólo prohibir la tortura, sino también los tratos crueles, humanos y degradantes, ya que éstos “suelen facilitar la tortura y, por consiguiente, las medidas para impedir la tortura han de aplicarse también para impedir los malos tratos”.

Entre las recomendaciones emitidas por la coalición de organismos civiles que presentó ayer su diagnóstico sobre la normatividad nacional en materia de tortura, también se incluye la obligación de que toda autoridad responsable excluya aquellas pruebas contra un acusado que hayan sido obtenidas mediante la tortura y tratos crueles, y mecanismos que permitan una adecuada reparación del daño causado a las víctimas.

A continuación, te presentamos el diagnóstico divulgado ayer por la coalición de organismos civiles.

Diagnóstico ley general tortura

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'Los talibanes no aceptan la justicia impartida por mujeres': la desesperada huida de una jueza afgana

Como otras mujeres que desempeñaron posiciones en el poder judicial afgano antes de que el Talibán tomara el poder en 2021, esta jueza temía que su trabajo pudiera representar una amenaza para su vida y la de su familia.
17 de agosto, 2022
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Cuando desembarcó en Brasil con su familia, Sahar* sólo tenía una maleta con una o dos mudas de ropa.

La jueza salió de Afganistán a toda prisa el año pasado, huyendo de los talibanes y tuvo que dejar todo atrás.

Como muchas otras mujeres que ocuparon cargos en el poder judicial afgano antes de que el grupo fundamentalista tomara el poder en agosto de 2021, temía que su trabajo pudiera representar una amenaza para su vida y la de su familia.

“Tuve que dejar atrás todo lo que construí en Afganistán: mi casa, mis posesiones y parte de mi familia”, le dijo la jueza a BBC News Brasil.

“Tenía una vida completa y lo perdí todo”.

En los últimos 20 años, 270 mujeres se han desempeñado como magistradas en Afganistán. Muchas de ellas lograron escapar con la ayuda de la Asociación Internacional de Juezas (IAWJ) y se refugiaron en varios países del mundo.

Brasil otorgó visas humanitarias a siete de estas juezas y a tres magistrados. Todos llegaron al país en octubre pasado y fueron recibidos por la Asociación de Magistrados Brasileños (AMB).

Pero alrededor de 90 juezas siguen atrapadas en su país, escondidas.

“Salir de allí”

En su relato, Sahar detalla los momentos de miedo y desesperación que precedieron a su huida de Afganistán.

La jueza y su familia tuvieron que dejar su hogar para esconderse en otro lugar después de que los talibanes tomaron el poder.

Los talibanes tomaron el control de Afganistán en agosto del año pasado.

Getty Images
Los talibanes tomaron el control de Afganistán en agosto del año pasado.

Con la caída del gobierno afgano, jueces de todo el país comenzaron a ser perseguidos por su participación en los juicios y condenas de miembros del grupo extremista durante el período de ocupación estadounidense.

Los talibanes incluso abrieron prisiones en todo el país, liberando a hombres que los magistrados habían encarcelado.

La vida de las mujeres también cambió drásticamente con el establecimiento del régimen. Se prohibió a las niñas recibir educación secundaria, se disolvió el ministerio de la mujer y, en muchos casos, se impidió que las empleadas regresaran al trabajo.

“Grupos como los talibanes, Daesh (Estado Islámico) y otros no aceptan la justicia impartida por mujeres”, dice Sahar.

“La situación se volvió realmente desesperada cuando los talibanes comenzaron a registrar las casas de todos los jueces. Invadieron la Corte Suprema y obtuvieron acceso a todo tipo de información sobre nosotros, como fotos, direcciones y documentos”.

“Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que realmente no podíamos quedarnos en Afganistán porque era demasiado peligroso”, dice.

La ayuda

La jueza inicialmente se refugió en la casa de los familiares.

“Estábamos encerrados sin poder salir. No podíamos volver a nuestro departamento ni sacar nuestras cosas porque los talibanes patrullaban nuestra cuadra”.

Después de que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, miles de afganos intentaron huir del país.

AFP
Después de que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, miles de afganos intentaron huir del país.

“Fue realmente difícil. No podía cocinar ni lavar ni hacer nada, solo pensaba en que tenía que salir de allí“.

Pasaron dos meses antes de que Sahar recibiera la noticia de que iba a ser rescatada y de que recibiría refugio en Brasil.

“Le informamos sobre nuestra situación a la IAWJ y ellos entraron en contacto con varios países en busca de ayuda y visas para nosotras, las juezas”.

“Cuando me tocó a mí, me dijeron que íbamos a Brasil”.

La magistrada se mudó con sus familiares más cercanos. Por razones de seguridad, no se revelaron los detalles de la operación que los sacó de Afganistán y los trajo a Brasil.

“Dijeron que no podíamos llevar muchas cosas con nosotros, porque todo tenía que ser discreto. Así que no trajimos casi nada, tal vez solo una o dos mudas de ropa”, le dijo Sahar a BBC News Brasil.

“Tengo que controlarme para no llorar cuando recuerdo el día que nos fuimos. Fue una gran desgracia para nosotros”.

“Teníamos una buena casa, un buen salario y nuestra familia en Afganistán y dejamos todo atrás. Fue una situación muy mala, apenas puedo describirla con palabras”.

Miedo por lo que queda atrás

En sus más de cuatro años como magistrada en Afganistán, Sahar estuvo involucrada principalmente en casos penales.

Esta imagen de archivo muestra a una maestra en Afganistán, donde mujeres y niñas fueron excluidas de la escuela secundaria.

Getty Images
Esta imagen de archivo muestra a una maestra en Afganistán, donde mujeres y niñas fueron excluidas de la escuela secundaria.

La jueza dice que está orgullosa de su trabajo, especialmente en casos relacionados con la seguridad y el bienestar de otras mujeres.

“Tiene que haber espacio para que las mujeres sean juezas, porque una mujer confía en la otra. Las mujeres que fueron a la corte pudieron abrirse más con nosotras”, cuenta.

Era muy feliz en mi trabajo. Desde pequeña soñaba con ser jueza y hacer justicia para las familias y los niños”.

Sahar dice que no le tocó juzgar ningún caso directamente relacionado con el Talibán, pero admite que pudo haber participado en juicios por delitos comunes cometidos por miembros del grupo.

“Procesé todo tipo de casos, como asesinato, secuestro, robo, corrupción, casos de familia”.

Debido a su trabajo, teme por la vida de algunos miembros de su familia que aún se encuentran en Afganistán.

“Tengo miedo porque tienen todo tipo de datos e información sobre nosotros. Podrían estar en peligro“, dice.

“Cuando salimos de Afganistán todos se mudaron y se escondieron en otros lugares”.

“Hablo con ellos a veces, pero no mucho porque creo que nuestros números pudiesen estar siendo interceptados”.

E incluso a millas de distancia de Afganistán, Sahar dice que todavía teme por lo que dejó atrás.

“A veces todavía tengo miedo, porque soy humana y pienso demasiado en las cosas”.

Vida en brasil

Sahar y los otros nueve magistrados que se refugiaron en Brasil recibieron visas humanitarias emitidas sobre la base de una ordenanza interministerial publicada en septiembre de 2021, por los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia y Seguridad Pública.

Entre jueces y familiares, 26 personas llegaron al país en octubre pasado.

“Todos llegaron a Brasil muy asustados, preocupados por la seguridad y sin hablar una palabra de portugués”, dice Renata Gil, presidenta de la Asociación de Magistrados Brasileños que coordinó la recepción de las familias.

Para que pudieran reiniciar sus vidas, todos recibieron alojamiento, alimentación y atención médica proporcionada por esa organización y sus socios.

Los magistrados y sus familias también están estudiando inglés y portugués y sus hijos han obtenido becas en escuelas locales.

“Todas las juezas que recibimos tienen profundas cicatrices por todo lo vivido y un gran dolor por lo perdido. Es un proceso de adaptación intenso”, indica Gil.

“Pienso en mi país”

Después de un período inicial viviendo en alojamientos militares, Sahar ahora vive con toda su familia en una propiedad alquilada.

Una vista de Kabul

BBC
Una vista de Kabul.

Fue empleada como asistente legal por un bufete de abogados, donde investiga casos relacionados con inmigración.

La jueza dice que, antes de mudarse a Brasil, sabía muy poco sobre el país. “No había oído mucho sobre la gente, la cultura o el idioma”, precisa.

Y aunque está muy agradecida por la cálida bienvenida y la ayuda que ha recibido, Sahar dice que no pasa un día sin pensar en volver a casa.

“Pienso en mi país, mi familia y mi antiguo trabajo todos los días. Afganistán es mi patria y la extraño cada día”.

“No puedo decir que estoy disfrutando mi tiempo en Brasil, porque esta situación no es nada fácil”, señala la jueza.

“Pero estamos muy agradecidos por toda la ayuda que hemos recibido. La gente aquí es muy amable, al igual que el pueblo afgano”.

“Espero que todo salga bien para poder volver. Sé que la situación no es fácil, pero si Alá lo quiere, tal vez todo se resuelva pronto”.

*El nombre de la jueza ha sido cambiado para proteger su identidad y garantizar su seguridad y la de su familia.

Este artículo fue originalmente publicado en BBCBrasil


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