Edomex reserva por 9 años destino del dinero que OHL cobra a conductores
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Edomex reserva por 9 años destino del dinero que OHL cobra a conductores

Revelar datos pone en riesgo procesos judiciales, indicó el gobierno. Hasta febrero pasado eran al menos 110 mdp los reunidos para un sistema cuya instalación fue cancelada, pero su cobro no. Cada conductor paga 50 centavos, monto que la propia SCT dijo ayer que no tiene justificación.
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Por Arturo Angel
9 de septiembre, 2015
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Obras de la constructora OHL en el DF. Foto: Cuartoscuro

Obras de la constructora OHL en el DF. Foto: Cuartoscuro

Desde enero del 2013, cada automovilista que transita en el Circuito Exterior Mexiquense tiene que pagar 50 centavos extra de cuota por un sistema de monitoreo que no existe. Pero además, el destino de ese dinero, que no se usa en el concepto por el cual se cobra, no podrá conocerse hasta el 2024.

Esto, luego de que el Gobierno del Estado de México decidió clasificar como información reservada por nueve años, el destino y utilización del dinero bajo el argumento de que la concesión del Circuito Exterior está inmersa en procesos judiciales en curso. Dicha autopista fue construida y operada por la empresa española OHL.

De acuerdo con documentos a lo que Animal Político ha tenido acceso, hasta noviembre del 2014 eran 98 millones de pesos los acumulados por el cobro de los 50 centavos y para febrero de 2015 sumaban 110 millones, que ese mismo mes fueron entregados por OHL al gobierno mexiquense. Posterior a esa fecha se ha continuado cobrando la tarifa aumentada a los automovilistas.

En la quinta modificación hecha al título de concesión del Circuito Exterior en diciembre del 2012, se incluyó el monto extra a la tarifa para instalar el llamado Sistema Independiente de Verificación de Aforo Vehicular (SIVA). Pero como ya se publicó, la instalación de ese sistema ni siquiera ha comenzado.

Ayer, en un comunicado emitido para “aclarar” la difusión de unos audios que supuestamente involucran al secretario de Comunicaciones Gerardo Ruíz Esparza con OHL, esa dependencia respaldó la cancelación del SIVA pues consideró que el monto de los 50 centavos “no tiene justificación”. Pero en el Circuito Exterior Mexiquense la tarifa se ha cobrado aunque los sistemas no se instalaron.

En ese contexto, en agosto pasado Animal Político solicitó vía transparencia al gobierno mexiquense conocer cuál ha sido la utilidad y destino de los recursos recaudados para el inexistente SIVA pero la respuesta fue que es información reservada.

¿Dónde está el dinero?

El Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares (SAASCAEM) es el área del gobierno del estado de México responsable, entre otras cosas, de administrar y supervisar el funcionamiento de las vías de comunicación locales en dicha entidad, entre ellos el Circuito Exterior Mexiquense cuya concesión la ostenta OHL hasta el año 2051.

El SAASCAEM a través de su entonces director Apolinar Mena, avaló en diciembre del 2012 una modificación al título de concesión de dicha vía que facultó a OHL para cobrar 50 centavos más a los conductores por la instalación el SIVA, el cual tenía como objetivo estimar el tránsito en la vía, calcular ganancias, entre otros.

Cabe señalar que Apolinar Mena renunció en mayo pasado a su cargo tras la revelación de audios en los que se hacía referencia a presuntos actos de corrupción, entre ellos unas vacaciones que habría pagado OHL a ese funcionario.

En enero del 2013 comenzó a cobrarse a los conductores el nuevo cargo pero la instalación del SIVA que llevaría a cabo la empresa Infraiber, no ocurrió. OHL impidió la entrada del personal que se encargaría de ellos con un oficio del gobierno mexiquense que instruía que no se realizaran los trabajos.

En sus estados financieros presentados ante el público inversionista – OHL es una empresa que cotiza en bolsa- la firma española reveló que hasta diciembre de 2014 la suma acumulada por el cobro del SIVA era de 98 millones de pesos. Un informe de la dirección de la empresa indicaba que al cierre del 2014 estaban “en espera” de que el gobierno mexiquense indicara su uso o pago.

En febrero de 2015, confirmaron a Animal Político distintas fuentes con pleno conocimiento del caso, OHL entregó al SAASCAEM 110 millones de pesos por concepto del SIVA . El dinero, se supone, debería quedar en un fideicomiso diseñado para este recurso.

En ese contexto, en la solicitud de información folio 211D10000/441/2015 hecha al SAASCAEM, se pidió conocer “el destino que se le han dado” o en que se ha invertido los más de cien millones de pesos ya entregados por OHL. El pasado 31 de agosto el gobierno mexiquense proporcionó la respuesta negando dar a conocer los datos.

“La información solicitada se encuentra clasificada como reservada (…) toda la información que deriva del Título de Concesión del Circuito Exterior Mexiquense se encuentra sujeta a procesos jurisdiccionales, amparos así como juicios administrativos y todos los catos que deriven de los mismos los cuales se encuentran sin resolución definitiva” respondió el SAASCAEM.

Además del destino del dinero del SIVA, el gobierno mexiquense dijo que está clasificada toda la información de la concesión incluidas las contraprestaciones, como la construcción de Torres Bicentenario. Cabe recordar que dichas torres fueron edificadas por Grupo Higa pero el financiamiento salió de la operación del Circuito Exterior Mexiquense.

Los ocho procesos

En su negativa, el SAASCAEM argumentó que revelar los datos podría causar un daño evidente a ocho procesos que están actualmente en curso, según lo establecido en el Acuerdo COMINF/019/058 resuelto por su Comité de Información desde el pasado 28 de abril.

“De hacerse pública la información, la opinión pública podría incidir como un factor adicional en la determinación de las autoridades que intervienen en el procedimiento, situación que podría menoscabar la imparcialidad en la decisión de las autoridades competentes, lo que deriva en un daños específico” señala el acuerdo del Comité.

De acuerdo con dicho documento de 14 páginas, de los ocho procesos hay cuatro que son de amparo. Se trata del proceso 871/2014 radicado en el Juzgado tercero de Distrito en Materia Administrativa en el DF, el 579/2014 radicado en el Juzgado Décimo Primero de Distrito del estado de México, y los 350/2015 y 381/2015 que se encuentran en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo del estado de México.

En los referidos amparos, algunos interpuestos por los representantes de la propia empresa Infraiber, se reclaman presuntas irregularidades en el título de concesión del Circuito Exterior Mexiquense así como sus distintas ampliaciones y modificaciones.

Además, en los expedientes de amparo 350/2015 y 381/2015 se identifican entre los actos reclamados la entrega de recursos del referido sistema de aforo vehicular (SIVA).

Los otros cuatro procesos son los juicios administrativos 147/2014, 442/2014, 342/2014 y 154/2014 que se encuentran en curso en el Tribunal Contencioso Administrativo del estado de México, y están relacionados con la adjudicación y recursos del circuito exterior.

“Por ende se considera que el título de concesión del circuito exterior mexiquense incluyendo todas sus modificaciones y anexos (…) se clasifican como información reservada por un plazo de nueve años salvo que antes del cumplimiento del periodo de restricción dejasen de existir los motivos de su reserva” concluyó el comité de información del SAASCAEM.

Monto injustificado

Esta semana se difundió en internet una nueva grabación de una conversación telefónica en la que dos personas, que se dice son el secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruíz Esparza y el ex representante de OHL en México, Pablo Wallentin, abordan el tema de la demanda de Infraiber por la cancelación de El SIVA.

Al respecto, la SCT emitió un comunicado en el que asegura que la difusión de este y otros audios proviene de la cancelación del contrato de la instalación del sistema de monitoreo.

De acuerdo con la dependencia federal, a través de los “ataques y audios ilegales, editados y manipulados” se intenta restaurar la validez de un contrato que fue declarado nulo. Según la Secretaría, el estado de México de forma “justa y fundada” dio marcha atrás a que se colocaran los equipos de monitoreo.

“La razón principal del rechazo y por lo tanto de la no suscripción del contrato, era el cobro de hasta 50 centavos por cruce vehicular, costo fuera de mercado, sin justificación alguna, que hubiera tenido que ser pagado por los usuarios de las autopistas” señaló la SCT.

Lo que la Secretaría no mencionó, es que en el Circuito Exterior mexiquense OHL si cobra los 50 centavos hasta la fecha.

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La 'pesadilla' de la escuela que ganó el sorteo del avión presidencial de México

Padres y madres de una pequeña escuela de Chiapas denuncian haber tenido que abandonar sus hogares tras recibir amenazas para entregar el premio ganado en el sorteo a un grupo criminal.
24 de noviembre, 2021
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La noticia que iba a cambiar para mejor la vida de un pequeño pueblo de Chiapas, en el sur de México, se acabó convirtiendo para sus vecinos en una pesadilla.

Al menos 28 familias de indígenas tzeltales del municipio de Ocosingo denunciaron haberse visto obligadas a abandonar sus hogares tras recibir amenazas de un grupo criminal.

¿El motivo? Negarse a invertir en armas el dinero que habían ganado en el famoso sorteo del avión presidencial de México celebrado el año pasado, tal y como les reclaman.

“Dicen que el dinero es para comprar armas y nosotros no estamos de acuerdo”, dijo uno de los voceros de los vecinos a medios locales durante una reciente protesta.

El “calvario”, tal y como lo definen, comenzó cuando la escuela de preescolar José María Morelos y Pavón del pueblo se hizo con el número 4344899 para el sorteo que puso en juego el equivalente al coste de la lujosa aeronave que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha intentado vender sin éxito durante años.

El 15 de septiembre de 2020, su “cachito” resultó ganador de 20 millones de pesos (unos US$950.000) y los vecinos recibieron con gran alegría la noticia.

Sin embargo, aseguran que poco después de hacerse público que habían resultado ganadores, comenzaron a recibir amenazas de un grupo armado local llamado Los Petules para que les compraran armas con el premio ganado.

Map

Armas de alto calibre

En marzo, los padres y madres de la escuela iniciaron obras para mejorar el edificio con parte del dinero. El resto, tenían previsto invertirlo en obras para mejorar las condiciones de vida del pueblo.

Sin embargo, denuncian que las amenazas subieron de tono y que incluso uno de ellos resultó herido por balas de hombres enviados por el grupo armado para que accedieran a su reclamo.

Afirman que el objetivo de Los Petules es atacar a grupos de una comunidad cercana y quedarse con hectáreas de terreno. Cuando los vecinos amenazados se negaron a comprar las armas, aseguran que hombres armados los expulsaron de sus casas.

“Salimos de nuestra comunidad por amenazas con armas de fuego de alto calibre”, le dijo a BBC Mundo Melecio López, uno de sus voceros.

Según informó el diario El Universal, Los Petules fueron acusados hace unos días por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) de atacar sus bases en la zona.

Denuncias ante autoridades

Los pobladores interpusieron una denuncia ante la Fiscalía de Justicia Indígena de Chiapas y la Secretaría de Gobierno estatal, pero aseguran que no ha habido ningún avance para solucionar la situación.

BBC Mundo contactó con ambas instituciones y respondieron no poder ofrecer información sobre el caso, si bien la Secretaría confirmó tener conocimiento de lo ocurrido tras la denuncia vecinal.

Las amenazas y agresiones fueron en aumento, cuentan los vecinos, lo que obligó el pasado mes a que al menos 28 familias tuvieran que huir del pueblo para salvar sus vidas.

“Perdimos más de 250 cabezas de ganado, casas, refrigeradores, cosechas de maíz, frijol y animales de corral y nos quitaron la tarjeta de banco perdiendo derecho a todos los beneficios del gobierno”, aseguró el vecino Marcelo Santiz a la Agencia EFE.

Andrés Manuel López Obrador hablando sobre la rifa en rueda de prensa en Ciudad de México

EPA
El presidente mexicano describió el avión como un símbolo de exceso gubernamental.

Los desplazados aseguran que hasta que el grupo no sea desarmado no podrán regresar a sus casas. Llevan un mes fuera de sus hogares en diferentes lugares de la zona y temen que puedan ser localizados.

Por ello, piden ayuda a las autoridades de Chiapas y al presidente López Obrador, principal impulsor del sorteo de lotería que ganaron y acabó convirtiendo en una pesadilla.

Los problemas del sorteo

El sorteo del avión presidencial fue una idea de López Obrador para deshacerse de la aeronave utilizada por su predecesor, Enrique Peña Nieto, e identificada por su gobierno como como uno de los mayores símbolos de lujo y derroche de Ejecutivos anteriores.

Sin embargo, dados los innumerables obstáculos que suponía entregar un avión de estas características a un ciudadano, finalmente se optó por sortear el equivalente en dinero al valor actual de la aeronave: 100 premios de 20 millones de pesos cada uno.

También el fin solidario de la rifa dio mucho que hablar. Lo recaudado con la venta de boletos se iba a destinar a comprar equipos médicos para hospitales pero, ante el ritmo de venta menor al esperado, el gobierno decidió comprar cerca de un millón de billetes para repartir entre centros médicos.

Es decir, el gobierno gastó su propio dinero para que los hospitales pudieran optar a un premio -financiado, por otro lado, también con recursos del Ejecutivo-, en lugar de destinar directamente esa cantidad al sector de salud y no hacerlo depender del azar.

Tras el sorteo simbólico, el avión presidencial mexicano sigue ocasionando gastos de mantenimiento a la espera de encontrar comprador, algo que se ve dificultado por todas las modificaciones que la aeronave sufrió para incluir lujosos detalles en su interior.


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