En qué consiste el pacto entre las FARC y el gobierno de Colombia que los deja a un paso de la paz
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En qué consiste el pacto entre las FARC y el gobierno de Colombia que los deja a un paso de la paz

El expresidente de Colombia dijo que el acuerdo definitivo de paz con las FARC se firmará en seis meses.
AP
Por Natalio Cosoy de BBC Mundo
24 de septiembre, 2015
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"Nos acercamos a la paz, una paz que no será fácil", dijo el presidente de Colombia, idea que fue respaldada por el líder de las FARC. // Foto: AP.

“Nos acercamos a la paz, una paz que no será fácil”, dijo el presidente de Colombia, idea que fue respaldada por el líder de las FARC. // Foto: AP.

La foto es elocuente: el presidente de Colombia Juan Manuel Santos le da la mano al máximo comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko”.

Fue tomada este miércoles en La Habana, bajo la mirada auspiciosa del presidente cubano Raúl Castro.

Así ocurrió: Colombia y las FARC le ponen fecha al acuerdo de paz

Santos anunció allí, en su primera aparición en la ciudad en la que se llevan a cabo las negociaciones de paz desde 2012, que consensuaron alcanzar un acuerdo final no más tarde del 23 de marzo de 2016.

Lea también: Por qué es histórico el acuerdo anunciado en La Habana si aún no se firmó la paz

“No va a ser una tarea fácil, porque aún faltan puntos difíciles por acordar”, dijo. “Pero esa es la instrucción que le hemos dado a nuestras delegaciones: que terminen el acuerdo”.

“Esta victoria no le podrá ser arrebatada al pueblo de Colombia”, señaló por su parte Timochenko.

BBC Mundo le presenta las claves del acuerdo.

Qué se acordó

Antes de anunciar el acuerdo, en un comunicado conjunto, las partes informaron que habían conseguido establecer un mecanismo de justicia para los crímenes cometidos en el marco del conflicto interno que lleva más de 50 años y ha dejado más de 220.000 muertos y más de siete millones de afectados.

Se trata de lo que han denominado“Jurisdicción Especial para la Paz”.

Por ella pasarán tanto miembros de las FARC como de las fuerzas de seguridad colombianas, políticos y empresarios que deban responder por acciones cometidas durante el conflicto.

Lea también: Cronología de las negociaciones

Se concentrará en especial en los crímenes más extremos como secuestros, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, tortura, violencia sexual y reclutamiento de menores.

Su función será “obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones”.

Qué penas habrá para los culpables

Habrá tres tipos de penas: aquellas aplicables a quienes reconozcan verdad y responsabilidad de forma temprana, aquellos que lo hagan de forma tardía y aquellos que se nieguen a hacerlo.

Los primeros accederán a penas de cinco a ocho años “de restricción de la libertad” y deberán cumplir labores de reparación y resocialización.

Los segundos pagarán entre cinco y ocho años de cárcel.

Los que se encuentren en el último grupo serán sentenciados, si son hallados culpables, a hasta 20 años de cárcel.

¿Qué quiere decir “restricción de la libertad” en el caso de aquellos que confiesen en forma temprana?

Lea también: Qué han acordado hasta la fecha

Que mientras cumplan con sus labores de reparación y resocialización, que tendrán lugar en la zona donde hayan cometido sus crímenes deberán estar ahí.

Pero “por la noche no estarán encerrados en una cárcel”, le explicó a BBC Mundo Enrique Santiago, abogado español que asesora a las FARC.

El tipo de actividades de reparación pueden ser “un programa de desarrollo agrícola, o de quitar minas, o de construcción de escuelas”, indicó.

Aunque no todos están de acuerdo con esta aproximación.

“Que el guerrillero raso no sea llevado a la cárcel es aceptable, pero concederle esta indulgencia al cabecilla, responsable de atrocidades, es mal ejemplopromotor de nuevas violencias”, dijo, por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe, uno de los más fieros críticos de las negociaciones con las FARC.

“Es difícil imaginar que ésta fórmula de justicia transicional supere un escrutinio riguroso en la Corte Constitucional colombiana o, en última instancia, en la Corte Penal Internacional”, dijo por su parte el director ejecutivo de Human Rights Watch para América, José Miguel Vivanco.

Quién pondrá y supervisará las sanciones

Se prevé que haya un monitoreo internacional para verificar el cumplimiento de todas las sanciones.

Además, según el comunicado que se leyó en La Habana, “el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos”.

Quienes sí sean sometidos a la Jurisdicción Especial para la Paz serán indagados y procesados por un total de 35 jueces, divididos en siete salas y tribunales.

Enrique Santiago le dijo a BBC Mundo que estima que el 80% de esos jueces serán colombianos y el resto extranjeros, y que serán elegidos por una comisión de selección acordada entre las partes.

Qué viene ahora

El apartado de justicia era uno de los más contenciosos de la agenda de negociaciones entre el gobierno y las FARC.

Ahora faltan consensuar puntos sobre cómo será el proceso de dejación de armas y cómo se garantizará la seguridad de los guerrilleros una vez que se desarmen.

Finalmente, restará pasar por las instancias de refrendación, implementación y verificación.

Lea también: El comandante guerrillero que se comprometió a firmar la paz

Santos dijo en La Habana: “La última palabra la tienen los colombianos: serán ustedes, a través de la refrendación popular, quienes decidan si aceptan los contenidos de este acuerdo”.

También señaló que se acordó que las FARC comenzarán a dejar las armas no más de 60 días después de firmado un acuerdo final.

“Nos acercamos a la paz, una paz que no será fácil”, aclaró.

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Los 10 puntos

Este es un resumen de los diez puntos del anuncio:

  1. El gobierno de Colombia y las FARC reafirman su compromiso con los acuerdos logrados hasta la fecha en materia de desarrollo agrario, participación política y drogas ilicítas.
  2. Reafirman su compromiso “con una fórmula de justicia que satisfaga los derechos de las víctimas y contribuya a la construcción de una pazestable y duradera”.
  3. Acuerdan la creación de una “Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz”, integrados principalmente por magistrados colombianos, con una participación minoritaria de extranjeros.
  4. Tras el fin de las hostilidades, el Estado colombiano “otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos”. Quedarán fuera de la amnistía “los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual”, que serán “objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz”.
  5. La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia sobre todos los que “de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno”. Eso incluye a las FARC, agentes del Estado y civiles.
  6. A quienes reconozcan verdad y responsabilidad “se les impondrá una sentencia”. Los que no lo hagan o lo hagan tardíamente, “enfrentarán un juicio contradictorio ante el Tribunal”.
  7. Para quienes reconozcan responsabilidades “por los delitos competencia del Sistema, la sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las mismas mediante la realización de trabajos, obras y actividades y en general la satisfacción de los derechos de las víctimas”. En el caso de quienes reconozcan delitos muy graves habrá una sentencia de entre cinco y ocho años de “restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales”. Los que lo hagan en forma tardía “serán sancionadas con pena de prisión de 5 a 8 años, en condiciones ordinarias”. Y quienes se nieguen a reconocer su responsabilidad y sean hallados culpables serán condenados a hasta 20 años de prisión, en condiciones ordinarias.
  8. “Para acceder a cualquier tratamiento especial dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición“.
  9. “En el caso de las FARC-EP, la participación en el sistema integral estará sujeta a la dejación de armas, que deberá comenzar a más tardar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final”.
  10. “La transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden”.
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Elecciones en Nicaragua: 3 claves para entender la esperada tercera reelección consecutiva

Daniel Ortega avanza hacia un nuevo mandato en Nicaragua en medio de denuncias por las trabas a la participación de la oposición.
Getty Images
7 de noviembre, 2021
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Como hace cinco años, este domingo se espera un nuevo triunfo de Daniel Ortega sin oposición.

El presidente de Nicaragua se declaró ganador en las presidenciales de 2016 de manera arrolladora. El colegio electoral le adjudicó el 72% de los votos. Pero los comicios quedaron manchados porque el mandatario izquierdista no tuvo competencia: el poder judicial, que según sus críticos está controlado por él, había ilegalizado a la oposición.

Este domingo se espera que Ortega, quien cumplirá 76 años a final de mes, sea elegido presidente por cuarta vez, la tercera de manera consecutiva, en un contexto similar al de hace cinco años.

“El poder no está en juego, no hay competencia electoral”, dice tajante a BBC Mundo el analista político Eliseo Núñez. “Ortega controla todo y ahora en 2021 con mano de hierro”, destaca.

En los últimos cuatro meses, la Justicia ordenó el encarcelamiento de siete precandidatos que se perfilaban como rivales de Ortega en los comicios junto a 32 líderes opositores y empresarios -otrora aliados- que están acusados de “conspiración y traición a la patria”.

Una reciente encuesta de Gallup divulgada hace dos semanas destacó que hasta el más impopular de todos los candidatos opositores presos habría derrotado al líder izquierdista que gobierna Nicaragua desde 2007, luego de un primer periodo presidencial en los años ochenta.

El sondeo reveló un dato nunca visto para el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el fuerte partido político que lidera Ortega: su simpatía política había bajado a 9%, luego de sobrepasar el 70% en 2016.

“En 2016 le bastó nada más ilegalizar a la oposición, ahora apresó a todos los candidatos”, dice Núñez, exiliado en Costa Rica.

“No eran ni precandidatos ni de su propio grupo, mucho menos que fueran precandidatos presidenciales. Eso nunca existió”, dijo Ortega tras los arrestos de los opositores Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, entre otros.

Oscar René Vargas, un sociólogo que fue miembro de la Dirección Nacional del FSLN, dice que Ortega no quiso competir en las elecciones porque sabe que perdió el apoyo de la población.

“Las encuestas no mienten, por eso tiene a partidos comparsas o zancudos como sus contrincantes”, dice Vargas.

En BBC Mundo resumimos en tres claves el momento político que explica la esperada reelección de Ortega.

Protestas en Nicaragua

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1. Las protestas de 2018

Ortega gobierna Nicaragua desde 2007 y hasta 2018 gozó de altos niveles de popularidad, según diversas encuestas. En abril de 2018 estudiantes universitarios y campesinos salieron a las calles a protestar contra una reforma a la seguridad social que disminuía beneficios sociales a los jubilados. Las revueltas fueron reprimidas violentamente por la policía.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuantificó 328 personas fallecidas durante las protestas, la mayoría opositores al gobierno a manos de policías o civiles armados leales a Ortega.

El gobierno calificó las protestas como “un intento de golpe de estado” y acusó a Estados Unidos y la Iglesia Católica de alentarlas.

Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

Getty Images

Desde entonces, el país centroamericano de 6,2 millones de habitantes y uno de los más pobres de América Latina vive una continua crisis política agravada en 2021.

El gobierno no solo apresó este año a los líderes opositores más visibles, sino que también cerró el principal diario del país, La Prensa, con casi 100 años de historia, encarceló a su gerente general, al que señaló de lavado de dinero, y obligó a buena parte de sus periodistas más críticos a irse al exilio.

“Seguimos vivos en la parte digital, pero nuestros periodistas trabajan casi clandestinos en Nicaragua”, dice a BBC Mundo una autoridad de La Prensa que tuvo que salir del país.

2. La respuesta de la comunidad internacional

La situación en Nicaragua ha llamado la atención de la comunidad internacional. Estados Unidos ha dicho que las de este domingo no son unas elecciones libresy ha sancionado a 28 funcionarios nicaragüenses, incluyendo a la vicepresidenta del país y esposa de Ortega, Rosario Murillo, junto a cuatro de sus hijos.

A esa condena se ha sumado Canadá y la Unión Europea y la OEA (Organización de Estados Americanos), que ya tiene una sesión programada para el 10 de noviembre para analizar la situación de Nicaragua.

Experto en negociar al filo del abismo, “Ortega está aislado internacionalmente y si bien es cierto que las sanciones económicas impuestas por varios países no han impactado directamente los préstamos del país con la comunidad internacional, pronto comenzarán a sentirse los efectos”, dice Vargas.

Opositores en el exilio

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Además de detenidos, otros opositores han salido del país y hacen política desde fuera.

El Senado de Estados Unidos aprobó esta semana una ley, a la que han llamado Renacer, que está pensada para poner más presión a Ortega hasta que haya elecciones “libres y justas”.

“Con Ortega encarcelando a más de 150 presos políticos, incluidos prácticamente a todos los candidatos presidenciales de la oposición, no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras su régimen consolida una tercera dictadura en América Latina”, dijo el senador Bob Menéndez.

La ley, ahora en el despacho de Joe Biden para que sea firmada por el presidente, obliga a los representantes de Washington en los organismos internacionales a limitar el acceso a préstamos de Nicaragua.

Pero el punto más importante de la ley es el relacionado con la posible revisión del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Nicaragua, mediante el cual ingresan libre de aranceles o con tasas preferenciales el 60% de las exportaciones nicaragüenses a suelo estadounidense. El tratado tiene una cláusula sobre gobernabilidad y derechos humanos y eso piden revisar los legisladores.

“Si Estados Unidos pone a revisión ese tratado, sería catastrófico para la economía de Nicaragua y el fin de Ortega”, dice un economista nicaragüense que pide anonimato por miedo a represalias.

Ortega acusa a Estados Unidos de injerencia y de promover desde hace años un cambio de gobierno en el país.

Camisetas a favor de Ortega.

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Daniel Ortega alcanzará los 20 años en el poder al final del mandato que casi con seguridad ganará este domingo.

Pero ni la presión internacional de los últimos meses obligó a Nicaragua a permitir observación electoral nacional o internacional. En 2014, una reforma electoral aprobada por la mayoría de diputados leales a Ortega cambió el terminó de “observador” por “acompañante”. Y ningún organismo de peso como la OEA, Unión Europea o el Centro Carter estará observando las elecciones.

Ortega aseguró en junio que las sanciones no doblegarían a su administración y analistas opinan que, a pesar de aislar al país aún más, no provocarían un cambio de gobierno, como tampoco ha sucedido en Cuba y Venezuela.

3. Los efectos de la crisis en la calle

Con la bonanza económica impulsada por US$600 millones anuales en cooperación petrolera venezolana e inversión extranjera directa, Nicaragua mantuvo altos niveles de crecimiento económico hasta 2017. El país crecía a un promedio de 4%, según cifras del Banco Mundial (BM)

Debido a las protestas que paralizaron el país en 2018 y a los efectos de la pandemia del coronavirus en 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo casi 9%, según el Banco Mundial.

Mercado de Managua

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106.000 nicaragüenses se han ido del país desde 2018.

“La pobreza va en aumento ya que las principales fuentes de ingresos, los salarios y las entradas de las empresas familiares siguen estando afectadas”, dijo el BM.

Ortega y la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo, podrían usar las sanciones para justificar la contracción económica del país más grande de Centroamérica.

Algunos analistas creen que Ortega y Murillo buscarán negociar con sectores empresariales de peso para reactivar la economía, buscando un efecto estabilizador para su administración y normalizador de la sociedad como antes de 2018.

Hombre delante de una pancarta de la campaña de Ortega

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Pero entre las recientes detenciones están las de los líderes del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy Lacayo y Álvaro Vargas, quienes enfrentan cargos similares a los precandidatos presidenciales detenidos.

En medio de la crisis política, más de 106.000 nicaragüenses se han ido del país desde 2018, según cálculos de Naciones Unidas. Y en el último año, por la pandemia, la migración se ha acelerado.

En enero pasado, 595 nicaragüenses fueron detenidos en la frontera de Estados Unidos. En julio ya habían sido detenidos en los mismos puestos fronterizos 13.391 nicaragüenses, según cifras oficiales.

La salida de nicaragüenses influye en la economía. El Banco Central de Nicaragua proyecta que para el cierre de 2021 habrán ingresado al país en remesas US$2.000 millones, el 17% del Producto Interno Bruto (PIB), un gran incentivo para un país que, según las proyecciones, seguirá expulsando migrantes en los próximos años.


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