La nueva Ley de Obra Pública: ¿procorrupción? Organizaciones sostienen que sí por 4 motivos
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Manu Ureste

La nueva Ley de Obra Pública: ¿procorrupción? Organizaciones sostienen que sí por 4 motivos

Organizaciones civiles especializadas en materia de transparencia critican que el nuevo borrador que se discute en el Senado sobre la Ley de Obra Pública fomenta la opacidad y la discrecionalidad en los procesos de licitación y contratación. "No es una ley de obra pública, es la ley del compadre. La Ley OHL", denuncian.
Manu Ureste
Por Manu Ureste
23 de septiembre, 2015
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Obras en el Distrito Federal. //Fotografía: Manu Ureste (@ManuVpC)

El nuevo borrador de la Ley de Obras sostiene que se dará mayor transparencia y certeza a los procesos de licitación de obras.  //Fotografía: Manu Ureste (@ManuVpC)

El pasado 31 de agosto, las comisiones de Desarrollo Urbano y de Estudios Legislativos del Senado presentaron un nuevo borrador de dictamen de la Reforma a la Ley de Obras Públicas, el cual incluye una serie de modificaciones a la propuesta original que el presidente Enrique Peña Nieto envió a la Cámara de Diputados en noviembre de 2014.

Según el dictamen elaborado por los legisladores, con esta reforma legal se combatirá a la corrupción y se garantizará una mayor eficiencia en el gasto en infraestructura pública, además de que se “dará mayor transparencia y certeza jurídica a los procesos de licitación”.

Hasta aquí todo son buenas noticias.

Sin embargo, tras analizar el nuevo borrador que se encuentra en fase de discusión en el Senado, organizaciones civiles especializadas en materia de transparencia y rendición de cuentas aseguran que no lo tienen tan claro. Al contrario, la red integrada por hasta 10 organizaciones, entre las que se encuentran México Evalúa, Causa en Común, Transparencia Mexicana o la Red por la Rendición de Cuentas, alerta que el nuevo dictamen propuesto “pone en riesgo conquistas del Sistema Nacional Anticorrupción”, ya que fomenta la opacidad y la discrecionalidad en los procesos de licitación y contratación de obra pública.

Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, explicó durante un encuentro con medios de comunicación que el nuevo borrador de dictamen del Senado presenta cuatro problemas clave, a partir de los cuales concluyen que se trata de una ley procorrupción.

El primer problema: las excepciones a la Ley

La investigadora de México Evalúa advirtió que el borrador mantiene un amplio régimen de excepciones a la misma Ley, por lo que, dijo, “no se garantizan mecanismos ni procedimientos para promover las mejores formas de contratación para el Estado mexicano en cuanto a precio, calidad y oportunidad de las obras”.

O como lo apuntó de manera más contundente Edna Jaime, directora general de México Evalúa: “Con las excepciones a la ley, esta reforma permitiría esquemas para eludir las licitaciones públicas, facilitar contrataciones amañadas y evadir obligaciones de transparencia”.

Dentro de este primer problema, Mariana Campos hizo hincapié en que otro punto que les preocupa es que la nueva Ley de Obras Públicas, de ser aprobada tal y como está, permitiría la formación de 300 ordenamientos de contratación diferentes. Esto es, abundó la investigadora, que “cualquiera de los entes de carácter federal puede ser exceptuado de cumplir con la Ley de Obras y contar con un su propio régimen”.

“De esta forma –subrayó- se estaría fragmentando la Ley en 300 ordenamientos, dificultando la comprensión de las reglas del juego para los actores relevantes, perdiéndose además certeza jurídica ya que al no tener carácter de Ley, los regímenes podrían cambiarse continuamente”.

Segundo problema: persisten grandes áreas de opacidad

Mariana Campos alertó que con el nuevo borrador se permite que se exceptúe el uso de CompraNet, a criterio de la Secretaría de la Función Pública (SFP), sin establecer en qué tipo de casos esto sería pertinente.

Cabe recordar que CompraNet es un sistema electrónico desarrollado por la Secretaría de la Función Pública para transparentar los procesos de contratación de servicios, bienes y obra públicas por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Para Max Kaiser, consultor en contrataciones públicas, el hecho de que la SFP pueda decir qué compra puede no hacerse pública “abre una nueva puerta a la discrecionalidad para dificultar la fiscalización de los recursos y el escrutinio público que efectúen los terceros”.

“Nos preocupa mucho que CompraNet se planteé sólo como algo opcional. Deberíamos estar fortaleciendo esta herramienta y hacer obligatorio su uso”, opinó por su parte Edmundo Gamas, director del Instituto Mexicano de Desarrollo de Infraestructura, quien además sugirió que este herramienta se separe de la Secretaría de la Función Pública y pase a formar parte de un “organismo técnico” independiente, “con capacidad de sancionar a aquellos funcionarios que no transparenten la información”.

Obras en la ciudad de México, en una imagen de archivo. //Foto: Manu Ureste

Obras en la ciudad de México, en una imagen de archivo. //Foto: Manu Ureste

Tercer problema: la Ley preserva vicios que merman la competencia

De acuerdo con la investigación de México Evalúa, la nueva Ley beneficiaría a las contrataciones por adjudicación directa o por invitación a tres participantes, al no establecer obligaciones de transparencia para ellas.

Y el cuarto problema: la Reforma a la Ley mantiene abiertas las puertas a la discrecionalidad.

Mariana Campos indicó que en el borrador de dictamen se reduce el universo de procedimientos obligados a publicar el proyecto de convocatoria y de los días en que debe ser público.

“Esto contribuye a restringir la ventana de la oportunidad para retroalimentar dichas convocatorias y, además, amplia la posibilidad de manipulación de las convocatorias para dirigir los resultados de una licitación”, dijo Edmundo Gamas.

“Esta no es una Ley de Obra Pública; es la ley del compadre, la ley OHL”

Tras la exposición de los cuatro principales problemas que plantea el nuevo borrador de Ley de Obras Públicas, Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), criticó duramente que la Cámara de Diputados aprobara el pasado 9 de diciembre de 2014, sin discusión y términos muy similares a los presentados por la Presidencia, una primera Minuta de Proyecto para reformar la Ley.

“Resulta paradójico que la misma Cámara de Diputados que votó la reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción, vote una ley que es un retroceso y un acto legislativo que empeora las condiciones de desconfianza sobre las instituciones del país. Esta no es una ley de obra pública; es la ley del compadre. La ley Higa, la ley OHL”, ironizó Pardinas, al hacer referencia a dos de los últimos escándalos en materia urbanística en los que se han visto envueltos autoridades federales y estatales.

“Ahora el Senado tiene la enorme responsabilidad de cambiar esta Ley pensando en los ciudadanos y en la infraestructura que necesita este país, y no en el compadre al que se busca premiar con determinado contrato de obra pública”, agregó el director del IMCO.

En esta misma dirección también se pronunció Edna Jaime, quien instó a los legisladores a modificar la ley “a ser posible en este periodo de sesiones”.

“No queremos ser señalados como los que están parando al país. Estamos cambiando la configuración de nuestro sistema de rendición de cuentas y no podemos aceptar este borrador que promueve prácticas pro-corrupción”, enfatizó la directora de México Evalúa, quien concluyó alertando que de no modificarse el proyecto de dictamen, se incrementa el riesgo de que se repitan experiencias como las de la Estela de Luz o la Línea 12 del Metro, “donde la ineficiencia y la discrecionalidad en la contratación y ejecución de los contratos derivaron en malos resultados”.

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¿Qué pasa si Trump se niega a abandonar la Casa Blanca pese al triunfo de Biden?

El anuncio del presidente Donald Trump de negarse a aceptar su derrota ante Joe Biden genera una situación tan nueva como desconcertante en la vida del país.
8 de noviembre, 2020
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En 244 años de historia de Estados Unidos, nunca ha habido un presidente que se rehúse a abandonar la Casa Blanca después de haber perdido una elección.

La transferencia ordenada, legal y pacífica del poder es uno de los sellos definitorios de la democracia estadounidense.

Por eso, el anuncio del presidente Donald Trump de negarse a aceptar su derrota ante Joe Biden, genera una situación tan nueva como desconcertante en la vida del país.

Y presenta para los analistas el reto de considerar escenarios antes impensables.

“Lejos de haber terminado”

Trump jugaba golf a las afueras de Washington cuando se confirmó el triunfo electoral de Biden este 7 de noviembre.

Poco después, la campaña del candidato derrotado emitió un comunicado asegurando que la “elección está lejos de haber terminado”.

Donald Trump jugando al golf.

Getty Images
Trump estaba jugando al golf cuando se conoció la victoria de Joe Biden.

“Todos sabemos por qué Joe Biden se está apresurando a presentarse falsamente como el ganador, y por qué sus aliados de los medios se están esforzando en intentar ayudarle: no quieren que se sepa la verdad”, señala el comunicado, en donde además indica que Trump seguiría oponiéndose mediante demandas judiciales al resultado anunciado, alegando la existencia de supuestos fraudes.

La constitución estadounidense es clara, más allá de cualquier duda, en establecer que el actual período presidencial termina “al mediodía del día 20 de enero”.

Joe Biden ha conseguido ganar en una cantidad de estados que le aseguran más de 270 votos en el Colegio Electoral. Por lo que tiene el derecho a ocupar la presidencia por los siguientes cuatro años.

Donald Trump tiene recursos legales y legítimos que todavía puede emplear para disputar el resultado de la votación.

Pero a no ser que ocurra de aquí a allá un giro dramático en las cortes y que pueda probar en los juzgados la existencia de las irregularidades en la elección que él reclama, todavía sin presentar evidencia, el 20 de enero es la fecha en que el actual presidente debe abandonar el poder.

Trump con su equipo en la oficina oval de la Casa Blanca.

Getty Images
¿Qué pasa si Trump se niega a abandonar la Casa Blanca?

Posición anunciada

Trump fue claro a lo largo de la actual campaña en advertir que no aceptaría una derrota.

Dijo en repetidas ocasiones que estaba decidido a seguir al mando, sin importar lo que dijeran las autoridades electorales, indicando que la única posibilidad de que perdiera era si le robaban las elecciones.

Por lo que el país empezó a discutir qué pasaría en el caso de que Trump cumpliera su amenaza e intentara aferrarse al poder a la fuerza.

Una hipótesis incluso comentada por el propio Joe Biden cuando era candidato.

En una entrevista televisada el pasado 11 de junio, el humorista Trevor Noah le preguntó a Biden si había pensado en la posibilidad de que un Trump perdedor se negara a desocupar la residencia presidencial.

“Sí, lo he pensado”, respondió Biden, agregando que estaba convencido de que en una situación semejante, las fuerzas militares se encargarían de impedir que se quedase en el cargo y lo desalojarían sin más de la Casa Blanca.

También se ha dicho que podría ser el Servicio Secreto el que podría cumplir la eventual tarea de escoltar a Trump fuera de la residencia presidencial.

Ese cuerpo civil, encargado de la seguridad del mandatario, tiene por ley también la obligación de proteger a todos los ex presidentes, y seguirá escoltando al ya expresidente a partir del 20 de enero.

Donald Trump con un miembro del Servicio Secreto en la Casa Blanca

Getty Images
El Servicio Secreto es el que podría cumplir la eventual tarea de escoltar a Trump fuera de la residencia presidencial.

Desde que se hizo evidente la ventaja electoral de Biden y parecía inminente el anuncio de su victoria, el Servicio Secreto extremó las medidas de protección sobre el presidente-electo, empezando a darle efectivamente un nivel de seguridad “presidencial”, pese a que Trump insistía en que el demócrata había sido derrotado.

¿El escenario impensable?

Pero en ese punto habría que entrar a evaluar la lealtad a este presidente de las fuerzas de seguridad, tal como lo hacen los analistas que buscan entender la situación de cualquier país en un momento de inestabilidad institucional.

BBC Mundo le preguntó a expertos si era factible que Trump intentase utilizar a las fuerzas de seguridad del estado para quedarse ilegalmente en el poder.

“Que un presidente llegara a abusar de los poderes de la presidencia para quedarse en el cargo después de aparentemente perder la elección, sería duro y destruiría normas vitales. Pero no es inconcebible“, le dice a BBC Mundo el profesor Dakota Rudesill, experto en legislación y política de seguridad nacional, afiliado a la Universidad Ohio State en Estados Unidos.

Causaría un gran daño al país, a principios importantes de las relaciones entre civiles y militares, y a los prospectos globales para la democracia”, advierte.

Sin embargo, aclara que, en su opinión, el escenario en que Trump pudiera aferrarse a la presidencia apoyado en las fuerzas de seguridad es difícil de realizarse.

“El personal militar jura lealtad a la Constitución, no al político que actualmente ocupe la presidencia. Y el que es en este momento el militar de mayor rango en el país, el General Mark Milley, Jefe del Estado Mayor Conjunto, ha dicho repetidamente que los militares no tendrán rol alguno en esta elección”.

Gráfico de quién podría involucrarse si se impugnan los resultados

BBC

Rudesill no es el único que se hace estas preguntas. Keisha Blaine es catedrática de la Universidad de Pittsburgh y experta en el estudio de movimientos de protesta social.

“El solo hecho que tengamos que preguntarnos si las fuerzas armadas intervendrán en la elección revela mucho acerca del triste estado de las cosas en nuestro país“, le dice a BBC Mundo.

Agrega Blaine que “hace cuatro años la mayoría de los estadounidenses no se preguntaban esto. Pero después de haber visto a Trump desplegar agentes federales en Portland y Washington en los últimos meses, es una preocupación seria. No creo que esto sea un escenario probable, pero no podemos descartarlo como una posibilidad seria, teniendo en cuenta todo lo que pasó este año”.

Efectivamente, durante las protestas sociales que surgieron con el movimiento anti-racismo de mediados de año, Trump consideró movilizar a las fuerzas armadas para disolver las manifestaciones.

El pasado 5 de junio, el diario New York Times aseguraba que el general Milley “convenció a Trump de no invocar la Ley de Insurrección de 1807 para movilizar tropas regulares en todo el país para reprimir las protestas, una línea que varios oficiales del ejército estadounidense han dicho que no cruzarán, ni siquiera si el presidente se los ordena”.

Al final, ante la negativa del ejército regular a verse involucrado, Trump ordenó para contener las protestas el uso de efectivos de la Guardia Nacional, que dependen de los gobernadores de cada estado.

Trump con Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto

Getty Images
El 1 de junio, Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, acompañó a Trump a tomarse una foto con una biblia a metros de la Casa Blanca y en medio de las protestas por la muerte de George Floyd. A los días, Milley se arrepintió.

También estuvieron involucrados en la contención de las protestas en Washington, Portland y otras ciudades, miembros de las fuerzas de seguridad no militares que dependen del Ministerio de Seguridad Interior (Homeland Security).

Por lo que algunos contemplan que en una crisis surgida a raíz de las elecciones, Trump potencialmente tendría acceso a ordenar el despliegue de cierto número de personal armado no militar.

Sin embargo, asumiendo que las fuerzas armadas no se pondrían a disposición de la supervivencia política del presidente, es difícil imaginar una maniobra exitosa de Trump para quedarse en el poder en esas condiciones.

¿Violencia en la espera?

Rudesill dice que le produce preocupación escenarios relacionados.

“He escrito acerca de la posibilidad de que el presidente Trump intente usar un decreto ejecutivo, o que el Departamento de Justicia controlado por sus aliados políticos intente emitir una ‘directriz’, indicando que la Rama Ejecutiva debe considerar a Trump como el ganador de una elección disputada”, el experto le dice a BBC Mundo, pero advierte que eso sería “totalmente inapropiado e impermisible”.

“Ordenar al ejército continuar rindiendo saludo al presidente mas allá del final de su período al mediodía del 20 de enero pondría a los militares en una situación imposible”, señala.

Un seguidor de Trump armado en Minesota este 7 de noviembre.

Getty Images
Los analistas dicen que una situación en la que el candidato perdedor de la elección presidencial se niega a aceptar el resultado puede llevar a “la posibilidad de desorden civil serio”.

“La mitad del país y mucha gente alrededor del mundo pensaría que las fuerzas armadas apolíticas estadounidenses habían tomado una posición partidista. Los militares nunca, nunca deben recibir esa orden“, puntualiza Rudesill.

Y sin llegar al caso extremo de una situación en la que se ponga en juego la autonomía de las fuerzas armadas ante las disputas partidistas, otros advierten que una extensión de la actual coyuntura política puede generar violencia en otros campos.

Una situación en la que el candidato perdedor de la elección presidencial se niega a aceptar el resultado ciertamente lleva a “la posibilidad de desorden civil serio”, le dice a BBC Mundo Keisha Blaine.

La retórica presidencial “ha incrementado la posibilidad de protestas e incluso de violencia”, argumenta.

La situación presenciada en distintas ciudades estadounidenses en los últimos meses, de manifestantes armados hasta los dientes expresando su apoyo por el presidente, así como la aparición en las calles de esas mismas urbes de grupos radicales de oposición, son un recordatorio del potencial de violencia que conlleva la actual tensión política en Estados Unidos.

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BBC

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