Desde febrero, la PGR suspendió el contacto con familias de desaparecidos
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Cuartoscuro.

Desde febrero, la PGR suspendió el contacto con familias de desaparecidos

La Procuraduría suspendió el mecanismo que da seguimiento a las indagatorias pendientes a dar con el paradero de sus seres queridos.
Cuartoscuro.
Por Paris Martínez
21 de septiembre, 2015
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Foto: Cuartoscuro

Foto: Cuartoscuro

Familiares de personas desaparecidas, cuyos casos son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR), denunciaron que esta institución suspendió –desde febrero pasado– el mecanismo de seguimiento a las indagatorias para dar con el paradero de sus seres queridos.

Desde entonces, subrayaron, dichas pesquisas están detenidas.

El mecanismo de seguimiento, explicó Guadalupe Fernández –mamá del ingeniero José Antonio Robledo Fernández, desaparecido en Coahuila desde 2009– permitía a cada familia celebrar reuniones periódicas con el responsable en turno de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), así como con los agentes del Ministerio Público y con los fiscales que llevaban cada caso.

Este mecanismo de vigilancia a las investigaciones, señaló Fernández, se instauró en 2012, tras detectarse que no había coordinación en el trabajo de cada área de la SEIDO, por lo que se acordó que cada una de dichas áreas presentara un informe mensual de sus avances ante las familias de las víctimas, y ante el titular de la Subprocuraduría.

A partir del análisis conjunto de dichos informes, las familias y el titular de la SEIDO establecían las nuevas acciones que debían emprenderse en cada investigación, y se llamaba a cuentas a los agentes y fiscales que fueran responsables de eventuales retrasos u omisiones.

Sin embargo, este septiembre se cumplieron siete meses sin que el titular de la Subprocuraduría reciba a las familias con las que se había entablado esta interlocución desde 2012.

“(Los familiares) nos hemos quedado callados todo este tiempo –señaló la señora Fernández–, porque teníamos la esperanza de que sería algo temporal, todo este tiempo hemos estado pensando ‘mañana ya nos van a recibir’… pero no es así, y ya me cansé. Somos muchas familias a las que la SEIDO nos ha cerrado las puertas”.

Con el objetivo de que se retome este mecanismo de seguimiento, explicó la señora Guadalupe Fernández, “les hemos llamado por teléfono innumerables veces, y en todas las ocasiones la secretaria nos anuncia que nos devolverán la llamada, sin cumplirlo; luego solicitamos audiencia con el titular de SEIDO a través de una petición formal entregada a la Oficialía de Partes de PGR, y nuevamente nos volvieron a prometer una cita en junio, que tampoco fue cumplida, nos dejaron plantados.

“El 9 mayo, se le notificó de esta situación directamente la actual procuradora General de la República, Arely Gómez, pero tampoco hizo absolutamente nada, y por último se pidió la intervención de Roberto Campa (subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación), quien personalmente nos había ofrecido todo su apoyo en lo que fuera necesario, pero él tampoco cumplió su palabra: la interlocución se cerró completamente”.

Según los registros del gobierno mexicano, al menos 662 casos de desaparición forzada son investigados desde el fuero federal, por la Procuraduría General de la República.

Sin este proceso de vigilancia a las investigaciones, subrayó la señora Fernández, éstas quedan prácticamente congeladas, y con ello queda también suspendido el seguimiento al proceso penal que se sigue contra los presuntos responsables de desaparición forzada, que han sido detenidos.

“Este gobierno ha sido totalmente insensible, y está provocando retrocesos en todo lo conseguido en el pasado: en el caso de mi hijo, hay varios detenidos que participaron en su secuestro, y que ya están tramitando amparos en contra del auto de formal prisión. Y mientras ellos se están moviendo legalmente para salir libres, la PGR no está haciendo prácticamente nada.”

Para conocer la postura de esta institución pública ante estas denuncias, Animal Político solicitó desde principios de septiembre una entrevista con un representante oficial, sin que se obtuviera respuesta favorable.

Gobierno mexicano, de ojos cerrados: ONU

El pasado 11 de septiembre, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU determinó que, a cuatro años de que presentara al Estado Mexicano distintas recomendaciones para enfrentar esta problemática, ninguna de éstas ha sido “plenamente implementada”.

El Grupo de Trabajo de la ONU lamentó que las autoridades nacionales ni siquiera admiten que en México existe un “contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio”.

Esta falta de reconocimiento “respecto de la dimensión del problema”, señaló el Grupo de Trabajo de la ONU, ha derivado en la falta de un “diagnóstico nacional sobre el problema de la desaparición forzada de personas, que permita desarrollar las medidas integrales y efectivas para su prevención, erradicación, investigación, sanción y reparación”.

Las investigaciones “tardías y deficientes” en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa son un ejemplo del tipo de anomalías que se presentan en México para enfrentar el problema de la desaparición forzada, destacó el organismo de la ONU, el cual se describió como “consternado” ante la “alarmante impunidad” que prevalece en México.

De hecho, se subrayó que las autoridades mexicanas han incurrido en “abandono” de las investigaciones sobre desapariciones forzadas de los años 70 y 80, a grado tal que “parecería que, en este tema, el Estado (Mexicano) ha renunciado al cumplimiento de sus obligaciones internacionales”. Incluso, se subrayó, se han dado retrocesos, como impedir el acceso a documentación conservada en el Archivo General de la Nación, y que da cuenta de la responsabilidad de funcionarios públicos en la comisión de estos crímenes.

En México, concluyó el organismo de la ONU sobre desapariciones forzadas, “la impunidad prevalece, los hechos no se esclarecen y las víctimas no reciben una adecuada e integral reparación”.

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¿A qué se han comprometido los países de América Latina en la cumbre sobre cambio climático?

Acabar con la deforestación y depender menos del metano y del carbón fueron algunas de las propuestas de la COP26 en Escocia, pero ¿qué países de la región firmaron los acuerdos al respecto?
10 de noviembre, 2021
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El cambio climático se está intensificando y ahora amenaza todos los aspectos de la vida humana.

De no controlarse, la humanidad se enfrenta a sequías cada vez más graves y un mayor aumento del nivel del mar, lo que conllevaría a la extinción masiva de especies: sería una catástrofe.

También aumentaría la frecuencia de inundaciones, olas de calor, huracanes e incendios forestales.

Para controlarlo, líderes de todo el mundo se encuentran reunidos desde el 1 de noviembre en la ciudad de Glasgow, en Reino Unido, donde se lleva a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP 26.

La cumbre ya ha rendido frutos y generado varios acuerdos, pero no todos los países asistentes los respaldan.

Aquí te ofrecemos un resumen de los compromisos más importantes que se han logrado y de los países que se adhirieron, con un foco en América Latina.

Acabar con la deforestación para 2030

Más de 130 líderes mundiales prometieron la semana pasada ponerle fin y revertir la deforestación para 2030. Fue el primer gran acuerdo logrado en la cumbre climática COP26.

Brasil, donde grandes partes de la selva amazónica ya han sido taladas, fue uno de los signatarios. Canadá, China, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia también respaldaron la iniciativa.

Los árboles a veces son talados para crear tierras de pastoreo y alimentar al ganado.

Getty Images
Los árboles a veces son talados para crear tierras de pastoreo y alimentar al ganado.

Dentro de los países latinoamericanos que firmaron este acuerdo se encuentran Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú República Dominicana y Uruguay.

Para lograr la meta se utilizarán alrededor de US$19.200 millones de fondos públicos y privados.

Simon Lewis, experto en clima y bosques de la University College London, le dijo a la BBC que es una buena noticia que tantos países se comprometan a ponerle fin a la deforestación y que se cuente con una “financiación significativa para seguir adelante en ese viaje”.

Pero recordó que el mundo “ha estado aquí antes”, haciendo alusión a una declaración voluntaria similar que fue firmada por 40 países en 2014 en Nueva York y que “no logró frenar la deforestación en absoluto”.

Boris Johnson, el primer ministro de Reino Unido y anfitrión de cumbre mundial en Glasgow, calificó de “histórico” este nuevo compromiso firmado por más de 130 países.

La tala de árboles contribuye al cambio climático porque agota los bosques que absorben grandes cantidades de CO2.

Menos metano

El metano es uno de los gases de efecto invernadero que más contribuye al cambio climático y es responsable de un tercio del calentamiento actual de la Tierra.

Metano.

Getty Images
Argentina, Chile y México son tres de los más de diez países latinoamericanos que se comprometieron a reducir las emisiones de metano en un 30% para 2030.

Decenas de países se han sumado a una iniciativa liderada por EE.UU. y la Unión Europea (UE) que busca reducir las emisiones de este gas en al menos un 30% para 2030, en comparación con los niveles de 2020.

En el marco de la COP26 casi 100 países suplementarios se sumaron al compromiso.

La lista ahora incluye a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.

China, Rusia e India, tres de los principales emisores de metano en el mundo, se abstuvieron de adherirse al plan.

Alrededor del 40% de las emisiones de metano provienen de fuentes naturales como los humedales, pero la mayor parte ahora proviene de una variedad de actividades humanas, que van desde la agricultura, como la producción de ganado y arroz, hasta el uso de gas natural y los vertederos de basura.

Desde 2008 ha habido un gran aumento en las emisiones de metano, que algunos investigadores vinculan al auge de la fracturación hidráulica en algunas partes de EE.UU.

Carbón

Más de 40 países se comprometieron a acelerar la transición energética y reducir el uso del carbón, el mayor contribuyente al cambio climático.

El compromiso incluye poner fin a todas las inversiones que consideren abrir nuevas centrales eléctricas que utilicen carbón, además de impulsar el desarrollo de “energías limpias“.

Planta de carbón en China.

Getty Images
Alrededor del 37% de la electricidad mundial se produjo con carbón en 2019.

Los firmantes estipulan eliminar gradualmente el uso de este contaminante hacia la década de 2030 para las principales economías y la década de 2040 para las naciones más pobres.

“El fin del carbón está a la vista”, aseguró el ministro británico de Energía y Negocios, Kwasi Kwarteng.

“El mundo se está moviendo en la dirección correcta, está listo para sellar el destino del carbón y abrazar los beneficios ambientales y económicos de construir un futuro impulsado por la energía limpia”, añadió.

Grandes consumidores de carbón como Alemania, Canadá, Chile, Corea del Sur, Polonia, Ucrania y Vietnam respaldaron el acuerdo.

Docenas de organizaciones también lo hicieron y varios de los bancos más importantes del mundo acordaron dejar de financiar la industria del carbón.

No obstante, Australia, India, China y EE.UU., cuatro de los más dependientes del carbón en el mundo, no lo firmaron.

Además de Chile, Ecuador ha sido el único país de América Latina que se ha adherido.

Para Juan Pablo Osornio, jefe de la delegación de Greenpeace en la COP26, esta declaración “aún está muy por debajo” de lo que el mundo necesita.

“A pesar del titular brillante, da a los países un enorme margen de maniobra para elegir su propia fecha de eliminación”, precisó.

Zona ecológica libre de pesca

Colombia, Ecuador, Panamá y Costa Rica acordaron el segundo día de la cumbre un convenio para crear una zona ecológica libre de pesca en sus aguas en el océano Pacífico.

El llamado Corredor Marino del Pacífico Tropical Oriental (CMAR) tendrá una extensión de 500.000 kilómetros cuadrados y conectará a las islas Galápagos en Ecuador, la isla Malpelo en Colombia y las de Cocos y Coiba, situadas en aguas territoriales de Costa Rica y Panamá.

Corredor Marino

CMAR
El Corredor Marino del Pacífico Tropical Oriental es una de las áreas de conservación de vida marina más grande del planeta.

“Vamos a proteger ecosistemas como Galápagos y las islas Cocos, que se encuentran entre los más valiosos del mundo”, dijo el presidente de Costa Rica, Álvaro Quesada, durante la firma del acuerdo.

La iniciativa tiene como principal objetivo resguardar las especies migratorias que transitan anualmente por la zona y que no se vean afectadas por la pesca comercial.

Con 500.000 kilómetros cuadrados, el corredor será “la reserva marina más grande en Occidente”, de acuerdo con el gobierno colombiano.

Al darse a conocer el pacto, el primer ministro británico, Boris Johnson, describió el esfuerzo como una “iniciativa audaz, ambiciosa y crucial para los esfuerzos de conservación en esta hermosa región”.


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