México reprobado: legisladores no debaten ni dan seguimiento al uso del presupuesto
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México reprobado: legisladores no debaten ni dan seguimiento al uso del presupuesto

En 2015 México mejoró en el Índice de Presupuesto Abierto, pero la labor que hace el Congreso para vigilar que haya un buen gasto fue calificada de débil. También se considera que el gobierno limita la participación de la sociedad civil.
Cuartoscuro
Por Tania L. Montalvo
10 de septiembre, 2015
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Inicio del periodo ordinario de sesiones de la LXIII Legislatura. // Foto: Cuartoscuro.

Inicio del periodo ordinario de sesiones de la LXIII Legislatura. // Foto: Cuartoscuro.

El Congreso mexicano realiza una vigilancia débil sobre el gasto público. Su labor se enfoca exclusivamente en aprobar una propuesta de presupuesto en la que no participa y tampoco da seguimiento al ejercicio de los recursos o a los cambios que realiza el Ejecutivo, quien tiene camino libre para quitar dinero a un programa y dárselo a otro sin justificación.

En la implementación del ciclo presupuestario —el ejercicio del gasto público— el Congreso obtuvo un puntaje de 20 de 100 puntos posibles, informó este miércoles Fundar. Centro de Análisis e Investigación, tras presentar los resultados del Índice de Presupuesto Abierto 2015 (OBI, Open Budget Index).

“La legislatura brinda vigilancia débil durante la fase de implementación del ciclo presupuestario. No se lleva a cabo un debate previo al presupuesto en la legislatura, de modo que la opinión de las y los legisladores no está reflejada en la Propuesta de presupuesto del ejecutivo. El Ejecutivo tampoco recibe aprobación previa por parte de la legislatura antes de implementar un presupuesto suplementario. La legislatura no es consultada, ni en materia legal ni en la práctica, antes de la transferencia de fondos del Presupuesto aprobado o antes del gasto de ingresos no anticipados”, detalla Fundar sobre la calificación de Vigilancia del presupuesto.

En México es común que a lo largo del año se realicen ajustes presupuestarios que implican remover recursos de un programa para dárselos a otro, estos cambios ocurren incluso entre secretarías de Estado.

Aunque el Congreso está a cargo de la aprobación de recursos para cada instancia de gobierno, no se necesita la autorización de los legisladores para hacer modificaciones presupuestales.

Cuando se realiza una consulta al Congreso, en realidad ésta ocurre después de que los cambios ya se hicieron y es sólo para informar sobre los mismos.

Fundar —el centro de estudios de sociedad civil encargado de realizar la Encuesta de Presupuesto Abierto utilizada para calcular el Índice, a cargo del International Budget Partnership (IBP)— alerta sobre la importancia de que el Centro de Estudio de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados sea independiente de los partidos políticos y realice, de forma autónoma, el análisis presupuestario para los legisladores.

Límites en la participación de la sociedad civil

También se calificó la participación ciudadana como parte fundamental de transparencia.

Para su evaluación, se tomaron en cuenta las posibilidades que tienen los ciudadanos de participar en el proceso presupuestario con el Ejecutivo, el Poder Legislativo y la entidad fiscalizadora, que en este caso es la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La calificación final de México fue de 44 puntos sobre 100, pues se ofrecen “oportunidades limitadas al público para participar en el proceso presupuestario”.

El puntaje más bajo para esa calificación final fue del Ejecutivo que sólo tuvo 14 puntos de 100; con posibilidades “débiles” para abrir el proceso de planificación del presupuesto a la ciudadanía.

El Congreso alcanzó 60 puntos y la Auditoría Superior de la Federación, 75.

Es una participación de manera informal. No se informa por qué no fueron tomadas en cuenta las opiniones de los expertos, todavía depende de las decisiones de las personas que están en el gobierno si hay participación o no hay participación ciudadana”, dijo Liliana Ruiz, investigadora de Fundar a cargo de completar la Encuesta de Presupuesto Abierto.

Presupuesto Abierto

En cuanto a la transparencia del presupuesto, México obtuvo 66 puntos de 100 en el Índice de Presupuesto Abierto, avanzando de los 61 puntos que logró en el 2012.

Esa calificación implica que el país entrega “información considerable”. El promedio global es de 44 puntos, por lo que México se ubica en el puesto 17 de los 102 que participan en el Índice.

Lo que todavía falla es que no se elabora un informe de medio año que permita reflexionar cómo van las metas y objetivos del gasto y así corregir el rumbo, detectar la necesidad de reasignaciones o qué tan adecuadas son las políticas fiscales en el contexto económico vigente.

México tampoco entrega información detallada respecto a ingresos —el pago de impuestos diferenciado entre personas y empresas— ni sobre cuánto se gasta por partida especifica.

“Hay tres pilares para que un presupuesto sea eficiente, eficaz y responsable: un pilar es la transparencia presupuestaria. El otro es la vigilancia del presupuesto, su planeación y su ejecución y ahí el Congreso y la Auditoría (Superior de la Federación) son actores relevantes no nada más en México, si no en todo el mundo. Y el tercer Pilar es la participación ciudadana: espacios formales para que académicos, expertos, organizaciones de la sociedad civil, público en general puedan participar en las diferentes etapas del ciclo presupuestario, durante el ejercicio de recursos, durante la fiscalización y la evaluación”, dijo Liliana Ruiz de Fundar.

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5 cambios que propone hacer el gobierno de Chile al proyecto de Constitución

Tras intensas negociaciones, los partidos que forman parte de la coalición gobernante llegaron a un acuerdo en el que se comprometen a hacer modificaciones a la propuesta de nueva Carta Magna, si los chilenos votan a favor de un nuevo texto constitucional.
11 de agosto, 2022
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Cuando faltan pocas semanas para el plebiscito del 4 de septiembre en el que los chilenos decidirán si reemplazan o mantienen la Constitución del país, los partidos políticos oficialistas firmaron este jueves un acuerdo en el que se comprometen a introducir cambios a la nueva Carta Magna si gana la opción “apruebo”.

El acuerdo entre los partidos que forman parte de la coalición política que respalda al presidente Gabriel Boric se produce en medio de las divisiones que han generado algunos puntos del texto elaborado por una Convención Constitucional que fue elegida por voto popular tras el estallido social de fines de 2019.

Si los chilenos aprueban la nueva Constitución, ésta reemplazaría inmediatamente a la Carta Magna creada durante el gobierno de Augusto Pinochet.

El oficialismo se comprometió este jueves a modificar el texto en aquellos aspectos más controvertidos si se impone la opción de aprobar la nueva Carta Magna, que sustituiría a la que ha regido el país por más de cuatro décadas.

Según los firmantes, el objetivo del compromiso firmado es “mejorar” el texto que será sometido a votación.

Las modificaciones buscan “contribuir a que las chilenas y chilenos (…) tengan certezas acerca de las mejoras y aclaraciones del texto propuesto y del proceso de implementación del mismo”, dijeron los representantes del oficialismo.

Estos son los principales cambios propuestos por los partidos de gobierno:

1- Plurinacionalidad

El oficialismo propone que el mecanismo de consulta indígena se aplique “sólo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas” y que el consentimiento previo de las comunidades, establecido en la propuesta de Constitución, “no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales”.

Sobre las autonomías territoriales, el acuerdo contempla que seguirán “los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile y de las libertades reconocidas y protegidas para todas las personas”, para lo cual se establecerá “expresamente” que sus atribuciones deben ser “coherentes con el carácter único e indivisible del territorio de Chile“.

EL presidente de Chile sostiene el borrador de nueva Constitución

Getty Images
El presidente Gabriel Boric ha promovido que los chilenos aprueben la propuesta de nueva Constitución.

Finalmente, en cuanto a los sistemas de justicia indígena, el oficialismo reafirmó la “igualdad ante la ley como principio rector”

Además, propusieron que “la justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales”.

2- Derechos sociales

Sobre pensiones, el oficialismo se comprometió a que la implementación “del derecho a una pensión digna será en base a un un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual, en los mismos términos que en la actualidad”.

También el documento especificó que la propiedad de las viviendas está “absolutamente asegurada”.

“Se asegura explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, se protegerá bajo toda circunstancia”.

Una mujer sostiene un ejemplar del proyecto de nueva Constitución

Reuters

Por otro lado, el oficialismo abordó el Sistema Nacional de Salud, señalando que “permitirá a distintos gobiernos, de diversas tendencias políticas, innovar en nuevas soluciones y no limita la posibilidad de que participen los privados como prestadores” de los servicios.

“La ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada, donde siguen existiendo clínicas, hospitales y centros médicos privados”.

El acuerdo también contempla la educación como un derecho, planteando que “se respetará la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada, siempre con pleno reconocimiento del Estado dentro del Sistema Nacional de Educación”.

3- Seguridad

Los partidos que respaldan el gobierno de Gabriel Boric abordaron los cuestionamientos referentes a los “Estados de Excepción”.

Proponen “establecer en la Constitución el Estado de Emergencia por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, a requerimiento de la autoridad civil y en las condiciones calificadas que establezca la ley, en tareas de resguardo del orden constitucional y del Estado de derecho”.

4- Sistema Político

En este tema, el oficialismo se comprometió a analizar el nuevo sistema político que propone el texto de la Convención “para lograr el mejor equilibrio entre el poder legislativo, el gobierno central y las entidades territoriales”.

Puntualmente acordaron que “la reelección presidencial no proceda consecutivamente”.

En cuanto al gasto fiscal, los partidos anunciaron que consideran necesario “eliminar la atribución de presentar mociones parlamentarias” que causen perjuicios directamente a los gastos del Estado.

Además, plantearon que “la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales fijadas por ley deberán ajustarse al máximo anual que a este efecto fije la Ley de Presupuestos, con expresa regla de responsabilidad fiscal”.

5- Poder Judicial

Finalmente, los partidos del gobierno abordaron la independencia del poder judicial, para lo cual proponen “reemplazar, en la Constitución, la denominación ‘Sistemas de Justicia’ por la de ‘Poder Judicial”.

Y argumentaron la necesidad de revisar la composición del Consejo de la Justicia para asegurar su integración por una mayoría de jueces.

Adicionalmente señalaron que “conviene hacer explícito que la calificación de los jueces por ese Consejo no considerará el contenido de sus fallos”.

¿Cuál es el origen del cambio constitucional?

Casi tres años después del estallido social de 2019, Chile realizará este 4 de septiembre la última de las tres votaciones de su proceso de cambio constitucional.

Tras aprobar redactar una nueva Constitución (en 2020) y elegir la Convención que la escribió (en 2021), el país decidirá finalmente si aprobar o rechazar el texto.

La Convención comenzó su trabajo el 4 de julio de 2021, bajo el gobierno de Sebastián Piñera.

Si gana la opción “apruebo”, la nueva Carta Magna empezará a regir a medida que se creen los nuevos órganos que contempla, como por ejemplo una Agencia Nacional de Aguas o la Cámara de las Regiones, que reemplazará al Senado.

Si gana el “rechazo”, la Constitución de 1980 seguirá vigente, en contraste con la abrumadora mayoría (casi 80%) que votó por su reemplazo.


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