Por tener una pareja del mismo sexo, le niegan la custodia de su hijo
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Nayeli Roldán

Por tener una pareja del mismo sexo, le niegan la custodia de su hijo

Rocío ha tenido que librar un juicio por la custodia de su hijo Dani, de siete años, pero también una batalla contra la discriminación por tener una pareja del mismo sexo, factor determinante para que la jueza Paula Eva Hernández Granados otorgara la patria potestad a Agustín, el padre.
Nayeli Roldán
Por Nayeli Roldán
14 de septiembre, 2015
Comparte
Foto: Nayeli Roldán

Foto: Nayeli Roldán

En el Estado de México, Rocío no sólo ha tenido que librar un juicio por la custodia de su hijo Dani, de siete años, sino también una batalla contra la discriminación por tener una pareja del mismo sexo, factor que fue determinante para que la jueza Paula Eva Hernández Granados otorgara la patria potestad al padre del niño.

El argumento de la jueza fue que el padre, Agustín, tiene “mayores elementos psicológicos” para criar al niño, mientras que la convivencia con Rocío y su pareja podría resultar “en perjuicio del sano desarrollo del menor y de la propia sociedad”.

“Aquí no están peleando la guardia y custodia de mi hijo, están peleando mi relación, pero no tienen por qué discriminar a nadie. Me siento más capaz que nunca”, dijo en entrevista Rocío Santos, de 25 años, quien vive con Laura desde hace dos años. Ambas esperan que en el siguiente proceso, la ley se aplique con base en pruebas y no en prejuicios.

Después de la sentencia de la jueza Hernández Granados que le quitó la patria potestad, el proceso de apelación está en manos del magistrado Enrique Vega Gómez, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

Violencia intrafamiliar 

La batalla comenzó en 2012, cuando Rocío decidió buscar empleo porque el dinero que Agustín ganaba, trabajando como albañil por temporadas, era insuficiente para los tres. Ni siquiera habían podido independizarse y continuaban viviendo en la casa de los padres de él.

Ella consiguió empleo en una tortillería. A pesar de que durante su jornada laboral estaba con su hijo, el padre le reclamaba que estuviera fuera de casa. Y, como había sucedido durante toda su relación, la golpeaba. Después de una discusión, cuando regresó de trabajar, Agustín sacó su ropa a la calle; entonces Rocío, junto con su hijo, regresó a vivir con su madre e interpuso una denuncia por maltrato.

Dani tenía cuatro años y vio a su padre frecuentemente durante seis meses. En ese periodo, Rocío y Laura comenzaron una relación. Cuando Agustín se enteró, la violencia llegó al extremo de que Agustín fue a su trabajo y la amenazó con un arma de fuego para que regresara con él.

Rocío pensaba que el niño debía mantener contacto con su padre aunque ya no vivieran juntos, y fue así que el el 28 de agosto de 2014 accedió a dejarlo con él una semana. “Confié en él y se lo presté”, narró Rocío.

El 1 de septiembre, después de varios intentos para que le entregara al niño, la madre interpuso una demanda para conseguir la patria potestad en el Juzgado Octavo con sede en Tlanepantla, Estado de México. Al llegar, lo primero que le dijeron es que el padre tenía todo el derecho de llevárselo y que la mejor opción era que “robara” al niño. “¿Cómo me lo voy a robar si para eso está la ley?”, dijo. Le asignaron un abogado de oficio para iniciar con el proceso.

Violencia institucional, la constante

El abogado asignado por el Instituto de Defensoría Pública del Estado de México, adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, sólo presentó tres documentos como “pruebas” para el juicio (acta de nacimiento y CURP del niño, comprobante de domicilio) y dos testigos.

Durante el proceso, Agustín acusó a la madre de ser drogadicta, de vivir en la calle y no tener dinero suficiente para mantener al niño, además que su relación homosexual podría afectar a su hijo.

Sin embargo, Rocío y Laura habían cuidado del niño durante poco más de un año. Tenían los registros de su asistencia a la escuela, de los cuidados médicos y podían comprobar que su casa tenía las condiciones necesarias para que el niño viviera con ellas, pero nada de eso fue presentado como prueba por el abogado.

Por ello, ambas acudieron a EDNICA (Educación con Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en Situación de Calle), organización que Laura conocía desde hacía tiempo. José Serrato, del área jurídica comenzó a revisar el caso, y el defensor de oficio abandonó el proceso. “Si tienen dinero para pagar un abogado, ya no las puedo representar”, le dijo a Rocío.

Durante el juicio, la jueza ordenó un estudio psicológico aplicado por un perito del sistema judicial mexiquense. En él se determinó que el niño presenta “dificultades para comprender la separación de sus padres así como la relación entre su madre con su pareja Laura y el rol que juega cada uno en su núcleo familiar”. El examen psicológico de Agustín contiene sólo sus dichos, pero ninguna valoración sobre su comportamiento violento contra Rocío durante y después de su relación.

Con estos elementos, la jueza Hernández Granados determinó darle la custodia a Agustín porque “se debe procurar los cuidados y la asistencia que el menor requiere para lograr un crecimiento y un desarrollo pleno dentro de un ambiente familiar y social que no afecte su situación emocional”, dice la sentencia.

Asimismo, decidió que el niño podría ver a su madre sólo sábados y domingos, entre las 9 y 21 horas. Esto hasta que Rocío tenga un cuarto independiente para el niño, ya que al permitirle que duerma en la misma habitación con su madre y su pareja “puede ser en perjuicio del sano desarrollo del menor y de la propia sociedad”. Además, la madre tiene que pagar una pensión alimenticia de mil pesos al mes, pese a que ella gana 2 mil 800 pesos mensuales.

“La jueza condenó mal porque se consideró a la madre como inviable para cuidar al niño por su condición de homosexualidad”, aseguró el abogado de EDNICA, José Serratos.

Se trata, dice, de un caso con una constante “violencia institucional” que comenzó  con el abogado de oficio que terminó abandonando el caso, el perito en psicología que hizo valoraciones dispersas y la jueza que tomó como verdad los dichos de Agustín y no atrajo más pruebas para valorar la situación de la madre.

La decisión, además, contraviene la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que falló para que parejas del mismo sexo pudieran adoptar hijos porque se toma el bien del menor como interés jurídico.

Otra agresión es que la jueza obliga a Rocío a visitar a su hijo en casa del padre, es decir “de su agresor”, lo que contradice la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, precisa el abogado.

Lourdes Carrera, directora de comunicación social de EDNICA, asegura que este es un caso donde el bien superior del niño “debe estar por delante para tomar una decisión” y eso es lo que debería privar en la decisión del magistrado.

Mientras Rocío espera la resolución del magistrado Vega Gómez, su caso está en la plataforma de Change para sumar firmas en su apoyo.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

El caso que puede cambiar cómo se juzgan las violaciones en EU

Por primera vez en Estados Unidos, un jurado convocado por ciudadanos decidirá si un encuentro sexual violento justifica presentar cargos de violación.
4 de octubre, 2021
Comparte

Los delitos sexuales son notoriamente difíciles de procesar en un juicio, pero una mujer en Kansas está usando una ley del siglo XIX para pedir a sus conciudadanos que la ayuden a presentar cargos contra el hombre que dice que la violó.

En 2018, Madison Smith alegó que un compañero de clase la atacó cuando era estudiante universitaria en Bethany College en Kansas. La joven denunció el caso como violación.

Sin embargo, el fiscal del condado se negó a presentar cargos de violación, diciendo que Smith simplemente había experimentado un encuentro sexual “inmaduro”. Su atacante fue condenado por agresión.

La decisión del fiscal del condado llevó a Smith, ahora de 23 años, a utilizar una ley estatal que data de 1887 para convocar a un “gran jurado ciudadano”.

Este jurado se reunió por primera vez el miércoles, en lo que se cree que es el primer caso de este tipo en Estados Unidos.

Qué hace este gran jurado

Por lo general, las autoridades que investigan los casos forman un gran jurado para determinar si hay pruebas suficientes para iniciar un proceso judicial.

Este jurado, que se reune en secreto, no decidirá si el imputado es culpable o inocente, solo si se deben presentar cargos.

En entrevista con la BBC, Smith dijo que espera que el resultado anime a otras personas que creen que han sido víctimas de delitos sexuales y quieren presentar cargos. “Las víctimas tienen derechos”, dijo.

La mayoría de las mujeres no denuncian este tipo de delitos y, cuando se denuncian, el proceso no suele seguir adelante.

Madison Smith y su madre, Mandy.

Getty Images
Madison Smith y su madre, Mandy.

Según una investigación realizada en la Universidad de Massachusetts en Lowell, menos del 20% de las violaciones que se denuncian conducen a un arresto.

“Tenemos que cambiar la cultura ”, agregó Mandy, la madre de Madison.

Defensa del acusado

Sin embargo, el excompañero de clase acusado, Jared Stolzenburg, ahora también de 23 años, negó que la hubiera violado.

El joven fue acusado de agresión, de lo que se declaró culpable.

Le dijo a la BBC que lamentaba aquel encuentro, admitió que había sido duro y que erróneamente creyó que estaba todo bien. Pero, insistió, fue consensuado.

Lo que decida el gran jurado en ese condado del estado de Kansas tendrá consecuencias de gran alcance para ambos, tanto para el acusado como para la supuesta víctima, y quizás para el resto del país.

Los expertos dicen que el proceso iniciado por Smith podría sentar un precedente y que otras personas podrían querer convocar un gran jurado en casos relacionados con delitos sexuales.

Pero aquellos que no enfrentaron cargos pueden encontrarse, como Stolzenburg, en un purgatorio legal, esperando a ver si todavía podrían ser acusados.

Un encuentro que se convirtió en ataque

Smith estaba en su primer año en Bethany College, una pequeña escuela luterana a un par de cuadras de su casa, y solía pasar el rato con Stolzenburg y jugar juegos de mesa.

Una noche, en febrero de 2018, acabaron en el dormitorio de Stolzenburg. Se besaron y comenzaron a tener relaciones sexuales, le dijo Smith a la BBC. De repente, él la abofeteó, dice ella, luego la agarró por el cuello y, según ella, comenzó a violarla.

“Estaba tratando de quitar sus manos de mi cuello, y lo miré a los ojos, y tenía una mirada que nunca había visto antes”, dice. “No era la persona que yo pensaba que era mi amigo. Era una persona peligrosa”.

Smith cree que Stolzenburg intentó asesinarla.

Tenía tanto miedo, dijo, que pensó que lo mejor era dejar de luchar.

“Te quedas ahí y simplemente dejas que pase”, dice.

“Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir”.

Al describir lo sucedido esa noche, su voz era firme, como si estuviera contando cosas que le habían pasado a otra persona. Miraba a lo lejos mientras hablaba.

Protesta de mujeres en M'exico

Getty Images
Un estudio encontró que pelear o suplicar durante un episodio de agresión sexual puede, en algunas circunstancias, aumentar el riego de sufrir heridas físicas durante el abuso.

Smith acudió a la policía poco después, y luego de varias semanas la llamaron para ver a un fiscal del condado, Greg Benefiel.

Dejó en claro que quería presentar cargos, dice, pero Benefiel veía las cosas de forma diferente.

Benefiel dijo que no presentaría una acusación sexual contra Stolzenburg, y en su lugar pesentó cargos de agresión agravada. Benefiel no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo.

En 2020, Stolzenburg fue sentenciado a dos años de libertad condicional y tuvo que pagar US$790 en concepto de restitución, una suma que fue destinada a una junta de compensación de víctimas.

Un nuevo camino legal

Después de que el fiscal se negase a presentar cargos por violación, Smith decidió utilizar la antigua ley que le permitía convocar a un gran jurado. Su madre se había enterado de esta fórmula mientras escuchaba un podcast.

En la mayor parte de EE.UU., solo un juez o un fiscal tiene el poder de convocar a un jurado, pero Kansas, junto con Oklahoma, Nebraska y otros tres estados, permiten que los propios ciudadanos convoquen a uno.

Para hacerlo en Kansas, un residente del estado debe hacer circular una petición y recolectar cierta cantidad de firmas. El número varía de un condado a otro, pero se calcula en función del número de personas que votaron en las últimas elecciones a gobernador.

Quien encabeza la petición debe recolectar firmas que equivalgan al menos al 2% del número de votos, y 100 adicionales.

La petición de Smith fue publicada en bares y cafés de la ciudad y, después de varios meses, consiguió el número suficiente de ciudadanos que apoyaban su petición.

Grandes jurados anteriores

Los miembros de los grandes jurados se eligen entre personas que tienen licencia de conducir o están registradas para votar.

Los miembros actúan como agentes de policía, examinando pruebas. A veces, citan documentos del acusado. Otras veces, solo miran las pruebas que han reunido los agentes de policía.

Pancarta en protesta por los abusos sexuales

Getty Images
Hacer la denuncia inmediatamente y someterse a un examen médico no significa necesariamente que el agresor sea identificado y menos condenado.

Por eso, no llaman ni al acusador, ni al acusado ante ellos.

La ley de Kansas se remonta a 1887 y fue diseñada para garantizar que las personas que no tienen dinero o poder tengan la oportunidad de responsabilizar a alguien por sus acciones.

“Es una forma de asegurarse de que todos los ciudadanos tienen acceso al sistema legal”, dice John Mullen, profesor asociado de filosofía en Bethany College.

Los grandes jurados de ciudadanos en Kansas se han convocado anteriormente por el descontento con obras de arte expuestas en público, porque alguien consideraba que una escultura era indecente, o para exigir investigaciones sobre los médicos que realizan abortos.

Pero no parece que ningún gran jurado haya sido llamado alguna vez para decidir si presentar cargos por un delito sexual.

El jurado tiene 60 días para llevar a cabo su investigación en procedimientos cerrados y confidenciales.

Si se presentan cargos, el caso se manejaría como un asunto penal estándar.

El acusado se declara culpable o no culpable en un juicio con jurado tradicional.

Un debate sobre el consentimiento

Smith está ahora casada y trabaja como asistente médica en un centro de atención familiar. Se ha convertido en una figura reconocible en Lindsborg, su ciudad natal, un lugar apartado y rodeado de campos de trigo.

Sentada en un bar de Main Street unas noches antes de que se reuniera el gran jurado, reflexionó sobre los acontecimientos de los últimos tres años.

“Intentó hacerme mucho daño, y de alguna manera lo hizo”, dice sobre Stolzenburg. “Pero también volví para pelear, y no creo que él lo viera venir”.

Mujer atemorizada

Getty

Algunos han aplaudido los esfuerzos de Smith para presionar por la convocatoria de un gran jurado ciudadano y creen que ayudará a fortalecer la determinación de otras mujeres que acudieron a la policía, tras sentirse violadas o agredidas sexualmente.

Caroline De Filippis, activista de Lindsborg, dice que las mujeres necesitan más protección. “Muchos casos de falta de consentimiento aún son desestimados, o ni siquiera llevados ante la justicia, porque no tienen ‘suficientes’ ”.

“La definición de consentimiento es todavía muy amplia”, agregó, “y no muestra una comprensión de lo que significa ser agredido sexualmente”.

Otros, sin embargo, advierten que se podría abusar fácilmente de este procedimiento. Laura Kipnis, autora de Unwanted Advances: Sexual Paranoia Comes to Campus (Avances no deseados: la paranoia sexual llega al campus), dijo que las investigaciones sobre delitos sexuales en el campus plantean una serie de problemas.

Los incidentes tienen lugar en privado y puede ser extremadamente difícil para los miembros de un gran jurado llegar a una conclusión. “Es casi imposible”, dice. “Están adivinando”.

Las investigaciones también pueden ser devastadoras para los hombres acusados, dice, incluso cuando son exonerados: “Sus vidas quedan destrozadas”.

La vida de Stolzenburg ciertamente ha cambiado.

Su voz en el teléfono es tensa y se nota que luchaba por contener las lágrimas.

Fue suspendido de Bethany después del ataque por violar el código estudiantil de la universidad y perdió su trabajo en una compañía discográfica.

“En ese entonces, tenía 19 años y era nuevo en el sexo y las relaciones sexuales”, dice. Sostiene que su agresión contra Smith fue un intento de representar una “escena sexual” que había visto en internet.

“Pensé que sería algo que podía intentar, y fui estúpido al hacerlo”, dice.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=cqiupsqBZik

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.