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3 descubrimientos clave de los expertos independientes vs. la "verdad histórica" de la PGR

Cuartoscuro
Por Paris Martínez
7 de septiembre, 2015
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Padres y familiares de los normalistas de Ayotzinapa estuvieron presentes en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. // Foto: Nayeli Roldán.

Padres y familiares de los normalistas de Ayotzinapa estuvieron presentes en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. // Foto: Nayeli Roldán.

El pasado 27 de enero, el entonces procurador Jesús Murillo Karam presentó lo qué él mismo bautizó como la “verdad histórica” de los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, que dejaron como saldo 43 normalistas desaparecidos, seis personas asesinadas y 40 más heridas.

Según esa “verdad histórica” –soportada en cientos de testimonios, confesiones y pruebas científicas realizadas por la PGR, de acuerdo con el funcionario–, “los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados (en el basurero municipal de Cocula) y arrojados al río San Juan, en ese orden”.

Para el entonces procurador, las evidencias con las que contaban las autoridades para sustentar dicha hipótesis eran de “una contundencia suficiente para poder consignar a los culpables”, y remató: “quien quiera dudar de eso, en vez de ser coadyuvantes del Ministerio Público debería ser coadyuvante de la defensa”.

Ocho meses después, sin embargo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para analizar los hechos ocurridos en Iguala, no sólo puso en duda las conclusiones de la autoridad, sino que demostró su falsedad con pruebas científicas.

A continuación, presentamos los puntos clave de la “verdad histórica” presentada por la PGR el 27 de enero de 2015, y las refutaciones expuestas ayer por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, al hacer público su primer informe de labores, a seis meses de haber iniciado sus investigaciones en México.

1.- El fuego imposible

Según la “verdad histórica” de la PGR, los policías de Iguala detuvieron a los 43 normalistas en la calle Juan N. Álvarez, y luego los entregaron a policías municipales de Cocula que, a su vez, los entregaron a una célula del cártel conocido como Guerreros Unidos.

Basándose en declaraciones y peritajes realizados por su propio personal, la PGR concluyó que esta célula de sicarios trasladó a los normalistas hasta el basurero municipal de Cocula, donde los asesinaron e incineraron, hasta convertirlos en cenizas, en un lapso de 16 horas.

Tal como reveló Murillo Karam en enero pasado, en ese lugar fueron encontrados “residuos de diesel y gasolina en el suelo, tres zonas con ceniza, rocas con impacto térmico, (se encontró) el punto de origen del incendio, residuos diversos con alto grado de deterioro por el fuego, (como) aluminio fundido por la exposición al calor intenso, fragmentos de llantas con huellas de carbonización, así como residuos característicos de neumáticos, afectación del fuego sobre diversos restos humanos; así como un dictamen biológico que indica que las plantas fueron afectadas por el calor en la zona”.

El entonces titular de la PGR incluso entró en detalles sobre la mecánica de la incineración, basándose en los peritajes realizados por la Procuraduría: “Una vez alcanzada la ignición –aseguró–, las llantas utilizadas alcanzaron hasta 1600 grados centígrados, dificultando que el fuego se extinguiera por medios mecánicos, prolongando su combustión”.

Según la PGR, esta combustión a mil 600 grados se logró con 15 llantas, ramas y botellas de plástico que los homicidas recogieron de la basura.

Sin embargo, el grupo de expertos realizó su propio peritaje, para lo cual invitó al doctor José Torero, experto en manejo de fuego y seguridad, acreditado por las universidades de Berkley, de Edimburgo, de Queensland, y reconocido por esta experiencia por la Royal Society de Escocia, y sus conclusiones fueron contundentes: “Los muchachos –destacó Francisco Cox, del GIEI– no fueron incinerados en el basurero de Cocula”.

En este sentido, los expertos indicaron que “la evidencia recolectada (hasta al momento) no permite inferir mayores conclusiones acerca de los presuntos eventos ocurridos el 27 de septiembre o su correlación con la hipótesis establecida a base de testimonios”.

La lista de pruebas que exhibe el grupo de expertos para refutar la versión del la PGR es larga: en primera instancia, los peritajes del doctor Torero demuestran que para reducir a cenizas 43 cuerpos, estando al aire libre, habrían sido requeridas no 15 llantas y algunas ramas, sino 30 mil 100 kilos de madera y 13 mil 330 kilos de neumáticos.

Además, aún si hubiese sido posible reunir todo ese material para incinerar los 43 cuerpos, la pira debía permanecer ardiendo alrededor de 60 horas, y no 16 como asegura la PGR.

Otra inconsistencia es que, según la “verdad histórica”, los sicarios estuvieron revisando de cerca la hoguera con los cuerpos, para verificar que no se apagara. Sin embargo, los expertos del GIEI concluyeron que el calor emitido por una pira de esas dimensiones no sólo habría “quemado vivo” a cualquiera que se acercara a más de 30 metros, sino que también habría provocado un incendio forestal, ya que habría quemado todo el basurero, y no sólo el área de 12 metros cuadrados en el que la Procuraduría asegura que fueron reducidos a cenizas los 43 cadáveres.

En la versión de la PGR también se afirma que la llama generada tuvo una altura de siete metros, y fue dispuesta al fondo del basurero, en una hondonada de 20 metros de profundidad, por lo cual los habitantes de Cocula no se percataron de la incineración de los cuerpos.

No obstante, según los cálculos del experto en fuego consultado por el GIEI, una llama de siete metros provocaría un penacho de humo de 300 metros de altura, el cual, de haber existido, habría sido visto por todos los habitantes de ese municipio, lo cual no ocurrió.

Así, “podemos decir que ese evento (la incineración de los 43 cuerpos en el basurero de Cocula), tal cual ha sido descrito, no pasó”, remató al respecto Carlos Beristain.

2.- El quinto autobús… 

De acuerdo con lo informado por Murillo Karam el 26 de septiembre de 2014, un grupo indeterminado de normalistas llegó a Iguala a bordo de dos autobuses. Su plan era retener más camiones de pasajeros en la caseta de peaje que se ubica poco antes de llegar a esta localidad, que serían usados la semana siguiente para trasladarse a la Ciudad de México, donde planeaban participar en la conmemoración anual de la matanza estudiantil del 2 de octubre.

Esta versión oficial señala que, además de los dos autobuses en los que arribaron, los normalistas tomaron en dicha caseta un tercer autobús, al cual se le permitió concluir su recorrido hasta la central de autobuses municipal –acompañado su chofer por un grupo reducido de estudiantes– para que así el pasaje pudiera llegar a su destino, luego de lo cual se había acordado con el conductor que emprenderían el camino hacia la normal de Ayotzinapa.

Ya en la terminal de Iguala, sin embargo, el chofer de este autobús encerró dentro de la unidad a los normalistas que llevaba a bordo, ante lo cual éstos pidieron vía telefónica el auxilio de los demás estudiantes que permanecían en la caseta de Iguala.

Estos normalistas llegaron a la central camionera municipal a bordo de los dos autobuses con los que salieron de Ayotzinapa y, según la versión oficial de la PGR, “en este lugar (la central camionera) los estudiantes se apoderan de dos autobuses más, sumando en total cuatro autobuses retenidos”.

Sin embargo, tal como comprobó el Grupo de Expertos a través de los videos de seguridad de la misma terminal de autobuses, los normalistas no se llevaron cuatro vehículos de pasajeros, sino cinco.

La existencia de este quinto autobús involucrado en el ataque contra los normalistas es importante debido a que, tal como señalan los testimonios recabados, las autoridades que persiguieron y detuvieron este camión no eran sólo policías municipales (hasta el momento las únicas autoridades cuya participación en los hechos reconoce la PGR), sino también por policías estatales y federales.

Esto quiere decir que, tal como pudo comprobar el grupo de expertos, sí hay indicios en la averiguación previa de que en los ataques contra normalistas hay responsabilidad de agentes del gobierno del estado de Guerrero y, peor aún, también de agentes del gobierno de la República.

En torno a este quinto autobús, tal como descubrió el GIEI, existen distintas anomalías en la investigación de la PGR, todas orientadas a ocultar su existencia: en primera, su confiscación por parte de los normalistas no es aceptada por las autoridades, aún cuando los mismos normalistas reconocen que capturaron este vehículo en la terminal de Iguala. Luego, la PGR terminó aceptando que este camión sí había sido confiscado por los estudiantes de Ayotzinapa, pero aseguró que inmediatamente después fue destruido por los normalistas.

Ante la presión del grupo de expertos, la PGR aceptó citar al chofer de esta unidad para que explicara qué había pasado con ella el día de los hechos, y el operador no sólo contradijo la versión de la Procuraduría (que el autobús había sido destruido inmediatamente después de salir de la terminal), sino que lanzó su propia historia: aseguró que el vehículo sí había sido confiscado por los estudiantes de Ayotzinapa y que sí salió de la terminal, pero, aclaró, debió reingresar a la central camionera porque detectaron una falla mecánica.

Sin embargo, tras revisar los videos de seguridad de la terminal, el grupo de expertos pudo concluir que los estudiantes sí se llevaron confiscados un total cinco autobuses (dos en los que llegaron de Ayotzinapa, y tres más capturados en la terminal), y que ninguno de estos vehículos regresó después.

Esta mañana, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula, el titular de la SEIDO, Felipe Muñoz, dijo que la información acerca del quinto autobús sí está en la investigación de la PGR, y que de ahí fue donde obtuvieron los datos los expertos de la CIDH,

Según los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la operación coordinada de distintos grupos policiacos, quienes persiguieron y actuaron a los normalistas en al menos nueve puntos de la ciudad, evidencia que su preocupación no era realmente que los estudiantes ingresaran a Iguala, sino que intentaran sacar los camiones recién confiscados.

Al respecto, el grupo de expertos recordó que existen antecedentes de tráfico de drogas desde Iguala hacia Estados Unidos, empleando camiones de pasajeros, en compartimientos adaptados.

Todo ello nos llevó a pensar que este bus tiene algo que ver con los hechos –señaló Carlos Beristáin, del grupo de expertos–: es un bus que no aparecía en el expediente. Luego dijeron que sí había salido (de la terminal). Después, que había sido destruido. Después, el chofer dice que no (que el autobús se descompuso), y después aparece un testimonio que refuerza la versión de los estudiantes (que involucra a agentes federales en la captura de este vehículo). Y  todo eso no había sido considerado en la investigación… obviamente hablamos con la PGR y sugerimos que se investigue esto, porque pensamos que este bus puede tener que ver con los hechos.”

La principal evidencia del involucramiento de este quinto autobús en los hechos, así como de la participación de policías federales en el ataque contra los normalistas iban a bordo de este vehículo, es el video de vigilancia captado por las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala, mismo que, tal como denunció el GIEI, se encuentra desaparecido.

3.- La presencia militar

El 27 de enero, luego de una hora de conferencia, al final de la cual incluso respondió preguntas de la prensa, el entonces procurador Murillo Karam dio por concluido el acto y emprendió la retirada. Una última pregunta, no obstante, le fue lanzada cuando ya se alejaba: “¿Y qué hay de las denuncias sobre participación del Ejército?”

Se trataba de un tema sobre el que la “verdad histórica” no se pronunciaba.

Murillo captó la pregunta y volvió sobre sus pasos para clamar, ante el micrófono, para que fuera bien escuchado: “No hay una sola evidencia de que haya intervenido el Ejército, ni una sola, las mismas declaraciones de los que hoy dicen que el Ejército fue, lo acusaban (antes) de omisión, las mismitas. No hay una sola (prueba) de la participación del Ejército, ni siquiera había un grupo ahí…”

Con esta sentencia, el entonces titular de la PGR respaldaba la versión de la Secretaría de la Defensa Nacional, según la cual los elementos del 27 Batallón de Infantería –asentado en Iguala– se mantuvieron acuartelados y ajenos a los hechos que se desarrollaron durante la noche del 26 de septiembre del año pasado.

Esto, sin embargo, es falso, tal como descubrió el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, ya que la PGR cuenta con declaraciones de agentes de inteligencia militar, quienes reconocieron haber estado en algunos de los lugares donde se desarrollaron los ataques contra los estudiantes e, incluso, que reconocen haber presenciado estos ataques, sin intervenir en auxilio de las víctimas.

Según la investigación realizada por el grupo de expertos, la PGR posee declaraciones soldados adscritos a inteligencia militar, quienes que reconocen haber estado presentes en la zona aledaña al Palacio de Justicia de Iguala, lugar donde fueron detenidos dos de los cinco camiones en los que los normalistas intentaban salir de la ciudad.

Los estudiantes de uno de estos camiones fueron arrestados y desaparecidos, mientras que los del segundo vehículo lograron huir a pie.

Según estos agentes de inteligencia militar, en la detención-desaparición de este grupo de normalistas participaron policías municipales, estatales y federales.

Aún así, la “verdad histórica” sólo involucra en los hechos a policías municipales. Nunca a policías estatales o federales, a ministeriales o a soldados.

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Cambio climático: el país que se está preparando para su posible desaparición

El cambio climático es una amenaza existencial para la pequeña nación de Tuvalu. Y sus autoridades ya se preparan para el peor de los escenarios: que todo el territorio quede sumergido.
30 de noviembre, 2021
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Piensa por un momento en tu hogar, tus raíces, el lugar que más amas en el mundo.

Y qué difícil sería siquiera imaginar que ese sitio, literalmente, desapareciera de la faz del planeta.

Para los habitantes de decenas de estados insulares se trata de un temor real.

El aumento del nivel del mar por el cambio climático ya está causando en estas islas pérdida de terrenos y escasez de agua potable.

En BBC Mundo exploramos la situación de una pequeña nación en el océano Pacífico, Tuvalu, que no solo ha venido urgiendo a los países más contaminantes a reducir drásticamente sus emisiones de gases de efecto invernadero.

Esta nación también se prepara legalmente para el peor de los escenarios: la sumersión total de su territorio.

El ministro de Justicia, Comunicaciones y Relaciones Exteriores de Tuvalu, Simon Kofe, envió un dramático mensaje a la COP26, la reciente cumbre de cambio climático en Glasgow, Escocia.

Nos estamos hundiendo, pero lo mismo le pasa a todo el mundo“, afirmó.

Con el agua hasta las rodillas, en un sitio que años atrás era un terreno seco, Kofe dejó en claro que el drama que hoy enfrenta Tuvalu es solo un presagio de los graves impactos del cambio climático que azotarán cada vez más, aunque en formas diferentes, a muchos otros países del mundo.

El nivel del mar, una amenaza existencial

Tuvalu tiene nueve pequeñas islas y está aproximadamente a 4.000 km de Australia y de Hawái. Sus vecinos más cercanos son Kiribati, Samoa y Fiyi.

“Es una nación insular de baja altitud. El punto más alto sobre el nivel del mar es de 4 metros“, explicó el ministro Kofe a BBC Mundo.

Todo el país tiene 26 kilómetros cuadrados, donde viven cerca de 12.000 personas.

Franja de territorio de Tuvalu con el océano a un lado y una laguna al otro

Getty Images
“Vivimos en franjas de tierra muy delgadas y en algunas áreas se puede ver de un lado el mar abierto y al otro una laguna”, señaló Kofe.

Al igual que Kiribati y las Maldivas, entre otros, Tuvalu es un país conformado por atolones, y por ello es especialmente vulnerable al calentamiento global.

Los territorios de estas naciones se asientan sobre arrecifes de coral en forma de anillos, completos o parciales, que rodean una laguna central.

Vivimos en franjas de tierra muy delgadas y en algunas áreas se puede ver el océano a ambos lados, de un lado el mar abierto y al otro una laguna”, señaló Kofe.

“Lo que hemos estado experimentando a lo largo de los años es que con el aumento del nivel del mar vemos la erosión de partes de la isla”.

Mapa que muestra la ubicación de Tuvalu en el Pacífico

BBC

Tuvalu viene enfrentando además ciclones más fuertes y períodos de sequías, agregó el ministro. Y la mayor temperatura del océano ha blanqueado arrecifes de coral, vitales para la protección costera y la reproducción de peces.

Pero hay otro problema aún más acuciante: la intrusión de aguas oceánicas.

El mar y su impacto en el agua potable

El agua del océano se está filtrando bajo el suelo en ciertas áreas y esto afecta los acuíferos, explicó Kofe.

“El agua potable la obtenemos normalmente de la lluvia, pero en algunas islas solían también cavar pozos para acceder al agua subterránea.

“Hoy eso no es posible debido a la intrusión de agua de mar, por lo que básicamente dependemos solo del agua de lluvia”.

Palmeras caídas por la erosión del suelo en la costa

Getty Images
El océano ha ido ganando terreno y algunos árboles ya no tienen donde afirmar sus raíces.

La penetración de agua salina también inutilizó terrenos para agricultura. El gobierno de Taiwán financia y administra actualmente en Tuvalu un proyecto experimental para producir alimentos en condiciones controladas.

“La salinidad en la arena hace que sea muy difícil para nosotros cultivar nuestros alimentos y dependemos cada vez más de los productos importados“, afirmó Kofe.

“El proyecto del gobierno taiwanés tuvo que importar el suelo y el fertilizante”.

Joven examinando papayas en la granja Fatoaga Fiafia

Getty Images
Taiwán financia en Tuvalu la granja Fatoaga Fiafia para cultivar alimentos en condiciones controladas. Hubo que importar la tierra debido a la salinidad del suelo.

La lucha de los países insulares

Los estados insulares como Tuvalu han reclamado durante más de 30 años acciones climáticas concretas a nivel global.

En 1990, naciones insulares del Pacífico formaron una alianza diplomática con otras del Caribe, como Antigua y Barbuda, y del océano Índico, como las Maldivas. El objetivo era crear un frente común en las negociaciones sobre cambio climático.

La Alianza de Pequeños Países Insulares, Aosis por sus siglas en inglés, tiene hoy 39 miembros y ha jugado un papel clave en visibilizar el grave impacto del calentamiento global en los países en desarrollo.

Maestra corrigiendo el trabajo de un niño en una escuela en Tuvalu

Getty Images
Una escuela en Tuvalu. Las naciones insulares vienen luchando por su futuro ante el cambio climático hace más de 30 años.

La insistencia de Aosis fue crucial, por ejemplo, para que se incluyera en el Acuerdo de París en 2015 una referencia a la importancia de hacer frente a los llamados “daños y pérdidas”, las compensaciones por perjuicios climáticos irreversibles a los que no es posible adaptarse.

En un mensaje a la COP26, el actual presidente de Aosis, el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, recordó que “la contribución de los pequeños estados insulares en desarrollo a las emisiones globales de CO2 es menos del 1%“.

“Nuestros países son los menos responsables del daño ambiental a nivel mundial”, agregó Browne.

“Pero nosotros pagamos el precio más alto“.

Ese precio ha quedado cada vez más claro gracias a múltiples estudios científicos.

Qué dicen los científicos

El Panel Intergubernamental de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés, señaló en su informe del 9 de agosto de este año que la tasa anual de aumento del nivel del mar a nivel global se triplicó entre 1901 y 2018, situándose actualmente en 3,7 mm por año.

Sin embargo, “la situación es peor en la región de las islas del Pacífico“, señaló a BBC Mundo desde las Islas Salomón el Dr. Morgan Wairiu, experto en cambio climático y coordinador y autor principal del capítulo sobre pequeñas islas del informe del IPCC.

“En el Pacífico sur, el aumento promedio regional del nivel del mar fue de 5 a 11 mm por año en el período de 1900 a 2018″.

SI bien no hay datos específicos sobre Tuvalu, en el caso de los atolones de las Maldivas las reservas de agua dulce se redujeron entre un 11% y un 36% debido al aumento en el nivel del mar, agregó el experto.

Una mujer extrae agua de un tanque de almacenamiento

Getty Images
La intrusión del mar está afectando las reservas de agua potable.

Se proyecta que aún un aumento del mar de un metro impactará la biodiversidad terrestre de las islas y áreas costeras de baja altitud tanto en forma directa (por la pérdida de hábitat por sumersión), como indirecta (por intrusión de agua salina, salinización de manglares costeros y erosión del suelo).

El IPCC predice en su informe un aumento promedio global del nivel del mar de poco más de un metro para 2100 en un escenario de emisiones altas, pero también advierte: “un aumento cercano a 2 metros para 2100 y 5 metros para 2150 en un escenario de emisiones muy altas de gases de invernadero no puede ser descartado debido a la profunda incertidumbre de los procesos de las capas de hielo”, una referencia al derretimiento del hielo en Groenlandia y la península Antártica.

Un niño camina sobre bolsas de arena apiladas para aminorar el avance del mar

Getty Images
Con bolsas de arena Tuvalu intenta aminorar el avance del mar.

El Dr. Wairiu señaló que el estrés hídrico en las islas pequeñas del Pacífico será 25% menor con un calentamiento de 1,5 °C, en comparación con un aumento de temperatura de 2 °C.

El experto resumió así el principal riesgo para las pequeñas islas del Pacífico:

“La acumulación y amplificación de riesgo a través de efectos en cascada en ecosistemas y los servicios que aportan, probablemente reducirá la habitabilidad de algunas islas pequeñas”.

Un estudio de 2018 realizado por científicos en Estados Unidos y Países Bajos, entre otros, señaló que “la mayoría de las naciones de atolones serán inhabitables para mediados de este siglo“.

La razón es que “el aumento del nivel del mar exacerbará las inundaciones por olas marinas”.

Una situación legal sin precedentes

Ante la realidad contundente del cambio climático y la falta de acciones drásticas a nivel global, Tuvalu procura otras vías de cara al futuro.

“El peor de los escenarios es, obviamente, que nos veamos obligados a reubicarnos y nuestras islas estén completamente sumergidas bajo el océano”, señaló Kofe a BBC Mundo.

“Y según el derecho internacional, en este momento un país solo puede tener una zona marítima si posee un territorio terrestre del que trazarla”.

Funafuti, la capital de Tuvalu. El gobierno quiere seguir teniendo acceso a su zona marítima aún si todo el territorio queda sumergido.

Getty Images
Funafuti, la capital de Tuvalu. La nación quiere tener acceso a su zona marítima aún si todo el territorio queda sumergido.

“Las normas internacionales en este momento no están a favor de países como nosotros si desaparecemos, porque es un área totalmente nueva del derecho internacional, nunca hemos visto un país desaparecer debido al cambio climático”.

Tuvalu explora actualmente avenidas legales para que se acepte a nivel internacional que aún si el país desaparece, siga siendo reconocido como Estado y tenga acceso a los recursos de su zona marítima, según explicó Kofe.

“Hay muchos enfoques que estamos viendo y uno es reinterpretar algunas de las leyes internacionales existentes a favor de la proposición de que las zonas marítimas son permanentes y que nuestro Estado también es permanente… Queremos que más países reconozcan esto.

“Y a nivel nacional, en nuestra política exterior, si un país desea establecer relaciones diplomáticas con Tuvalu, una de las condiciones que ponemos es que reconozca que nuestra condición de Estado es permanente y que nuestros reclamos sobre nuestras zonas marítimas también lo son”.

A diferencia de Kiribati, Tuvalu no ha comprado tierras en Fiyi, aunque Kofe señaló que este país “hizo un anuncio público de que ofrecerían tierras a Tuvalu si nos sumergimos en el futuro”.

El ministro prefiere no enfocarse en una posible reubicación.

“No hemos identificado los países a los que nos gustaría mudarnos, porque también somos conscientes de que la reubicación puede usarse como una excusa por algunos de los países más grandes que pueden decir: ‘les damos tierras para que se muden y nosotros seguimos con nuestras emisiones de gases de efecto invernadero'”.

“Para nosotros la reubicación es un último recurso”.

La batalla legal por compensación

Tuvalu también busca lograr algo que los países en desarrollo piden a viva voz y los países ricos se han negado a conceder: compensación por “daños y pérdidas” causados por el cambio climático.

Junto al gobierno de Antigua y Barbuda, Tuvalu acaba de registrar una nueva comisión ante Naciones Unidas.

“Una de las ideas detrás de la creación de esta comisión es que a través de ella tengamos acceso al Tribunal Internacional del Derecho del Mar y podamos pedirle una opinión consultiva sobre daños y pérdidas”, señaló Kofe.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, tiene el mandato de resolver las disputas relacionadas con la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.

Los países de la Unión Europea y otras 167 naciones ratificaron esta convención. Y si bien Estados Unidos no es una de ellas, algunos de los países que más emiten gases de invernadero como China e India sí han ratificado el acuerdo.

Simon Kofe en una reunión de trabajo en Tuvalu

Min. de Relaciones Exteriores de Tuvalu
Simon Kofe (en el centro en la imagen), señaló que su país busca vías alternativas en el derecho internacional para obtener compensación.

La nueva comisión de Tuvalu y Antigua y Barbuda pedirá a los jueces del tribunal una opinión consultiva sobre si pueden reclamar compensación de países que han calentado el océano a través de sus emisiones, según señaló a la prensa Payam Akhavan, abogado que representa a ambas naciones.

Si la opinión del tribunal es favorable,los países insulares podrán plantear demandas de indemnización ante el mismo tribunal u otras cortes internacionales o nacionales, agregó.

En el caso de la nación caribeña de Antigua y Barbuda la mayor amenaza no es el aumento del nivel del mar, sino los eventos climáticos extremos cada vez más intensos y frecuentes.

El huracán Irma devastó en 2017 la isla de Barbuda, la segunda más grande del archipiélago, y fue necesario mudar temporariamente a toda la población local, unas 1.600 personas, a la isla principal, Antigua.

Barbuda fue “arrasada” por el huracán Irma y Tuvalu “literalmente va a desaparecer”, afirmó Akhavan. “¿Cómo se compensa a una nación entera por la pérdida de su territorio?”.

Para el abogado, ambas naciones insulares “están cansadas de palabras vacías y compromisos vagos y ahora quieren usar el derecho internacional para replantear todo el tema del cambio climático”.

En 2009, los países ricos prometieron dar a las naciones en desarrollo US$100 mil millones anuales a partir de 2020 para ayudar en su transición a economías de bajo carbono y adaptación al cambio climático. Sin embargo, durante la COP26, tanto el gobierno británico como el enviado de Estados Unidos, John Kerry, dijeron que es probable que esa meta se cumpla solo en 2023.

“Es devastador”

En su mensaje final ante la COP26, la ministra de Medio Ambiente de las Maldivas, Aminath Shauna, señaló que la diferencia entre “un aumento de temperatura del planeta de 1,5 grados y 2 grados para nosotros es una sentencia de muerte”.

Aún después de la COP26, un estudio estimó que el planeta va camino a un calentamiento catastrófico de al menos 2,4 grados para fin de siglo.

Una mujer con una niña en brazos en Tuvalu

Getty Images
“Es devastador para cualquiera tener la idea de que su casa podría ser arrasada en los próximos años. La idea de que sus hijos y nietos tal vez no tengan un lugar donde vivir”.

Para los habitantes de Tuvalu, la probabilidad de acabar como refugiados climáticos aumenta con cada año de inacción a nivel global.

Es devastador para cualquiera tener la idea de que su casa podría ser arrasada en los próximos años. La idea de que sus hijos y nietos tal vez no tengan un lugar donde vivir”, reflexionó Simon Kofe.

“Es triste, y si hablas con muchas personas en Tuvalu tienen lazos muy fuertes con la tierra, la cultura y la historia que tenemos aquí en estas islas. Es muy difícil siquiera pensar en dejar Tuvalu en el futuro”.

¿Qué siente a nivel personal Kofe, un ministro de 37 años con la enorme responsabilidad de luchar por la supervivencia de su país, aunque esta dependa en gran medida no de Tuvalu sino de lo que hagan los países con mayores emisiones?

“Reconozco que es una tarea muy difícil la que tenemos como líderes en países como Tuvalu. Pero mi enfoque siempre ha sido no invertir demasiado de mi mente en cosas que no puedo controlar”, le dijo Kofe a BBC Mundo.

“Continuaremos abogando y urgiendo a otros países a cambiar de rumbo y reducir sus emisiones. Pero también tenemos que ser proactivos a nivel nacional.

“Esa es en parte la razón por la que estamos preparándonos para el peor de los escenarios posibles.

“Así que tenemos dos enfoques, uno es continuar la acción a nivel internacional, y por otro lado hacer nuestra parte a nivel nacional. Creo que eso es todo lo que puedes hacer. No estoy seguro de que pueda hacer nada más que eso”.


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