3 descubrimientos clave de los expertos independientes vs. la "verdad histórica" de la PGR
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Cuartoscuro

3 descubrimientos clave de los expertos independientes vs. la "verdad histórica" de la PGR

Cuartoscuro
Por Paris Martínez
7 de septiembre, 2015
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Padres y familiares de los normalistas de Ayotzinapa estuvieron presentes en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. // Foto: Nayeli Roldán.

Padres y familiares de los normalistas de Ayotzinapa estuvieron presentes en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. // Foto: Nayeli Roldán.

El pasado 27 de enero, el entonces procurador Jesús Murillo Karam presentó lo qué él mismo bautizó como la “verdad histórica” de los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, que dejaron como saldo 43 normalistas desaparecidos, seis personas asesinadas y 40 más heridas.

Según esa “verdad histórica” –soportada en cientos de testimonios, confesiones y pruebas científicas realizadas por la PGR, de acuerdo con el funcionario–, “los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados (en el basurero municipal de Cocula) y arrojados al río San Juan, en ese orden”.

Para el entonces procurador, las evidencias con las que contaban las autoridades para sustentar dicha hipótesis eran de “una contundencia suficiente para poder consignar a los culpables”, y remató: “quien quiera dudar de eso, en vez de ser coadyuvantes del Ministerio Público debería ser coadyuvante de la defensa”.

Ocho meses después, sin embargo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para analizar los hechos ocurridos en Iguala, no sólo puso en duda las conclusiones de la autoridad, sino que demostró su falsedad con pruebas científicas.

A continuación, presentamos los puntos clave de la “verdad histórica” presentada por la PGR el 27 de enero de 2015, y las refutaciones expuestas ayer por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, al hacer público su primer informe de labores, a seis meses de haber iniciado sus investigaciones en México.

1.- El fuego imposible

Según la “verdad histórica” de la PGR, los policías de Iguala detuvieron a los 43 normalistas en la calle Juan N. Álvarez, y luego los entregaron a policías municipales de Cocula que, a su vez, los entregaron a una célula del cártel conocido como Guerreros Unidos.

Basándose en declaraciones y peritajes realizados por su propio personal, la PGR concluyó que esta célula de sicarios trasladó a los normalistas hasta el basurero municipal de Cocula, donde los asesinaron e incineraron, hasta convertirlos en cenizas, en un lapso de 16 horas.

Tal como reveló Murillo Karam en enero pasado, en ese lugar fueron encontrados “residuos de diesel y gasolina en el suelo, tres zonas con ceniza, rocas con impacto térmico, (se encontró) el punto de origen del incendio, residuos diversos con alto grado de deterioro por el fuego, (como) aluminio fundido por la exposición al calor intenso, fragmentos de llantas con huellas de carbonización, así como residuos característicos de neumáticos, afectación del fuego sobre diversos restos humanos; así como un dictamen biológico que indica que las plantas fueron afectadas por el calor en la zona”.

El entonces titular de la PGR incluso entró en detalles sobre la mecánica de la incineración, basándose en los peritajes realizados por la Procuraduría: “Una vez alcanzada la ignición –aseguró–, las llantas utilizadas alcanzaron hasta 1600 grados centígrados, dificultando que el fuego se extinguiera por medios mecánicos, prolongando su combustión”.

Según la PGR, esta combustión a mil 600 grados se logró con 15 llantas, ramas y botellas de plástico que los homicidas recogieron de la basura.

Sin embargo, el grupo de expertos realizó su propio peritaje, para lo cual invitó al doctor José Torero, experto en manejo de fuego y seguridad, acreditado por las universidades de Berkley, de Edimburgo, de Queensland, y reconocido por esta experiencia por la Royal Society de Escocia, y sus conclusiones fueron contundentes: “Los muchachos –destacó Francisco Cox, del GIEI– no fueron incinerados en el basurero de Cocula”.

En este sentido, los expertos indicaron que “la evidencia recolectada (hasta al momento) no permite inferir mayores conclusiones acerca de los presuntos eventos ocurridos el 27 de septiembre o su correlación con la hipótesis establecida a base de testimonios”.

La lista de pruebas que exhibe el grupo de expertos para refutar la versión del la PGR es larga: en primera instancia, los peritajes del doctor Torero demuestran que para reducir a cenizas 43 cuerpos, estando al aire libre, habrían sido requeridas no 15 llantas y algunas ramas, sino 30 mil 100 kilos de madera y 13 mil 330 kilos de neumáticos.

Además, aún si hubiese sido posible reunir todo ese material para incinerar los 43 cuerpos, la pira debía permanecer ardiendo alrededor de 60 horas, y no 16 como asegura la PGR.

Otra inconsistencia es que, según la “verdad histórica”, los sicarios estuvieron revisando de cerca la hoguera con los cuerpos, para verificar que no se apagara. Sin embargo, los expertos del GIEI concluyeron que el calor emitido por una pira de esas dimensiones no sólo habría “quemado vivo” a cualquiera que se acercara a más de 30 metros, sino que también habría provocado un incendio forestal, ya que habría quemado todo el basurero, y no sólo el área de 12 metros cuadrados en el que la Procuraduría asegura que fueron reducidos a cenizas los 43 cadáveres.

En la versión de la PGR también se afirma que la llama generada tuvo una altura de siete metros, y fue dispuesta al fondo del basurero, en una hondonada de 20 metros de profundidad, por lo cual los habitantes de Cocula no se percataron de la incineración de los cuerpos.

No obstante, según los cálculos del experto en fuego consultado por el GIEI, una llama de siete metros provocaría un penacho de humo de 300 metros de altura, el cual, de haber existido, habría sido visto por todos los habitantes de ese municipio, lo cual no ocurrió.

Así, “podemos decir que ese evento (la incineración de los 43 cuerpos en el basurero de Cocula), tal cual ha sido descrito, no pasó”, remató al respecto Carlos Beristain.

2.- El quinto autobús… 

De acuerdo con lo informado por Murillo Karam el 26 de septiembre de 2014, un grupo indeterminado de normalistas llegó a Iguala a bordo de dos autobuses. Su plan era retener más camiones de pasajeros en la caseta de peaje que se ubica poco antes de llegar a esta localidad, que serían usados la semana siguiente para trasladarse a la Ciudad de México, donde planeaban participar en la conmemoración anual de la matanza estudiantil del 2 de octubre.

Esta versión oficial señala que, además de los dos autobuses en los que arribaron, los normalistas tomaron en dicha caseta un tercer autobús, al cual se le permitió concluir su recorrido hasta la central de autobuses municipal –acompañado su chofer por un grupo reducido de estudiantes– para que así el pasaje pudiera llegar a su destino, luego de lo cual se había acordado con el conductor que emprenderían el camino hacia la normal de Ayotzinapa.

Ya en la terminal de Iguala, sin embargo, el chofer de este autobús encerró dentro de la unidad a los normalistas que llevaba a bordo, ante lo cual éstos pidieron vía telefónica el auxilio de los demás estudiantes que permanecían en la caseta de Iguala.

Estos normalistas llegaron a la central camionera municipal a bordo de los dos autobuses con los que salieron de Ayotzinapa y, según la versión oficial de la PGR, “en este lugar (la central camionera) los estudiantes se apoderan de dos autobuses más, sumando en total cuatro autobuses retenidos”.

Sin embargo, tal como comprobó el Grupo de Expertos a través de los videos de seguridad de la misma terminal de autobuses, los normalistas no se llevaron cuatro vehículos de pasajeros, sino cinco.

La existencia de este quinto autobús involucrado en el ataque contra los normalistas es importante debido a que, tal como señalan los testimonios recabados, las autoridades que persiguieron y detuvieron este camión no eran sólo policías municipales (hasta el momento las únicas autoridades cuya participación en los hechos reconoce la PGR), sino también por policías estatales y federales.

Esto quiere decir que, tal como pudo comprobar el grupo de expertos, sí hay indicios en la averiguación previa de que en los ataques contra normalistas hay responsabilidad de agentes del gobierno del estado de Guerrero y, peor aún, también de agentes del gobierno de la República.

En torno a este quinto autobús, tal como descubrió el GIEI, existen distintas anomalías en la investigación de la PGR, todas orientadas a ocultar su existencia: en primera, su confiscación por parte de los normalistas no es aceptada por las autoridades, aún cuando los mismos normalistas reconocen que capturaron este vehículo en la terminal de Iguala. Luego, la PGR terminó aceptando que este camión sí había sido confiscado por los estudiantes de Ayotzinapa, pero aseguró que inmediatamente después fue destruido por los normalistas.

Ante la presión del grupo de expertos, la PGR aceptó citar al chofer de esta unidad para que explicara qué había pasado con ella el día de los hechos, y el operador no sólo contradijo la versión de la Procuraduría (que el autobús había sido destruido inmediatamente después de salir de la terminal), sino que lanzó su propia historia: aseguró que el vehículo sí había sido confiscado por los estudiantes de Ayotzinapa y que sí salió de la terminal, pero, aclaró, debió reingresar a la central camionera porque detectaron una falla mecánica.

Sin embargo, tras revisar los videos de seguridad de la terminal, el grupo de expertos pudo concluir que los estudiantes sí se llevaron confiscados un total cinco autobuses (dos en los que llegaron de Ayotzinapa, y tres más capturados en la terminal), y que ninguno de estos vehículos regresó después.

Esta mañana, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula, el titular de la SEIDO, Felipe Muñoz, dijo que la información acerca del quinto autobús sí está en la investigación de la PGR, y que de ahí fue donde obtuvieron los datos los expertos de la CIDH,

Según los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la operación coordinada de distintos grupos policiacos, quienes persiguieron y actuaron a los normalistas en al menos nueve puntos de la ciudad, evidencia que su preocupación no era realmente que los estudiantes ingresaran a Iguala, sino que intentaran sacar los camiones recién confiscados.

Al respecto, el grupo de expertos recordó que existen antecedentes de tráfico de drogas desde Iguala hacia Estados Unidos, empleando camiones de pasajeros, en compartimientos adaptados.

Todo ello nos llevó a pensar que este bus tiene algo que ver con los hechos –señaló Carlos Beristáin, del grupo de expertos–: es un bus que no aparecía en el expediente. Luego dijeron que sí había salido (de la terminal). Después, que había sido destruido. Después, el chofer dice que no (que el autobús se descompuso), y después aparece un testimonio que refuerza la versión de los estudiantes (que involucra a agentes federales en la captura de este vehículo). Y  todo eso no había sido considerado en la investigación… obviamente hablamos con la PGR y sugerimos que se investigue esto, porque pensamos que este bus puede tener que ver con los hechos.”

La principal evidencia del involucramiento de este quinto autobús en los hechos, así como de la participación de policías federales en el ataque contra los normalistas iban a bordo de este vehículo, es el video de vigilancia captado por las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala, mismo que, tal como denunció el GIEI, se encuentra desaparecido.

3.- La presencia militar

El 27 de enero, luego de una hora de conferencia, al final de la cual incluso respondió preguntas de la prensa, el entonces procurador Murillo Karam dio por concluido el acto y emprendió la retirada. Una última pregunta, no obstante, le fue lanzada cuando ya se alejaba: “¿Y qué hay de las denuncias sobre participación del Ejército?”

Se trataba de un tema sobre el que la “verdad histórica” no se pronunciaba.

Murillo captó la pregunta y volvió sobre sus pasos para clamar, ante el micrófono, para que fuera bien escuchado: “No hay una sola evidencia de que haya intervenido el Ejército, ni una sola, las mismas declaraciones de los que hoy dicen que el Ejército fue, lo acusaban (antes) de omisión, las mismitas. No hay una sola (prueba) de la participación del Ejército, ni siquiera había un grupo ahí…”

Con esta sentencia, el entonces titular de la PGR respaldaba la versión de la Secretaría de la Defensa Nacional, según la cual los elementos del 27 Batallón de Infantería –asentado en Iguala– se mantuvieron acuartelados y ajenos a los hechos que se desarrollaron durante la noche del 26 de septiembre del año pasado.

Esto, sin embargo, es falso, tal como descubrió el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, ya que la PGR cuenta con declaraciones de agentes de inteligencia militar, quienes reconocieron haber estado en algunos de los lugares donde se desarrollaron los ataques contra los estudiantes e, incluso, que reconocen haber presenciado estos ataques, sin intervenir en auxilio de las víctimas.

Según la investigación realizada por el grupo de expertos, la PGR posee declaraciones soldados adscritos a inteligencia militar, quienes que reconocen haber estado presentes en la zona aledaña al Palacio de Justicia de Iguala, lugar donde fueron detenidos dos de los cinco camiones en los que los normalistas intentaban salir de la ciudad.

Los estudiantes de uno de estos camiones fueron arrestados y desaparecidos, mientras que los del segundo vehículo lograron huir a pie.

Según estos agentes de inteligencia militar, en la detención-desaparición de este grupo de normalistas participaron policías municipales, estatales y federales.

Aún así, la “verdad histórica” sólo involucra en los hechos a policías municipales. Nunca a policías estatales o federales, a ministeriales o a soldados.

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Jurado acusa a dos hombres por tráfico de personas y muerte de migrantes hallados en camión en Texas

Homero Zamorano y Christian Martínez enfrentarán una condena que puede llegar a ser la pena de muerte.
21 de julio, 2022
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Dos hombres fueron acusados por el tráfico y la muerte de 53 migrantes en Texas, informó este miércoles el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Un gran jurado federal en la ciudad de San Antonio acusó formalmente a Homero Zamorano y a Christian Martínez, ambos texanos, de cuatro cargos:

  • conspiración para transportar migrantes de forma ilegal con resultado de muerte,
  • transporte de extranjeros de forma ilegal con resultado de muerte,
  • conspiración para transportar migrantes de forma ilegal que resultó en lesiones graves y puso vidas en peligro,
  • transporte de extranjeros de forma ilegal que resultó en lesiones graves y puso vidas en peligro.
El conductor del tráiler con migrantes muertos

Reuters
Homero Zamorano ha sido acusado por la muerte de los 53 migrantes en San Antonio.

La pena máxima por estos cargos es la cadena perpetua o la pena de muerte, algo que analizará el fiscal general antes de pedir la condena en los próximos días.

Un juez federal determinará luego la sentencia.

Una tragedia

El incidente en San Antonio, ocurrido el pasado 27 de junio, es el caso de tráfico de personas más mortífero en la historia reciente de EE.UU.

“Un trabajador de uno de los edificios aquí atrás escuchó un grito de ayuda. Salió a investigar, encontró un remolque con las puertas entreabiertas, las abrió para mirar y encontró varias personas fallecidas adentro”, narró entonces el jefe de la Policía de San Antonio, William McManus.

Además de los 50 adultos y tres menores de edad que murieron, 10 adultos y un menor resultaron heridos.

Entre las víctimas había mexicanos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños.

Muerte por calor

Zamorano, de 46 años, conducía el camión y fue captado por las cámaras en un punto de inspección del servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., aunque en ese momento no fue detenido.

Horas después, cuando ocurrió el hallazgo de los migrantes, Zamorano “fue encontrado escondido en la maleza después de intentar fugarse”, según la investigación del Departamento de Justicia.

En un principio, los servicios de emergencia le prestaron ayuda, pero luego fue detenido por la policía de San Antonio.

La policía investiga un camión en el que fueron hallados decenas de migrantes muertos

Getty Images
San Antonio queda aproxidamente a 250 km de la frontera con México.

Martínez, de 28 años, fue identificado en comunicaciones con Zamorano en las que hablaban sobre la operación de tráfico de personas.

Dos mexicanos, Juan Claudio D’Luna Méndez y Juan Francisco D’Luna Bilbao, también estaban siendo procesados bajo distintos cargos por su posible participación en el fatal incidente, aunque de momento no fueron incluidos en la acusación formal.

El jefe del Departamento de Bomberos de San Antonio, Charles Hood, dijo a fines de junio que las personas murieron de agotamiento y exceso de calor dentro del camión, que no tenía aire acondicionado.

Las víctimas estaban “calientes al tacto”.

La investigación reveló que, aparentemente, Zamorano no sabía que el aire acondicionado del tráiler no funcionaba.

Los migrantes estaban en el vehículo con mínima ventilación en un día que rozó los 40 °C a la sombra.

Rutas peligrosas

El vehículo fue encontrado en una zona de poco tránsito, cerca de una vía de tren en el suroeste de San Antonio, que queda a unos 250 kilómetros de la frontera entre EE.UU. y México.

Zamorano había tomado la ruta que va desde Laredo, en la frontera de México y Texas, hasta San Antonio.

Mapa del sitio de incidente

BBC

La inmigración es un tema político polémico en EE.UU., donde el año pasado se detuvo a un número récord de inmigrantes indocumentados que cruzaban al país desde México, muchos de ellos viajando por rutas extremadamente peligrosas e inseguras.

Huyendo de la pobreza y la violencia en América Central, muchos de los inmigrantes indocumentados terminan pagando enormes sumas de dinero en efectivo a traficantes de personas para cruzar la frontera.

En los últimos años ha habido muchos ejemplos similares de migrantes que fallecieron durante su viaje, pero ninguno tan mortal como el de San Antonio.

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, culpó al presidente estadounidense, Joe Biden, del Partido Demócrata, por las muertes y las describió como “resultado de sus letales políticas de fronteras abiertas”.

Beto O’Rourke, el candidato demócrata que compite contra Abbott en las elecciones de noviembre, dijo que los informes eran devastadores y pidió una acción urgente para “desmantelar las redes de contrabando de personas y reemplazarlas con vías ampliadas para la migración legal”.


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