Visita del Papa Francisco a Cuba: cómo atravesó la Iglesia católica los años más radicales de la revolución
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Visita del Papa Francisco a Cuba: cómo atravesó la Iglesia católica los años más radicales de la revolución

Cuando en 1959 Fidel y los suyos ingresaron triunfantes en La Habana, las imágenes de iglesias incendiadas y católicos perseguidos en la España de la Segunda República se instalaron en la mente de algunos creyentes en la isla.
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Por BBC Mundo
20 de septiembre, 2015
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En esta imagen del 10 de mayo de 2015, el papa Francisco se reúne con el presidente cubano, Raúl Castro. // Foto: AP.

En esta imagen del 10 de mayo de 2015, el papa Francisco se reúne con el presidente cubano, Raúl Castro. // Foto: AP.

Para la Iglesia católica cubana, sobrevivir a los años más radicales de la revolución fue como cruzar el desierto.

Cuando en 1959 Fidel y los suyos ingresaron triunfantes en La Habana, las imágenes de iglesias incendiadas y católicos perseguidos en la España de la Segunda República se instalaron en la mente de algunos creyentes en la isla.

Con menor o mayor identificación con el castrismo, los religiosos que conversaron con BBC Mundo coinciden en que ese fue el antecedente inicial de la accidentada relación entre la revolución y los católicos cubanos.

Relación que ahora todos los actores involucrados califican como “saludable”.

No por nada Cuba es el único país, junto con Brasil, en ser visitado por los tres últimos Papas.

A horas de la tercera llegada de un máximo representante de la Santa Sede a La Habana en menos de 18 años, te contamos cómo fue el “vía crucis” de los católicos en la Cuba de los Castro.

El temor en los “años grises”

Si bien la Revolución cubana no tenía al católicismo entre sus objetivos políticos, el rumbo socialista tomado en los primeros años de la década del 60 tensó la relación con todo el mundo religioso.

Tensión que duraría más de dos décadas, hasta los últimos años de los 80 y que tendría uno de sus momentos más significativos en 1976, cuando la Constitución cubana declaró el carácter ateo de la isla.

El texto constitucional de ese año declaraba al Estado cubano como: “socialista, que basa su actividad y educa al pueblo en la concepción científica materialista del universo”.

“La presencia de la iglesia fue difícil en los años más grises. Los primeros años de la Revolución fueron de confrontación y desconfianza”, resume el obispo cubano José Conrado, un sacerdote reconocido por sus críticas al gobierno de la isla.

El religioso recuerda que la iglesia Católica “quedó reducida al mínimo”.

“Laicos y curas abandonaron el país. La iglesia española hizo un gran llamado por temor a una ola de persecuciones y la posible prohibición de la religión”, explicó.

Conrado, en entrevista con BBC Mundo, recordó que en sus primeros años de cura le tocó ser el párroco en poblaciones de 80 o 90 mil personas “donde apenas cuatro niños asistían a la catequesis”.

“No teníamos ni 100 personas en las iglesias”, recuerda el obispo.

Frei Betto, un religioso mucho más cercano a Fidel Castro y a la revolución, señala que todos los temores de esos años eran infundados y obedecían a influencias extranjeras.

Fue la influencia franquista del catolicismo español en Cuba la que hizo que muchos católicos quedaran en contra del carácter socialista de la Revolución y de la influencia soviética. Sin embargo, ningún padre o pastor ha sido fusilado y ningún templo cerrado”, dijo el conocido teólogo de la liberación a BBC Mundo.

Fidel Castro, muchos años después, le explicaría a Frei Betto por qué se había establecido el ateísmo como política estatal en la isla.

“Lo que nosotros estábamos exigiendo era la adhesión plena al marxismo-leninismo. Se suponía que cualquier persona que se uniera al partido aceptaría la política del partido y de la doctrina en todos los aspectos”, le explicó el comandante cubano al teólogo brasileño en el libro “Fidel y la religión”, publicado en 1985.

Ser católico en 1970

Mercedes tiene 72 años y trabajó como contadora hasta jubilarse.

Ahora atiende una sala pastoral y es activa participante de la Iglesia católica cubana, pero de adolescente “pasó mucho trabajo”.

“Fui requerida muchas veces por ser católica, al extremo que decidí dejar la universidad. Era angustiante. Cada vez que pasaba algo sospechaban de los católicos”, dice Mercedes a BBC Mundo, mientras aclara que jamás participó en ninguna actividad en contra de la revolución.

“Simplemente defendía mi fe”, señala.

En las plazas e iglesias de La Habana no es difícil encontrar cubanos como Mercedes, dispuestos a contar historias de los años de radicalidad e intolerancia de la revolución.

No sólo contra los católicos, también contra homosexuales y otros grupos.

El obispo habanero Juan de Dios Hernández calificó la relación de la iglesia Católica con el gobierno cubano en los 60 y 70 como “desfavorable” e “inclusive hóstil“.

“El nudo del conflicto partió de una incomprensión de lo que significaba la iglesia y también la influencia de factores externos como el bloqueo o la crisis de los misiles de octubre (1962). Todo eso creó un clima desfavorable, hóstil inclusive”, señaló el religiosos que es colaborador del cardenal cubano Jaime Ortega.

En 1971, la Arquidiócesis de La Habana reportó que sólo se registraron 7.000 bautismos en toda la capital cubana, según el libro “Despertar religioso” de Enrique Pérez Oliva.

La misma investigación señala que esa cifra se multiplicó cuatro veces en 1989, cuando la isla ya atravesaba el llamado proceso de apertura a la religiosidad cubana.

Estudios como el Reporte Internacional de Libertad Religiosa y la encuesta anual del Pew Research Center señalan que entre el 59 y el 63% de los cubanos se identifican como cristianos.

El anuario estadístico del Vaticano señala que en Cuba, un país de más de once millones de habitantes, el 59,66% son católicos.

En el reporte de 2001 los católicos eran el 55,26% y en el de 1990 el 41,21%.

El “largo proceso” y el “periodo especial”

“Los momentos difíciles cada vez se han vuelto menos. El Estado cubano aprendió lenta y gradualmente el rol de la iglesia de sembrar a Jesucristo en el corazón de las personas que se presten a ello”, señala el obispo Hernández.

Al igual que él, y a pesar de sus diferencias, José Conrado y Frei Betto calificaron el paso de los “años grises” al presente como “un largo proceso”.

Más de cuatro décadas después de aquellos tiempos en los que sólo cuatro niños iban a la catequesis, Conrado señala que “la supervivencia de la iglesia Católica en Cuba fue heróica”.

“En 1992 nos lanzamos a la calle, a reencontrarnos y conversar puerta a puerta. Se cumplían los 500 años de la evangelización”, recordó.

No sólo eso. 1992 también fue el año en el que Cuba modificó su Constitución ydejó el ateísmo como política oficial para convertirse en un Estado secular.

Además, el “periodo especial” de escasez y limitaciones después de la caída del bloque soviético se encontraba en uno de sus momentos más críticos.

Conrado recuerda que el papel de las iglesias fue muy importante en aquellos momentos.

“Recuperamos la presencia en el campo, volvieron las multitudes. Era un momento muy difícil en el que faltaban muchas cosas y la iglesia colaboró mucho para atravesarlo”.

A la hora del balance, Frei Betto afirma que el cambio fue “bastante” desde los primeros años de la revolución hasta el presente.

“Cambió mucho, sobre todo en cuanto a las liberdades religiosas. Con la caída del Muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, Cuba se volvió más cubana, reasumiendo su identidad martiana, cristiana, de sincretismo religioso. Fidel estuvo de acuerdo y se cambió la Constitucion del país y los estatutos del Partido Comunista, ahora ambos oficialmente laicos. El pueblo de Cuba es esencialmente religioso, cristiano sin ser mayoritariamente católico y recibe a los Papas con mucho entusiasmo“, concluyó.

Así fue la “vía crucis” de los católicos en Cuba.

Desde los años de temores, controles a los universitarios, materialismo científico, poca presencia en las parroquias y la escasez del periodo especial hasta la visita de Francisco que empieza el sábado pareciera que ya cruzaron el desierto.

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Cuartoscuro

Retiran cargos de corrupción a Maru Campos y le limpian el camino para asumir gubernatura de Chihuahua

El próximo 7 de septiembre, un día antes de que rinda protesta como gobernadora de Chihuahua, Campos Galván fue convocada a una audiencia en la que apelará la vinculación a proceso que le fue dictada el pasado 1 de abril por el delito de cohecho en el caso conocido como “nómina secreta”.
Cuartoscuro
3 de septiembre, 2021
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En vísperas de rendir protesta como gobernadora constitucional de Chihuahua, la Fiscalía Anticorrupción del estado desistió de la acusación en contra de la panista María Eugenia Campos Galván por presunto uso ilegal de atribuciones y cohecho.

Así, la exdiputada local y alcaldesa de la capital de Chihuahua limpia su camino para asumir sin cargos la gubernatura del estado el próximo miércoles 8 de septiembre, en una operación que toca varias bandas en la justicia local.

La gobernadora electa enfrentaba dos procesos judiciales. En uno de ellos, asentado en la causa penal 3022/2020, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua la acusaba de haber cobrado sobornos a empresarios cuando Campos Galván era alcaldesa de la capital. Este es el caso del que la autoridad ministerial retiró los cargos, sin que alguna vez se llevara a cabo la audiencia inicial de vinculación a proceso.

El otro proceso contra la panista fue judicializado en la causa penal 2821/2020, en la que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) –una autoridad ministerial ajena a la Fiscalía Anticorrupción— logró que Maru Campos fuera vinculada a proceso el pasado 1 de abril por el delito de cohecho, por presuntamente haber recibido sobornos por más de 9 millones de pesos del exgobernador César Duarte en el periodo en que la panista era vicecoordinadora de su bancada en el Congreso local.

Sin embargo, el Poder Judicial estatal convocó a una audiencia donde la gobernadora electa apelará esa vinculación a proceso el próximo martes 7 de septiembre, un día antes de su toma de protesta. Se prevé que el juez conceda la revocación, con lo que Campos Galván asumiría el cargo sin una sola acusación en su contra, de acuerdo con fuentes del gobierno estatal.

Adicionalmente, el Tribunal Electoral federal resolverá impugnaciones por presuntas irregularidades en la elección de la gubernatura. El asunto, en manos de la ponencia de la magistrada Mónica Soto, confirmará el resultado de los comicios a favor de Maru Campos, adelantaron fuentes de la Sala Superior.

Anteriormente, el Tribunal Electoral ya había determinado que la panista sí podía ser candidata aun cuando estuviera vinculada a proceso, pues, en tanto que no existía una sentencia en firme en su contra, sus derechos político-electorales estaban vigentes.

El desistimiento

El pasado 27 de agosto, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, cuya titular es Gemma Chávez, solicitó al Tribunal Superior de Justicia dejar sin efecto la solicitud de audiencia inicial de vinculación a proceso en contra de Campos Galván en la causa penal 3022/2020, presentada ante la autoridad judicial por los delitos de uso ilegal de atribuciones y cohecho.

Esa audiencia, que fue solicitada desde el 16 de diciembre de 2020, nunca se llevó a cabo, debido a que la gobernadora electa promovió varias suspensiones judiciales para aplazar su realización.

El desistimiento de la Fiscalía Anticorrupción fue declarado procedente por la jueza Hortensia García. 

La Fiscalía explicó que hizo dicha solicitud luego de que tres exfuncionarios que habrían colaborado con Maru Campos en los presuntos actos de corrupción, y quienes fungieron como testigos de la autoridad ministerial acogiéndose a un criterio de oportunidad, se desdijeron de sus declaraciones en contra de la panista.

Además, la Fiscalía señaló haber conocido un nuevo testimonio de un “testigo crucial” que pone en duda presumir que la gobernadora electa participó en los actos que se le imputaban.

“En virtud del análisis de los datos recabados en fechas recientes, así como de los antecedentes de investigación que conforman indagatoria, es que se llegó a la conclusión de que era necesario retirar la petición de solicitud de audiencia inicial efectuada al tribunal en fecha ya referida (16 de diciembre de 2020) en contra de la C. María Eugenia Campos Galván, toda vez que, derivado de las nuevas declaraciones, en relación al resto del caudal probatorio, en este momento resulta cuestionable establecer, incluso en grado de probabilidad, la participación de María Eugenia Campos Galván en la conducta delictiva de uso ilegal de atribuciones y facultades y cohecho”, explicó la Fiscalía.

Si bien el desistimiento de la autoridad ministerial surte efectos sobre la gobernadora electa, el proceso se mantiene en contra de los otros tres coimputados, quienes se desdijeron de sus declaraciones.

Se trata de Luis Orlando Villalobos Seáñez, que era director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte en el Ayuntamiento de Chihuahua y que fue subdelegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) en el estado durante el sexenio de César Duarte.

También son señalados Félix Arturo Martínez Adriano, exdirector de Mantenimiento Urbano del Municipio (“City Manager”) e integrante del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento, y Luis Carlos Piñón Balderrama, quien era coordinador de Administración en dicha Dirección de Mantenimiento Urbano, donde era subordinado de Martínez Adriano.

En marzo, Animal Político dio a conocer detalles de las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción en contra de la gobernadora electa como parte de la causa penal 3022/2020.

De acuerdo con la Fiscalía, Maru Campos habría recibido de empresas contratistas del Ayuntamiento de Chihuahua pagos mensuales por más de 1.3 millones de pesos entre 2017 y 2018. 

Además, en ese mismo periodo, habría utilizado una tarjeta de crédito perteneciente a una empresa a fin de solventar, mes con mes, gastos personales. La tarjeta fue usada en varias ciudades de México y de Estados Unidos, Italia y Francia; la suma de cargos atribuidos a la panista ronda 1 millón de pesos.

Campos Galván presuntamente ordenó la adjudicación de contratos para limpia y mantenimiento de camellones, parques y jardines municipales a cinco empresas que estaban vinculadas entre sí y simularon competencia en los procesos de licitación.

En 2018, tres de esas empresas obtuvieron del municipio contratos por 5 millones 308 mil 815 pesos sin IVA. El año anterior, en el ejercicio 2017, las otras compañías del grupo ganaron adjudicaciones por 7 millones 884 mil 331 pesos.

Preparan perdón por la “nómina secreta de Duarte”

El próximo martes 7 de septiembre, un día antes de que rinda protesta como gobernadora constitucional de Chihuahua, Campos Galván fue convocada por el Poder Judicial del Estado a una audiencia en la que apelará la vinculación a proceso que le fue dictada el pasado 1 de abril por el delito de cohecho en el caso conocido como “nómina secreta” (causa penal 2821/2020).

El 7 de abril, Campos Galván y Rodrigo de la Rosa –excoordinador de la bancada del PRI en el Congreso estatal y quien fue vinculado a proceso junto con la panista— promovieron un recurso en contra de dicha resolución, dictada por el juez Samuel Uriel Mendoza.

Fue hasta cinco meses después, y un día antes de su toma de protesta, que la justicia estatal decidió convocar a la audiencia requerida por los imputados para presentar sus alegatos.

El acto tendrá lugar a las 12:00 horas del martes 7 de septiembre, de manera presencial, en la Sala de Audiencias Orales del Centro de Justicia de Chihuahua, de acuerdo con la notificación judicial, a la que tuvo acceso este medio.

En el caso de la “nómina secreta”, Campos Galván fue acusada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de haber recibido sobornos por al menos 9 millones de pesos entre 2014 y 2016 de parte del entonces mandatario priista César Duarte, quien hoy está preso en Estados Unidos por un desfalco millonario al erario estatal y por asociación delictuosa.

La acusación sostiene que los presuntos pagos se efectuaron cuando Maru Campos era vicecoordinadora de la bancada del PAN en el Congreso local, entre 2014 y 2015, y se extendieron a lo largo de 2016, cuando fue candidata a la alcaldía de Chihuahua para su primer mandato en ese cargo. 

Los presuntos sobornos, que habrían sido pagados a varios legisladores de diversos partidos — incluido el priista Rodrigo de la Rosa— , tuvieron el objeto de garantizar apoyo en el Legislativo a los intereses del entonces gobernador Duarte, especialmente en la aprobación de las Cuentas Públicas y la adquisición de deuda.

El pasado 1 de abril, Campos Galván fue vinculada a proceso por el delito de cohecho, luego de que el juez acreditó que las pruebas presentadas por la FGE —principalmente copias notariadas de los recibos mediante los cuales se efectuaron las transferencias— eran fidedignas. 

Fuentes del Ejecutivo estatal prevén que, en la audiencia del próximo martes, se revoque la resolución de vinculación a proceso.

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