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60 rectores reclaman pago a Javier Duarte
Rectores de universidades como la UNAM, el IPN, la UAM, el Colegio de México o el CIDE exigen que el gobierno de Veracruz pague 2, 251.6 millones de pesos a la Universidad Veracruzana.
Cuartoscuro
Por Sandra Isabel Jiménez Mateos
31 de octubre, 2015
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Javier Duarte, gobernador de Veracruz. // Foto: Cuartoscuro.

Javier Duarte, gobernador de Veracruz. // Foto: Cuartoscuro.

El Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines de la ANUIES reclamó al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, la falta de pago de 2, 251.6 millones de pesos, correspondientes a 1,799 millones de subsidio estatal y 451.7 millones de subsidio federal, a la Universidad Veracruzana.

La acción se realizó mediante un desplegado firmado por 60 rectores y directivos de instituciones de educación superior del país, y por el Secretario General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Jaime Valls Esponda, donde el Consejo “hace un llamado al Gobierno del Estado de Veracruz para que cumpla el compromiso de apoyar y contribuir al funcionamiento de la Universidad con la entrega inmediata de los recursos pactados con la federación”.

Igualmente se puntualiza en la necesidad de la entrega inmediata de los recursos pendientes autorizados por el Gobierno Federal “y que debieron entregarse oportunamente”, porque algunos deben ser ejercidos antes del 31 de diciembre o ser devueltos a la Tesorería de la Federación.

De hecho reclamaron que en el caso de los recursos extraordinarios federales que le corresponden a la Universidad Veracruzana y “que están retenidos por el gobierno del Estado”, estos fueron aprobados por el Congreso la Unión en el presupuesto correspondiente a este año, “por lo que deben entregarse íntegramente a la Universidad Veracruzana, independientemente de otros adeudos de años anteriores”.

Entre los firmantes del reclamo, están la UNAM, el IPN, la UAM, el Colegio de México, el CIDE, el colegio de Posgraduados, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la FLACSO, el CIESAS, el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, el Instituto Luis Mora, así como universidades y tecnológicos de todo el país.

El 8 de septiembre, Javier Duarte de Ochoa aseguró que su gobierno no le debía “nada” a la Universidad Veracruzana: “Nosotros contribuimos de manera generosa y solidaria subsidiando a la Universidad Veracruzana”, expresó.

El documento dirigido a Javier Duarte de Ochoa y a la opinión pública, anota que la Universidad Veracruzana transita “injustificadamente”, por “una complicada situación financiera que limita su quehacer pone en riesgo el cumplimiento de la misión social que le fue encomendada, así como los significativos avances logrados a la fecha.

Ahí se insiste que “esto es ocasionado por la demora en la entrega de los recursos que le corresponde aportar al gobierno del estado de Veracruz”.

También se puntualiza que “la totalidad de estos recursos son indispensables para la operación de una institución que atiende a más de 62,000 estudiantes en diversas sedes académicas distribuidas en el estado, genera conocimiento relevante a través de los proyectos que desarrollan 434 miembros del Sistema Nacional de Investigadores y difunde ampliamente la cultura en beneficio de la sociedad veracruzana y del país.

La Constitución de Veracruz anota en su articulo 10 que el patrimonio de la Universidad Veracruzana se integrará con “las aportaciones federales y estatales”, principalmente, se asienta en el desplegado.

El reclamo firmado por los 61 directivos de las instituciones de educación superior del país, puntualiza que “de continuar esta situación, la Universidad no podrá solventar el pago de sus obligaciones laborales, limitará sus actividades docentes, de investigación y difusión cultural, todo ello en detrimento de la calidad de sus servicios y en perjuicio de la comunidad estudiantil veracruzana, y del desarrollo social de la entidad”.

Los firmantes insistieron en que el financiamiento de la educación superior pública está previsto en el Artículo 3º Constitucional, el cual en su fracción VIII establece que el Congreso de la Unión fija las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y señala “las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan”.

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