Decomisan la radio comunitaria de Luvianos a 14 meses del asesinato del hijo del director
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Majo Siscar

Decomisan la radio comunitaria de Luvianos a 14 meses del asesinato del hijo del director

Los hostigamientos a la radio comunitaria de Luvianos no cesan. El 2 de agosto de 2014 el crimen organizado mató al hijo del director Indalecio Benítez al dispararle al vehículo en el que circulaba toda la familia. Este jueves 15 de octubre fue el IFETEL el que les calló al decomisar el equipo.
Majo Siscar
Por Majo Siscar
21 de octubre, 2015
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Foto: Majo Siscar

Foto: Majo Siscar

En Luvianos ya no pueden sintonizar Calentana Mexiquense, su radio comunitaria. El jueves 15 de octubre, poco antes de las dos de la tarde, cuatro empleados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) –acompañados de elementos de la Marina Armada de México– decomisaron el equipo por emitir sin concesión legal.

Los agentes llegaron sin previo aviso mientras José De Paz Morales, un locutor invidente, transmitía su programa La voz de la Gente. José maneja solo la cabina, gracias a dos celulares que conecta a la consola y que maneja, uno por teclado y otro por voz. No le dio tiempo ni de avisar a los radioescuchas. Le pidieron los papeles que acreditaban el permiso de emisión y mientras De Paz se comunicaba con el director de la radio, Indalecio Benítez, procedieron a desmantelarla. Se llevaron el transmisor, la computadora portátil con la que trabajaban, el CPU, una consola y dos micrófonos.

“El equipo costaba unos 20 mil pesos pero no es eso, lo valioso es lo que me quitaron en materia de comunicación”, dijo Benítez delante de la sede del IFT en la Ciudad de México.

Calentana Mexiquense emitía desde el 20 de noviembre de 2013 con un transmisor de 20 watts por la 98.1 de Frecuencia Modulada, que apenas lleva la señal a unos 15 kilómetros a la redonda. Luvianos es uno de los municipios más violentos del sur del Estado de México. Frontera con Guerrero y Michoacán, es parte de la suprarregión de Tierra Caliente y desde hace más de dos años vive una espiral de violencia por la disputa entre los cárteles de La Familia y Guerreros Unidos, que pelean el control de su territorio, clave geográficamente y zona histórica de sembradíos de enervantes.

El propio director, Indalecio Benítez, ha sufrido en carne propia los estragos del crimen organizado. El 2 de agosto de 2014, uno de los grupos del crimen organizado que operan en la zona se plantaron frente a las instalaciones de la radio y cuando él iba llegando con toda su familia dispararon al vehículo. Una de las balas impactó en el corazón de su hijo Juan Diego, de tan solo 12 años.

Desde entonces, él y su familia viven exiliados pero la radio seguía operando bajo medidas cautelares y protección policial. E hicieron un esfuerzo por girar los contenidos a la construcción de paz en su municipio.

José De Paz, quien estaba en cabina de lunes a viernes de 12 a 14 horas, recuerda que uno de sus programas más exitosos fue cuando cubrió el extravío de un vecino del pueblo y lograron encontrarlo a través de enlaces telefónicos a la emisora. Ahora está indignado de que cerraran la radio en el momento que él, con una discapacidad, transmitía.

“Yo no entiendo por qué actuaron así, uno lo hace para contribuir a su pueblo”, lamenta. A su lado Benítez se queja: “para mi no existe ilegalidad, lo único que estamos haciendo es servir a la comunidad y contribuir a la paz en Luvianos a través de la comunicación”.

El viernes pasado, Benítez estableció un plantón en las escalinatas de la sede del IFT en protesta. “Si no me calló el crimen organizado, no me van a callar las autoridades, seguimos transmitiendo en internet y vamos a luchar por la permanencia, porque no nos discriminen por no tener capacidad económica”, espeta. El viernes lo echaron del edificio así que ayer lunes regresó y llenó de mantas la entrada del IFT que exigen la restitución de la radio.

Para el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, que le acompaña en el proceso, en el contexto de violencia en Luvianos, “las acciones del IFETEL se suman a este clima de hostigamiento y censura en contra del ejercicio de la libertad de expresión, agravado por la discriminación en contra de las radios comunitarias para su regularización y revisión”.

Calentana salió al aire cuando apenas se aprobaba la reforma a la Ley de Telecomunicaciones. A mediados de 2014 se aprobó la ley secundaria y se publicaron los lineamientos que regulan las concesiones para radios comunitaria, indígenas y sociales. Después el IFT convocó a una consulta pública con estas radios y la sociedad civil para discutirlos. El propio Indalecio Benítez participó en ella. De hecho, en diciembre hizo una manifestación de interés ante el IFT de solicitar una concesión, ante lo que el Instituto elaboró un estudio técnico de viabilidad y constató que hay una frecuencia disponible en Luvianos. Ese anuncio le posibilitó a Calentana preparar los requisitos para tramitar legalmente la concesión el próximo 19 de noviembre, fecha en que se abre el primer plazo para las licitaciones de emisoras comunitarias, sociales e indígenas en el marco de la nueva ley.

Antes de que entrara en vigor la reforma en telecomunicaciones en México había 20 radios comunitarias con permiso de emisión. Ahora hay 24. Los últimos 4 permisos los dieron en mayo de este año pero bajo la ley antigua a radios que habían tramitado su solicitud entre dos y cuatro años antes.

Irina Vázquez, coordinadora en México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), explica que estas emisoras “surgen por una necesidad de comunicación de una comunidad, en el caso de Luvianos ante la crisis de violencia e inseguridad. En casos así o otros habituales como los que denuncian un megaproyecto, no puedes esperar tres años a que te den el permiso entonces la mayoría transmiten sin él y son las menos las que optan por el camino largo”. Con la nueva ley el camino se acorta un poco, pero aún así hay que esperar alrededor de un año desde que se inicia la licitación.

Calentana está en su derecho legítimo de transmitir, pero no en la legalidad. Si inicias un proceso para legalizarte pero caes en el uso indebido del espectro es como si le jugaras chueca al IFT. Durante muchos años reclamamos para que hubiera claridad, para que hubiera un reglamento al que acogerse, ahora lo hay pero son sus reglas del juego”, matiza Vázquez.

Desde el Instituto Federal de Telecomunicaciones el Director General Vinculación Alberto Gutiérrez aseguró que se le daría un asesoramiento jurídico y técnico a Indalecio Benítez para revisar el expediente administrativo.

Benítez por su parte exige que esta reunión sea una mesa de trabajo con el Consejero presidente y que de ahí salga “una ruta clara para la regularización de Radio Calentana”. Asimismo pidió por escrito que se le devuelvan los equipos de sustraídos, que no le criminalicen a él ni a ningún miembro de la emisora y que no violenten su derecho a la protesta pacífica.

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Roe vs. Wade: ¿están en riesgo el matrimonio igualitario y el derecho a la anticoncepción con la revocación de esta sentencia?

La opinión del juez Clarence Thomas, que insta al alto tribunal a revisar los precedentes que garantizan la protección constitucional a la anticoncepción o a que personas del mismo sexo se puedan casar, ha hecho que muchos se cuestionen cuál es el futuro de estos derechos.
25 de junio, 2022
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“Debemos reconsiderar otros precedentes”.

Esa opinión, emitida este viernes por el juez de la Corte Suprema de Estados Unidos Clarence Thomas, junto a su voto por revocar Roe vs. Wade, el fallo histórico que protegía el aborto en el país, ha hecho que muchos se pregunten qué otros derechos están ahora en riesgo.

En concreto, instó al tribunal a valorar las sentencias de Griswold vs. Connecticut (1965), que garantiza el derecho a la anticoncepción; Lawrence vs. Texas (2003), que legalizó en todo el país las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo, y Obergefell vs. Hodges (2015), que reconoce el derecho constitucional al matrimonio igualitario.

Dijo que la Corte tiene el deber de “corregir el error” establecido en esos precedentes y añadió: “Tras anular estas decisiones manifiestamente erróneas, queda la pregunta de si hay otras disposiciones constitucionales” que protegen los derechos que establecen.

El juez conservador Clarence Thomas fue nominado a la Corte Suprema por George H. W. Bush en 1991.

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El juez conservador Clarence Thomas fue nominado a la Corte Suprema por George H. W. Bush en 1991.

Sin embargo, el juez Samuel Alito ya desestimó que el fallo del Supremo de este viernes vaya a dar directamente lugar a la reversión de otros derechos constitucionales.

“Parece que nuestro disentimiento (con Roe vs. Wade) cuestiona (las sentencias de) Griswold, Eisenstadt, Lawrence y Obergefell. Pero hemos declarado inequívocamente que nada de esta decisión debe entenderse como una puesta en duda de los precedentes que no conciernen al aborto“, aclaró. Es algo que ya se incluía en el borrador que se filtró en mayo y hacía prever que era inminente el fallo que finalmente se emitió este viernes.

El juez Thomas dijo que estaba de acuerdo con eso, pero señaló en su justificación que la mayoría de la Corte encontró que el derecho al aborto no era una forma de “libertad” protegida por la cláusula del debido proceso de la Decimocuarta Enmienda a la Constitución.

Dicha doctrina del derecho estadounidense permite a los tribunales poner límites a la actividad legislativa cuando afecta “la vida, la libertad o la propiedad”, y Thomas instó a revisar los otros precedentes con base en ella.

“Nadie puede asegurar que la Corte terminó su trabajo”

Por eso mismo, los tres miembros del ala liberal de la Corte, los jueces Stephen Breyer, Elena Kagan y Sonia Sotomayor, ya pusieron en duda que existan garantías para los otros derechos constitucionales.

Nadie debería estar seguro de que esta mayoría (conservadora de la Corte) ha terminado con su trabajo”, escribieron los tres liberales que conforman la minoría este viernes.

Activistas piden la destitución del juez de la Corte Suprema de los EE. UU. Clarence Thomas afuera del edificio del Capitolio el 30 de marzo de 2022.

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Activistas piden la destitución del juez de la Corte Suprema de EU Clarence Thomas afuera del edificio del Capitolio, el 30 de marzo de 2022.

“El derecho que Roe y Casey reconocieron no está solo. Por el contrario, la Corte lo vincula desde hace décadas con otras libertades asentadas en torno a la integridad corporal, las relaciones familiares y la procreación”, expusieron.

“Lo más obvio es que el derecho a interrumpir un embarazo surgió directamente del derecho a comprar y usar métodos anticonceptivos. A su vez, esos derechos llevaron, más recientemente, a los derechos a la intimidad y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todos son parte del mismo tejido constitucional, protegiendo la toma de decisiones autónomas sobre las decisiones más personales de la vida”.

El presidente Joe Biden lanzó la misma advertencia el 3 de mayo, cuando se refirió al borrador de la decisión de la Corte filtrado: “Si se mantuviera la justificación de la decisión tal y como se emitió (en el borrador), estaría en cuestión toda una gama de derechos”.

Sin embargo, el juez Thomas firmó la opinión en solitario. Y habrá que ver si los otros jueces conservadores concuerdan con él sobre los anticonceptivos y el matrimonio igualitario, como lo hicieron sobre el aborto.

Lawrence O. Gostin, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown que se especializa en leyes de salud pública, advierte que tachar a Thomas de “lobo solitario” es un error. “Ahora que la mayoría en la Corte ha destruido los cimientos sobre los que se construyó Roe, los otros derechos bien podrían venirse abajo”.

Pero cree que “la decisión (de revocar Roe vs. Wade) es mucho más extrema de lo que los jueces están tratando de hacer ver”, como dijo Gostin a la agencia AP. “Significa que no puedes considerar a la Corte Suprema como un árbitro de las garantías constitucionales, porque están actuando como guerreros culturales”.

Y citó otra área legal polémica —el derecho a portar armas— como ejemplo de las consecuencias que el fallo de este viernes podría tener sobre otros derechos constitucionales.

Al dictaminar la Corte que la Segunda Enmienda de la Constitución —que protege el derecho a poseer y portar armas sin que ningún gobierno pueda restringirlo— aplica a los individuos, explicó Gostin, la Corte anuló un precedente de larga data. En aquel entonces, 2008, el juez Antonin Scalia dijo que la decisión no afectaría a otras regulaciones relacionadas.

“Pero la promesa no duró”, añadió el experto, en referencia a la decisión de este jueves de ampliar el derecho a portar armas.

“No es una deidad suprema”

Jim Obergefell, quien fue el demandante principal del caso Obergefell vs. Hodges —que llevó a legalizar el matrimonio igualitario— y hoy es candidato a la Cámara de Representantes de Ohio, criticó este viernes a Thomas por sus comentarios.

“Clarence Thomas es un juez de la Corte Suprema designado por humanos, no una deidad suprema”, dijo. “Los millones de parejas que tienen derecho al matrimonio igualitario para formar sus propias familias no necesitan que Clarence Thomas les imponga su retorcida moralidad individual”.

Figuritas que representan matrimonios igualitarios.

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La opinión emitida por Thomas, un juez conservador nominado a la Corte por George H. W. Bush en 1991, es justamente aquello que los activistas a favor de los derechos reproductivos y LGBTI+ habían estado temiendo.

Los defensores del derecho al aborto han advertido repetidamente que, si caía Roe, el derecho a la anticoncepción y al matrimonio entre personas del mismo sexo serían los siguientes en anularse.

“Es por eso que esta decisión (la de anular Roe vs. Wade) es superalarmante, incluso si no te importa nada el aborto. Es por eso que todo el mundo debería preocuparse por esto”, dijo BBC Mundo Grace Howard, experta en criminalización del embarazo de la Universidad Estatal de San José en California.

"Prohíban las balas, no los anticonceptivos", se lee en el cartel que sostiene una manifestante frente al Capitolio el 26 de mayo de 2022.

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“Prohíban las balas, no los anticonceptivos”, se lee en el cartel que sostiene una manifestante frente al Capitolio, el 26 de mayo de 2022.

“Lo que este fallo deja claro es que la mayoría de la Corte Suprema piensa que, si un derecho no está explícitamente establecido en la Constitución, no es parte de la historia y (que si no es parte de) ‘la tradición de la nación’, lo que sea que eso signifique, no puede ser reconocido constitucionalmente en la actualidad como un derecho”.

“Es innegablemente dejar el futuro de nuestro país en lo que creían entonces unos hombres, viejos, blancos en el siglo XVIII, donde las mujeres no tenían ninguna importancia, más allá que cuidar a los hijos y preparar la cena”.

Lee más: 23 estados esperan la despenalización del aborto; con amparos, algunos apuestan por la homologación al criterio de la Corte 

Hasta ahora, muchos opositores al aborto que lucharon duro para anular Roe habían insistido en que no tienen ningún interés en tratar de revocar el derecho a la anticoncepción.

Kristen Waggoner, directora legal de Alliance Defending Freedom, que ayudó en la defensa legal del caso de Misisipi que llevó finalmente a que la Corte anulara Roe vs. Wade, dijo este viernes que la decisión deja claro que “terminar con la vida humana es distinto a cualquier otra cuestión”.

Pero Paul Dupont, portavoz de la organización antiaborto American Principles Project, adelantó que los conservadores ven con optimismo el potencial “para futuras victorias sobre cuestiones culturales”.

Mientras, estados como Misuri ya han tratado de restringir el acceso a la anticoncepción al prohibir el financiamiento público para ciertos métodos como dispositivos intrauterinos y la llamada píldora del día después.

Y algunos republicanos, en particular la senadora Marsha Blackburn, de Tennessee, han dicho que el caso Griswold, que garantiza el derecho a la anticoncepción, se decidió por error. A principios de este año, Blackburn calificó el caso Griswold como “constitucionalmente poco sólido”.


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