Expediente Ayotzinapa: dictamen de la PGR revela indicios de tortura contra detenido clave
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Manu Ureste

Expediente Ayotzinapa: dictamen de la PGR revela indicios de tortura contra detenido clave

Pese a lo anterior, la Procuraduría dio por buena su declaración y procedió penalmente contra él. Un juez federal advirtió a la SEIDO de omisiones y hasta actos ilegales en las acusaciones que presentó por la desaparición de los normalistas, como por ejemplo, acusaciones repetidas contra las mismas personas.
Manu Ureste
Por Arturo Angel
1 de octubre, 2015
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Marcha en la ciudad de México por el primer aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. //Foto: Manu Ureste

Marcha en la ciudad de México por el primer aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. //Foto: Manu Ureste

La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó pericialmente que uno de sus detenidos clave para sostener su hipótesis de que los normalistas de Ayotzinapa fueron incinerados y arrojados a un río, Patricio Reyes Landa, alias el Pato, tenía huellas de tortura tras su captura. Pese a ello, el Ministerio Público validó su declaración y lo consignó.

Un dictamen de mecánica de lesiones realizado por la Procuraduría bajo los parámetros del Protocolo de Estambul –que sirve para verificar la existencia de tortura– corroboró que las lesiones físicas de Reyes Landa eran compatibles con las que se provocan mediante maltratos y tratos crueles.

El documento se encuentra en el tomo 82 de los 85 que tiene la versión pública de las averiguaciones que la PGR ha integrado por los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, y al que Animal Político pudo tener acceso tras una solicitud de transparencia.

El expediente también revela que la PGR tardó casi un mes en autorizarle a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) una revisión a otro detenido clave que denunció tortura, Jonathan Orozco, alias el Jona. Y cuando lo hizo, citó a los especialistas en un horario en el que ya no pudieron encontrarlo en el Centro de Arraigos porque ya había sido trasladado a un penal federal.

El Pato, el Jona y otras cuatro personas, cuyas declaraciones le sirvieron a la PGR para sustentar su “verdad histórica” sobre lo ocurrido a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, estuvieron arraigados casi 80 días antes de ser consignados.

Ayer 30 de septiembre, Animal Político publicó que la mayoría de los presuntos integrantes de Guerreros Unidos que participaron en el ataque a los estudiantes fueron arrestados en condiciones similares: ebrios, en la calle y con golpes que supuestamente ellos mismos se causaron.

El expediente del caso Ayotzinapa también revela que en enero pasado, uno de los jueces federales a cargo de los procesos penales iniciados este caso, advirtió a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) respecto a las anomalías e incluso actos ilegales en sus consignaciones, situaciones que incluso, podrían derivar en la libertad de varios de los inculpados.

Tortura… sin consecuencias

El 31 de diciembre de 2014 se integró a la averiguación previa del caso el documento número SEIDO/UEIDMS/FE-C/11062/2014, el cual incluía los resultados de un peritaje que técnicamente se denomina mecánica de lesiones y que consiste en determinar cuál es el origen de las lesiones que pudo sufrir una persona.

Dicho peritaje se realizó con la finalidad de establecer si las lesiones que presentaban cerca de una decena de detenidos eran compatibles con lo que establece el Manual para la Investigación y Documentación eficaces de la Tortura y otros tartos crueles o inhumanos, conocido coloquialmente como Protocolo de Estambul.

Los resultados en nueve casos, entre ellos el del expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda, ambos fueron fueron negativos en la existencia de lesiones compatibles con las que señala el protocolo de tortura.

Sin embargo, en un caso el resultado fue positivo. El nombre de esta persona aparece sombreado a excepción de los que dieron negativo, pero la comparación y eliminación con los nombres de la lista a los que se les practicó este peritaje, permite establecer que se trata de Reyes Landa.

“En el caso de (Reyes Landa) sí se encontraron elementos médicos periciales para determinar la existencia de lesiones compatibles con lo que se describe en la Investigación Médico Forense referida en el Manual para la Investigación y Documentación eficaces de la Tortura y otros tartos crueles o inhumanos o Protocolo de Estambul”, indica el análisis.

En el mismo oficio de más de 30 cuartillas se establece que las lesiones que presenta Reyes Landa son, entre otras, una herida de cinco centímetros de longitud cuya ubicación no se describe, un edema, una escoriación con puntiforma y dos laceraciones.

En su primera declaración, tras su detención el 27 de octubre, el Pato dijo que las heridas que presentaba se las había provocado por una caída, pero en una ampliación de su declaración –fechada el 3 de noviembre– explicó que fue torturado.

“Se metieron a la casa y me empezaron a golpear y patear, me subieron al vehículo, me vendaron los ojos, pies y manos y me empezaron a volver a golpear y dar toques y me pusieron un trapo en las narices y me echaron agua, me dieron toques en los testículos, me ponían una bolsa en la cara para no respirar, así se pasaron varias horas”, dijo el detenido.

Agregó que además de los maltratos físicos, los agentes que lo detuvieron lo amenazaron verbalmente. Le dijeron que si no decía que los golpes que tenía era producto de una caída atentarían contra su familia, y que a él “lo amenazaban con que lo iban a hacer pedazos y echarlo en una bolsa”.

Pese a estos resultados periciales en el expediente de la PGR, por lo menos en lo que Animal Político ha podido revisar, no hay constancia de que se haya iniciado una investigación por el tema específico de la tortura.

Por el contrario, Reyes Landa fue consignado ante un juzgado federal en Tamaulipas el 9 de enero acusado de delincuencia organizada, es decir, semana y media después del referido peritaje.

La declaración del Pato, que se encuentra en los expedientes consignadas por la PGR, y a la que hizo referencia públicamente en noviembre de año pasado el entonces procurador Jesús Murillo Karam, resalta que los normalistas fueron llevados y asesinados en un basurero de Cocula, bajo la creencia de que eran integrantes del grupo criminal de Los Rojos, y que sus cenizas fueron colocadas en bolsas y arrojadas a un río.

La revisión que no fue

Jonathan Orozco, alias el Jona, otro de los que declaró que los normalistas murieron quemados en Cocula, fue detenido junto con el Pato. Su captura quedó registrada bajo investigación de la Primera Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la posibilidad de que también hubiera sido torturado.

De acuerdo con lo que revela la versión pública del expediente, la CNDH pidió el 12 de diciembre pasado –a través del oficio 73149– a la SEIDO que permitiera a su personal hacer una valoración médica y psicológica de Reyes Landa en el Centro de Arraigo, donde se encontraba cumpliendo con esa medida cautelar.

La Procuraduría dio el visto bueno semanas después a través de oficio PGR/AIC/PFM/DGSESPP/DGACFA/0049/2015 en el que se instruyó al personal del Centro de Arraigo permitir el ingreso de los visitadores de la Comisión a las 17 horas del 9 de enero.

Sin embargo, la SEIDO también solicitó a la Policía Federal Ministerial que ese mismo día Jonathan Orozco, junto con otros acusados, fueran trasladados a un penal federal, luego de que un juez concedió una orden de aprehensión en su contra. Esto fue en el oficio PGR/SEIDO/UEIDMS/FE-D/127/2015.

Un oficio posterior de la Policía federal Ministerial confirmó que los detenidos salieron del complejo de arraigos aproximadamente a las 16 horas para ser trasladados a un penal de máxima seguridad; es decir, una hora antes de la cita para que llegaran los especialistas de la CNDH.

El expediente, por lo menos en el tomo 83, donde se encuentran estos oficios, no incluía algún documento en el que se hubiera reagendado la referida revisión.

El regaño del juez

El 5 de enero de este año, el Juzgado Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales con sede en Tamaulipas amonestó a la SEIDO por lo que calificó como una actuación “omisa” y en algunos casos hasta “ilegal” en las consignaciones hechas por la investigación de la desaparición de los 43 normalistas.

Esto luego de que la SEIDO consignó la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/1017/2014 en la que solicitó auto de formal prisión y nuevas órdenes de aprehensión en contra de más de medio centenar de personas. Previamente ya había consignado las averiguaciones 439/2014, 849/2014 y 871/2014.

Antes de conceder esas solicitudes, el juez pidió a los agentes ministeriales –bajo protesta de decir verdad o de lo contrario serían denunciados– que informaran exactamente a cuántos juzgados distintos se habían hecho ya consignaciones por el mismo caso y qué resultado se obtuvo de las órdenes pedidas.

Y es que el juzgado subrayó que había detectado una “práctica reiterada” de agentes de la SEIDO para omitir en sus consignaciones la información antes solicitada.

“En esos casos excluyeron de sus averiguaciones las constancias de consignación previa con lo cual imposibilitan a este juzgado de contar con los elementos necesarios para resolver sobre su competencia legal y lo indujeron al error de ejercer la acción penal de forma ilegal”, informó el juzgado.

Proceder en contra de las mismas personas por el mismo delito, recordó el juzgado a la PGR, es un hecho violatorio de los derechos humanos y por lo tanto ilegal y anticonstitucional, y dejó como recordatorio que ya en enero del 2012 tuvo que liberar a personas ya sujetas a proceso penal, luego de que estas se ampararon y verificar la actuación irregular de la Procuraduría.

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Chiapas, el estado de México donde el consumo de refrescos es 30 veces superior al promedio mundial

El gobierno de México los calificó de "veneno embotellado" y los responsabilizó en gran medida de la diabetes e hipertensión que sufren la mayoría de víctimas de covid-19.
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17 de agosto, 2020
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“¿Para qué necesitamos el veneno embotellado, el de los refrescos?”

Con esta comparación, el subsecretario de Salud mexicano, Hugo López-Gatell, volvió a poner hace unos días sobre la mesa una realidad visible en casi cada hogar y tienda del país: México es el lugar donde más bebidas azucaradas se consumen en todo el mundo.

El impacto en la población es alto. Según un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública, cada año más de 40,000 muertes en el país (un 7% del total) “son atribuibles” al consumo de estas bebidas por aumentar el riesgo de enfermedades crónicas, dijo el subsecretario.

Pero este ya conocido y extendido hábito alimenticio de los mexicanos despertó aún más preocupación en tiempos de pandemia del coronavirus, ya que la mayoría de los más de 50.000 fallecidos tenía diabetes, hipertensión u obesidad (o varias de ellas).

“México es el país que sufre la mayor mortalidad en adultos jóvenes por covid-19 porque afecta a personas con este tipo de enfermedades crónicas (…) que se las ha causado este modelo de alimentación que predomina en México desde hace más de 30 años”, dijo López-Gatell.

“Es lo que se llama la comida chatarra, incluidas las bebidas azucaradas, que son verdaderamente generadores de esta epidemia en una gran proporción”, agregó.

Muertes por covid-19 en México según comorbilidad. (porcentaje, hasta el 10 de agosto de 2020). .

La Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC) criticó que se quiera estigmatizar estas bebidas para buscar “un culpable único a un problema de salud de origen multifactorial”.

“De acuerdo con la FAO, solo el 5.8% de calorías que consumen diariamente los mexicanos provienen de bebidas saborizadas, y más del 70% vienen de alimentos y bebidas no industrializadas, por lo que resulta ilógico pretender responsabilizar a estos productos del 7% de muertes”, aseguró en un comunicado.

Vendedora en CDMX

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México es el principal consumidor per cápita del mundo de bebidas azucaradas.

Pese a todo, las autoridades de México -donde la diabetes es la segunda causa de muerte y que tiene la segunda mayor tasa de obesidad del mundo- están tomando medidas para reducir la ingesta de estos productos.

Al impuesto que se gravó a sus precios en 2014 y al nuevo etiquetado que alertará desde octubre de los que tienen exceso de calorías, grasas y sal; se sumó hace dos semanas la inédita decisión de Oaxaca de prohibir la venta de refrescos y comida chatarra a menores de edad.

Sin embargo, este no es ni de cerca el estado mexicano donde más se toman estas bebidas.

Récord mundial de consumo

Según el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (Conacyt), Chiapas es la región del mundo donde más se bebe Coca-Cola, el refresco favorito de los mexicanos (sus productos representan más del 70% del consumo nacional de bebidas azucaradas embotelladas, según la organización El Poder del Consumidor).

El Conacyt se basa en un estudio que muestra cifras impactantes, como que el consumo medio por persona en este estado del sur de México es cinco veces superior al del resto del país y 32 veces más que el promedio mundial.

“Es el epicentro de la epidemia de consumo de refrescos”, le dice a BBC Mundo el doctor Marcos Arana, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Zubirán.

Consumo anual de bebidas azucaradas en el mundo. [ 821,25 litros en Chiapas, México ] [ 150 litros en México (en promedio) ],[ 100 litros en EE.UU. ],[ 25 litros en el mundo (en promedio) ], Source: Fuente: Conacyt, en base al estudio "Dulce exterminio: refresco y cerveza como causa desencadenante y complicaciones de diabetes en mayas de Chiapas". Revista Medicina Social 2019, Image: Lata de Coca-Cola

BBC Mundo preguntó a la ANPRAC por las cifras de este estudio y otras cuestiones, pero no obtuvo respuesta antes de la publicación de este artículo.

De lo que no hay duda es de que los refrescos forman ya parte esencial de la vida cotidiana en este estado, especialmente en la región de Los Altos de Chiapas, donde la mayoría de su población es indígena y rural.

En esta zona, donde Coca-Cola tiene una planta embotelladora en el municipio de San Cristóbal de las Casas, el consumo de esta marca es aplastantemente mayoritario respecto a la competencia ya desde temprana edad de la población.

“Al 3% de niños menores de seis meses, sus madres les dan Coca-Cola, en un momento que solo deben tomar leche materna,”, destaca Arana entre las conclusiones más destacadas de una investigación en la que participó en 2016.

Niño de Chiapas bebiendo un refresco

Cortesía Marcos Arana
Muchas madres en Chiapas aseguran comprarle refrescos a sus hijos pequeños “porque, sin él, no comen”.

Organizaciones locales como el Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos (CCESC) que Arana dirige apuntan como causas de este consumo desmedido a las “agresivas” prácticas comerciales de las refresqueras y a la fácil accesibilidad de sus productos en la zona.

“Coca-Cola es el producto más disponible en Los Altos, uno tiene que caminar más distancia para comprar tortillas o cualquier otra cosa. La cantidad de puntos de venta es excesiva, sin ningún control, y con precios reducidos hasta el 30%”, dice Arana.

“La disponibilidad y publicidad de algo tan barato es tan grande y omnipresente en Chiapas ante poblaciones vulnerables que han creado una adicción que se ve como necesidad”, afirma.

Map

“Pobladores me decían que antes de que llegara el camino a Tenejapa, allí no había ni diabetes ni problemas cardiovasculares. Que eso empezó cuando llegó la carretera al pueblo y llegaron los refrescos, las papas fritas…”, le dice a BBC Mundo Jaime Page Pliego, antropólogo y autor del estudio citado por el Conacyt.

El experto asegura que la rutina ahora para los habitantes de esta zona pasa por desayunar café y llevarse “dos o tres litros de Coca-Cola” al campo para tomar en la hora de la comida.

Cartel de Coca-Cola en entrada a Tenejapa

Cortesía Marcos Arana
Expertos aseguran que la excesiva publicidad en los últimos años y presencia masiva de Coca-Cola en puntos de venta de Chiapas es una de las causas de su alto consumo.

Valor religioso y estatus social

Cuando Page, miembro del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR-UNAM), pregunta en las comunidades por qué beben tanto refresco, suele escuchar las mismas respuestas: “Porque me gusta, me llena, y lo extraño cuando no lo tomo. No puedo dejar de tomarlo”.

“Incluso los mismos diabéticos con los que trabajo reconocen que lo siguen tomando, aunque sea menos. No pueden concebir la vida sin refresco. Es verdaderamente una tragedia”, afirma.

Pero entre las causas de su consumo y valoración también existe un componente religioso, al formar parte de ceremonias tradicionales indígenas.

Así, Page refleja en su estudio cómo el pox (un aguardiente de caña) y otras bebidas alcohólicas fueron eliminadas de los rituales para dejar paso a los refrescos.

Ceremonia religiosa con la Coca-Cola como ofrenda

Cortesía Marcos Arana
La Coca-Cola es utilizada en ceremonias religiosas como ofrenda.

“El consumo de alcohol se inscribió en procesos de satanización y persecución. Sobre todo en los rituales para ayudar a sanar se sustituyó por el refresco, que tiene un olor dulzón semejante al del pox, y que pasó a ser la ofrenda principal en la nutrición de las deidades”, explica.

Este uso religioso (“las mismas iglesias ofrecen refresco en sus reuniones”, dice Page) le adjudicó un elevado prestigio a esta bebida también en eventos sociales y políticos.

“Quien ofrece Coca-Cola tiene un buen estatus ante la comunidad. Si ofrece otro refresco en las zonas donde predomina esta marca, ya se le está viendo mal”, apunta.

Refrescos en lugar de agua

Chiapas es el estado de México que concentra mayor tasa de personas viviendo en situación de pobreza: 76.4%, según un estudio de 2019 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Pese a ser una de las zonas del país con mayores recursos hídricos naturales, la falta de acceso a agua potable en regiones como Los Altos de Chiapas es también considerado uno de los motivos de que se beban tantos refrescos.

Por ello, y ante “la carencia de agua en el municipio”, el ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas solicitó este año a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que revocara la concesión otorgada a la planta de Coca-Cola para extraer agua de dos pozos de la zona para sus operaciones.

Según organizaciones locales, la empresa extrae más de 1,3 millones de litros de agua al día.

Protesta ante planta de Coca-Cola en San Cirstóbal

Cortesía Marcos Arana
Vecinos protestaron ante la planta de Coca-Cola en San Cristóbal de las Casas por considerar que su impacto es negativo sobre la salud de la población y su derecho de acceso al agua.

Coca-Cola FEMSA (embotelladora de la marca en el municipio) dijo a BBC Mundo en una comunicación escrita que el volumen anual de agua concesionada es de 419.774 m3 (lo que resultaría en 1,14 millones de litros al día), si bien gracias a su “alta eficiencia en el uso del recurso” extraen menos del total permitido.

Finalmente, la Conagua rechazó revocar los permisos alegando que los pozos extraen agua a 130 y 200 metros de profundidad, “por lo que no se afecta la fuente de abastecimiento urbano” para San Cristóbal que se realiza a base de aguas superficiales de manantiales.

“¿Y esos pozos profundos se alimentan desde el centro de la tierra, o qué? También se nutren del agua que va escurriendo por el cerro, por lo que no justifica que sean pozos profundos para decir que no es responsable de la carencia de agua en la ciudad”, cuestiona Page.

FEMSA, por su parte, remarca que la conclusión de Conagua “permite afirmar que la extracción de agua de la planta de San Cristóbal no interfiere ni pone en riesgo el suministro” en la localidad, a la vez que recuerda su implicación en proyectos comunitarios y la reforestación de 150,000 árboles en Chiapas.

¿Cuál es la solución?

BBC Mundo solicitó una entrevista con las autoridades de Salud de Chiapas para conocer qué iniciativas pusieron en marcha para reducir el consumo de refrescos y comida chatarra en la entidad, pero no obtuvo respuesta.

Tanto Page como Arana critican la ausencia de medidas a nivel estatal, pero sí reconocen el valor de algunas acciones del gobierno federal actual, en el que ven un cambio respecto a la postura de administraciones anteriores ante el poder económico de estas grandes empresas.

Aunque, dicen, sigue sin ser suficiente.

Hombre pasea por San Cristobal de las Casas

Getty Images
Es más fácil encontrar Coca-Cola en las tiendas de Chiapas que tortillas, critican organizaciones locales.

Arana apunta a la necesidad de educar a las comunidades y promover el consumo de alimentos tradicionales como el pozol (una bebida a base de maíz), garantizar el acceso al agua y, sobre todo, disminuir la disponibilidad de refrescos y “evitar prácticas comerciales monopólicas”.

“Si las autoridades hacen algo como cancelar la concesión para la fabricación de Coca-Cola en la zona o, por lo menos, reducir el volumen de producción, alentará un futuro más positivo” para no fomentar “esta adicción tan temprana al azúcar creada ya en los niños”, opina.

“Entendemos los desafíos de salud que enfrenta la población de México y queremos trabajar estrechamente con el gobierno para colaborar en soluciones reales e innovadoras a este complejo problema”, le dice a BBC Mundo Santiago López Jaramillo, director del Grupo para América Latina y el Caribe del Consejo Internacional de Asociaciones de Bebidas.

“Estamos marcando la diferencia con nuestras acciones voluntarias para reducir el consumo de azúcar de las bebidas, a través de nuestro esfuerzo por innovar, reformular y ofrecer porciones más pequeñas”, agrega, a la vez que asegura que la industria en México redujo un 11% el contenido calórico de sus productos desde 2014 y tiene intención de rebajarlo en un 20% más para 2024.

Pero Page se muestra pesimista sobre el futuro. “No tengo ninguna esperanza. Platico con la gente en las comunidades y no apunta a ninguna solución”, reconoce.

“De no ser que aumente el precio de los refrescos desorbitadamente, o que haya menor disponibilidad en las tiendas… Tiene que haber un proceso de desarticulación de estas industrias, por mucho que se quejen. Creo que la única forma es cancelar esos productos”, concluye.


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https://www.youtube.com/watch?v=jizwCrw_WEU

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