En México se usa la ley para perseguir a defensores de derechos humanos y no para apoyar sus causas
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En México se usa la ley para perseguir a defensores de derechos humanos y no para apoyar sus causas

Expertas independientes de América y Europa que estudiaron la situación de defensores en México alertan que el Estado los criminaliza para obstaculizar su labor.
Cuartoscuro
Por Tania L. Montalvo
10 de octubre, 2015
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Las autoridades mexicanas impulsan la criminalización de los defensores de derechos humanos y con la judicialización de su labor inhiben la denuncia de la población, indicaron los expertas en el reporte. // Foto: Cuartoscuro.

Las autoridades mexicanas impulsan la criminalización de los defensores de derechos humanos y con la judicialización de su labor inhiben la denuncia de la población, indicaron los expertas en el reporte. // Foto: Cuartoscuro.

El sistema judicial mexicano no es útil para investigar y perseguir las violaciones que denuncian los defensores de derechos humanos del país, pues sus casos se quedan encarpetados por años. En cambio, ese sistema sí es eficaz cuando se trata de criminalizar a los mismos activistas e iniciar procesos penales en su contra.

Las denuncias en contra de defensores de derechos humanos avanzan velozmente en el sistema penal, lo cuál contrasta con la “ausencia de apoyo” de autoridades de los tres niveles de gobierno cuando es necesario investigar su misma labor de defensa, concluyeron expertas independientes de América y Europa que analizaron la situación de defensores en México.

“(Se) considera preocupante que se realicen los trámites de denuncia de manera expedita cuando se trata de acciones en contra de las personas que defienden derechos humanos, en contraste con el bajo nivel de investigación y sanción cuando se tratan agresiones en su contra. Esto genera temor y desincentiva la participación de las personas en la defensa de los derechos humanos, además, pone en duda tanto la imparcialidad del gobierno como el derecho al debido proceso para las personas defensoras”, cita el informe En Defensa de la Vida. Conclusiones de la Misión de Observación Civil sobre la situación de las personas defensoras en México 2015.

Las mismas autoridades mexicanas impulsan la criminalización de los defensores de derechos humanos y con la judicialización de su labor inhiben la denuncia de la población, indicaron los expertas en el reporte.

Según los datos disponibles, sólo en el Distrito Federal entre 2013 y 2014 se dio el caso de 220 defensores criminalizados, pero durante la Misión de Observación Civil que se realizó durante noviembre de 2014 se constató que escenarios similares se repiten en Guerrero, Oaxaca, Baja California, Veracruz o Sonora.

Actualmente existen al menos 25 averiguaciones previas en contra de defensores que se oponen a proyectos eléctricos, en donde destacan las denuncias interpuestas por la misma Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Iniciar procesos judiciales en contra de defensores de derechos humanos se ha convertido en una estrategia para obstaculizar su labor, “dado el impacto que tienen en su vida personal y laboral, así como el desgaste que le genera”.

“La criminalización y judicialización inhibe la denuncia de la población, genera un efecto amedrentador en las demás personas defensoras y debilita el movimiento de defensa de los derechos humanos desde la sociedad civil”.

La Misión detalla que los defensores contra los que se inicia un proceso penal tienen que invertir un “tiempo considerable” en su propia defensa y ello disminuye su capacidad para atender otras causas.

Fallas en el Mecanismo de Protección

Una de las herramientas institucionales para desde el Estado proteger la labor de defensores es el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de derechos humanos y Periodistas, coordinado por la Secretaría de Gobernación.

Las expertas independientes alertan en su informe 2015 que en México no existe una coordinación entre el gobierno municipal, estatal y federal para asegurar la protección de defensores.

Lo mismo ocurre entre instituciones de gobierno, la misma Junta encargada de manejar el mecanismo de protección y las autoridades que deben investigar y sancionar a quienes atenten contra la labor de estos activistas.

“Durante las reuniones sostenidas por la MOC (Misión de Observación Civil) las autoridades se desligaban de su responsabilidad, recordando las acciones que habían tomado y alegando que el problema o el obstáculo era otra autoridad u otro nivel de autoridad. Esta falta de compromiso debilita gravemente la definición de medidas de prevención y protección en respuesta a violaciones contra personas defensoras, asimismo, facilita la continuación y repetición de las violaciones”, se lee en el reporte que se presentó en Ginebra, Suiza, en el contexto de la Sesión 30 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Las expertas concluyen que esta faltas son consecuencia de “una carencia de claridad en los roles y responsabilidades” de cada instancia y nivel de gobierno en la misión de garantizar la labor de defensores de derechos humanos.

A ello se suman los errores técnicos dentro del Mecanismo: falta de respuesta a los llamados a través del botón de pánico, la ausencia de cobertura de los teléfonos satelitales, e incluso hostilidad de los agentes de seguridad hacia las personas que deben proteger.

En sus recomendaciones, las expertas indican que el gobierno mexicano debe implementar campañas para visibilizar el trabajo de los defensores para contrarrestar la ola de intimidaciones y ataques en su contra. Pero sobre todo, que exista un reconocimiento oficial y público a su labor.

Sobre el Mecanismo, se recomienda fortalecer su estructura no sólo capacitando al personal sino entregando información clara y precisa sobre las responsabilidades de cada institución y asegurar la correcta implementación de éstas.

Las expertas independientes alertan sobre el enorme reto que enfrenta el gobierno mexicano para combatir la impunidad en el país y garantizar que en el caso de los defensores de derechos humanos queden atrás acciones de “hostigamiento, desprestigio, vigilancia, robo de información, judicialización indebida, amenaza de muerte e incluso asesinato y desaparición forzada” de las que actualmente son víctimas.

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Haití: terremoto de magnitud 7.2 deja al menos 227 muertos

Las autoridades dieron el primer reporte oficial de personas que murieron debido al fuerte sismo, pero aclaran que podrían ser muchos más.
14 de agosto, 2021
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Este sábado se registró un terremoto en el sur de Haití de una magnitud de 7.2, de acuerdo al Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés), que dejó al menos 227 muertos y decenas de personas heridas.

El número de fallecidos fue confirmado por Protección Civil de Haití en las primeras horas de la tarde del sábado.

En un primer comunicado, Jerry Chandler, director de esa oficina, dijo que la cifra de muertos era de 29.

El terremoto ocurre pocos días antes del posible arribo de la tormenta tropical Grace.

Según el reporte del USGS, el epicentro del sismo se ubicó a unos 12 kilómetros al noreste de la ciudad de Saint-Louis du Sud.

Las autoridades locales reportaron daños estructurales en la ciudad de Jérémie y Les Cayes, además de la capital, Puerto Príncipe.

Terremoto en Haití

Edificios destruidos en la localidad de Jérémie, en el sur de Haití, tras el fuerte terremoto.

Por su parte, el primer ministro del país, Ariel Henry, señaló que la situación del país por el sismo es “dramática” y añadió que este había provocado “varias pérdidas de vidas humanas y materiales” en varios departamentos del país.

También declaró el estado de emergencia de un mes.

En su cuenta de Twitter, el primer ministro hizo un llamado a “al espíritu de solidaridad y compromiso de todos los haitianos” para afrontar “esta dramática situación que vivimos actualmente” a causa del terremoto que se registró este sábado.

De acuerdo a la agencia de noticias AFP, en redes sociales las personas comenzaron a compartir imágenes de edificios afectados por el sismo en la región norte del país.

“Muchas casas están destruidas, personas muertas y algunas en el hospital”, dijo Christella Saint Hilaire, que vive cerca del epicentro a esta agencia de noticias.

La agencia Reuters reportó que la situación más difícil en la ciudad de Les Cayes, donde residen 129.000 personas. Allí varios testigos señalaron el colapso de varios edificios, entre ellos un hotel.

“Igual o peor que 2010”

Milford Milo, habitante de Puerto Príncipe, le dijo a BBC Mundo, que la zona más afectada era sin duda el sur del país.

“En la capital no se presentaron daños, aunque hubo una ola de pánico que hizo que muchas personas salieran a las calles debido a lo que pasó hace 11 años”, anotó Milo.

En 2010 Haití fue víctima de un feroz terremoto que dejó cerca de 200.000 muertos y más de 300.000 heridos.

Y para Milo, este terremoto podría tener una dimensión similar.

“Lo que me cuentan las personas que viven allá es que hay muchos edificios colapsados y mucho caos. Estas son provincias donde las construcciones son mucho más frágiles que las que hay o habían en la capital en 2010”, señaló.

Poco después del reporte del terremoto, la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de EE.UU. (NOAA) emitió este sábado una alerta de tsunami en algunas costas de Haití debido al fuerte sismo.

“Olas de tsunami que pueden llegar a uno o tres metros sobre el nivel de la marea son posibles en algunas costas de Haití”, indicó la NOAA, sin precisar zonas concretas del país.

Este sismo se produce cuando Haití ya está sumido en crisis políticas, humanitarias y de seguridad.

Ocurre además un mes después del asesinato del presidente Jovenel Moise, mientras que franjas del país se enfrenta a un hambre creciente y los servicios de salud están colapsados por la pandemia del covid-19.

“¡Este país nunca encuentra un descanso! Cada año de la mala gestión no dolió, pero los efectos acumulativos nos hicieron vulnerable a todo “, dijo el empresario haitiano Marc Alain Boucicault en Twitter.

“Va a llevar años arreglar las cosas y ni siquiera hemos ¡empezado!”

Línea

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