Expediente Ayotzinapa: la Policía Federal reportó a PGR "saldo blanco" tras ataque a normalistas
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Paris Martínez

Expediente Ayotzinapa: la Policía Federal reportó a PGR "saldo blanco" tras ataque a normalistas

Según una bitácora de la noche de la agresión a los estudiantes, la PGR le pidió a la PF verificar el incidente y ésta reportó (y luego ratificó) que no había ni lesionados. Por su parte, el Ejército se rehusó a apoyar a la fiscalía estatal en retención y traslado de policías municipales involucrados.
Paris Martínez
Por Arturo Angel
7 de octubre, 2015
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Marcha en la ciudad de México por el primer aniversario de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. //Foto: Manu Ureste

Marcha en la Ciudad de México por el primer aniversario de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. //Foto: Manu Ureste

La noche del 26 de septiembre del año pasado, tres estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa fueron asesinados en calles de Iguala, Guerrero, 16 más resultaron heridos y hubo 43 desaparecidos.  Sin embargo, el parte informativo que la Policía Federal entregó esa noche, y ratificó al día siguiente a la Procuraduría General de la República (PGR), fue de “saldo blanco”.

No sólo eso. La Policía Federal calificó todo el incidente como “disturbios por parte de los estudiantes de Ayotzinapa” y a los estudiantes de “provocadores”.

Las bitácoras informativas de la Estación Iguala de la Policía Federal –correspondientes al 26 y 27 de septiembre de 2014– evidencian la forma en que dicha corporación valoró los hechos que ocurrieron en esa jornada violenta en Guerrero.

Dichos documentos se encuentran en el tomo 40 de los 83 que tiene la versión pública de la investigación que la PGR inició por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y que Animal Político ha podido revisar gracias a una solicitud de transparencia.

Los partes informativos de la corporación policial revelan un trato diferenciado a los incidentes de esa noche, ya que el ataque a balazos a un autobús del equipo de futbol “Avispones de Chilpancingo” sí fue atendido por los agentes e incluso se interpuso la denuncia; sin embargo, la agresión a los normalistas no.

Las declaraciones de funcionarios de la Fiscalía de Guerrero revelan también que estuvieron a punto de perder el control de la instalación en donde retuvieron a policías municipales unas horas después del ataque, así como la negativa del 27 Batallón de Infantería a apoyarlos pese a los acuerdos de coordinación interinstitucional.

La bitácora federal

Entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, la bitácora de la Estación Iguala de la Policía Federal comprende 20 oficios emitidos en el parte de novedades, entre tarjetas informativas, dictámenes técnicos y relaciones de operaciones, según lo que dicha corporación le reportó a la PGR cuando le solicitó esta información.

Casi la mitad de estos partes informativos corresponden a los incidentes ocurridos en la ciudad de Iguala y su periferia; los otros están relacionados con la volcadura de un trailer, las diligencias de un juicio de amparo, la baja de elementos por una indagatoria en curso y otros aspectos operativos.

La primera referencia al tema de los normalistas está en una tarjeta informativa sin número fechada el 26 de septiembre, en la cual los suboficiales informan al subinspector titular de la Estación Iguala (todos los nombres se encuentran cubiertos en la versión pública) sobre los posibles incidentes registrados en la ciudad.

Ahí se deja en claro que la inspección se realizó luego de que el agente del Ministerio Público Federal de la zona (perteneciente a la PGR), Cesar Iván Pilares, pidió expresamente a la Policía Federal investigar la veracidad de un reporte recibido en la central de emergencias C-4 sobre un “enfrentamiento a balazos” que involucraba a los estudiantes de Ayotzinapa.

La respuesta de la Policía Federal tras “verificar” la información fue que los estudiantes normalistas se habían apoderado de autobuses de pasajeros y que de acuerdo con el secretario de Seguridad Pública de Iguala Felipe Flores (hoy prófugo) todo inició cuando “se escucharon detonaciones” de armas durante el informe de actividades de la presidenta del DIF María de los Ángeles Pineda.

“Acudieron al lugar los elementos de la policía municipal para verificarlos hechos, encontrándose a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa de los que recibieron agresiones y provocaciones, iniciándose una persecución la cual terminó frente al Palacio Judicial”, señala el parte de la Policía federal.

Según el reporte, los estudiantes huyeron de la zona con lo que terminó el incidente y se hizo notar que, según el secretario de Seguridad Felipe Flores, no hubo policías lesionados.

La tarjeta informativa número 1362, titulada en el rubro de “Asunto” como “Disturbios por estudiantes de Ayotzinapa en la ciudad”, señala que se recibió un reporte de la Policía Acreditable en el C-4 relacionado con “disturbios en la calle Juan Álvarez y Periférico” ocasionados por los normalistas, por lo que se decidió redoblar la vigilancia en los accesos de la ciudad.

En una nueva tarjeta informativa, la número 1363, ya con fecha del 27 de septiembre, la Policía Federal dijo que el saldo “verificado” del choque entre normalistas y agentes municipales era blanco; es decir, sin lesionados ni muertos.

“En seguimiento a la tarjeta informativo 1362/2014 donde s e informó de los disturbios en el centro de Iguala, arrojó saldo blanco es decir sin lesionados, según lo referido por el secretario de Seguridad Pública municipal y así verificado en el centro de la ciudad”, registró la Policía Federal.

El parte informativo además ratifica, a partir de lo dicho por el jefe de la policía municipal, que todo el incidente fue producto de una “provocación” de los estudiantes.

Las bitácoras de la Policía Federal incluyen también la respuesta formal que la corporación le dio al agente del Ministerio Público de la PGR plasmada en el oficio PGR/DR/CEG/EI/788/2014, en donde le reitera que la agresión fue producto de una provocación de los estudiantes y que no había lesionados.

Finalmente, en la tarjeta informativa 1369, fechada también el 27 de septiembre, la Policía Federal hace un balance de los hechos ocurridos precisando que el reporte del incidente se recibió a las 9:55 de la noche y luego se verificó, con el referido “saldo blanco”.

En realidad, y como la investigación ministerial local y federal lo confirmó, para el 27 de septiembre los normalistas ya habían sido atacados a balazos en dos ocasiones, con un saldo fatal para tres de ellos, y 43 que hasta ahora siguen desaparecidos.

El ataque que sí fue verificado

Las bitácoras de la Policía Federal evidencian un tratamiento distinto a la verificación que se hizo del ataque en contra del autobús donde viajaba el equipo de futbol Avispones de Chilpancingo, incidente ocurrido en el kilómetro 136 de la carretera Cuernavaca-Chilpancingo a la altura del cruce con Santa Teresa.

Las tarjetas informativas 1364 y 1367 describen la revisión que se hizo del lugar, en el cual se confirmó la muerte de dos personas: una mujer cuyo cuerpo quedó cerca de un taxi, así como de un joven de 14 años perteneciente al equipo de futbol.

El reporte inicial de este incidente también se recibió vía la Policía Estatal Acreditable tras una llamada en elC-4 pero, a diferencia del incidente de los normalistas en el centro de Iguala, aquí la Policía Federal si movilizó a cinco patrullas hasta el lugar de los hechos para revisar lo ocurrido.

En sus tarjetas informativas, y posteriormente en la denuncia de hechos que hizo ante el Ministerio Público Federal mediante el oficio 050/2014, se describe que el autobús del equipo de futbol perteneciente a la empresa Castro Tours junto con otros dos vehículos “fue agredido con armas de fuego” sin que se identificara a los responsables.

La corporación hizo una descripción pormenorizada de los vehículos encontrados en el lugar e incluyó un croquis descriptivo del lugar de los hechos.

Al lugar de los hechos acudió personalmente un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Guerrero junto con los peritos para realizar las primeras diligencias y el traslado de los cuerpos, acciones facilitadas por el resguardo de la Policía Federal.

Ejercitó negó apoyo a la Fiscalía

La madrugada del 27 de septiembre, autoridades estatales de Guerrero arribaron a Iguala para investigar los ataques que habían ocurrido. El entonces fiscal General Iñaki Blanco ordenó que los policías municipales fueran retenidos y su armamento requisado ante las sospechas de abuso de autoridad en que habían incurrido.

Declaraciones de los funcionarios estatales incluidas en el expediente indican que inicialmente se retuvo a 22 agentes municipales los cuales fueron trasladados al cuartel de la policía estatal para declarar.

Sin embargo, para la tarde del 27 de septiembre la situación era de riesgo. Dos subprocuradores declararon ante la PGR que supuestos familiares, junto con otros policías municipales, organizaciones de taxistas y personas que se comunicaban por radio bloquearon los accesos al edificio y exigían la “liberación” de los agentes retenidos.

“Los policías intentaron meterse al cuartel, dijeron que no iban a dejar que se llevaran a sus compañeros así corriera sangre. Un policía se quería saltar la reja”, declaró el subprocurador de Asunto Jurídicos Ricardo Martínez Chávez.

Otro subprocurador cuyo nombre está ocultó en la versión pública, y que estaba también en Iguala pero no en el sitio donde tenían resguardado a los detenidos, recibió una llamada del fiscal Iñaki Blanco en el que le instruyó que buscara apoyo pues el personal estaba en riesgo. Ante ello acudió al 27 Batallón de Infantería pero los soldados no quisieron prestar apoyo.

“Acudí a las instalaciones del Batallón de Infantería de Iguala para que nos auxiliaran a efecto e sacar a nuestros compañeros del lugar así como a los detenidos, manifestándonos que no podían prestarnos auxilio porque no tenían autorización del Jefe Regional y estuve hablando con el Coronel de la Zona por teléfono celular para el apoyo, pero me decía que no podían” indicó el subprocurador.

Finalmente, los fiscales detallaron que luego de varios minutos y gracias a una negociación con el hoy prófugo secretario de Seguridad Pública de Iguala, se consiguió sacar a los detenidos y al personal ministerial sin que se desbordara la violencia.

**Nota publicada el 6 de octubre.

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Escocia se convierte en el primer país donde los productos para la menstruación son gratis

Esta semana, en Escocia se firmó una ley que garantiza el suministro sin costo de los tampones y las toallas sanitarias.
16 de agosto, 2022
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Escocia se convirtió este lunes en el primer país en el mundo en declarar el acceso gratuito a los productos para la menstruación como tampones y toallas sanitarias.

Con la firma de la nueva ley, que se hizo efectiva este lunes, la nación británica busca proteger el acceso sin costo a estos productos sanitarios.

La nueva legislación, conocida como “Ley de productos para la menstruación” señala que concejos públicos e instituciones educativas deben crear métodos para hacer disponible de forma gratuita estos productos.

Desde 2017, en el país se han invertido cerca de US$30 millones para proveer tampones y toallas sanitarias en sitios públicos.

Georgie Nicholson, quien dirige la organización británica Hey Girls, que busca que se den de forma gratuita estos productos en todo Reino Unido, le dijo a la BBC que la organización había realizado un estudio antes de la pandemia que indicaba que una de cada cuatro mujeres en Escocia se había enfrentado a la pobreza menstrual en algún momento.

“Hay una manera muy simple de describir la pobreza de la menstruación: vas al supermercado y tienes que elegir si puedes comprar una bolsa de pasta o una caja de tampones. Es así de básico”, dijo.

“Escuchamos de muchas madres que se quedan sin su protección para el período para poder alimentar a sus hijos y usan cosas como periódicos metidos en calcetines o pan… porque son más baratos que los tampones y las toallas sanitarias”.

Nicholson agregó que Escocia se convierta en el primer país del mundo en ofrecer productos gratuitos para la menstruación es un hito “realmente enorme”.

Por su parte, en América Latina el paso más lejano que se ha dado en este sentido tuvo lugar en Colombia, donde se les quitó el impuesto al consumo a los tampones y toallas sanitarias.

Tampones.

Getty Images
En América Latina en muchos países gravan con un impuesto a estos productos.

“Que alguien me los comprara”

Shauna Gauntlett ha sufrido de la llamada “pobreza de la menstruación” después del nacimiento de su primer hijo.

Ella, quien vive en Escocia, le dijo a la BBC que comprar productos sanitarios se había convertido en una carga financiera tras sufrir distintas dolencias después de dar a luz.

“Nadie te dice exactamente lo que pasa después del parto, qué es normal, qué esperar”, señala.

“Necesité que alguien me comprara esos productos por mí, porque yo no podía pagarlo, ni podía ir a comprarlos. Tenía algunos puntos por la cesárea, pero después me tuvieron que operar y entre ambas intervenciones tuve que conseguirlo de alguna manera”, explica.

La parlamentaria Monica Lennon fue la persona encargada de hacer la proposición de ley.

“Este es otro gran hito para los activistas por la dignidad de la menstruación y los movimientos de base que muestra la diferencia que pueden marcar las decisiones políticas y audaces”, anotó Lennon.


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