[contextly_sidebar id=”UFjhaPxWC9aoEU4x5LvO6zj7Yy5rshA3″]La Procuraduría General de la República (PGR) supo desde los primeros minutos del 27 de septiembre que policías de Iguala habían atacado a normalistas de Ayotzinapa. Pero tardó casi cinco meses en preguntar al Instituto Nacional de Migración si Felipe Flores Velázquez, el jefe de esos policías, había salido del país, y en solicitar a Interpol la “ficha roja” de captura.
Hasta la fecha, Felipe Flores –uno de los personajes clave en torno al ataque a los estudiantes– sigue prófugo.
Los partes oficiales, que la Policía Federal Ministerial de la PGR elaboró el 27 de septiembre, también confirman que sus agentes llegaron hasta el sitio en el que los normalistas fueron atacados por primera vez, e incluso se dieron cuenta de los daños causados a los autobuses en los que viajaban por las balas.
Sin embargo, los agentes se fueron sin recabar la información de lo sucedido, argumentando que los estudiantes podían agredirlos. Minutos después los normalistas fueron atacados de nuevo a balazos; en el lugar murieron dos.
El 6 de octubre de 2014, el exprocurador Jesús Murillo Karam dijo que ante la gravedad de lo ocurrido en Iguala, y por instrucción del presidente Enrique Peña Nieto, un equipo de la PGR se trasladaría directamente a esa ciudad para profundizar en la investigación de los hechos. Hasta ese momento, la Fiscalía local había oficialmente investigado el caso.
Pero documentos evidencian que la PGR inició desde la noche del ataque un expediente de investigación del caso y para el 27 ya sabían oficialmente que las fuerzas de seguridad locales estaban involucradas y que había jóvenes, tanto estudiantes como jugadores del equipo de futbol Avispones, que habían perdido la vida.
Todo estas revelaciones se encuentran en la versión pública de la investigación que la PGR inició por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y que desde el domingo 11 de octubre está abierta a todos los ciudadanos en el portal de internet de la PGR.
La ficha roja
La PGR conoció del presunto involucramiento de autoridades de Iguala desde las primeras horas posteriores al ataque de los normalistas. 22 agentes municipales fueron detenidos y consignados en menos de 48 horas por la Fiscalía General de Guerrero que, como Murillo Karam señaló, estuvo compartiendo información con la PGR prácticamente todo el tiempo.
En octubre de 2014, algunos medios de comunicación reportaron que la Procuraduría estaba por solicitar a la Policía Criminal Internacional (Interpol) la “ficha roja” en contra del ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y del jefe de la policía Felipe Flores Velázquez. Esto, con la finalidad de que fueran rastreados y localizados a nivel internacional.
La revisión del expediente abierto por la PGR en el caso, confirma que si se solicitó a la Interpol la emisión de la ficha roja, pero esto ocurrió hasta febrero de este año.
La solicitud se hizo a través del oficio número PGR/SEIDO/UEIDMS/FE-D/971/2015 cuyo título dice “Extraurgente y confidencial”, dirigido al Director General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol. El documento está fechado el 9 de febrero, pero el sello de recibido marca como fecha el 13 de febrero.
La SEIDO solicitó al referido director que se emitiera tanto la ficha roja como la alerta migratoria en contra de tres personas en total, entre ellos Flores Velázquez. Las otras dos personas, fueron el ex subdirector de la policía de Iguala Francisco Salgado Valladares, y el presunto lugarteniente de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo.
Fue también hasta el 9 de febrero de este año cuando la SEIDO envió un oficio dirigido al comisionado del Instituto Nacional de Migración Ardelio Vargas Fosado, solicitando datos sobre las tres personas mencionadas anteriormente además de Muro Valdez Castro, ex director jurídico del municipio de Iguala.
En concreto, la SEIDO dio 72 horas al Instituto para que en sus registros y bases de datos verificaran si estas personas habían entrado y salido del país y proporcionaran además sus números de pasaporte en caso de que tuvieran, así como calidad migratoria.
Actualmente Valladares Salgado y López Astudillo ya se encuentran detenidos, pero Flores Velázquez continua prófugo. En la página de internet de Interpol no aparece aún la ficha roja de esta persona aunque no todas se hacen públicas.
El pasado 7 de octubre la Procuraduría General de la República anunció una recompensa de 2.5 millones de pesos para aquellos que cuenten con información útil que permita la captura del ex director de la Policía de Iguala.
De acuerdo con las investigaciones de la SEIDO, Flores Velázquez es uno de los principales autores intelectuales del ataque inicial en contra de los normalistas de Ayotzinapa y su posterior entrega a integrantes del crimen organizado.
Los dejaron ahí
En su informe relacionado con la investigación del caso Iguala, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consignó, entre otras cosas, que en el sitio de la agresión a los normalistas estuvieron presentes elementos de la PGR que no brindaron apoyo alguno.
El tomo 62 de la versión pública del expediente Ayotzinapa contiene la documentación de la primera averiguación que inició la PGR a través de su subdelegación en Iguala, y ahí están los partes policiales que confirman que elementos de la Policía Federal Ministerial llegaron al sitio pero no actuaron.
En el oficio PGR/AIC/PFM/UAIOR/GRO/4142/2014 los policías explican que, con motivo de una inspección que realizaban en la ciudad, se trasladaron a la esquina de las calles Juan Álvarez y Periférico, en el que había tres autobuses con las llantas ponchadas.
El informe no detalla la hora en la que estuvieron los agentes, pero por los daños que observaron se confirma que ya había pasado el primer ataque, sin que todavía ocurriera la segunda balacera registrada a la media noche y en la que cayeron muertos dos normalistas, mientras el resto huyó de la zona.
Los policías explican que registraron lo ocurrido pero se retiraron sin haber profundizado en ninguna investigación al respecto y tampoco hay registro que lo hubieran reportado esa misma noche.
“Nos percatamos que efectivamente se encontraban tres autobuses de diferentes líneas de transporte, y se observaron con las llantas ponchadas así como varios jóvenes que al parecer eran estudiantes sin lograr constatar, por lo que procedimos a retirarnos del lugar con la finalidad de no tener algún altercado con los individuos que iban en el autobús”, indican los agentes.
Esta situación fue consignada por los elementos de la Policía Federal Ministerial hasta el 27 de septiembre, es decir una día posterior al ataque, en un informe de investigación que solicitó el Ministerio Público Federal para que se indagara lo que había ocurrido durante la noche y la madrugada en Iguala.
Los agentes confirmaron, en las indagatorias que hicieron el 27 sustentadas en diversos testimonios, que si se había registrado una agresión a tiros en contra de los autobuses de los normalistas.
10 días de retraso
La noche del 26 de septiembre de 2014, la PGR abrió el expediente de investigación número AC/PGR/GRO/IGU/I/256/2014 con motivo del reporte de incidentes que se recibió en la central de comunicaciones C4 de Iguala. Dicho expediente se convirtió en la primera averiguación previa federal del caso.
Aunque –como ya publicó Animal Político– la Policía Federal le informó a la PGR que las agresiones en Iguala habían dejado “saldo blanco”, los informes de investigación rendidos por los agentes ministeriales y el intercambio de datos con la Fiscalía General de Justicia confirmaron que policías municipales habían atacado a los normalistas.
Un oficio fechado el 27 de septiembre de la delegación de la PGR, dirigido a la Coordinación de Supervisión y Control Regional de la misma dependencia (y que se puede consultar en la página 18 del tomo 62 de la versión pública del caso Iguala), hace una descripción de lo ocurrido en Iguala.
Ahí se detalla por ejemplo, que los estudiantes de Ayotzinapa según sus propias declaraciones, fueron “baleados sin motivo alguno” por la Policía de Iguala, e incluso que varios habían sido “asegurados” por dicha corporación desconociéndose su paradero. También se detalla el ataque al autobús del equipo de futbol Avispones por personas fuertemente armadas.
Sin embargo, fue hasta el 6 de octubre, 10 días después, cuando la PGR decidió enviar un equipo ministerial para profundizar en las investigaciones por instrucciones del presidente Peña Nieto.
“El estado mexicano, me dijo el Presidente, no puede darse el lujo de ignorar una situación de esta naturaleza. Y si bien, somos respetuosos, de la competencia local que en principio tenía el caso, hoy ante la posibilidad real de lo que puede parecer un hecho verdaderamente lamentable, grave, la indicación es que con toda la fuerza del estado actuemos para buscar la verdad, la sanción y el castigo, dijo Murillo en esa ocasión.
El informe del GIEI presentado en septiembre pasado, evidencio que fue hasta octubre de 2014 cuando la PGR se decidió a atraer por completo todo el expediente.
