[contextly_sidebar id=”Ag9qzkqunXAcC9ieNsf46HdEOblVpaPW”]La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinará si la minera Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, es responsable de la violación a derechos humanos por el derrame en el Río Sonora que ha afectado la vida y salud de los pobladores.
A más de 14 meses de que un derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre contaminó el Río Sonora, los Comités de Cuenca y el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) lograron que la Corte analice la posible atracción de un juicio de amparo contra la empresa que tiene una concesión otorgada por el gobierno.
Se trata de un hecho inédito, toda vez que los ministros podrían aprobar que Buenavista del Cobre sea considerada como “autoridad responsable” por la falta de un plan de manejo de residuos peligrosos, de un programa de remediación ambiental integral y por las irregularidades para operar los lixiviados (desechos químicos). Consecuencia de ello son las afectaciones a los pobladores de manera directa.
Esto sentaría un precedente legal que permitiría demandar a empresas y no sólo a instituciones del Estado por violaciones a derechos humanos, como ocurre actualmente.
“Una empresa que ha recibido concesiones del gobierno puede ser considerada autoridad, al mismo nivel que el gobierno. Claramente tiene responsabilidad y la Suprema Corte puede determinarlo de una vez por todas”, aseguró Bejamin Cokelet, director ejecutivo de PODER.
Hasta el momento, Buenavista del Cobre sólo ha gastado 0.2% de sus ingresos anuales por el derrame del 6 de agosto de 2014. En ello se encuentra el fideicomiso de 2 mil millones de pesos (deducible de impuestos) para los afectados, lo que representa 0.013% de las ventas de la empresa
También incluye la multa interpuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), por 24 millones de pesos, lo que representa 0.00016% de los ingresos anuales.
En realidad, “esto no ha sido suficiente ni ha corregido la situación de fondo porque los pobladores siguen siendo afectados y el problema no ha sido resuelto”, afirmó Cokelet en conferencia de prensa.
De ser considerados como “autoridad responsable” podría ser sancionados medidas que va dese la disculpa púbica hasta “las garantías de no repetición”, informó el abogado de Poder que lleva el caso, Luis Miguel Cano.
La no repetición sería medida más importante, toda vez que “la empresa ha incumplido con la normatividad y ha tenido beneficios de ello” y, peor aún, el derrame ocurrido hace un año podría repetirse porque Buenavista del Cobre no ha cambiado su forma de operación, dijo Cano.
Además, conforme a la Ley Minera, Buenavista del Cobre podría perder la concesión sólo por una resolución judicial.
El caso está a consideración de la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán, de la Segunda Sala de la SCJN, pero no hay plazo para que determine dar entrada y posterior análisis a través de un proyecto de discusión.
Las organizaciones sociales tienen confianza en que la Corte atraerá el caso porque “no hay forma ni argumento para negar que esta empresa tiene funciones de proteger el medio ambiente como concesionaria minera”, afirmó el abogado Luis Miguel Cano.
Esto porque el artículo 39 de la Ley Minera establece que “en las actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales o sustancias, los concesionarios mineros deberán procurar el cuidado del medio ambiente y la protección ecológica, de conformidad con la legislación y la normatividad de la materia”.
Las organizaciones consideran que de no encontrar respuesta favorable en la Corte, podrían llevar el caso ante instancias internacionales porque “este es un caso paradigmático de contaminación donde las autoridades del Estado Mexicano y esta empresa son responsables de varias violaciones a derechos humanos y habría que llevarlo hasta sus últimas consecuencias”.
En tanto, Francisca Ramos, integrante del Comité de Cuenca del Río Sonora, aseguró que tienen “la esperanza en los magistrados y confiamos en nuestras autoridades mexicanas antes de irnos con las internacionales. (la resolución) es importante no sólo para el Río Sonora, sino para todos los mexicanos”.
Conagua deberá hacer nuevo peritaje
El Comité de Cuenca del Río Sonora, integrado por pobladores afectados, representados por la organización PODER, interpusieron siete amparos contra Buenavista del Cobre, en el número 834/2015, determinó que la Comisión Nacional del Agua deberá realizar otro peritaje para conocer la calidad del agua tras la contaminación.
El Juez Primero de Distrito en Sonora ordenó que la CONAGUA realice estudios inmediatos sobre la potabilidad del agua para consumo humano que se está extrayendo de los pozos alimentados por los ríos Bacánuchi y Sonora.
Aunque la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) ya abrió los pozos para consumo humano porque el agua cumplía con las Normas Oficiales Mexicanas Existentes, PODER denunció que éstas tienen niveles inferiores a las normas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y estándares de medición “más laxos” en comparación con los internacionales.
La Conagua deberá acatar la orden y realizar la medición o de lo contrario incurriría en un delito. Sería como desobedecer una sentencia, aseguró el abogado Luis Miguel Cano.
De acuerdo con los pobladores, la contaminación del agua ha traído consecuencias en su salud como problemas en la piel, estomacales y, la agricultura también ha sido afectada pues la producción ha sido menor.
