[contextly_sidebar id=”sZhfokMlAEl2Ci4Fp0oNZVKNBjzBIo7L”]Durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a diversos estados de México, la CIDH “constató en terreno la grave crisis de derechos humanos” que vive el país, “caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares”.
Como parte de sus observaciones, la CIDH concluyó que “la violencia contra familiares de víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas es ejercida con el objetivo de silenciar las denuncias y el reclamo de verdad y justicia, y perpetuar la impunidad para las graves violaciones a los derechos humanos”.
Del 29 de septiembre al 2 de octubre, miembros de la CIDH visitaron el Distrito Federal, Guerrero, Nuevo León, Coahuila, Tabasco y Veracruz, donde se reunieron con autoridades, víctimas y familiares.
En el reporte preliminar de estas visitas, la CIDH informa que recibió reportes “en múltiples zonas del país” sobre la falta de justicia para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y sus familiares.
“En particular, es alarmante la cantidad de procesos penales que permanecen estancados por años en el proceso de investigación sin que se ejerza la acción penal y, por lo tanto, sin que se dicte sentencia”, concluye la CIDH.
“Se deben resolver las causas estructurales de la falta de acceso a la justicia en México, tal como la infiltración de grupos del crimen organizado en muchas policías de los diferentes niveles de gobierno, en especial a nivel municipal, así como agencias de procuración de justicia”, dice la CIDH.
Sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014, la CIDH urgió al Estado mexicano a esclarecer la verdad de los hechos y dijo que la Procuraduría General de la República (PGR) debe adoptar “cuanto antes” las medidas solicitadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI):
*Trasladar la responsabilidad de la investigación a la Subprocuraduría de Derechos Humanos.
*Designar, en consulta con el GIEI, un nuevo Fiscal Especial a cargo de la investigación.
*Renovar a todos los miembros del equipo.
*Reorientar la investigación a fin de seguir las líneas que surgen del informe del GIEI, las cuales distan de las hipótesis bajo la cual se han realizado las investigaciones de la PGR hasta el momento.
*Permitir a los expertos entrevistar a todos los testigos, incluidos los integrantes del 27 Batallón de Infantería.
La CIDH dice que la actual crisis de graves violaciones de derechos humanos que atraviesa el país “es causa y consecuencia de la impunidad que persiste desde la llamada guerra sucia”.
Éstas son las recomendaciones íntegras que hizo al Estado mexicano:
*Desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de estas por parte de las policías civiles.
*Tomar medidas para que en casos que puedan constituir un uso indebido de la fuerza, funcionarios federales y estatales se abstengan de prejuzgar en comunicaciones públicas sobre la legalidad de la actuación de las fuerzas de seguridad antes de contar con los resultados de una investigación.
*Adoptar medidas de protección específicas en los casos en que estén en riesgo las víctimas, sus familiares, sus representantes, testigos, peritos y defensores que participen en la investigación o búsqueda de justicia. Imponer sanciones adecuadas en casos de represalias en contra de cualquiera de estas personas.
*Revisar la Ley General de Víctimas y el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel federal y estatal, en consulta con organizaciones de la sociedad civil y con las víctimas para una efectiva implementación.
*Adoptar una Ley Nacional sobre Desaparición y Desaparición Forzada y una Ley Nacional sobre Tortura. Para ello, adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que tanto a nivel federal como estatal, la legislación y las prácticas se ajusten a los estándares internacionales en la materia.
*Establecer lineamientos de aplicación federal y estatal sobre la recopilación de estadísticas uniformes en graves violaciones a los derechos humanos. En particular, el Estado debe mejorar el sistema de recopilación de información de forma desagregada, con una metodología consistente y transparente.
*Establecer mecanismos de búsqueda inmediata de personas desaparecidas en todo el territorio nacional. Mejorar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas como un registro único de desapariciones y que además permita registrar a una persona como víctima de desaparición forzada.
*Crear una institución nacional autónoma de servicios forenses que cuente con infraestructura adecuada, suficientes recursos humanos y financieros, y protocolos estandarizados aplicables a nivel nacional.
*Establecer un registro nacional sobre la localización de restos no identificados inhumados en cementerios de todo el país con causa de muerte violenta.
*Maximizar los esfuerzos en la búsqueda de fosas clandestinas en estados que han registrado altos niveles de violencia.
*Continuar y profundizar el trabajo de la Comisión Forense para la Identificacion de Restos en los casos que se encuentren en las rutas de migrantes. Adoptar las medidas que sean necesarias para la creación del Mecanismo Transnacional de Acceso a la Justicia para Migrantes y sus Familias, así como la creación de una Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra Personas Migrantes a nivel federal.
*Fortalecer las instituciones forenses para que cuenten con registros de personas desaparecidas actualizadas, confiables que contengan toda la información necesaria para el proceso de identificación.
*Elaborar un diagnóstico nacional sobre desplazamiento interno forzado en México y adoptar una política nacional para abordar el desplazamiento interno forzado conforme a los estándares internacionales en la materia.
*Crear un Registro Único Nacional de personas detenidas y asegurar que dichas personas sean puestas a disposición inmediata de un juez sujeto a sanción en casos de incumplimiento.
*Corregir la excesiva aplicación de la prisión preventiva, y aplicarla excepcionalmente, haciendo uso de otras medidas cautelares no privativas de la libertad. En este marco, garantizar la inmediata puesta a disposición del juez de las personas detenidas, a fin de restringir la detención sin orden judicial en los casos de presunta flagrancia y flagrancia equiparada.
*Eliminar la figura del arraigo del ordenamiento jurídico mexicano.
*Investigar casos en los que los jueces no han ordenado una investigación cuando existan denuncias o indicios de tortura. Asegurar que se aplique el Protocolo de Estambul a nivel nacional en forma expedita y bajo riesgo de sanción.
*Establecer un plan coherente sobre la cooperación entre las autoridades de procuración de justicia a nivel federal y estatal en la investigación de graves violaciones de derechos humanos, con una visión integral, protocolos específicos, y la adopción de criterios técnico-profesionales, y no políticos, en la atracción de investigaciones por la federación.
*Asumir la responsabilidad histórica de rendir cuentas sobre las graves violaciones a los derechos humanos. Como prioridad, investigar, esclarecer y sancionar las violaciones cometidas durante la época de la llamada Guerra Sucia.
*Fortalecer el mecanismo de protección de defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas, garantizando su sostenibilidad económica en el largo plazo y dotándolo de mayor autonomía administrativa y exhortando a las entidades federativas a colaborar con el mismo. Al mecanismo se le recomienda realizar la evaluación y adopción de medidas de protección diferenciadas para mujeres, líderes indígenas y defensores ambientales, realizar mediciones sobre la efectividad de las medidas implementadas, fomentar la articulación y cooperación institucional con la PGR, así como incrementar la transparencia de todo lo actuado para incrementar la confianza de los beneficiarios. Lo anterior deberá acompañarse del desarrollo de una política de prevención y de participación de la población objetivo.
