[contextly_sidebar id=”VC9nx8VZpD3IET6AA1F9la24rrzW4Edc”]Los senadores aprobaron en lo general y lo particular el dictamen de la ley reglamentaria en materia de derecho de réplica, la cual permitirá a los medios de comunicación negar este derecho a cualquier ciudadano, el cual será orillado a iniciar un proceso judicial, enfrentar engorrosos trámites y presentar pruebas físicas del agravio cometido en su contra.
La nueva ley fue turnada al titular del Ejecutivo Federal para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.
En medio de un largo debate se discutieron y votaron las reservas a los artículos 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 37 y 39, que fueron presentadas por los senadores y senadoras del PRD, Angélica de la Peña, Alejandro Encinas Rodríguez, Dolores Padierna Luna, Zoé Robledo Aburto, Isidro Pedraza Chávez, Benjamín Robles Montoya, Mario Delgado Carrillo, Rabindranath Salazar Solorio y Fidel Demédicis Hidalgo.
Asimismo las reservas del PAN, por el senador Javier Corral Jurado; del PT, por los legisladores Manuel Bartlett Díaz y David Monreal Ávila, y por la senadora Martha Tagle Martínez.
Sin embargo, ninguna de las 25 reservas planteadas en tribuna por los legisladores fue avalada por el Pleno, por lo que los artículos correspondientes quedaron en sus términos.
Con este dictamen, un medio, agencia de noticias, emisoras o productoras independientes pueden negar el derecho de réplica cuando:
- Se trate de transmisiones en vivo y consideren que la réplica ya se realizó.
- Consideren que el afectado no se está limitando a la aclaración de datos, sino que tiene otros fines.
- La información presuntamente inexacta se base en datos oficiales.
- La declaración de un servidor público o provenga de alguna agencia de noticias.
En cualquier caso, el afectado deberá contar con pruebas físicas del agravio, lo que implica solicitar una copia de la emisión o publicación al mismo medio que la transmitió.
Para la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias (AMDA), esto es un obstáculo para ejercer el derecho de réplica pues no existen garantías de que el medio entregará la prueba requerida.
Si se trata de medios impresos, el escrito de réplica, rectificación o respuesta deberá publicarse íntegramente, sin intercalaciones, en la misma página, con características similares a la información que la haya provocado y con la misma relevancia.
Cuando se trate de información transmitida a través de un prestador de servicios de radiodifusión o uno que preste servicios de televisión o audio restringidos, la rectificación o respuesta tendrá que difundirse en el mismo programa y horario y con características similares a la transmisión que la haya motivado.
En tanto, las agencias de noticias que difundan información falsa o inexacta a sus suscriptores, en agravio de una persona, deberán difundir por los mismos medios a sus suscriptores, la rectificación o respuesta que realice la persona legitimada.
Para ello, en un plazo máximo de veinticuatro horas contadas a partir de la fecha en que se resuelva la procedencia de la solicitud de réplica.
Además, en el caso de que el Juez considere procedente la publicación o difusión de la réplica y el sujeto obligado se niegue a cumplir la sentencia o lo haga fuera del plazo establecido será sancionado con multa de cinco mil a 10 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
Senadores como el panista Javier Corral y el petista David Monreal pronunciaron un discurso contra el dictamen actual, mientras que legisladores como el panista Javier Lozano y los priistas Graciela Ortiz y Jesús Casillas, lo apoyaron.
Para el senador Corral, la ley que reglamenta el derecho de réplica “no le sirve a los ciudadanos y favorece intereses de medios electrónicos”.
Por su parte, el senador Monreal dijo que “esta ley provocará burocratizar y desincentivar a toda persona para ejercer el derecho de réplica”.
Sin embargo, para el senador Javier Lozano, este derecho “será igual para toda persona”, se va a aplicar en todos los medios de comunicación y aseguró que este proyecto no limita la libertad de expresión.
Según el derecho internacional, la carga de probar los hechos debería caer sobre el medio que difunde la información y no sobre el ciudadano agraviado.
