Diagnóstico desnuda a la policía: oficiales aviadores, academias “patito”, jefes sin experiencia
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Diagnóstico desnuda a la policía: oficiales aviadores, academias “patito”, jefes sin experiencia

El Sistema Nacional de Seguridad Pública, que debería velar por el desarrollo policial, es una oficina que reparte dinero incapaz de vigilar y sancionar, evidencia María Elena Morera. El diagnóstico es correcto, reconoce Peña Nieto. Hace falta reforma constitucional, señala Renato Sales.
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Por Arturo Angel
10 de noviembre, 2015
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María Elena Morera, presidenta de Causa en Común A.C., junto al presidente Enrique Peña Nieto, durante el “4º Foro Nacional Sumemos + Causas por la Seguridad, Ciudadanos + Policías”. // Foto: Cuartoscuro.

María Elena Morera, presidenta de Causa en Común A.C., junto al presidente Enrique Peña Nieto, durante el “4º Foro Nacional Sumemos + Causas por la Seguridad, Ciudadanos + Policías”. // Foto: Cuartoscuro.

Tres de cada cuatro personas contratadas como policías en Michoacán en realidad no lo son; en Guerrero hay barrenderos y secretarias que cobran como agentes; la academia policial de Nayarit tiene un salón; el Mando Único anunciado desde el sexenio pasado, funciona en la mitad de los estados; Veracruz y Sinaloa tienen en la calle y armados a miles de oficiales con el control de confianza reprobado.

El diagnóstico de la situación en que operan las policías en México, presentado en el “Cuarto Foro Nacional Sumemos Causas Ciudadanos + Policías”, evidencia que las corporaciones no solo padecen por falta de equipos o de uniformes para los agentes, sino que presentan un desorden administrativo y estructural que afecta todo el funcionamiento de las corporaciones.

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Y el órgano, que debería velar porque esto no ocurra, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Púbica, es en realidad, según el diagnóstico presentado en el foro, un ente convertido en repartidor de dinero, pero incapaz de dar seguimiento a los objetivos planteados y menos aún de sancionar a quienes no cumplen con su trabajo, dijo frente al presidente Enrique Peña Nieto la activista María Elena Morera, presidenta de Causa en Común y organizadora del foro.

“Tengo que reconocer que María Elena Morera ha dado un claro diagnóstico y tiene razón, es la realidad que se presenta en algunas partes del país” respondió el presidente.

Incluso, agregó Morera en entrevista posterior, el Registro Nacional de Seguridad y Justicia, que debería contener una relación pormenorizada del desarrollo de cada agente policial, incluyendo los cursos que ha tomado, las pruebas y exámenes que ha superado, su trayectoria y ascensos, en realidad carece de todos esos datos.

“Esto va más allá de un tema de voluntad política. Es un tema de orden institucional. Tenemos que empezar desde el principio y definir qué queremos del policía y, en base a eso, cómo lo vamos a preparar, cómo lo vamos a ascender, cómo va a tener méritos y eso está sólo en la ley, pero en la realidad es inexistente” dijo la activista.

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El comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, reconoció en entrevista con Animal Político que existen pendientes en la capacitación de las fuerzas policiales en el país, y adelantó que es necesaria una reforma constitucional para equilibrar los beneficios sociales como trabajadores de los agentes de seguridad, pues sus condiciones laborales rayan en la “discriminación”.

Peor que con los maestros

El diagnóstico, que fue presentado en el foro, arroja que hay zonas en el país en donde el número de policías real es distinto al de las plazas otorgadas para que gente trabaje como tal. Es decir, hay gente a la que se le paga como si fuera un agente operativo en las calles, pero en realidad se trata de “policías aviadores”.

Causa en Común, la organización que preside Morera y lleva cuatro años analizando el desarrollo policial en el país, puso de ejemplo el caso de Michoacán, en donde la llamada Fuerza de Seguridad Ciudadana tiene registrados dos mil 350 elementos pero en realidad, sólo hay 600 policías operativos en la calle.

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“Resulta que el resto son, o eso nos dicen, trabajadores administrativos. Nosotros nos preguntamos. ¿Cómo puede ser que en una institución de seguridad haya más trabajadores administrativos que policías?” señaló Morera.

Otro caso es el de Guerrero. De los aproximadamente cinco mil policías estatales, solo dos mil son agentes operativos, que superaron el control de confianza, señaló la activista. El resto resultó que no eran policías, sino servidores públicos de otras áreas, como por ejemplo empleados de limpia o secretarias de los servicios de salud.

“La explicación que nos dio el gobierno estatal es totalmente absurda: nos dicen que siempre ha sido así el desorden administrativo en Guerrero y que entonces, como no hay plazas de otra cosa, pues les dan plazas de policías para que tengan seguridad laboral” señala Morera.

La situación es similar e incluso aún más grave que la que se presentaba con los “maestros aviadores” del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que cobraban sin dar clases.

“Ahí era el sindicato el que ponía a gente que cobraba de maestros a hacer otras cosa pero aquí es mucho más grave porque quien los comisiona es la misma autoridad. La misma autoridad corrompe sus plazas” dijo Morera.

Capacitación y confianza ficticias

El esquema de desarrollo policial plantea que cada estado debe contar con una academia en la que se profesionalice de forma integral a los uniformados, pero en los hechos la realidad es distinta.

El diagnóstico de Causa en Común arroja que solo hay 13 entidades del país con “condiciones mínimas” para brindar una capacitación a los policías, mientras que hay cuatro estados, Zacatecas, Chiapas, Colima y Puebla, que carecen de cualquier condición mínima para preparar a sus agentes.

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“Y tenemos estados que dicen tener una academia pero en algunos casos como Nayarit la supuesta academia consta de una sola aula que es donde se dan los cursos” reveló Morera.

Respecto al sistema profesional de carrera, los estados de Campeche, Durango, Estado de México, Guerrero, Morelos y Tlaxcala tienen deficiencias “graves” en cuanto la implementación de los esquemas de desarrollo y progresos de los agentes, incluyendo ascensos y promociones.

Morera dijo a Animal Político que la realidad es que, en la mayoría de los estados del país, no hay un control deficiente sino que es inexistente, en cuanto a los cursos que toma cada policía, a los ascensos que ha recibido los procesos de control de confianza que han tomado.

A esto se suma, aunque de ello no se dieron cifras precisas, del nombramiento de personas sin experiencia al frente de instancias de seguridad pública. Además, según un encuesta realizada por Causa en Común, que 7 de cada 10 policías consideran que sus jefes no los toman en cuenta para nada.

El otro pendiente es el control de confianza, pues si bien se aplicaron todas las pruebas, proceso que llevó años, en muchos estados los agentes reprobados siguen laborando. De hecho, solo 9 de las 32 entidades federativas han dado de baja a todos los agentes reprobados.

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Los casos más graves, según el diagnóstico, son los de Veracruz, donde casi 40% de los policías no son confiables, según los exámenes practicados; mientras que en Sinaloa, el porcentaje asciende a 35.09% y Baja California Sur con 33.3%.

“Además tenemos casos de policías que ni siquiera saben el resultado de sus pruebas porque los mandos no les dicen y con ello los extorsionan” dijo Morera.

En este contexto, Renato Sales, titular de la Comisión Nacional de Seguridad, explicó que hace falta una reforma al artículo 123 constitucional Apartado B Fracción XIII, el cual establece un régimen especial para que los policías puedan ser dados de baja, que no son acordes a los derechos que tiene cualquier otro servidor público.

Y Mando Único, solo a la mitad

Desde el sexenio del presidente Felipe Calderón se estableció la importancia de impulsar un Mando Único Policial en los estados con el fin de unificar la coordinación de las corporaciones de seguridad estatal y municipales que operan en una entidad. En diciembre de 2015, hace casi un año, el presidente Enrique Peña Nieto reiteró que esta esquema era necesario.

La realidad actualmente, de acuerdo con datos oficiales de la Secretaria de Gobernación presentados en el foro, es que apenas 53% de los estados han firmado y puesto en marcha los esquemas de coordinación de Mando Único. Nueve entidades mas tienen avances importantes pero aun no consiguen completar el procedimiento.

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Hay un caso, el de Oaxaca, en donde el avance es de 54% en la firma del convenio necesario con los municipios, mientras que en otras cinco entidades Guerrero, Veracruz, Baja California Sur, Sonora e Hidalgo el progreso es prácticamente inexistente.

En ese contexto el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que la federación retirará el apoyo en seguridad a las entidades que no apresuren a implementar el esquema del Mando Único.

Activistas como Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional de Seguridad, y Andrea Ambrogi, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, señalaron a este medio digital su apoyo a la implementación de este esquema, aunque consideraron prioritario que el mismo se adapte a la realidad de cada zona.

Las 5 propuestas de Causa en Común para fortalecer policías y seguridad
1 Reestructurar el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En 16 años repartió 130 mil mdp en subsidios pero los resultados son pobres
2 Consolidar Comisión Especial de Desarrollo Policíal la cual deberá, antes que nada, realiza run diagnóstico oficial de las corporaciones en el país
3 Consolidar espacios ciudadanos en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, con funciones definidas
4 Transparentar Acuerdos de Colaboración en materia de seguridad y llamar a cuentas a gobernadores que no colaboren
5 Acelerar el proceso de la Clave Única de Identidad

Presentadas en el “Cuarto Foro Nacional Sumemos Causas Ciudadanos + Policías”.

A continuación puedes consultar el discurso completo de María Elena Morera:

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Los controvertidos planes de Reino Unido para enviar a Ruanda a solicitantes de asilo

Algunos solicitantes de asilo que llegan en embarcaciones pequeñas serán enviados al país africano como parte de un programa de prueba de US$150 millones.
14 de abril, 2022
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Algunas personas que buscan asilo en Reino Unido serán trasladadas a Ruanda -a más de 6.500 km de distancia- para ser procesadas en el país africano, según los nuevos planes del gobierno británico.

El controvertido programa forma parte de las nuevas y severas medidas del gobierno para reducir el número de migrantes que llegan al país en pequeñas embarcaciones por el Canal de la Mancha.

La ministra del Interior, Priti Patel, se encuentra en la nación africana para firmar el acuerdo de US$150 millones que involucra probar el esquema con hombres solteros que llegan a Reino Unido y serán enviados a Ruanda.

En un discurso el jueves el primer ministro británico, Boris Johnson, confirmó el programa diciendo que era necesario “para salvar innumerables vidas” y evitar que “los traficantes de personas” conviertan el océano en un “cementerio acuático”.

Indicó que bajo el nuevo esquema cualquier persona que llegue ilegalmente a Reino Unido podría ser “reubicada” en Ruanda.

“Esta política no tiene límites”, indicó. Y agregó que Ruanda ha aumentado su capacidad de acoger personas a decenas de miles en los últimos años.

“No podemos mantener un sistema ilegal paralelo”, dijo Johnson. “Nuestra compasión puede ser infinita, pero nuestra capacidad para ayudar a las personas no lo es”.

Se sabe que el año pasado, 28.526 personas cruzaron el Canal en botes pequeños, comparado con 8.404 en 2020.

Un 600 cruzaron el Canal el miércoles y, según Johnson, la cifra podría alcanzar 1.000 al día en las próximas semanas.

La BBC vio el alojamiento en el que serán ubicados los solicitantes de asilo, que se cree que tiene espacio para unas 100 personas a la vez y para procesar hasta 500 al año.

“Impracticable y poco ético”

El nuevo programa ha sido extensamente criticado tanto por grupos humanitarios, que calificaron los planes de crueles, como por los partidos de oposición que dicen que será “”impracticable, poco ético, exorbitante e ineficaz”.

BBC

BBC

Los partidos de oposición también han dicho que el costo anual del plan completo sería mucho más alto que el pago inicial de US$150 millones y expresaron su preocupación por el historial de derechos humanos de Ruanda.

El editor de asuntos nacionales de la BBC, Mark Easton, informando desde Ruanda, explicó que el gobierno enfrenta obstáculos legales y costos sustanciales para lanzar el plan.

Los detalles precisos del plan aún no se han confirmado, pero dijo que el programa de prueba se limitaría en su mayoría a hombres solteros que las autoridades británicas consideran que son inadmisibles.

Según la propuesta, Ruanda asumiría la responsabilidad de las personas que hacen el viaje de más de 6.500 km, las sometería a un proceso de asilo y, al final de ese proceso, si tienen éxito, tendrán alojamiento a largo plazo en Ruanda.

El gobierno de Ruanda indicó que los migrantes tendrán “derecho a la protección total bajo la ley de Ruanda, igualdad de acceso al empleo e inscripción en los servicios de atención médica y social”.

El Ministerio del Interior del Reino Unido cree que la ley de asilo existente será suficiente para implementar el plan, pero quedan dudas sobre la legalidad del esquema.

Priti Patel en Ruanda

PA Media
La ministra del Interior, Priti Patel, (centro) llegó a Ruanda para firmar el acuerdo de US$150 millones.

También se han planteado dudas sobre el historial de derechos humanos del gobierno de Ruanda y su presidente, Paul Kagame.

Varios de sus críticos han muerto o han sido víctimas de intentos de asesinato, pero Ruanda siempre ha rechazado las sugerencias de que su gobierno ha estado involucrado.

También se han planteado preocupaciones sobre la condena por acusaciones de terrorismo de Paul Rusesabagina, quien fue representado en la película de Hollywood Hotel Ruanda por su papel en la salvación de más de 1.000 personas durante el genocidio en ese país en 1994.

El año pasado, el propio gobierno de Reino Unido expresó su preocupación en Naciones Unidas por las “continuas restricciones a los derechos civiles y políticos y la libertad de prensa” en Ruanda, y pidió investigaciones independientes sobre “acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, muertes bajo custodia, desapariciones forzadas y tortura”.


Un plan extremadamente controvertido

Análisis de Mark Easton, editor de asuntos nacionales, BBC

La asociación con Ruanda es la pieza central de una extensa campaña política más amplia para hacer frente a lo que ha sido una humillación para los ministros que prometieron que Brexit significaría poder controlar las fronteras de Reino Unido.

En cambio, un número récord de solicitantes de asilo ha estado apareciendo en embarcaciones frente a los acantilados blancos de Dover.

Este año se han visto 4.578 llegadas y parece que será un nuevo récord.

Sin embargo, es probable que enviar solicitantes de asilo a Ruanda resulte muy controvertido y legalmente complicado.

Los críticos apuntan al pobre historial de derechos humanos de Ruanda. El año pasado, el Reino Unido exigió en la ONU que se investigaran los presuntos asesinatos, desapariciones y torturas.

Los ministros tendrán que explicar por qué Ruanda es el lugar adecuado para confiar la protección de los derechos humanos de los solicitantes de asilo vulnerables que esperaban que Reino Unido los protegiera.


migrantes

Getty Images
Decenas de miles de migrantes podrían ser enviadas a Ruanda.

Activistas de derechos humanos destacan el impacto negativo en los derechos humanos de los refugiados, el costo del esquema y cuestionan si éste podrá lograr sus objetivos.

Enver Solomon, director ejecutivo del Refugee Council, dijo que la propuesta no aborda las razones por las que las personas desesperadas viajan a Reino Unido.

Amnistía Internacional Reino Unido describió el plan como una “idea sorprendentemente mal concebida” que desperdiciaría dinero público.

La secretaria de cultura del Partido Laborista de oposición, Lucy Powell, dijo que su partido aboga por “medidas aburridas” como restricciones a los traficantes de personas que promocionan negocios en internet.

El Partido Demócrata Liberal señaló que el gobierno estaba “cerrando la puerta” a los refugiados, mientras que Ian Blackford, del Partido Nacional Escocés, describió el plan como “absolutamente escalofriante”.

¿Es legal enviar solicitantes de asilo a Ruanda?

El gobierno británico quiere introducir nuevas leyes, bajo el Proyecto de Ley de Nacionalidad y Fronteras, para facilitar que el Reino Unido envíe refugiados a otro país para que se procese su solicitud de asilo.

Pero el país debe ser “seguro” y Reino Unido también firmó dos tratados internacionales clave que garantizan los derechos de los refugiados:

  • La Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados, que protege a las personas de ser enviadas a un país donde se enfrentan a graves amenazas a la vida o la libertad.
  • El Convenio Europeo de Derechos Humanos que establece que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.

Entonces, si existe el riesgo de que una persona sea maltratada en Ruanda, no podría ser enviada allí.


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