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El Sistema para proteger a la infancia del país cumple dos años sin presupuesto asignado

Aunque en 2014 fue una iniciativa preferente de Peña Nieto, en el Presupuesto de Egresos de 2016 tampoco se asignaron recursos para implementar la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Cuartoscuro
Por Tania L. Montalvo
24 de noviembre, 2015
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La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que en materia de presupuesto se destinará “el máximo de recursos posibles para atención de la infancia”. Aunque tanto para 2015 como para 2016, los diputados no le etiquetaron recursos. // Foto: Cuartoscuro.

La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que en materia de presupuesto se destinará “el máximo de recursos posibles para atención de la infancia”. Aunque tanto para 2015 como para 2016, los diputados no le etiquetaron recursos. // Foto: Cuartoscuro.

El Sistema Nacional para proteger a la infancia mexicana tendrá un año más como letra muerta y sólo demagogia. Aunque la ley para crearlo se aprobó en diciembre de 2014, ya van dos Presupuestos de Egresos en los que no se le asignan recursos.

La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que en materia de presupuesto se destinará “el máximo de recursos posibles para atención de la infancia”. Aunque tanto para 2015 como para 2016, los diputados no le etiquetaron recursos.

Ésta fue una iniciativa preferente que el presidente Enrique Peña Nieto mandó al Congreso en septiembre de 2014 y que se promulgó en diciembre de ese año.

Según la legislación, es obligatoria la asignación presupuestal suficiente para cumplir la ley y crear un Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; una Procuraduría Federal de Protección de la infancia y el Sistema Nacional de Información sobre Infancia, que se alimente de datos estadísticos para monitorear el grado de cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia en el país.

Hasta ahora, la ley no opera y tampoco se ha creado la Secretaría Ejecutiva dentro de Gobernación para implementarla y dar seguimiento a sus mandatos, alerta la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

“Hay  mandatos de ley que se tienen que cumplir y sin presupuesto no hay ninguna posibilidad real de que ocurra. El dinero que está tradicionalmente asignado a la agenda es un presupuesto inercial, es el que cada año se etiqueta, que no cambia, lo mismo se le da a educación, a salud que a pueblos indígenas. Pero que ese dinero exista no implica que se cumpla con la ley porque la ley mandata específicamente la creación de una secretaría ejecutiva en Gobernación y la asignación presupuestal específica”, explicó en entrevista Juan Martín Pérez García, director Ejecutivo de la Red.

Con esta legislación se busca coordinar cada programa presupuestal de los tres niveles de gobierno que atienda a la infancia, para sumar esfuerzos y evitar políticas públicas aisladas.

“La gran tarea es transversalizar la agenda, vincular estados con secretarias, con municipios, articular esfuerzos para que éstos no sean aislados. Si son esfuerzos aislados, no logran impactar”, dijo Juan Martín.

El 4 de diciembre de 2014, un día después de que esta ley se promulgó, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) destacó el avance que implicó que México aprobara una ley para crear un Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

“En materia presupuestaria, la Ley establece que se destinará el máximo de recursos posibles para la atención de la infancia. Entre 2012 y 2014, los recursos públicos que el gobierno mexicano ha invertido en la infancia y la adolescencia constituyen en promedio 4% del Producto Interno Bruto del país para cada año. Actualmente, de los recursos que se identifican en el Presupuesto de Egresos de la Federación a través del Anexo Transversal para la atención de la infancia y la adolescencia, menos del 1% se relaciona con el derecho a la protección, siendo éste uno de los ejes centrales de la nueva legislación”, destacó Unicef en diciembre de 2014 sobre la legislación.

Para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 no se le asignaron recursos; y según lo votado por los diputados para el Presupuesto de 2016, tampoco habrá dinero destinado al proyecto.

Con esto, son dos años sin etiquetar recursos desde el proyecto del Ejecutivo y en el dictamen aprobado por el Legislativo.

La Red por los Derechos de la Infancia hace un llamado a la Secretaría de Hacienda, principalmente, para analizar y definir el gasto público que se necesita para implementar esta ley; pues esa instancia del gobierno federal puede hacer ajustes de presupuesto durante el primer trimestre del próximo año.

“Sin la asignación de recursos para la implementación de la Ley General será demagógico hablar de la operación del Sistema Nacional de Protección Integral que demandará acciones de articulación entre lo federal, estatal y municipal. Se requieren recursos para la  urgente creación del Sistema Nacional de Información sobre Derechos de la Infancia y para la formación de funcionarias y funcionarios públicos que operan los  programas desde un enfoque de derechos humanos”, demanda la Redim.

El Presupuesto de Egresos fue aprobado por la Cámara de Diputados el 13 de noviembre pasado. El monto asciende a 4 billones 763 mil 874 millones de pesos para ejercer en 2016.

La cifra fue 17 mil millones de pesos superior a lo que solicitó el Ejecutivo en el Proyecto de Presupuesto de Egresos. La Secretaría de Hacienda tiene hasta la tercera semana de diciembre para publicar los tomos que integran el paquete fiscal final.

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Acuerdo entre los gobiernos de Trump y AMLO: ¿una victoria o traición a México?

México destacó su acuerdo migratorio con EE.UU. como un gran logro por haber evitado los aranceles anunciados por Trump, pero algunos creen que hubo demasiadas concesiones.
14 de junio, 2019
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El gobierno de México lo vendió como una victoria ante la amenaza arancelaria de Trump, pero muchos consideran que fue una concesión a todas y cada una de las exigencias estadounidenses.

El acuerdo migratorio alcanzado la semana pasada por ambos países, que contempla entre otras medidas el despliegue de 6.000 miembros de la Guardia Nacional de México en su frontera con Guatemala, no dejó a nadie indiferente.

El canciller de México, Marcelo Ebrard, reconoció este lunes que la negociación fue el momento “más difícil” de las relaciones con Washington, pero que el acuerdo evitó la imposición de aranceles de un 5% a todos los productos mexicanos importados por EE.UU. tal y como había anunciado el presidente Trump si no se detenía “el flujo de inmigrantes indocumentados”.

En sus conversaciones, EE.UU. puso sobre la mesa la cifra de 140.000 migrantes llegados en mayo al país vía México antes de darle “un ultimatum”, dijo Ebrard.

Pero pese a esquivar la amenaza arancelaria -al menos de momento-, muchas voces criticaron la postura del gobierno mexicano al considerar que se había concedido demasiado al dejar todo el poder de la negociación en manos de EE.UU. y contradiciendo en parte algunas de las políticas de migración defendidas por el presidente López Obrador.

Ebrard y AMLO

AFP
El canciller de México, Marcelo Ebrard, ofreció detalles sobre el acuerdo migratorio alcanzado con EE.UU. en presencia del presidente López Obrador.

Los ataques llegaron incluso de las filas del propio partido de AMLO, Morena.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, afirmó que aceptar las medidas de EE.UU. “es una traición a la historia de México” y precisó que la Guardia Nacional es una solución contra el crimen organizado y no contra los migrantes.

“Estamos con una mentalidad de país colonizado”, dijo este jueves en una entrevista con la periodista Carmen Arístegui.

“Sí, con esto México está doblando las manos (cediendo, dando el brazo a torcer) ante EE.UU. con este acuerdo”, coincide Alejandro Hope, analista de seguridad y quien ejerció diversos cargos directivos en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el pasado.

“Una tregua” temporal

Una de las críticas al acuerdo migratorio se centra en la “incertidumbre” que supone el no saber cómo se evaluarán sus resultados tras los 45 días iniciales fijados como plazo.

“A los 45 días, nos tendremos que sentar las partes y ver si tuvo éxito o no tuvo éxito (…). Y si no logramos resultados, tendríamos que participar en discusiones para un acuerdo que incluye el retorno de solicitantes de asilo bajo una perspectiva regional”, anunció el canciller.

Pero ¿cómo se medirá ese “éxito” para que EE.UU. no retome de nuevo la amenaza de los aranceles?

Donald Trump

Reuters
Aunque Trump se negó este martes a hablar sobre el acuerdo alcanzado con México, la hoja sostenida en sus manos reveló algunos detalles.

“No hay parámetros oficiales”, responde Hope. “Lo que hizo México fue someterse a un proceso de revisión continua en el cual la métrica de éxito-fracaso la imponen de manera unilateral los estadounidenses”, le dice Hope a BBC Mundo.

“Desde luego, no parece un acuerdo especialmente satisfactorio para México”, opina.

El analista cree que conseguir que se retirara “temporalmente” la amenaza de aranceles fue más bien “una tregua, un cese al fuego, más que un arreglo ejecutivo”.

Otro de los logros que México expuso tras su negociación fue haber evitado convertirse en “primer país de asilo” o “tercer país seguro” para las miles de personas, sobre todo centroamericanas, que tratan de buscar asilo en EE.UU.

Sin embargo, sí que aceptó recibir a un número indeterminado de migrantes en esta situación hasta que se resuelvan sus casos, que hasta el momento asciende a 10.000. Según dijo este miércoles el titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Migración de México, Alejandro Encinas, la cifra podría ascender a 50.000.

Por esto, muchas personas se preguntan si, en la práctica, México ya está actuando en cierto modo como “tercer país”, algo que Hope descarta ya que para ello, “México tendría que iniciar procesos de asilo en su país”, algo que no está ocurriendo.

“Muro militar”

La medida acordada que más polémica despertó fue el despliegue de la Guardia Nacional mexicana en la frontera para tratar de frenar a los migrantes.

“La extensa y espantosa historia de abusos vinculados con la militarización de la seguridad pública en México hacen que sea fácil prever que esta medida podría resultar en un desastre”, dijo este miércoles el director ejecutivo adjunto de Human Rights Watch, Daniel Wilkinson.

Rubén Figueroa, del Movimiento Migrante Mesoamericano, coincide en que este “muro militar” en la frontera sur podría “incrementar las violaciones a los derechos humanos” de los migrantes mediante operativos y retenes que acaben en detenciones.

Soldados mexicanos en la frontera

AFP
Organizaciones humanitarias vaticinan que el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera para frenar el flujo migratorio podría resultar en “un desastre”.

El canciller mexicano Ebrard negó en su conferencia del lunes que se busque criminalizar al migrante, pero sí dijo que será necesario registrarse para cruzar territorio mexicano.

“Se dice que se va a criminalizar a los migrantes, México nunca haría eso, ni menos este gobierno. Es decir, porque alguien se quiera mover, eso no lo convierte en criminal”, dijo.

“Por parte del gobierno, todo han sido discursos falsos con respecto a lo que prometió respecto a la migración. Lo que se siente y se ve en la frontera es totalmente lo contrario, esa supuesta ayuda a migrantes ha sido nula, sobre todo respecto a la migración pobre y forzada”, le dice Figueroa a BBC Mundo desde el estado de Tabasco, en la frontera con Guatemala.

Además, Figueroa alerta que la presencia de la Guardia Nacional en la frontera podría tener como consecuencia el aumento de tráfico de personas.

“Para los migrantes que van solos sería mucho más difícil cruzar territorio mexicano y optarían por buscar traficantes de personas que podrían tienen convenio o complicidad con autoridades corruptas”, alerta.

Migrantes detenidos

Getty Images
EE.UU. aseguró que 140.000 migrantes llegarón en mayo al país vía México antes de darle “un ultimatum” para llegar a un acuerdo.

A la espera de conocer los resultados de este acuerdo migratorio tras los anunciados 45 días, Hope alerta del daño que su aceptación ya habría causado sobre la figura de AMLO.

“Ahorita medio salvaron la crisis, pero esto le va a perseguir el resto de su mandato”, asegura, pronosticando que si la amenaza de los aranceles de Trump acaba por regresar, al presidente mexicano no le quedaría margen de maniobra.

“Hacerle una concesión adicional a EE.UU. sería políticamente muy costoso. Ahorita medio lo pudieron vender como victoria, pero ¿una más? No lo creo”, concluye.


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