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Cuartoscuro
En 18 meses, 266 mujeres interpusieron denuncias por violencia obstétrica
El informe “Violencia obstétrica. Un enfoque de derechos humanos”, elaborado por el GIRE, analiza los abusos cometidos por personal de salud en clínicas, centros de salud y hospitales hacia las mujeres que acuden a dar a luz, y la inacción del Estado mexicano para lograr una rendición de cuentas y frenar la impunidad.
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Por Nayeli Roldán
12 de noviembre, 2015
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La mayoría de casos reportados ante secretarías de salud estatales ocurrieron en Guerrero, según el GIRE. // Foto: Cuartoscuro.

La mayoría de casos reportados ante secretarías de salud estatales ocurrieron en Guerrero, según el GIRE. // Foto: Cuartoscuro.

Entre enero de 2014 y junio de 2015, 266 mujeres que sufrieron violencia obstétrica interpusieron una queja en las secretarías de salud estatales; de ellas, 130 son de Guerrero, lo que representa 48% del total, según lo documentó el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) en su informe “Violencia obstétrica. Un enfoque de derechos humanos”.

El estudio analiza los abusos cometidos por el personal de salud en clínicas, centros de salud y hospitales hacia las mujeres que acuden a dar a luz, y la inacción del Estado mexicano para lograr una rendición de cuentas y frenar la impunidad.

Un ejemplo de violencia obstétrica es el caso de una mujer indígena de Oaxaca que dio a luz en un jardín, debido a que los médicos no la recibieron en el hospital pese a que ya había iniciado el trabajo de parto.

Los investigadores hicieron solicitudes de información sobre las denuncias en diferentes instancia y encontraron que en las secretarías de salud, hubo 266. De ellas, 130 ocurrieron en Guerrero, 54 en Morelos; en Distrito Federal, 18; en el Estado de México, 14 e igual número en Veracruz.

Mientras que en Campeche, Colima, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo y Zacatecas no se registraron casos de violencia obstétrica, indica el estudio dirigido por Regina Tamés.

De acuerdo con la especialista en violencia de género y salud, Marbella Camacaro, la violencia obstétrica existe a partir de la “institucionalización de los partos”, cuando se cambiaron las casas por hospitales para el nacimiento de los bebés.

Incluso advierte que si los hospitales son lugares donde se tratan enfermedades, por qué se piensa que son el sitio ideal para traer una nueva vida. Esto significa que “estamos patologizando lo natural, naturalizando lo patológico”.

Las mujeres que han sido víctimas de este tipo de violencia, también han acudido a las comisiones estatales de derechos humanos. Según los investigadores, éstos órganos pueden ser piezas clave para ofrecer una vía de acceso a la justicia a través de recomendaciones con perspectiva de derechos humanos y que demanden la implementación de garantías de no repetición.

En todo el país hubo 132 quejas por violencia obstétrica en las comisiones estatales de derechos humanos; de ellas, 48 ocurrieron en el Estado de México, 20 en Oaxaca, 14 en Durango, 10 en Puebla e igual número en Sinaloa.

Aunque las comisiones sólo emitieron 14 recomendaciones, GIRE reconoce que éstas han sido determinantes para lograr acuerdos con las autoridades competentes para reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos cometidas.

Las víctimas también acudieron a la Comisiones de Arbitraje Médico de los estados. En 18 meses hubo 118 quejas en todo el país. San Luis Potosí es el estado con el mayor número de casos (18).

En tanto, sólo en Chiapas, Guerrero y Veracruz, la violencia obstétrica está tipificada como delito. Pero en 18 meses sólo Veracruz recibió una denuncia en la Procuraduría de Justicia estatal.

GIRE advierte que los abusos en materia obstétrica no debería sancionarse por la vía legal, porque la violencia contra las mujeres en los hospitales está relacionada “a las fallas estructurales del sistema de salud y las precarias condiciones en que los prestadores de servicio realizan su labor”.

Sólo en los casos en que se configuran delitos por parte del personal médico como la esterilización forzada, lesiones o amenazas, “la vía penal es un mecanismo de acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares”.

Los juicios de responsabilidad administrativa sólo proceden en casos donde está involucrado personal de salud de instituciones públicas. De acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos, en caso de incumplimiento, el servidor público puede ser sometido a un procedimiento administrativo y a las sanciones correspondientes que pueden incluir una sanción pública, suspensión del empleo o cargo, destitución, sanción económica e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones.

Reparación del daño

De acuerdo con el análisis de GIRE, el Estado mexicano tiene la obligación de reparar de manera integral las violaciones a derechos humanos, como lo establece la Constitución y la Convención Americana.

La violencia obstétrica ocurre como una “discriminación estructural” y, en estos casos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que la reparación integral debe “tener una vocación transformadora de dicha situación”.

Estas son las recomendaciones:

  • Investigación de los hechos e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables. Un ejemplo puede ser una amonestación pública o privada o suspensión del empleo o cargo en caso de un juicio de responsabilidad administrativa, o la sanción penal que determine un juez.
  • Garantías de no repetición: Estas medidas trascienden el caso en concreto, pues tiene el propósito es prevenir o evitar que los hechos vuelvan a suceder. Este tipo de medidas son especialmente importantes cuando existen patrones recurrentes de hechos similares y violaciones a derechos humanos. Entre las opciones para el cumplimiento de esta medida de reparación es la implementación efectiva de programas de salud reproductiva, acorde a las necesidades de las mujeres y con suficiente financiamiento estatal. También la modificación de los programas de estudio del personal de salud, promoviendo la perspectiva de género.
  • Indemnizaciones. Incluye tanto los daños materiales como los inmateriales que puede incluir una retribución monetaria para las víctimas, considerando la pérdida o detrimento de los ingresos de las mujeres, los gastos efectuados. También se incluye en la reparación las aflicciones causadas a la víctima directa y a sus allegados.
  • Rehabilitación. Implica la atención médica, psicológica o psiquiátrica que debe garantizar el Estado a las víctimas. Incluidos los servicios jurídicos y sociales.
  • Satisfacción. Su objetivo principal es la reparación del daño inmaterial, es decir, el sufrimiento y aflicción provocados por la violación a derechos humanos. Un ejemplo de reparación es un pronunciamiento público del Estado donde reconozca la responsabilidad por la violencia obstétrica a causa de la deficiente e inadecuada atención médica.
  • Restitución. Su fin principal es regresar a la víctima a la situación previa a la violación de derechos humanos. Esto puede cumplirse a través de la sensibilización y capacitación del personal de salud en derechos reproductivos de mujeres.
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Patriotas Constitucionales Unidos: la milicia civil armada que ha detenido a cientos de inmigrantes en la frontera
Larry Mitchell Hopkins lidera el grupo de los Patriotas Constitucionales Unidos, que realiza operativos para detener a inmigrantes en la frontera de EE.UU. con México. Las autoridades lo señalan como un "delincuente peligroso".
22 de abril, 2019
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Frontera

Getty Images
El grupo de los Patriotas Constitucionales Unidos se vio involucrado en una polémica detención de migrantes la semana pasada en Sunland, Nuevo México.

Un “patriota” detenido injustamente, según sus seguidores. Un “delincuente peligroso”, según las autoridades.

Larry Mitchell Hopkins fue detenido el sábado y acusado de posesión ilegal de armas de fuego y municiones, informó el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

El hombre, de 69 años, fue enviado a una cárcel del estado de Nuevo México, en el suroeste de Estados Unidos, donde este lunes debía comparecer ante un tribunal.

Hopkins es considerado líder de los Patriotas Constitucionales Unidos, un grupo de hombres armados que patrulla la frontera de Estados Unidos con México en busca de inmigrantes indocumentados.

Se trata de una de varias milicias que tienen presencia en la zona fronteriza y que realizan operativos de búsqueda y captura de migrantes, sin tener consentimiento expreso de las agencias federales.

Su presencia se ha incrementado recientemente a raíz de la llegada de caravanas de migrantes a la frontera sur del país.

El fiscal general de Nuevo México, Héctor Balderas, confirmó el sábado la detención de Hopkins a quien describió como “un delincuente peligroso que no debe tener armas cerca de niños y familias”.

Larry Mitchell Hopkins

AFP
Hopkins también usa el alias de Johnny Horton Jr.

“El arresto de hoy (sábado) hecho por el FBI indica claramente que el estado de derecho debe estar en manos de oficiales de policía entrenados, no de vigilantes armados”, dijo Balderas en un comunicado.

Y es que este mismo mes los Patriotas Constitucionales Unidos realizaron un controvertido operativo en el que detuvieron a al menos 300 migrantes cerca de la ciudad fronteriza de El Paso, Texas.

La acción fue criticada por la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan.

Un portavoz de Patriotas Constitucionales Unidos, Jim Benvie dijo en un video en Facebook que su grupo no ha infringido ninguna ley y que espera que el “patriota” Hopkins sea exonerado.

¿Quién es Larry Hopkins?

El FBI indicó que Hopkins es residente de la localidad de Flora Vista, Nuevo México un lugar ubicado a más de 500 km de la frontera.

Se sabe que a veces también utiliza el alias Johnny Horton Jr., el mismo nombre de un popular cantante de música country de la década de 1950, cuyas canciones interpreta Hopkins en videos de YouTube.

Durante los últimos meses se ha vuelto en uno de los rostros más visibles de los grupos de hombres que patrullan la zona fronteriza en su búsqueda de indocumentados.

Se hace llamar “comandante nacional” de los Patriotas Constitucionales Unidos, según el Southern Poverty Law Center (SPLC), un centro de análisis de grupos de odio de EE.UU.

Larry Mitchell Hopkins con un miembro de Patriotas Constitucionales Unidos

AFP
Hopkins y su grupo han establecido un centro de comando en Anapra, Nuevo México.

El hombre aseguró a esa ONG en una entrevista que tiene contactos con autoridades de alto nivel: “Nuestra información proviene de lo más alto (…) No te estoy diciendo dónde, pero sale de agencias muy altas”.

Se describe como alguien que va a la frontera cuando sabe “que el enemigo está cerca”, una presunta referencia a las caravanas de migrantes que se dirigen a Estados Unidos por la frontera sur.

“Voy a luchar y puedo dar mi vida, pero al menos estaré allí y defenderé mi juramento (…) Si me abaten ahora, al menos moriré por nuestro país y de lo que se trata mantener a EE.UU. libre”, aseguró.

Un grupo de vigías de la frontera

Getty Images
Al igual que los Patriotas Constitucionales Unidos, otros civiles han organizado grupos armados con presencia en la frontera.

Esta no es la primera vez que Hopkins tiene problemas con la ley, pues en 2006 fue arrestado y acusado de hacerse pasar por un agente de policía en Klamath, Oregón.

Un reporte de la policía indica que el hombre, vestido con ropa similar a la que usan los agentes locales y una insignia de “agente especial”, estaba “mostrando dos armas a un grupo de jóvenes”.

“Arrestos ciudadanos”

El grupo de los Patriotas Constitucionales Unidos se vio involucrado en una polémica detención de migrantes la semana pasada en Sunland, Nuevo México.

En un video publicado en Facebook se veía a hombres armados reteniendo a unos 300 migrantes, entre ellos decenas de mujeres y niños.

En un momento, se les ve apuntando con sus armas directamente a los detenidos, pese a que el grupo no tiene facultad para realizar este tipo de detenciones ni de hacer uso de sus armas para esos fines.

El objetivo proclamado del grupo es “defender la Constitución de Estados Unidos de América” y proteger los derechos de los ciudadanos “contra todos los enemigos, tanto extranjeros como nacionales”.

Benvie, el portavoz del grupo, le dijo al diario The New York Times que han estado acampando en la región durante los últimos dos meses y planean quedarse hasta que el presidente Donald Trump logre construir un muro fronterizo.

Indicó que las acciones de detención que realizan son “arrestos ciudadanos, y añadió: “La Patrulla Fronteriza nunca nos ha pedido que nos retiremos”.

La agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha dicho previamente que se opone a que los civiles patrullen la frontera en busca de cruces ilegales.

Mientras, la gobernadora Michelle Lujan Grisham dijo en Twitter que “intimidar o amenazar a familias migrantes y solicitantes de asilo es absolutamente inaceptable y debe cesar”.

Milicia

AFP
Patriotas Constitucionales Unidos realiza operativos para detener a inmigrantes en la frontera de EE.UU. con México.

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