Entre policías y sin observadores ciudadanos, así será la evaluación de 149 mil maestros
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Entre policías y sin observadores ciudadanos, así será la evaluación de 149 mil maestros

La evaluación para determinar si los maestros son aptos para seguir en las aulas se desarrollará entre operativos policíacos, ante la amenaza de la disidencia magisterial de boicotear la aplicación.
Cuartoscuro
Por Nayeli Roldán
13 de noviembre, 2015
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Esta es la primera vez que los maestros y directores tienen que demostrar suficientes capacidades para enseñar o dirigir una escuela. // Foto: Cuartoscuro .

Esta es la primera vez que los maestros y directores tienen que demostrar suficientes capacidades para enseñar o dirigir una escuela. // Foto: Cuartoscuro .

Este fin de semana inicia la evaluación al desempeño docente, es decir, los maestros que dan clase harán exámenes para determinar si son aptos para seguir en las aulas, pero el proceso ocurrirá entre operativos policíacos, ante la amenaza de la disidencia magisterial de boicotear la aplicación. El mensaje del secretario de Educación, Aurelio Nuño, es claro: “habrá suficientes policías federales en cada uno de los estados”.

Además, el Instituto de Evaluación de la Educación (INEE), rechazó a los observadores ciudadanos para vigilar el proceso, lo que significa un “regreso a la opacidad”, advierte la organización Mexicanos Primero.

Esta es la primera vez que los maestros y directores tienen que demostrar suficientes capacidades para enseñar o dirigir una escuela. De lo contrario, podrían ser removidos del cargo o despedidos, aunque tendrán hasta tres oportunidades para conseguirlo.

Si los maestros y directores reprueban la evaluación, deberán acudir a cursos de capacitación hasta en tres ocasiones y repetir el examen. En caso de reprobar, los maestros contratados antes de la aprobación de la Reforma Educativa (2013) serán asignados a otras labores y dejarán de dar clases. Mientras que los contratados después de esa fecha, serán despedidos.

Esto es resultado de la Reforma Educativa, que establece que las evaluaciones determinarían el ingreso, promoción y ascenso de los profesores en el sistema educativo según la Ley del Servicio Profesional Docente, uno de los reglamentos secundarios de la reforma constitucional.

De acuerdo con información de la Secretaría de Educación Pública, se inscribieron 149 mil 749 maestros, de los cuales 116 mil 825 son de educación básica, 29 mil de educación media superior y 3 mil 898 directores de preescolar, primarias y secundarias.

A partir de este sábado 14 y los fines de semana de noviembre se aplicarán las evaluaciones a maestros y directores de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. En Baja California y Veracruz se extenderá hasta el 5 de diciembre y Puebla el 6 de diciembre.

Las entidades donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tienen mayor influencia aplicarán los exámenes el próximo mes. Se trata de Chiapas (12 y 13 de diciembre), Guerrero (3, 4, 5 y 6 de diciembre). Mientras que en Michoacán será el 21 y 22 de noviembre y en Oaxaca, 28 y 29 de noviembre.

La CNTE amenaza con boicotear la aplicación de los exámenes a través de movilizaciones y de impedir el paso de los maestros sustentantes a las sedes. Esto como una muestra de rechazo a la Reforma Educativa y por la pérdida de interlocución con el gobierno Federal y estatales para conseguir plazas automáticas.

Sin embargo, el titular de la SEP, Aurelio Nuño, afirmó que las evaluaciones se realizarán porque habrá “Policía Federal suficiente en cada uno de los estados” para resguardar el proceso.

Esto, como parte de los acuerdos que tomaron los gobernadores de Michoacán, Silvano Aureoles; de Chiapas, Manuel Velasco; de Oaxaca, Gabino Cué; el Secretario de Educación Pública de Guerrero, José Luis González de la Vega Otero, y el jefe de la Policía Federal, Enrique Galindo, en una reunión este jueves 11 de noviembre.

Sin embargo, los excluidos por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) fueron los observadores ciudadanos que vigilarían el proceso, como ha ocurrido en los concursos de ingreso docente.

El INEE no ha dado una respuesta pública oficial, pero este viernes emitirán un posicionamiento a través de un comunicado de prensa.

De acuerdo con Mexicanos Primero, organización dedicada a la política educativa, el argumento del INEE es que la Ley General del Servicio Profesional Docente no explicita la presencia de observadores; sin embargo, la decisión es una “decisión es contraria al espíritu de la ley”, advierte la ONG.

Al impedir la vigilancia ciudadana se limita la transparencia y rendición de cuentas en el proceso de selección de los mejores maestros para estar frente al aula. Con esa decisión, se impedirá que la sociedad civil podría dar información imparcial sobre incidencias e irregularidades que pudieran ocurrir en dicho proceso.

Las evaluaciones incluyen estos aspectos:

// Foto: Especial.

// Foto: Especial.

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'Solo sí es sí': en qué consiste la nueva ley de consentimiento sexual en España

La recién aprobada Ley de Libertad Sexual exige un consentimiento claro antes de toda interacción sexual, lo que ha generado críticas de algunos sectores.
27 de agosto, 2022
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Se llama Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, aunque es más conocida como Ley de Libertad Sexual y, sobre todo, como ley de “solo sí es sí”.

Tras más de un año de trámites, fue aprobada este jueves por el Congreso de los Diputados de España con 205 votos a favor y 141 en contra.

Una vez la firme el rey, se inscribirá en el Boletín Oficial del Estado y previsiblemente entrará en vigor en cuestión de semanas.

La coalición de izquierda que gobierna España asegura que es una de las leyes más vanguardistas del mundo en favor de los derechos de las mujeres.

Sus críticos, sin embargo, creen que vulnera la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley.

A continuación las claves del “solo sí es sí”.

Su origen: una violación en grupo

La ley tiene sus raíces en el polémico caso de “la manada”.

Así se llamaba el grupo de WhatsApp en el que interactuaban los cinco hombres que violaron a una joven de 18 años en un portal durante las fiestas de San Fermín en Pamplona en 2016.

José Ángel Prenda de la manada

Getty Images
José Ángel Prenda es quizá el miembro más conocido de “la manada”, cuyo juicio ha sido uno de los más mediáticos de la historia de España.

La justicia española los condenó por abuso sexual al entender que no hubo violencia ni intimidación, pero más tarde rectificó y el Tribunal Supremo acabó elevando las penas de 9 a 15 años de prisión por violación.

El caso generó manifestaciones en todo el país y la exigencia de parte de la sociedad española de reformar las leyes para proteger a las mujeres de ataques sexuales y endurecer los castigos para quienes los perpetren.

El actual gobierno español, declarado abiertamente feminista, comenzó entonces a diseñar la nueva ley, que implica importantes cambios en el tratamiento de los delitos sexuales y la atención a las víctimas.

El consentimiento

“Solo sí es sí” hace referencia al más importante y también el más polémico de los postulados de esta ley: el consentimiento antes de cualquier interacción sexual.

“Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”, expone el texto legal.

Así, las conductas sexuales sin consentimiento se considerarán agresiones y se castigarán con diferentes penas en dependencia de las circunstancias y los agravantes del caso.

Esto supone que una agresión sexual no implica necesariamente el uso de la fuerza o que la víctima haya tratado de resistirse ya que, por ejemplo, su pasividad podría estar condicionada por una intimidación ambiental o por la ingesta de alcohol u otras sustancias.

Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación en una agresión para que sea considerada como agresión. Reconocemos todas las agresiones como violencias machistas”, declaró a los medios la ministra española de Igualdad, Irene Montero.

Irene Montero, la ministra de Igualdad de España

Getty Images
Irene Montero, la ministra de Igualdad, es conocida por su defensa del feminismo de izquierda.

Eliminado el abuso

La nueva ley elimina la actual distinción entre abuso y agresión sexual.

Así, toda interacción sexual sin el consentimiento de la otra persona será una agresión y se castigará con una pena de prisión de 1 a 4 años.

También se introduce el agravante por sumisión química.

Usar fármacos o drogas para reducir o anular la voluntad de la víctima, algo considerado hasta ahora abuso, pasará a ser agresión.

Asesinatos, acoso callejero y más

En su apartado de asesinatos por violencia sexual, la ley del “solo sí es sí” busca diferenciar el homicidio de mujeres vinculado a la violencia sexual de otro tipo de crímenes con muerte.

El “feminicidio sexual” se considerará “la violación más grave de los derechos humanos vinculada a las violencias sexuales, que debe ser visibilizada y a la que se ha de dar una respuesta específica”.

El acoso callejero pasará a ser penado como delito leve y la justicia podrá perseguirlo a petición de la persona que lo sufra.

Hombre acosa a mujer en la calle

Getty Images

Este tipo de actitudes se castigarán con entre 5 y 30 días de localización permanente, trabajos comunitarios durante el mismo periodo o multa.

También se perseguirá la violencia sexual digital, que se refiere a la extorsión sexual a través de las redes o la pornografía no consentida.

El apartado referente a la prohibición de la publicidad pornográfica consiste, por un lado, en vetar los anuncios que muestren una imagen vejatoria o discriminatoria de las mujeres utilizando su cuerpo o partes del mismo, o asociada a comportamientos estereotipados que se consideren ofensivos.

Mujer en una ventana

Getty Images
Imágenes como esta podrían ser censuradas en la publicidad, según la nueva ley.

Esta previsión también servirá para prohibir los anuncios que promocionen la prostitución o que puedan considerarse racistas, homofóbicos o discriminatorios.

Apoyo a las víctimas y educación sexual

Para las víctimas de agresiones sexuales que ganen menos del salario mínimo (14.000 euros anuales en la actualidad) la ley contempla generosas ayudas económicas y prioridad de acceso a vivienda pública.

También prevé establecer en toda España al menos 50 centros de crisis 24 horas en los que las víctimas, familiares y allegados podrán recibir atención psicológica, jurídica y social.

Actualmente existen dos -uno en Madrid y otro en Asturias, en el norte del país- gobierno español ya ha destinado 66 millones de euros (US$65,7 millones) a este proyecto.

Con la nueva Ley de Libertad Sexual la educación sexual será obligatoria en todas las etapas educativas, así como en las carreras universitarias vinculadas a la docencia, el ámbito sanitario y el judicial.

Por último, los agresores sexuales también tendrán que recibir educación sexual de forma obligatoria.

Las críticas a la ley

Desde que se iniciaron los trámites hace más de un año, la ley del “solo sí es sí” ha recibido críticas desde la derecha, así como de jueces y parte de la sociedad a través de las redes.

Los 21 magistrados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de la justicia española, aprobaron en 2021 por unanimidad un informe que cuestionaba aspectos claves de la ley.

Los jueces consideraron que podría verse en peligro el principio de presunción de inocencia: definir qué es consentimiento -en lugar de qué no lo es- obliga al acusado a demostrar que la víctima le dio el “sí” antes del encuentro sexual.

Esta es la misma preocupación que ha expresado el principal partido de la oposición, el Partido Popular (PP), que votó en contra en el Congreso.

Mientras, el partido de extrema derecha Vox considera la ley “ideológica y sectaria” y cree que “abre la puerta a utilizar denuncias falsas” para lograr beneficios, como la regularización en caso de inmigrantes ilegales.


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