Los expedientes sobre las masacres de migrantes, a punto de ser desclasificados; la Corte lo analiza
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Manu Ureste

Los expedientes sobre las masacres de migrantes, a punto de ser desclasificados; la Corte lo analiza

Un juez federal ya ordenó que los casos se abrieran por ser violaciones graves a derechos humanos, pero la PGR y el IFAI (hoy INAI) se opusieron y llevaron el caso hasta el máximo tribunal. De acuerdo con activistas, las averiguaciones contienen datos clave sobre participación de policías e incluso la complicidad de fuerzas militares y federales.
Manu Ureste
Por Arturo Angel
17 de noviembre, 2015
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Migrantes a bordo de la Bestia. Foto: Manu Ureste

Migrantes a bordo de la Bestia. Foto: Manu Ureste

¿Quién ordenó el secuestro de los 72 migrantes de San Fernando, Tamaulipas? ¿Por qué fueron sepultadas más de 200 personas en fosas sin que nadie lo notara? ¿Quiénes son los policías involucrados en la masacre? ¿Dónde estaban los puestos federales y de la Marina mientras decenas de autobuses de migrantes eran detenidos? ¿Qué hizo el Estado con las alertas que recibió dos años antes de que esto ocurriera? ¿Cómo fue posible que se enviaran cuerpos equivocados a las familias?

La respuesta a estas y otras preguntas se encuentran en las tres averiguaciones previas que la Procuraduría General de la Republica (PGR) inició por el hallazgo de las fosas clandestinas de San Fernando y Cadereyta entre 2010 y 2012, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá esta semana si se desclasifican para que se elabore una versión pública de las mismas.

Se trataría de un caso similar al de la investigación por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, del cual también se hizo un expediente público. La diferencia es que en el caso de las investigaciones de las masacres de migrantes, las dos organizaciones que han promovido la apertura de las averiguaciones –la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho A.C., y Artículo 19– llevan tres años intentando que las mismas salgan a la luz.

Un juez federal ya dio el primer paso cuando en 2013 dictó una sentencia de amparo en la que consideró el caso como de graves violaciones a derechos humanos, algo que ni la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ni el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) hicieron, y ordenó que se elaborara la versión pública de las averiguaciones. Sin embargo, fueron la PGR y el INAI quienes apelaron y llevaron el proceso ante el máximo tribunal.

La decisión de desclasificar o no el expediente recae en la Primera Sala de la Corte, la misma que ya resolvió en 2011 que la PGR entregara el expediente de la desaparición de Rosendo Radilla; que modificó la legislación para temas como el del divorcio o el aborto; y que recientemente resolvió a favor del consumo lúdico de la mariguana.

El proyecto de la resolución del amparo solicitado por la Fundación fue elaborado por la ministra Olga Sánchez Cordero y se discutirá este miércoles 18 de noviembre, una semana antes de termine su periodo de 20 años en la Corte.

“Vamos a ver cómo se despide la ministra Sánchez Cordero. Lo que sería impensable es que el máximo tribunal que ha sido tan progresista respecto a derechos humanos bajo el estándar que ya estableció juez de distrito. Esta decisión de la Corte, vital para la transparencia, nos va a afectar a todos”, dijo a Animal Político la directora de la Fundación, Ana Lorena Delgadillo.

Cabe señalar que la organización Artículo 19 también promovió por su cuenta un juicio para exigir que se desclasifique la averiguación previa de la masacre de San Fernando. En este caso, el juez responsable ordenó al INAI reponer la negativa a revisar el caso por lo que el proceso también llegó a la Primera Sala.

Ana Cristina Ruelas, oficial del Programa de Acceso a la Información de Artículo 19, dijo en entrevista que lo ideal hubiera sido que ambos amparos se discutieran el miércoles; sin embargo, el que ellos promovieran se analizará para el próximo año. En ese contexto, consideró que es fundamental lo que los ministros consigan resolver mañana, sobre todo con la composición liberal que todavía tiene la Primera Sala.

Juez contra la negativa de la CNDH, el INAI y la PGR

En 2013, la CNDH –encabezada entonces por Raúl Plascencia Villanueva– emitió una recomendación relacionada con la mascare de los 72 migrantes de San Fernando. En la misma, no se reconoció el caso como de graves violaciones a derechos humanos pese que había alertas de estos ataques y no se evitaron las mascares, y ni siquiera se contactó a las vÍctimas.

Es una recomendación que no cumple con los estándares mínimos de una identificación efectiva en materia de derechos humanos. En contra de esa recomendación tenemos en trámite un amparo porque creemos que la CNDH violó los derechos de las víctimas en su propia investigación”, dijo.

En abril de ese mismo año la Fundación, a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (ahora INAI), solicitó a la PGR la versión pública de tres averiguaciones: la de los 72 migrantes secuestrados encontrados en San Fernando en agosto de 2010; la de los 193 restos humanos ubicados en 47 fosas de ese mismo municipio en abril y mayo de 2011; y la de los 49 cuerpos de Cadereyta, Nuevo León, en mayo de 2012

La PGR se negó a transparentar el expediente utilizando como argumento el artículo 16 del Código Federal de Procedimiento Penales que dice que las averiguaciones son reservadas, sin considerar la excepción de que podría tratarse de un caso de violaciones a derechos humanos. El IFAI confirmó que el expediente era reservado.

La fundación interpuso una demanda de amparo por violación al derecho a la información. Acusó al IFAI de no ejecutar una facultad “prima facie” para ella misma declarar que el caso era de graves violaciones, solo para efectos de transparencia. El caso, bajo el número 1371/2013, fue analizado y resuelto por el juez octavo de Distrito en Materia Administrativa, Fernando Silva García.

En la sentencia, de la que Animal Político tiene copia, el juez ordenó que el caso fuera desclasificado y amonestó a la PGR y al IFAI por utilizar como argumento el referido artículo 16 declarado por la Corte como anticonstitucional. Al IFAI lo acusó además de actuar contra Derecho aludiendo que no tenía facultades para declarar con fines de transparencia que el caso era grave.

La resolución no se quedó solo en eso. Siguiendo los lineamientos del caso Radilla, donde la Corte ordenó que se abriera el expediente, el juez analizó el mismo el tema de los migrantes. Encontró que la misma CNDH y la Corte Interamericana habían advertido a México de la violencia sistemática contra migrantes antes de los casos de San Fernando.

En ese contexto el juez consideró que “a la luz del derecho fundamental a la verdad, los migrantes han sido objeto de violaciones graves de derechos humanos”, por lo que para efectos de acceso a la información, el caso debe de abrirse.

“Por ende se concluye que el IFAI violó el derecho al acceso a la información pública en relación a la fundación de la quejosa y por ende, lo procedente es conceder el Amparo y Protección a fin de que pueda obtener una versión pública de dichas averiguaciones previas” concluye el juez.

En contra de esa sentencia, el IFAI y la PGR interpusieron un recurso lo que llevó el caso hasta la Primera Sala de la Corte.

Lorena Delgadillo dijo que no existe argumento legal válido para que el caso no sea abierto públicamente, aun y cuando la actuación de la CNDH ha sido “deficiente, no solo al ignorar a los migrantes sino al argumentar, como lo hace ahora, que de ellos depende exclusivamente que un hecho sea calificado como de graves violaciones a derechos humanos”.

“Tu no puedes ponerle cargas adicionales a un ciudadano para que ejerza su derecho a la información. La CNDH se confunde en esto. Quien tiene facultad para determinar sobre transparencia es el INAI (antes IFAI). El derecho a la información no puede quedar sujeto a una investigación de la CNDH que por ejemplo puede postergarse hasta tres años” dijo.

Masacres llenas de incógnitas

Aunque más de una veintena de presuntos sicarios –la mayoría relacionados, según la información oficial, con Los Zetas– fueron consignados por el primer caso de los 72 migrantes de San Fernando, el resto de las masacres sigue impune y existen dudas en cuanto a la calidad de las investigaciones que se hicieron, de acuerdo con los activistas y abogados.

“¿Sabemos si los que fueron detenidos realmente siguen detenidos? ¿Y el estado hasta qué grado es responsable? No se puede secuestrar un camión, dos camiones, tres camiones sin que haya una complicidad de agentes del Estado en carreteras que estaban completamente vigiladas. Es imposible pensar eso”, dijo Lorena Delgadillo.

La directora de la Fundación reveló que a través de diversas solicitudes de información, le han solicitado a la Marina y a la Policía Federal que revelen los operativos y puestos de vigilancia que tenían en la zona de las masacres, pero la información ha sido negada. Son datos contenidos en la averiguación previa.

Cristina Ruelas de Artículo 19 subrayó que las responsabilidades del Estado existen y lo que revelará apertura del expediente es el grado en que estas ocurrieron, ya sea por acción y omisión, y quienes serían los responsables.

“El Estado había sido advertido por el Relator Especial de Naciones Unidas del secuestro de migrantes en el paso de San Fernando Tamaulipas, y sobre los mecanismos que estaba usando el crimen organizado. Lo que nos preguntamos entonces es que se hizo, o mas bien no se hizo, para que esto pasara incluso después de San Fernando, con los otros casos que se presentaron” subrayó la activista.

Ruelas recordó que no solo en el caso de los primeros 72 migrantes encontrados, sino en la investigación relacionada con la segunda masacre, existen datos de más de una decena de agentes municipales involucrados activamente en el secuestro de migrantes, sin que se sepa hasta donde llegaron las redes de vínculos (si es que se hicieron).

A la posible complicidad en el rapto de los migrantes, se suman los errores en la investigación del caso como por ejemplo, el envío de restos equivocados a los familiares de los migrantes en el extranjero. Estas fallas llevaron a la PGR a firmar un convenio con el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses y a la Fundación para la Justicia para exhumar cuerpos y volver a analizarlos.

“La sociedad merece la posibilidad de hacer un escrutinio claro de estos casos pues lastiman el derecho de todos, no solo de las víctimas directas. Es lo que pasó con el caso Ayotzinapa, la versión pública ha permitido evidenciar cosas como las circunstancias sospechosas en que se detuvo a los personajes clave, las fallas en protocolos. Eso no lo tenemos aun en San Fernando” dijo la oficial de Artículo 19.

Ana Lorena Delgadillo dijo que es imposible que se prevenga algo sin saber lo que realmente pasó y más aun en el caso de los migrantes, quienes se encuentra en la máxima indefensión. “Se trata de las víctimas perfectas pues provienen de otro país y de regiones de alta exclusión, con familias con pocas posibilidades para movilizarse pero no por ello les es ajeno el derecho a la verdad como a todos”.

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Protestas en Cuba: 3 claves para entender las manifestaciones en la isla, las más grandes en décadas

Por primera vez en más de 60 años, miles de personas se lanzaron a las calles en una veintena de poblados y ciudades a lo largo y ancho de la isla al grito de "libertad" y "abajo la dictadura".
13 de julio, 2021
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Cuba vivió este domingo 11 de julio la mayor protesta masiva de su historia reciente.

Por primera vez en más de 60 años, miles de personas se lanzaron a las calles en una veintena de poblados y ciudades a lo largo y ancho de la isla al grito de “libertad” y “abajo la dictadura”.

Ante la extensión de las manifestaciones, el presidente Miguel Díaz-Canel se presentó ante la televisión nacional para convocar a sus seguidores a salir a las calles a “enfrentar” a los manifestantes.

“La orden de combate está dada: a la calle los revolucionarios”, afirmó el mandatario, quien atribuyó la actual crisis que vive la isla al embargo de Estados Unidos y a medidas del gobierno de Donald Trump.

Las protestas se iniciaron en la ciudad de San Antonio de los Baños, en el suroeste de La Habana y, desde entonces, se extendieron como chispa en polvorín por todo el país.

“Esto es por la libertad del pueblo, ya no aguantamos más. No tenemos miedo. Queremos un cambio, no queremos más dictadura”, dijo en diálogo telefónico con BBC Mundo una manifestante en San Antonio.

Manifestantes en La Habana, Cuba

Getty Images
Las protestas se iniciaron en la ciudad de San Antonio de los Baños, en el suroeste de La Habana y, desde entonces, se extendieron como chispa en polvorín por todo el país.

Alejandro, que participó en la protesta en Pinar del Río, le contó a BBC Mundo que la protesta en su provincia se inició tras ver en redes sociales lo que estaba pasando en San Antonio de los Baños.

“Vimos la protesta en las redes y la gente empezó a salir. Este es el día, ya no aguantamos más”, dijo el joven vía telefónica.

“No hay comida, no hay medicinas, no hay libertad. No nos dejan vivir. Ya nos cansamos”, agregó.

BBC Mundo contactó con el Centro de Prensa Internacional, la única institución del gobierno autorizada a dar declaraciones a medios extranjeros para conocer su posición, pero no tuvo respuesta inmediata.

Las protestas de este domingo, que fueron duramente reprimidas según muestran numerosos videos y cuentas de redes sociales, son un hecho sumamente inusual en una isla donde la oposición al gobierno no está permitida.

¿Cómo se explica entonces que miles de cubanos hayan salido a las calles de un extremo a otro de la isla?

En BBC Mundo te ofrecemos tres claves para entenderlo.

1. La crisis del coronavirus

Las protestas de este domingo en la isla parecen ser el resultado de un hartazgo acumulado de la población que se ha acrecentado en los últimos meses tras una las mayores crisis económicas y de salud que ha vivido la isla desde el llamado “periodo especial” (la crisis a inicios de los 90 tras el desplome de la Unión Soviética).

El detonante de la actual situación parece ser, de hecho, una mezcla de la gravedad de la situación con el coronavirus y medidas económicas tomadas por el gobierno que han hecho cada vez más difícil la vida en Cuba.

La isla, que mantuvo la pandemia bajo control en los primeros meses de 2020, vio en las últimas semanas un rebrote que la ha llevado a colocarse entre los lugares con más casos registrados por cantidad de población en América Latina.

Solo el domingo, la isla reportó oficialmente 6.750 casos y 31 muertes, aunque numerosos grupos opositores denuncian que las cifras no dan cuentan de la situación real y que muchos fallecimientos por covid-19 son atribuidos a otras causas.

Durante la última semana, el país ha roto sus récords diarios de contagios y muertes, lo que ha llevado, según denuncias, al colapso de numerosos centros de salud.

BBC Mundo conversó en días anteriores con varios cubanos que aseguran que sus familiares murieron en sus casas sin recibir cuidados médicos o en los hospitales por carencias de medicamentos.

Es el caso de Lisveilis Echenique, que contó que su hermano, de 35 años, murió en su casa por no haber lugar para él en los hospitales o de Lenier Miguel Pérez, que asegura que su esposa embarazada murió por lo que considera “negligencias médicas”.

Mujer en La Habana en la protesta contra el gobierno de Cuba.

Getty Images

Casos como los anteriores comenzaron a multiplicarse en las redes sociales en los últimos días y, durante el fin de semana, se llenaron de mensajes bajo las etiquetas #SOSCuba y #SOSMatanzas para pedir ayuda internacional y una “intervención humanitaria” ante la crítica situación con el coronavirus en la isla.

Miles de cubanos se sumaron a la iniciativa, a la vez que se volvieron virales varios videos de hospitales colapsados.

En su mensaje del domingo, el presidente cubano consideró que la situación actual era la misma que habían vivido otros países y que a Cuba había llegado tarde porque habían logrado mantener controlado el virus antes.

Destacó, además, que Cuba había producido sus propias vacunas contra el coronavirus (aunque la administración de las dosis todavía es limitada en la mayoría de las provincias).

2. La situación económica

Con el turismo prácticamente paralizado —uno de los motores de la economía cubana— , el coronavirus ha tenido un profundo impacto en la vida económica y social de la isla, a lo que se ha unido la emergencia de una creciente inflación, apagones, escasez de comida, medicamentos y productos básicos.

A inicios de año, el gobierno propuso un nuevo paquete de reformas económicas que, a la vez que aumentaron los salarios, dispararon los precios y economistas como Pavel Vidal, de la Universidad Javeriana de Cali, estiman que podrían subir entre el 500% y el 900% en los próximos meses.

Ante la falta de liquidez de divisas, el gobierno promovió desde el pasado año la creación de tiendas por monedas libremente convertibles, en la que se comenzaron a vender algunos alimentos y productos de primera necesidad disponibles en una moneda en las que no recibe sus salarios la mayoría de la población.

La pandemia ha sido también sinónimo de grandes colas para que los cubanos puedan comprar bienes como aceite, jabones o pollo y un tiempo los cortes de electricidad se han vuelto cada vez más frecuentes.

Un manifestante siendo arrestado en La Habana

Getty Images
En La Habana, la capital del país, los manifestantes tomaron algunas de las principales avenidas a la vez que se enfrentaban o eran reprimidos por la policía.

Los medicamentos básicos han comenzado a escasear tanto en las farmacias como en los hospitales y en muchas provincias han comenzado a vender pan hecho a base de calabaza ante la carencia de harina de trigo.

Cubanos entrevistados en la última semana por BBC Mundo aseguran que en algunos centros médicos no existen ni aspirinas para bajar la fiebre, mientras la isla ha vivido también brotes de sarna y otras enfermedades infecciosas.

El mes pasado, el gobierno decidió dejar de aceptar “temporalmente” dólares en efectivo, la principal divisa que reciben en remesas los cubanos, en una medida que es vista por economistas como la más restrictiva impuesta sobre la moneda estadounidense desde que estuvo penalizada durante por el gobierno de Fidel Castro.

El gobierno de Cuba atribuye la actual situación económica al embargo de Estados Unidos.

En su comparecencia del domingo, Díaz-Canel aseguro que este era “el principal problema que atenta contra la salud y el desarrollo de nuestro pueblo”.

3. El acceso a internet

Antes de este domingo, la mayor protesta que había tenido lugar en Cuba después del inicio de la revolución de Fidel Castro tuvo lugar en agosto de 1994 frente al Malecón de La Habana.

Manifestante en La Habana siendo arrestado

Getty Images
Policías y agentes vestidos de civil reprimieron a manifestantes.

Entonces, muchos cubanos en otras provincias ni siquiera supieron qué había pasado en la capital.

Casi 30 años después del conocido como “Maleconazo”, el escenario es muy diferente: pese que durante el gobierno de Fidel Castro el acceso a internet en la isla estuvo restringido, Raúl Castro dio pasos de apertura que conllevaron a una mayor conectividad en la isla.

Desde entonces, los cubanos han utilizado las redes sociales para denunciar su incomodidad con el gobierno al punto que han llevado en muchas ocasiones a las autoridades a responder en sus medios oficiales sobre lo que están comentado los cubanos en las redes.

Al día de hoy gran parte de la población, principalmente los jóvenes, tienen acceso a Facebook, Twitter e Instagram, que constituyen también sus principales canales de información ante el discurso oficial de los medios estatales.

El acceso a internet también ha llevado a la aparición de numerosos medios independientes que reportan sobre temas que no solían aparecer generalmente en los medios oficiales.

Las redes se han vuelto también el canal para que artistas, periodistas e intelectuales reclamen sus derechos o convoquen protestas.

Manifestantes en Little Havana, en Miami

Getty Images
Cientos de cubanos también salieron a protestar en Little Havana, en Miami.

En noviembre pasado tuvo lugar otra manifestación que se organizó a través de las redes sociales luego de que la policía irrumpiera en la vivienda de unos jóvenes artistas que realizaban una huelga de hambre.

De hecho, las redes sociales fueron también la vía en la que se esparció el domingo la noticia de la protesta en San Antonio y la forma en la que se organizó la protesta inicial.

El gobierno de Cuba asegura que las redes sociales son utilizadas por los “enemigos de la revolución” para crear “estrategias de desestabilización” que siguen manuales de la CIA.

Y aunque para muchos las protestas eran de alguna manera previsibles, lo que pasará ahora es una incertidumbre.

Cuba se está enfrentando a un escenario inédito de protestas y represión policial. Habrá que ver en los `próximos días como reacciona el gobierno… y los cubanos.


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