Irene Cruz, la indígena que el IMSS dejó en estado vegetativo y que 14 años después aún no indemniza
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Irene Cruz, la indígena que el IMSS dejó en estado vegetativo y que 14 años después aún no indemniza

La oaxaqueña sufrió en 2001 una negligencia tras una cesárea que la dejó postrada en una cama. Además, fue objeto de violencia obstétrica, cuando se le implantó sin su consentimiento un DIU. Ayer martes, Fundar y Amnistía Internacional entregaron al IMSS más de 8 mil firmas exigiendo que repare el daño a Irene y su familia.
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Por Manu Ureste
18 de noviembre, 2015
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Irene Cruz sufrió una negligencia médica en 2001 que la dejó en estado vegetativo. //Foto: Fundar

Irene Cruz sufrió una negligencia médica en 2001 que la dejó en estado vegetativo. //Foto: Fundar

Cuando Irene Cruz, mujer indígena de origen Na’Savi, salió de su casa el 21 de junio de 2001 para dar a luz a su primer hijo, su familia nunca imaginó que volvería al hogar en estado vegetativo y condenada a pasar el resto de sus días postrada en una cama.

Todo comenzó la noche del 20 de junio de 2001.

Esa noche, una partera llegó a la casa donde vivía la mujer de 26 años con su esposo y su familia en Barranca Fiera, un remoto paraje de la comunidad de Morelos que pertenece al municipio oaxaqueño de San Cruz Itundunjia. Tras varias horas tratando de auxiliarla y de acomodarle el bebé en el vientre, la partera se da por vencida y aconseja al esposo y a los padres de Irene que la lleven de urgencia a la unidad médica del municipio, la cual se encuentra a unas dos horas de la comunidad.

Entonces, surge otra complicación: los sinuosos caminos de terracería hacen imposible que una ambulancia llegue hasta el paraje, por lo que una camioneta del municipio traslada a la joven, entre tumbos, al centro médico de Santa Cruz Itundujia, donde la tarde del 21 de junio el personal médico determina que ahí no la pueden atender porque no cuentan con el equipo necesario para emergencias obstétricas.

De nuevo, a la camioneta. Y de nuevo, horas de caminos de terracería hasta llegar al Hospital Rural del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) más cercano, en el municipio de Tlaxiaco.

Allí, la madrugada del 22 de junio –más de un día después de iniciar las labores de parto-, a Irene le practican una cesárea de emergencia que debido a una negligencia médica de la anestesióloga la deja a ella y a su bebé en estado grave.

Sin que nadie ofreciera mayor detalle al esposo y a los padres, someten de nuevo a la mujer y a su niño recién nacido a otro viaje de tres horas para trasladarla a la capital Oaxaca.

Finalmente, en el Hospital Civil le diagnostican una “encefalopatía hipóxica isquémica”.

O en otras palabras, pérdida total de movilidad y de capacidad de racionamiento, derivada de un daño cerebral permanente e irreversible que dejará a Irene anclada de por vida a una cama.

Además de la negligencia, le implantan DIU sin consentimiento

Algo más de 14 años después, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió el pasado 22 de octubre de 2015 la recomendación 32/2015 que dirigió al director general del IMSS y al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué.

En la recomendación, que puedes leer íntegra aquí, la CNDH determinó -a partir de peritajes médicos propios y de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico y de la Procuraduría General de la República (PGR)- que la anestesióloga del IMSS aplicó la anestesia a Irene sin controlarle antes la presión arterial, lo que le desencadenó varios paros cardíacos que impidieron que el oxígeno le llegara al cerebro y le provocara daños irreparables.

Además, la CNDH destaca en su informe otra violación de extrema gravedad: sin su consentimiento y sin que se informara a la familia de ello, el personal médico del IMSS aprovechó la intervención para implantar a Irene un Dispositivo Intrauterino, método anticonceptivo conocido como DIU.

“En el caso de Irene se cometió violencia obstétrica porque, primero, se cometió una negligencia médica grave; segundo, porque en el hospital no había los instrumentos médicos y el equipo necesario para brindar una atención médica adecuada en un caso como el suyo; y tercero, porque se le implantó un método anticonceptivo sin su consentimiento”, subraya en entrevista con Animal Político Itzel Silva, abogada de Fundar y representante legal de Irene Cruz y su familia,

Silva apunta que en este caso “también se cometió violencia institucional”, ya que, a pesar de que la familia denunció los hechos ante autoridades ministeriales de Oaxaca, éstas no realizaron los peritajes médicos correspondientes ni investigaron la negligencia, “y tardaron además 10 años” en turnar el caso a la Procuraduría General de la República, toda vez que el delito fue cometido por servidores públicos de una instancia federal como el IMSS.

Exigen atención médica vitalicia y garantías de no repetición

Dilaciones y omisiones “que generaron impunidad”, de acuerdo con la integrante de Fundar, ya que el delito imputado contra la anestesióloga por lesiones culposas, con el agravante de responsabilidad profesional y ejercicio indebido del servicio público, prescribió tal y como determinó en diciembre de 2013 un magistrado del Primer Tribunal Unitario, quien, sin embargo, ordenó a autoridades estatales y federales que repararan el daño a Irene, a su hijo Epafrodito -que resistió el parto a pesar de que nació en estado grave, producto de la negligencia médica- y a su familia más directa.

“Queremos que la indemnización a Irene no se limite sólo al dinero, sino que sea una reparación integral del daño”, recalca la coordinadora de estrategias jurídicas de Fundar.

Por ejemplo, expone, al IMSS se le exige “atención médica vitalicia” para la mujer indígena y su hijo, y al Gobierno de Oaxaca que le otorgue una beca a Epafrodito “hasta el término de sus estudios”.

Además, se exige el cumplimiento de “medidas de no repetición”. Por un lado, al IMSS se le pide que “capacite y forme a todo el personal médico en derechos humanos y perspectiva de género”, y que su personal “informe y respete” la decisión de las mujeres indígenas para uso de algún método anticonceptivo; y por otro, al gobierno oaxaqueño se le hace un llamado a que capacite y forme a todo el personal de la fiscalía en derechos humanos de las mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad.

A las autoridades médicas también se les exige que “supervisen, verifiquen y garanticen en Oaxaca el equipo médico y quirúrgico necesario para la atención de partos y realización de cesáreas”, mientras que al ejecutivo estatal se le exhorta a que identifique las responsabilidades administrativas y/o penales de los agentes del ministerio público que ‘atendieron’ el caso de Irene.

No obstante, a pesar de la recomendación de la CNDH emitida en octubre de este año, y de la orden del magistrado en 2013 para que se repare el daño a Irene y su familia, ni el IMSS ni el gobierno oaxaqueño han dado un paso al frente, aunque ya anunciaron que sí aceptan la recomendación de la comisión de derechos humanos.

“Fundar ya tuvo una primera reunión con el gobierno de Oaxaca para ver la reparación del daño, pero del IMSS no hemos tenido ningún contacto todavía. No nos han buscado todavía, aunque se supone que al aceptar la recomendación están en la disposición de cumplir con las medidas de reparación que en ella se plantean”, señala Itzel Silva.

Entregan al IMSS 8 mil 600 firmas exigiendo la reparación del daño

Por el momento, y como medida de presión para que las autoridades médicas federales aceleren su respuesta, Fundar y Amnistía Internacional realizaron ayer martes 17 de noviembre un evento frente a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la ciudad de México, en el que entregaron 8 mil 600 firmas de ciudadanos con la exigencia de que a Irene y su familia se les repare, en la medida de los posible, el irreversible daño ocasionado.

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¿Por qué tantos niños mueren en Brasil por COVID-19?

La pandemia no da tregua en Brasil y estudios muestran que las cifras oficiales pueden ser menores respecto a la cantidad de niños fallecidos por el virus. Una madre relata como perdió a su hijo porque no consiguió que la enfermedad fuera detectada a tiempo.
15 de abril, 2021
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Un año después de la declaratoria de la pandemia del coronavirus, las muertes en Brasil se encuentran en su punto máximo.

Sin embargo, a pesar de la abundante evidencia de que la COVID-19 rara vez mata a niños pequeños, en la nación sudamericana han fallecido más de 800 menores por esa enfermedad, según cifras oficiales. Y esas cifras pueden ser mayores, de acuerdo a estudios.

Uno de esos casos tiene que ver el hijo de un año de la profesora Jessika Ricarte, al que un médico se negó a realizar una prueba bajo el argumento de que sus síntomas no se ajustaban al perfil del coronavirus.

Dos meses después, el menor murió por complicaciones asociadas con la enfermedad. Sucedió en Tamboril, una ciudad en el estado de Ceará, en el noreste de Brasil.

La historia

Luego de un par de años de intentos y tratamientos de fertilidad fallidos, Ricarte casi había renunciado a tener una familia hasta que quedó embarazada de Lucas.

“Su nombre proviene de ‘luminoso’. Y fue una luz en nuestra vida. Demostró que la felicidad era mucho más de lo que imaginamos”, cuenta.

El primer cumpleaños de Lucas.

Jessika Ricarte
El primer cumpleaños de Lucas.

Primero sospechó que algo andaba mal cuando Lucas, que siempre tenía buen apetito, dejó de sentir hambre.

Jessika se preguntó entonces si era debido a que le estaban saliendo los dientes.

La madrina de Lucas, una enfermera, sugirió que podría tener dolor de garganta. Pero después de que desarrolló fiebre, luego fatiga y dificultad para respirar, la madre lo llevó al hospital y pidió que le hicieran la prueba de COVID-19.

“El médico puso el oxímetro. Los niveles (de oxígeno) de Lucas eran del 86%. Ahora sé que eso no es normal”, dice Jessika.

Como no tenía fiebre, el médico dijo: “No se preocupe, no hay necesidad de una prueba de COVID-19. Probablemente sea solo un dolor de garganta leve”.

Le afirmó a Jessika que el coronavirus era raro en los niños y solo le dio algunos antibióticos.

A pesar de las sospechas de la madre, no había ninguna opción para que Lucas hiciera una prueba en laboratorios privados en ese momento.

Y Ricarte relata que algunos de sus síntomas se disiparon al final de su tratamiento de antibióticos de 10 días, pero el cansancio permaneció.

Lucas

Jessika Ricarte
Jessika tomaba videos de su hijo y las enviaba a familiares porque estaba preocupada por su condición.

“Le envié varios videos a su madrina, a mis padres, a mi suegra, y todos decían que estaba exagerando, que debía dejar de ver las noticias, que me estaba volviendo paranoica. Pero yo sabía que mi hijo no era el mismo, que no respiraba normalmente”, recuerda.

Inesperado

Era mayo de 2020 y el contagio del coronavirus estaba creciendo. Dos personas ya habían muerto en la ciudad donde vive Ricarte.

“Todos se conocen aquí. La ciudad estaba en shock“, afirma.

Israel, el esposo de Jessika, estaba preocupado de que una visita al hospital pudiera aumentar el riesgo de que ella o el hijo de ambos se infectaran con el virus.

Pasaron las semanas y Lucas se volvió cada vez más somnoliento. Finalmente, el 3 de junio, el pequeño vomitó una y otra vez después de almorzar y Ricarte entendió que tenía que hacer algo.

Regresaron al hospital donde el médico examinó a Lucas para evaluar si se trataba de un contagio de COVID-19.

La madrina de Lucas, que trabajaba allí, le dio la noticia a la pareja de que el resultado de la prueba era positivo.

“En ese momento, el centro de salud ni siquiera tenía un reanimador clínico”, dice Jessika.

El menor fue trasladado a una unidad de cuidados intensivos pediátricos en la ciudad de Sobral, a más de dos horas de distancia, donde le diagnosticaron una afección llamada síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico (PIMS, por su sigla en inglés).

Se trata de una respuesta inmune extrema al virus que puede causar inflamación severa de órganos vitales.

Niños

Los expertos dicen que el síndrome, que afecta a los niños hasta seis semanas después de que se infectan con el coronavirus, es un fenómeno raro.

Sin embargo, la reconocida epidemióloga de la Universidad de Sao Paulo Fatima Marinho dice que, durante la pandemia, está viendo más casos de PIMS que nunca antes.

Lucas

Jessika Ricarte

Cuando Lucas fue intubado, a Jessika no se le permitió quedarse en la misma habitación. Llamó a su cuñada para intentar distraerse de la preocupación.

“Podíamos escuchar el sonido de la máquina (de la unidad de cuidados intensivos), el ‘bip’. Hasta que la máquina se detuvo y escuchamos ese pitido constante. Y sabemos que eso sucede cuando la persona muere. Después de unos minutos, la máquina comenzó a funcionar nuevamente y comencé a llorar”, cuenta.

La doctora Manuela Monte, la pediatra que trató a Lucas durante más de un mes en la unidad de cuidados intensivos de Sobral, afirmó que le sorprendió que la condición del niño fuera tan grave porque no tenía ningún factor de riesgo.

La mayoría de los menores afectados por coronavirus tienen enfermedades o trastornos (afecciones existentes como diabetes o problemas cardiovasculares) o sobrepeso, según Lohanna Tavares, infectóloga pediátrica del Hospital Infantil Albert Sabin en Fortaleza, la capital del estado de Ceará.

Pero ese no fue el caso de Lucas.

Durante los 33 días que Lucas estuvo en cuidados intensivos, a Jessika solo se le permitió verlo tres veces.

Lucas's parents, Israel and Jessika

BBC

Lucas necesitaba inmunoglobulina, un medicamento muy caro, para desinflamar su corazón.

Afortunadamente un paciente adulto que había comprado donó una ampolla sobrante al hospital.

Lucas estaba tan enfermo que necesitó recibir una segunda dosis. Desarrolló una erupción en su cuerpo y tenía fiebre persistente. Necesitaba apoyo para respirar.

Luego el niño comenzó a mejorar y los médicos decidieron sacarle el tubo de oxígeno. Hicieron videollamadas a Jessika e Israel para que no se sintiera solo cuando recuperara la conciencia.

“Cuando escuchó nuestras voces se puso a llorar“, relata la madre.

Era la última vez que la pareja vería a su hijo reaccionar. Durante la siguiente videollamada “tenía la mirada paralizada”.

El hospital solicitó una tomografía computarizada y descubrió que Lucas había tenido un derrame cerebral.

Pese a ello, a la pareja se le dijo que Lucas se recuperaría bien con la atención adecuada y que pronto sería trasladado a una sala general.

Cuando Jessika e Israel fueron a visitarlo, el médico estaba tan esperanzado como ellos, cuenta la mujer.

“Esa noche, puse mi celular en silencio. Soñé que Lucas se me acercó y me besó la nariz. Y el sueño fue un gran sentimiento de amor, gratitud y me desperté muy feliz. Luego vi mi celular y vi las 10 llamadas que había hecho el médico”, narra.

Jessika

BBC
Jessika Ricarte

El doctor encargado le dijo a Jessika que la frecuencia cardíaca y los niveles de oxígeno de Lucas habían bajado repentinamente y que había muerto temprano esa mañana.

Ella está segura de que si le hubieran hecho una prueba cuando ella la solicitó, a principios de mayo, habría sobrevivido.

“Es importante que los médicos, incluso si creen que no es coronavirus, hagan el examen para eliminar la posibilidad”, dice.

Indica que “un bebé no dice lo que siente, así que todo depende de las pruebas“.

Un menor en una sala de cuidados intensivos

BBC
Un menor en una sala de cuidados intensivos.

Jessika cree que la demora en el tratamiento adecuado agravó la condición de su hijo.

“Lucas tuvo varias inflamaciones, el 70% del pulmón estaba comprometido, el corazón aumentó en un 40%. Era una situación que podría haberse evitado”, indica.

La doctora Monte está de acuerdo. Ella dice que aunque una situación de PIMS no se puede prevenir, el tratamiento es mucho más exitoso si la condición se diagnostica y se trata temprano.

“Cuanto antes hubiera recibido atención especializada, era mejor. Llegó al hospital ya críticamente enfermo. Creo que podría haber tenido un resultado diferente si lo hubiéramos tratado antes”, señala.

Jessika ahora quiere compartir la historia de Lucas para ayudar a otras personas que pueden prevenir esa clase de síntomas críticos en los menores.

“En el caso de todos los niños que conozco y fueron salvados por alguna advertencia mía, la madre me dice: ‘Vi tus publicaciones, llevé a mi hijo al hospital y ahora está en casa’. Es como si fuera una parte de Lucas“, cuenta.

Los médicos usan teléfonos móviles para que los menores puedan verse con sus familiares.

BBC
Los médicos usan teléfonos móviles para que los menores puedan verse con sus familiares.

El problema

Existe la idea errónea de que los niños corren cero riesgo de un contagio de coronavirus, según Fatima Marinho, quien también es asesora principal de la ONG de salud Vital Strategies.

La investigación de la doctora sostiene que un número sorprendentemente alto de niños y bebés fueron afectados por la enfermedad.

Entre febrero de 2020 y el 15 de marzo de 2021, la COVID-19 mató al menos a 852 niños de Brasil, incluidos 518 bebés menores de un año, según cifras del Ministerio de Salud de ese país.

Pero la experta estima que más del doble de esta cantidad de niños murieron a causa de esa enfermedad dado que, señala, existe un problema grave de bajo registro debido a la falta de pruebas que reduce las cifras.

Marinho revisó el exceso de muertes por síndrome respiratorio agudo durante la pandemia y encontró que hubo al menos 10 veces más muertes que en años anteriores.

Considerando esas estimaciones sostiene que el virus mató a un aproximado de 2.060 niños menores de nueve años, incluidos 1.302 bebés.

¿Qué está pasando?

Los expertos señalan que la gran cantidad de casos de coronavirus en Brasil, el segundo en cantidad de contagios más alto del mundo, elevó la probabilidad de que bebés y niños se vean afectados.

“Por supuesto, cuantos más casos tengamos y, por ende, más hospitalizaciones, mayor será el número de muertes en todos los grupos de edad, incluidos los niños. Pero si se controlara la pandemia, este escenario evidentemente podría minimizarse“, explica Renato. Kfouri, presidente del Departamento Científico de Inmunizaciones de la Sociedad Brasileña de Pediatría.

Dr Cinara Carneiro

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Dra Cinara Carneiro

Una tasa de infección tan alta sobrepasó el sistema de salud de Brasil. En todo el país, el suministro de oxígeno está disminuyendo, hay escasez de medicamentos básicos y en muchas unidades de cuidados intensivos de todo el país simplemente no hay más camas.

El presidente Jair Bolsonaro todavía se opone a los encierros estrictos y se estima que la tasa de infección está siendo impulsada por la variante llamada P.1, considerada más contagiosa y posiblemente surgida en el norte de Brasil.

En marzo murió el doble de personas que en cualquier otro mes de la pandemia y la tendencia al alza continúa.

Otro problema que impulsa las altas tasas de contagios en los niños es la falta de exámenes.

Marinho dice que para los menores es usual que el diagnóstico llegue demasiado tarde, cuando ya están gravemente enfermos.

“Tenemos un grave problema en la detección de casos. No tenemos suficientes pruebas para la población en general, menos aún para los niños. Debido a que hay un retraso en el diagnóstico, hay un retraso en la atención del menor”, explica.

Esto no se debe solo a que exista poca capacidad de prueba, sino también a que es más fácil pasar por alto, o diagnosticar erróneamente, los síntomas de los niños que padecen COVID-19, ya que la enfermedad tiende a presentarse de manera diferente en las personas más jóvenes.

Una salubrista en Brasil

Departamento de Salud de Ceará

“Un niño tiene mucha más diarrea, mucho más dolor abdominal y dolor en el pecho que el visto en un cuadro clásico de COVID-19. Debido a que hay un retraso en el diagnóstico, cuando el menor llega al hospital está en una condición grave y puede complicarse y morir”, señala Marinho.

Problemas sociales

Aunque todo esto también se trata de pobreza y acceso a la atención médica.

Un estudio de 5 mil 857 pacientes con COVID-19 menores de 20 años, realizado por pediatras brasileños dirigido por la Facultad de Medicina de Sao Paulo identificó tanto las enfermedades de base como las vulnerabilidades socioeconómicas como factores de riesgo para el peor resultado en menores.

Marinho está de acuerdo en que este es un factor importante.

“Los más vulnerables son los niños afrodescendientes y los menores de familias muy pobres, ya que tienen más dificultades para acceder al auxilio. Estos son los niños con mayor riesgo de muerte”, indica.

Ella dice que esto se debe a que las condiciones de vivienda hacinadas hacen que sea imposible distanciarse socialmente cuando se infectan, y porque las comunidades más pobres no tienen acceso a una unidad de cuidados intensivos local.

Estos niños también corren riesgo de desnutrición, lo que es “terrible para la respuesta inmunológica”, afirma Marinho.

Cuando se detuvieron las subvenciones en medio de la pandemia, millones volvieron a entrar en graves problemas de subsistencia.

“Pasamos de 7 millones a 21 millones de personas por debajo del umbral de la pobreza en un año. Así que la gente también pasa hambre. Todo esto tiene un impacto en la mortalidad”, afirma la experta.

Braian Sousa, líder de la investigación de la Universidad de Sao Paulo, dice que su estudio identifica ciertos grupos de riesgo entre los niños a los que se debe dar prioridad para la vacunación. Aunque actualmente, no hay vacunas disponibles para menores de 16 años.


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