Irene Cruz, la indígena que el IMSS dejó en estado vegetativo y que 14 años después aún no indemniza
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Irene Cruz, la indígena que el IMSS dejó en estado vegetativo y que 14 años después aún no indemniza

La oaxaqueña sufrió en 2001 una negligencia tras una cesárea que la dejó postrada en una cama. Además, fue objeto de violencia obstétrica, cuando se le implantó sin su consentimiento un DIU. Ayer martes, Fundar y Amnistía Internacional entregaron al IMSS más de 8 mil firmas exigiendo que repare el daño a Irene y su familia.
Fundar
Por Manu Ureste
18 de noviembre, 2015
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Irene Cruz sufrió una negligencia médica en 2001 que la dejó en estado vegetativo. //Foto: Fundar

Irene Cruz sufrió una negligencia médica en 2001 que la dejó en estado vegetativo. //Foto: Fundar

Cuando Irene Cruz, mujer indígena de origen Na’Savi, salió de su casa el 21 de junio de 2001 para dar a luz a su primer hijo, su familia nunca imaginó que volvería al hogar en estado vegetativo y condenada a pasar el resto de sus días postrada en una cama.

Todo comenzó la noche del 20 de junio de 2001.

Esa noche, una partera llegó a la casa donde vivía la mujer de 26 años con su esposo y su familia en Barranca Fiera, un remoto paraje de la comunidad de Morelos que pertenece al municipio oaxaqueño de San Cruz Itundunjia. Tras varias horas tratando de auxiliarla y de acomodarle el bebé en el vientre, la partera se da por vencida y aconseja al esposo y a los padres de Irene que la lleven de urgencia a la unidad médica del municipio, la cual se encuentra a unas dos horas de la comunidad.

Entonces, surge otra complicación: los sinuosos caminos de terracería hacen imposible que una ambulancia llegue hasta el paraje, por lo que una camioneta del municipio traslada a la joven, entre tumbos, al centro médico de Santa Cruz Itundujia, donde la tarde del 21 de junio el personal médico determina que ahí no la pueden atender porque no cuentan con el equipo necesario para emergencias obstétricas.

De nuevo, a la camioneta. Y de nuevo, horas de caminos de terracería hasta llegar al Hospital Rural del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) más cercano, en el municipio de Tlaxiaco.

Allí, la madrugada del 22 de junio –más de un día después de iniciar las labores de parto-, a Irene le practican una cesárea de emergencia que debido a una negligencia médica de la anestesióloga la deja a ella y a su bebé en estado grave.

Sin que nadie ofreciera mayor detalle al esposo y a los padres, someten de nuevo a la mujer y a su niño recién nacido a otro viaje de tres horas para trasladarla a la capital Oaxaca.

Finalmente, en el Hospital Civil le diagnostican una “encefalopatía hipóxica isquémica”.

O en otras palabras, pérdida total de movilidad y de capacidad de racionamiento, derivada de un daño cerebral permanente e irreversible que dejará a Irene anclada de por vida a una cama.

Además de la negligencia, le implantan DIU sin consentimiento

Algo más de 14 años después, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió el pasado 22 de octubre de 2015 la recomendación 32/2015 que dirigió al director general del IMSS y al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué.

En la recomendación, que puedes leer íntegra aquí, la CNDH determinó -a partir de peritajes médicos propios y de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico y de la Procuraduría General de la República (PGR)- que la anestesióloga del IMSS aplicó la anestesia a Irene sin controlarle antes la presión arterial, lo que le desencadenó varios paros cardíacos que impidieron que el oxígeno le llegara al cerebro y le provocara daños irreparables.

Además, la CNDH destaca en su informe otra violación de extrema gravedad: sin su consentimiento y sin que se informara a la familia de ello, el personal médico del IMSS aprovechó la intervención para implantar a Irene un Dispositivo Intrauterino, método anticonceptivo conocido como DIU.

“En el caso de Irene se cometió violencia obstétrica porque, primero, se cometió una negligencia médica grave; segundo, porque en el hospital no había los instrumentos médicos y el equipo necesario para brindar una atención médica adecuada en un caso como el suyo; y tercero, porque se le implantó un método anticonceptivo sin su consentimiento”, subraya en entrevista con Animal Político Itzel Silva, abogada de Fundar y representante legal de Irene Cruz y su familia,

Silva apunta que en este caso “también se cometió violencia institucional”, ya que, a pesar de que la familia denunció los hechos ante autoridades ministeriales de Oaxaca, éstas no realizaron los peritajes médicos correspondientes ni investigaron la negligencia, “y tardaron además 10 años” en turnar el caso a la Procuraduría General de la República, toda vez que el delito fue cometido por servidores públicos de una instancia federal como el IMSS.

Exigen atención médica vitalicia y garantías de no repetición

Dilaciones y omisiones “que generaron impunidad”, de acuerdo con la integrante de Fundar, ya que el delito imputado contra la anestesióloga por lesiones culposas, con el agravante de responsabilidad profesional y ejercicio indebido del servicio público, prescribió tal y como determinó en diciembre de 2013 un magistrado del Primer Tribunal Unitario, quien, sin embargo, ordenó a autoridades estatales y federales que repararan el daño a Irene, a su hijo Epafrodito -que resistió el parto a pesar de que nació en estado grave, producto de la negligencia médica- y a su familia más directa.

“Queremos que la indemnización a Irene no se limite sólo al dinero, sino que sea una reparación integral del daño”, recalca la coordinadora de estrategias jurídicas de Fundar.

Por ejemplo, expone, al IMSS se le exige “atención médica vitalicia” para la mujer indígena y su hijo, y al Gobierno de Oaxaca que le otorgue una beca a Epafrodito “hasta el término de sus estudios”.

Además, se exige el cumplimiento de “medidas de no repetición”. Por un lado, al IMSS se le pide que “capacite y forme a todo el personal médico en derechos humanos y perspectiva de género”, y que su personal “informe y respete” la decisión de las mujeres indígenas para uso de algún método anticonceptivo; y por otro, al gobierno oaxaqueño se le hace un llamado a que capacite y forme a todo el personal de la fiscalía en derechos humanos de las mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad.

A las autoridades médicas también se les exige que “supervisen, verifiquen y garanticen en Oaxaca el equipo médico y quirúrgico necesario para la atención de partos y realización de cesáreas”, mientras que al ejecutivo estatal se le exhorta a que identifique las responsabilidades administrativas y/o penales de los agentes del ministerio público que ‘atendieron’ el caso de Irene.

No obstante, a pesar de la recomendación de la CNDH emitida en octubre de este año, y de la orden del magistrado en 2013 para que se repare el daño a Irene y su familia, ni el IMSS ni el gobierno oaxaqueño han dado un paso al frente, aunque ya anunciaron que sí aceptan la recomendación de la comisión de derechos humanos.

“Fundar ya tuvo una primera reunión con el gobierno de Oaxaca para ver la reparación del daño, pero del IMSS no hemos tenido ningún contacto todavía. No nos han buscado todavía, aunque se supone que al aceptar la recomendación están en la disposición de cumplir con las medidas de reparación que en ella se plantean”, señala Itzel Silva.

Entregan al IMSS 8 mil 600 firmas exigiendo la reparación del daño

Por el momento, y como medida de presión para que las autoridades médicas federales aceleren su respuesta, Fundar y Amnistía Internacional realizaron ayer martes 17 de noviembre un evento frente a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la ciudad de México, en el que entregaron 8 mil 600 firmas de ciudadanos con la exigencia de que a Irene y su familia se les repare, en la medida de los posible, el irreversible daño ocasionado.

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EPA

Entre el 30% y el 50% del agua en el mundo se obtiene de manera ilegal, según estudio

La agricultura consume alrededor del 70% del agua disponible en el planeta y la forma en la que la obtiene no siempre es legítima. 3,000 millones de personas no tienen acceso a servicios de agua potable seguros y solo el 10% del agua en el mundo se destina a los hogares.
EPA
15 de septiembre, 2020
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Puede sonar difícil de creer que entre el 30% y el 50% del agua en el mundo sea “robada”.

Como también parece sorprendente que el 70% de ese recurso sea destinado para la agricultura cuando casi un tercio de la población del planeta no tiene acceso a servicios potables.

Sin embargo, diferentes estudios y expertos señalan que eso es lo que ocurre.

El agua es “robada” o desviada y en lugar de abastecer a las poblaciones se dirige al negocio del agro, según explica a BBC Mundo Adam Loch, experto en el tema de la Universidad de Adelaide (Australia).

Pero el problema no termina ahí.

El planeta desecha la tercera parte de los alimentos que produce y eso hace más injusta esta desproporción en el uso que hacemos del agua, como comenta Richard Connor, responsable del Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos.

“Es una desperdicio cuando se destina a la sobreproducción de comida”, señala a BBC Mundo.

El “gran robo”

La escasez de agua se agudizó por el cambio climático primero y después por la pandemia del coronavirus.

3.000 millones de personas no tienen acceso a redes de distribución, según la ONU, y el uso “desproporcionado” del recurso en rubros como la agricultura o la minería agrava el problema.

Represa

EPA
El agua se convirtió en un valioso recurso para la generación de electricidad.

Adam Loch señala que, a pesar de los vacíos jurídicos existentes alrededor de la propiedad y el valor del agua, se puede hablar de “robo” dado que existen actores dentro de este modelo de explotación que esquivan procedimientos legales a tal escala que entre el 30% y 50% del recurso se puede considerar sustraído.

Y en perjuicio de las poblaciones.

“Es difícil de precisar los porcentajes, pero sabemos que la agricultura es el mayor usuario a nivel mundial. Y encontramos que esa extracción o consumo en muchos casos se realiza sin que exista derecho legítimo“, explica el experto.

Loch, junto a un equipo de investigadores, publicó recientemente un ensayo titulado “Gran robo de agua”, publicado en la revista científica Nature.

En el trabajo sostienen que la incertidumbre y los cambios repentinos en el suministro de ese recurso aumentan las posibiidades de la ilegalidad de su uso.

“Por ejemplo, los períodos de sequía también pueden alterar las percepciones de las normas, la legitimidad y la equidad de las personas o entidades”, explica el investigador.

Loch añade que el fenómeno del robo del agua tiene un margen elevado de subregistro o directamente es minimizado por los estados.

Pone el ejemplo de la región andina sudamericana, donde no hay un adecuado control del consumo de los sistemas de riego y que puede ser un uso excesivo para maximizar las ganancias.

Zona árida en México

Reuters
Las regiones áridas y las que sufren largos periodos de sequía son un factor que impulsa a la extracción ilegal de agua.

Esta zona, compartida por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela produce plantaciones de alta demanda en el mercado mundial como la quinua que, a la vez, requieren altos niveles de agua después de la siembra.

Las dificultades

Para Richard Connor el concepto del “robo de agua” se puede utilizar, pero es necesario tomar en cuenta otras figuras.

“Se puede calificar así, pero también hablar de la pérdida del recurso”, explica.

El experto indica, como ejemplo, cuando el agua es desviada a través de canales artificiales o a través de tuberías.

“Cuando esto pasa es difícil de monitorear y determinar si se trata de robo”, explica.

Connor indica que existen muchas “áreas grises” con relación a las concesiones y a la propiedad como tal del agua.

“La agricultura usa enormes cantidades del recurso y puede ser usada de fuentes no permitidas como humedales, que se supone deben ser protegidos, pero también la aprovechan de los sistemas municipales legales”, indica.

Minas en Chile

Reuters
Actividades como la agricultura y la minería demandan grandes cantidades de agua.

El relator de Naciones Unidas explica que, en el mundo, se considera un bien común el agua que se encuentra en ríos, lagos, debajo de la tierra y otros espacios naturales, pero a la vez existen usuarios individuales y compañías que logran los derechos propietarios en determinadas regiones.

“Tratar de establecer quién es el dueño del agua es como buscar al dueño de la electricidad. Es bastante difícil de definir”, concluye.

Consecuencias

Los expertos consultados por BBC Mundo coinciden en que, se trate de robo, explotación o desvío, el uso desproporcional del agua afecta directamente a las poblaciones.

Y con mayor énfasis en las regiones que sufren largas sequías o que por condiciones socioeconómicas no tienen garantizados los servicios sanitarios y potables.

Solo el 10% del agua va para uso doméstico y la inmensa mayoría que va a la agricultura genera poco valor agregado para los productos internos brutos de los países”, indica Connor.

El experto añade que, si bien no hay productividad económica significativa en la distribución del recurso a los hogares, sí se generan beneficios sociales en diferentes áreas como la salud.

“Si la gente crece con acceso a agua potable, claro que repercute en menores costos futuros para los sistemas de salud”, afirma.


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https://www.youtube.com/watch?v=WHVHsbI4oYs&t=

https://www.youtube.com/watch?v=d4L-tZXPhxY

https://www.youtube.com/watch?v=GFJ_N84JzUI&t=

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