Peña Nieto postula para la Corte al procurador mexiquense que negó fusilamiento en Tlatlaya
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Peña Nieto postula para la Corte al procurador mexiquense que negó fusilamiento en Tlatlaya

Las propuestas presentadas por el presidente mexicano la semana pasada incluyen a cuatro magistrados con una larga trayectoria, pero también a dos personas que son cercanos colaboradores de EPN.
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Por Paris Martínez
16 de noviembre, 2015
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Militares patrullan calles del municipio de Tlatlaya, en el Estado de México. // Foto: Archivo AP.

Militares patrullan calles del municipio de Tlatlaya, en el Estado de México. // Foto: Archivo AP.

La semana pasada, Enrique Peña Nieto presentó seis candidaturas para que el Senado de la República elija a dos nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lista que incluye a cuatro magistrados con larga trayectoria en el Poder Judicial, así como a dos aspirantes sin experiencia como jueces, pero que han sido cercanos colaboradores del presidente durante los últimos años.

El primero de estos colaboradores que contenderá por una plaza en la Suprema Corte es Alejandro Jamie Gómez Sánchez, quien se desempeñó como subprocurador jurídico en el Estado de México cuando Peña Nieto fue gobernador de esa entidad, y quien se convirtió en consejero jurídico adjunto del gobierno federal cuando Peña llegó a Los Pinos.

Gómez Sánchez fue consejero jurídico de Peña Nieto hasta mayo del año pasado, cuando fue nombrado como procurador de Justicia del Estado de México por el actual mandatario estatal, Eruviel Ávila.

Hasta la fecha, Alejandro Jaime Gómez Sánchez ocupa dicho cargo y, de hecho, en su condición de titular de la PGJEM, él fue el encargado de presentar y defender la primera versión oficial de los hechos ocurridos en Tlatlaya, el 30 de junio de 2014, que dejaron un saldo de 22 civiles muertos en un tiroteo con elementos del Ejército mexicano.

Según esa primera versión oficial, “de las diligencias practicadas por el Ministerio Público del fuero común no se desprende indicio alguno que haga presuponer o que nos haga pensar en la posible ejecución o el posible fusilamiento” de las víctimas, tal como dijo Gómez Sánchez en julio de 2014.

Lo anterior, sin embargo, resultó falso, tal como concluyó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tres meses después, en octubre de 2014, al constatar que al menos 15 de los 22 civiles fallecidos en Tlatlaya fueron fusilados por militares.

La CNDH, además, comprobó que tres mujeres que sobrevivieron a la balacera en Tlatlaya fueron detenidas, torturadas y agredidas sexualmente por elementos de la Procuraduría de Justicia mexiquense, es decir, por la dependencia que encabeza Alejandro Jaime Gómez Sánchez.

El objetivo de la tortura y las agresiones sexuales cometidas por los agentes de la Procuraduría mexiquense, según la propia declaración de las víctimas, es que ocultaran los excesos cometidos por personal militar de los que habían sido testigos. De los siete agentes de la PGJEM implicados en la tortura y agresión sexual, sólo cuatro enfrentan proceso, en libertad y sin haber sido separados de sus puestos.

Aún con estos señalamientos contra la labor de la Procuraduría mexiquense en el caso Tlatlaya, su titular se mantiene hasta la fecha en el cargo y, desde la semana pasada, cuenta con la nominación presidencial a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Caso Elba

El segundo colaborador del gobierno de Peña Nieto propuesto para ocupar una de las dos plazas en la SCJN es Javier Laynez, quien tiene siete meses de experiencia como magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal, y siete años como procurador fiscal de la Federación.

En su cargo como procurador fiscal, de hecho, Laynez fue pieza clave en la formulación de las denuncias penales contra la líder magisterial Elba Esther Gordillo por delitos de fraude fiscal, que la mantienen encarcelada desde hace dos años.

El sometimiento penal de Gordillo, cabe recordar, se dio el 26 de febrero de 2013, un día después de que el presidente Peña Nieto promulgara la así denominada “reforma educativa”, que incluyó, entre otros puntos, la aplicación de un nuevo sistema de evaluación magisterial y modificaciones al sistema de promociones laborales dentro de la estructura de educación pública.

Luego de la captura de Gordillo, el presidente Peña Nieto emitió un mensaje en cadena nacional, para asegurar que “se mantiene un diálogo respetuoso y constante con la dirigencia nacional del SNTE”.

Y, efectivamente, la reforma educativa fue aceptada por la nueva dirigencia nacional del SNTE, nombrada tras la captura de Gordillo.

Trece meses después de la investigación contra la lideresa magisterial, Javier Laynez fue nombrado magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y, ahora, candidato a la Suprema Corte.

Epílogo: los otros

Con estos dos colaboradores del presidente Peña Nieto contenderán, por los dos puestos en la Corte, cuatro magistrados que han desarrollado su carrera profesional en el Poder Judicial, como jueces.

Ellos y ellas son Sara Orea (magistrada de la Primera Sala de Justicia para Adolescentes desde 2008); Norma Lucía Piña (magistrada de Circuito desde 2000); Verónica Judith Sánchez (actualmente magistrada de Distrito, y en el pasado jueza de procesos penales en el DF y magistrada administrativa de Circuito) y Álvaro Castro (magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje hasta abril pasado).

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Corea del Norte se declara un Estado con armas nucleares

El líder del país, Kim Jong-un, calificó la decisión de "irreversible" y descartó la posibilidad de cualquier negociación sobre desnuclearización.
9 de septiembre, 2022
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Corea del Norte aprobó una ley en la que se declara a sí mismo como un Estado con armas nucleares, según informó la agencia estatal de noticias KCNA.

El líder del país, Kim Jong-un, calificó la decisión de “irreversible” y descartó la posibilidad de cualquier negociación sobre desnuclearización.

La ley también consagra el derecho del país a utilizar un ataque nuclear preventivo para protegerse.

A pesar de las sanciones que pesan sobre la nación asiática, Pyongyang realizó seis pruebas nucleares entre 2006 y 2017.

El país ha seguido avanzando en su capacidad militar, en violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, representando una amenaza para sus vecinos e incluso situando a EE.UU. continental dentro de su rango de ataque.

El gobierno de Kim realizó lanzamientos de misiles de largo alcance y pruebas nucleares en 2019 luego de dos cumbres entre el mandatario norcoreano y el entonces presidente de EE.UU., Donald Trump.

Conversaciones estancadas

Las conversaciones entre los dos países se han estancado desde entonces. Aunque el gobierno de Joe Biden ha indicado que está dispuesto a hablar con Pyongyang, no ha dicho si el presidente estadounidense se reunirá con Kim.

La Casa Blanca también informó en los últimos meses que sus intentos de contactar a Pyongyang y las ofertas de ayuda por la pandemia de covid que vivió Corea del Norte no han recibido respuesta hasta el momento.

EE.UU. revisó su política sobre Corea del Norte el año pasado y reiteró que su objetivo es la “desnuclearización completa” de la península de Corea.

Biden dijo que aplicaría una mezcla de diplomacia y “disuasión severa”. Kim respondió diciendo que su país debe prepararse tanto para el “diálogo como para la confrontación”.

Mientras tanto, las tensiones en la península de Corea se han disparado este año con Pyongyang lanzando un número récord de misiles balísticos.

Corea del Sur y EE.UU. respondieron con pruebas de misiles y los mayores ejercicios militares conjuntos en la península en años.


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