Qué significa la "desobediencia" de Cataluña en su búsqueda de independencia de España
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Qué significa la "desobediencia" de Cataluña en su búsqueda de independencia de España

Una línea que no habían cruzado los partidos independentistas de Cataluña era la Constitución y las leyes; hasta ahora.
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Por BBCMundo
10 de noviembre, 2015
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Manifestación a favor de la independencia de Cataluña

Una línea que no habían cruzado los partidos independentistas de Cataluña era la Constitución y las leyes; hasta ahora.

El parlamento de Cataluña aprobó el lunes no sólo el inicio del camino hacia la independencia de España sino que adelantó que lo hace en “desobediencia” de las instituciones del Estado.

Es decir, el parlamento catalán advirtió que el proceso no se supeditará “a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional, al que considera deslegitimado y sin competencia”.

Y también instó al futuro gobierno catalán “a cumplir exclusivamente” las normas o mandatos emanados de esa cámara, a fin de blindar el proceso frente a las actuaciones de las instituciones de ese “Estado español”, del que quiere independizarse.

El gobierno español ya anunció que impugnará la medida ante el Tribunal Constitucional y se espera que éste ordene la suspensión cautelar de la declaración independentista automáticamente.

El presidente Mariano Rajoy fue además enfático al afirmar que estaba dispuesto a utilizar “todos los medios que el estado de derecho ha puesto a disposición de la democracia” para mantener la unidad de España.

Mariano Rajoy
Mariano Rajoy prometió que Cataluña no se separará de España.

Las declaraciones de lado y lado sugieren que podríamos estar asistiendo al choque de una fuerza irresistible contra un objeto inamovible.

Pero, ¿qué se viene ahora? ¿Y qué significa esta retórica en términos prácticos?

Es difícil saberlo a ciencia cierta, pues España y Cataluña están adentrándose en aguas inexploradas. Pero BBC Mundo le presenta aquí los escenarios más probables.

Responde Madrid: recurso de inconstitucionalidad

La primera movida del presidente Rajoy fue solicitarle al Consejo de Estado que revisara la resolución catalana, como primer paso para la introducción de un recurso por inconstitucionalidad.

Y es que dado que la Constitución española establece claramente la indivisibilidad de España, la previsible conclusión del consejo fortalecería el recurso, que se espera sea introducido el miércoles.

La medida, una vez admitida a trámite por el TC, debería generar automáticamente una orden de suspensión temporal de la resolución independentista, pues el artículo 161.2 de la Constitución prevé la suspensión automática de las normas autonómicas cuando estas son impugnadas por el gobierno central.

Esta suspensión, que aplicaría por un periodo de cinco meses, prorrogables, pondría la pelota de regreso en el campo catalán.

Mueve Barcelona: tres leyes

Una vez comunicada la suspensión cautelar, el parlamento catalán debería en principio suspender la aplicación de la declaración de independencia mientras el TC se pronuncia sobre el fondo del caso y abstenerse de tramitar esas leyes.

Pero las bases para la desobediencia fueron consignadas en la misma declaración, por lo que nada sugiere que los legisladores catalanes acatarán la orden del Constitucional. Y el camino para profundizar la ruptura con Madrid también está claramente delineado en la proclama.

Los parlamentarios independentistas catalanes celebran la votación.
La moción de la declaración de independencia fue apoyada por 72 de los 135 diputados del parlamento catalán.

Por un lado, llama a iniciar el trámite de las leyes llamadas a sentar las bases de un futuro estado independiente: la ley de proceso constituyente, una de seguridad social y otra de hacienda pública.

Y en un anexo la declaración independentista también llama a aplicar algunas piezas legislativas ya aprobadas por el parlamento catalán pero bloqueadas por el gobierno central, así como a desconocer varias leyes estatales.

“Este es el primer paso. Me gustaría que fuera el último”, dijo el presidente Rajoy al momento de anunciar su intención de recurrir por inconstitucionalidad en los tribunales.

Pero su deseo parece poco probable. Y si los independentistas catalanes siguen adelante con su hoja de ruta, le corresponderá a Madrid hacer la siguiente jugada.

“El peso de la ley”: ¿hasta dónde?

Las opciones del gobierno central frente a unas autoridades autonómicas en posición de desobediencia, dentro del actual ordenamiento, son varias.

“Utilizaremos sólo el estado de derecho, pero todo el Estado de derecho; sólo la ley, pero toda la ley; sólo la democracia, pero toda la fuerza de la democracia”, advirtió el lunes Rajoy. Pero no quiso develar completamente su mano.

Y por eso, por el momento, solamente se puede especular sobre hasta dónde estará dispuesto a llegar el gobierno en Madrid, máxime cuando falta poco más de un mes para que se celebren elecciones generales.

Una primera medida legal sería la interpelación de la presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, que eventualmente también podría ser sancionada con multas e incluso con la separación de su cargo.

Pero su potencial inhabilitación, así como la de otros parlamentarios “rebeldes” y el propio presidente del gobierno autonómico, podría terminar siendo mucho más fácil en la teoría que en la práctica.

En ese caso Madrid tendría que decidir si abrir una causa penal por desobediencia e incluso por sedición, en caso de producirse protestas callejeras.

Aunque también podría optar por presionar económicamente a las autoridades autonómicas, interviniendo por ejemplo la tesorería de la Generalitat de Catalunya(gobierno) al amparo del artículo 155 de la Constitución que faculta al gobierno a adoptar “las medidas necesarias para obligar […] al cumplimiento forzoso” de la Constitución y de las leyes.

Estas medidas incluyen la posible declaratoria de un estado de excepción o de sitio y el despliegue de la fuerza pública, pero este es claramente un último recurso.

La solución final: ¿negociada?

Efectivamente, en una España en la que todavía sigue fresco el recuerdo de la Guerra Civil de 1936 que llevó al poder al general Francisco Franco, el uso de la fuerza seguramente querrá ser evitada tanto por Madrid como por Barcelona.

Y aunque los llamados a una posible solución negociada seguramente tendrán que esperar a las elecciones generales (20 de diciembre) ambas partes muy probablemente intentarán no cerrar antes y definitivamente las puertas al diálogo.

En su proclama, los independentistas se declaran dispuestos a iniciar negociaciones, si bien especifican que sería “para hacer efectivo el mandato democrático de creación de un Estado catalán independiente en forma de república”.

Pero eso no necesariamente cierra completamente la puerta al referendo que habían venido demandando antes de la declaración unilateral de independencia y que Madrid les había negado.

Y con los resultados de las últimas elecciones sugiriendo una Cataluña dividida frente a la idea de la independencia –los independentistas obtuvieron la mayoría de escaños, pero solo el 47% de los votos totales– un nuevo gobierno español podría estar dispuesto a correr el riesgo de dejar que sean las urnas las que hablen, como ya prometió el partido de izquierda Podemos.

Para mientras, sin embargo, España enfrenta una nueva crisis. Y navega por aguas inexploradas.

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Código de las Familias: el referendo para legalizar el matrimonio igualitario en Cuba

En lo que es solo el tercer referendo en la historia del país desde la Revolución del 59, los cubanos decidirán si aprueban o no el matrimonio igualitario, en un país que hace décadas mandó a los homosexuales a campos de trabajos forzados.
25 de septiembre, 2022
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Los cubanos no votan para elegir a su presidente pero sí podrán hacerlo este domingo para aprobar, o rechazar, el marco legal que regirá sus relaciones familiares.

“¿Está usted de acuerdo con el Código de las Familias?” es la pregunta única que se formulará a los electores, con “sí” y “no” como opciones de respuesta en este inusual referendo, el tercero en la historia reciente del país tras los que ratificaron las constituciones de 1976 y 2019.

El matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción de hijos por parte de éstas o la gestación subrogada son algunas de las propuestas más destacadas y polémicas del documento de 104 páginas que busca reemplazar una normativa de 1975.

El plebiscito llega en un momento de profunda crisis económica en Cuba, donde la principal preocupación entre sus más de 11 millones de habitantes es capear la escasez de todo tipo de productos, desde alimentos y medicinas hasta artículos de aseo o ropa, y los cada vez más frecuentes apagones.

Hombre en Cuba junto a un cartel favorable al código de las familias.

Getty Images
La cada vez más difícil lucha diaria por la supervivencia en Cuba ha hecho que, para gran parte de la población, el referendo sobre las familias sea un asunto secundario.

Los principales cambios

El nuevo Código de las Familias se sometió a una consulta popular entre febrero y abril de este año en la que participaron 6,5 millones de cubanos, según el gobierno..

Además del llamado “matrimonio igualitario”, la posibilidad de que parejas del mismo sexo adopten niños o la “gestación solidaria” -subrogada sin fines de lucro-, el código contempla otros cambios en las interacciones familiares.

Por ejemplo, abre vías para penalizar a los agresores domésticos en aspectos como la custodia de sus niños, reparto de bienes o herencia; protege la comunicación entre los menores y sus abuelos en caso de divorcio, e incorpora legalmente a madrastras y padrastros como tutores.

También permite que los padres puedan elegir el orden de los apellidos de sus hijos y amplía -al menos sobre el papel, ya que esto requiere de recursos materiales- la protección de adultos mayores o discapacitados.

Otro punto destacado es la posibilidad de que los abuelos adquieran responsabilidad parental, algo importante teniendo en cuenta que en los últimos meses decenas de miles de cubanos de mediana edad han emigrado, en muchos casos dejando a sus progenitores al cuidado de los menores de la casa.

El “sí” contra el “no” al código

El gobierno ha emprendido una amplia campaña en favor del “sí” en la televisión, la radio y los diarios (en Cuba los medios son propiedad del Estado), en las redes sociales con los hashtags #YoVotoSi y #CodigoSi, en la calle con abundantes carteles e incluso en los centros educativos mediante sesiones especiales sobre el nuevo Código.

Todas las instituciones cubanas, desde el Consejo Electoral Nacional hasta el Tribunal Supremo, han secundado la campaña del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), dirigido por la influyente Mariela Castro, hija del exgobernante Raúl Castro.

Mariela Castro

Getty Images
Mariela Castro es desde hace años la adalid de la causa de la comunidad LGBT en el Estado cubano.

“El Código de las Familias aporta, amplía y contribuye a garantizar ampliamente los derechos de todas las personas y todas las familias. Contribuye a democratizar aún más las relaciones intergenéricas, intergeneracionales”, declaró Mariela Castro esta semana a la agencia Efe.

Gran parte de la comunidad LGBT en Cuba también apoya el “sí” en la votación del domingo.

“Que por fin en Cuba se reconozca legalmente la legitimidad del amor, las uniones y las vidas de miles de personas homosexuales es un motivo de celebración, y reivindica toda mi existencia y la de las personas de mi comunidad”, explicó a BBC Mundo el actor y prominente activista cubano Daniel Triana, de 25 años.

El activista Daniel Triana (izquierda) con otros miembros de la comunidad LGBT.

Daniel Triana
Daniel Triana (izquierda) con otros activistas y miembros de la comunidad LGBT.

Como en Cuba el Estado acapara la esfera pública, no existe una campaña articulada por el “no” en los medios de comunicación ni en la calle.

Quienes se oponen a la aprobación del nuevo Código de las Familias lo hacen sobre todo con mensajes en las redes y esgrimen diversos motivos, por lo general religiosos o políticos.

“No beneficia a la familia cubana la introducción en nuestra legislación de los contenidos de la llamada ‘ideología de género’, que sustenta muchas de las propuestas”, expuso la Conferencia Episcopal de Cuba en un comunicado en su página web.

Los obispos critican especialmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción por parte de estas y la gestación subrogada, que consideran contrarios a los valores y la fe católicos.

En el comunicado expresan, sin embargo, su apoyo a otros puntos de la propuesta relacionados con la violencia doméstica y la protección de los derechos de ancianos y menores.

Mientras, en Twitter quienes se oponen al Código de las Familias han expresado su rechazo con los hashtag #YoVotoNo y #CodigoNO.

https://twitter.com/ArquiSpaces/status/1572802545457795073

“Nuestras familias también necesitan alimentos, ropa, zapatos, medicamentos, viviendas, mejor calidad de vida, mejores hospitales y escuelas, y no veo por ningún lado una campaña para eso. Por eso #YoVotoNo”, publicó otro internauta.

Muchos opositores también han planteado dudas sobre la limpieza del referendo, que según las autoridades está garantizada, aunque no habrá supervisión de organismos internacionales.

Confrontación política

Como casi todo tema de actualidad en Cuba, el plebiscito ha adquirido fuertes connotaciones políticas.

Las autoridades cubanas han vinculado la campaña del “sí” con la defensa del modelo político vigente desde 1959 y cada vez más cuestionado dentro del país a medida que aumenta el descontento social por la nefasta situación económica.

Cartel favorable al Código de las Familias en el diario oficialista Invasor, de la provincia central de Ciego de Ávila

Invasor
Cartel favorable al Código de las Familias en el diario oficialista Invasor, de la provincia central de Ciego de Ávila.

“Apoyar el Código de las Familias es apoyar el proyecto de país”, titulaba un artículo con una entrevista a Mariela Castro el pasado mayo en el diario estatal Granma.

Para el activista Daniel Triana “esto es asqueante, ya que el gobierno podría haber aprobado el matrimonio igualitario de un plumazo en la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), donde todo se vota por unanimidad”.

“Quienes disentimos del régimen y que apoyamos el código estamos en una posición ética y política bien delicada“, asegura.

Manifestación LGBT Cuba 2019

Getty Images
En Cuba los gays, lesbianas y trans pueden manifestarse, pero solo bajo la tutela y organización del Estado: cuando en 2019 activistas LGBT celebraron una marcha por su cuenta en La Habana, agentes vestidos de civiles agredieron y arrestaron a varios manifestantes. Las autoridades les acusaron de ser “contrarrevolucionarios” al servicio de EE.UU., el señalamiento más frecuente para quienes se desmarcan del sistema establecido.

Fuera de la comunidad LGBT, la mayoría de disidentes en Cuba han expresado en las redes sociales su intención de votar “no” o abstenerse como forma de castigo al gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel.

Otros dentro y fuera del país han aprovechado la ocasión para denunciar la falta de libertades políticas en Cuba, gobernada por el Partido Comunista como órgano único y supremo de poder en el Estado.

“Si no puedes elegir tu presidente, ¿cómo exponer a tus hijos a un Código de Familia que eligió alguien por el cual tú no votaste? Si están llevando a votación el Código de las Familias, ¿por qué no llevar a votación elecciones libres pluripartidistas?”, escribió el artista Yotuel Romero, excantante del grupo Orishas y coautor de la canción Patria y Vida, convertida en himno de la disidencia cubana.

Un pasado oscuro y polémico

De aprobarse el referendo el domingo, Cuba se convertiría en el país número 34 en el que, de manera parcial o total, se legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El respaldo del gobierno a esta iniciativa contrasta con la persecución que sufrieron los homosexuales en las primeras décadas de la revolución de 1959.

El régimen de Fidel Castro consideraba la homosexualidad un vicio propio de la sociedad capitalista y burguesa.

Fidel Castro y el Che Guevara

Getty Images
Fidel Castro y el Che Guevara eran conocidos por su escasa tolerancia hacia la homosexualidad.

“No podemos llegar a creer que un homosexual pudiera reunir las condiciones y los requisitos de conducta que nos permitirían considerarlo un verdadero revolucionario, un verdadero militante comunista”, declaró públicamente el gobernante en 1965.

En aquellos años los homosexuales -junto con sacerdotes y otras personas consideradas contrarrevolucionarias- eran detenidos con frecuencia, expulsados de sus empleos y encarcelados en campos de trabajos forzosos llamados UMAP (Unidades Militares de Apoyo a la Producción) para su “rehabilitación”.

Recorte de periódico de Granma sobre las UMAP.

Granma
Unos 25.000 cubanos, según estimaciones, fueron recluidos en las UMAP entre 1965 y 1968. Eran campos de trabajos forzosos inspirados en los de otros países comunistas de la esfera de la URSS en los que se buscaba “reeducar” a personas con tendencias consideradas contrarias a los valores del socialismo y la Revolución.

Tras dos décadas de dura represión, en 1979 se despenalizaron las relaciones entre personas del mismo sexo y comenzó una liberalización gradual que se aceleró ya en el siglo XXI.

“El Gobierno se vio obligado a reconciliarse con su pasado cercano de intolerancia y discriminación para encajar en el nuevo orden global postsocialista. El país necesitaba abrirse al mundo y ofrecer una imagen de apertura”, explica el historiador cubano Abel Sierra Madero.

Mientras, algunos activistas LGBT en la isla lamentan que el reciente lavado de cara del Estado cubano, culminado en el Código de Familias, tienda un velo sobre este oscuro pasado.

“Cuba fue hasta hace poco un estado homotransfóbico. Fidel Castro y el Ché Guevara eran homotránsfobos confesados. De pronto con este código pretenden obviar todo esto sin una sola mención a ese historial funesto. No han pedido disculpas y simplemente lo han tratado de empujar como una ley natural que se desprende de la coherencia histórica de la revolución cubana. Eso no solo es falso sino que es muy cínico y macabro”, denuncia el activista Daniel Triana.


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