CNDH cierra caso de menor que apareció ahorcado en Yucatán en 2011; su muerte queda sin esclarecer
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CNDH cierra caso de menor que apareció ahorcado en Yucatán en 2011; su muerte queda sin esclarecer

En julio de 2011, José Felipe Castillo, un adolescente de 17 años, apareció ahorcado dentro de una cueva en Yucatán. Tres años y medio después, la investigación sobre su fallecimiento ha concluido, a pesar de que no se sabe cómo murió.
Cuartoscuro
Por Paris Martínez
15 de diciembre, 2015
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Mario Castillo acompañado de su esposa María Rosario Tzec, padres de José Felipe Castillo Tzec, se manifiestan en la sede de la CNDH. // Foto: Cuartoscuro.

Mario Castillo acompañado de su esposa María Rosario Tzec, padres de José Felipe Castillo Tzec, se manifiestan en la sede de la CNDH. // Foto: Cuartoscuro.

Si hablamos de justicia en México, el caso de José Felipe Castillo es ejemplar: él era un adolescente de 17 años que, en julio de 2011, apareció ahorcado dentro de una cueva, en Yucatán. Tres años y medio después, la investigación sobre su fallecimiento ha quedado totalmente concluida, según las autoridades mexicanas, aunque aún falte esclarecer un pequeño detalle: ¿cómo murió este niño, alguien lo mató… quién?

Cuando el cuerpo de José Felipe fue encontrado, su cabeza y sus manos presentaban diversas lesiones que no pudo ocasionarse por sí mismo: una rajadura en el cuero cabelludo, a la altura de la coronilla, de entre 15 y 20 centímetros de largo, así como distintos golpes y cortes en el dorso de sus manos y antebrazos.

Estas heridas fueron retratadas por la autoridad cuando se levantó el cadáver, pero nunca realizó ningún tipo de investigación sobre su origen, no determinó si las lesiones en las manos eran defensivas o si la herida en la cabeza había sido ocasionada durante una agresión previa a la muerte, sólo embolsaron el cuerpo y, en automático, determinaron que José Felipe se había suicidado.

Para sustentar esa conclusión, la Fiscalía General de Yucatán presentó una autopsia, que luego pudo comprobarse que era falsificada, y en la que no fueron registradas las heridas que presentaba el cuerpo del adolescente.

El acta de esta autopsia fue firmada un médico forense que, en realidad, nunca ha trabajado para la Fiscalía estatal y, peor aún, dicho documento pericial llevaba el nombre de otro muerto, no el de José Felipe.

Un día antes de morir, este adolescente –que aportaba al sustento familiar con el producto de las artesanías que realizaba en madera– había roto el compromiso matrimonial, que sostenía con otra menor de su comunidad. Ésa es, afirma su padre, Marco Antonio Castillo, la causa de que el menor fuera asesinado.

“Si tienes un poquito de dinero, en Yucatán puedes hacer lo que quieras –afirma–: si quieres matar a alguien, lo matas, y pagas por tu impunidad, y como si nada hubiera pasado.”

Ante la insistencia de los padres del menor, la Fiscalía de Yucatán realizó “entrevistas informales” con familiares de la exprometida de José Felipe, y ellos reconocieron haber estado en el lugar donde fue hallado su cadáver, un baldío en cuyo centro hay una formación cavernosa, el mismo día de la muerte.

Esta información fue recopilada por la Fiscalía, pero no hizo nada más: no solicitó a estas personas que rindieran declaración ministerial formal, para que explicaran por qué habían estado en el escenario de la muerte, el día de la muerte, si ése era un predio con el que no guardaban ninguna relación; tampoco investigó las últimas llamadas que José Felipe realizó desde su teléfono celular y, en general, no realizó un estudio de criminalística que permitiera determinar si la muerte era producto de un ataque u ocasionada voluntariamente.

De hecho, durante el siguiente año y medio transcurrido desde la muerte del menor, la autoridad no realizó ninguna diligencia orientada a esclarecer los hechos.

Todas estas irregularidades fueron denunciadas por la familia del menor artesano, en 2011, ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, pero esta institución tampoco hizo nada.

Fue así que, en abril de 2012, los papás de José Felipe se encadenaron del cuello a un árbol, frente a las oficinas centrales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la Ciudad de México, hasta donde se trasladaron para exigir que el caso de su hijo fuera atraído por esta institución, ya que a nivel local nada parecía poder hacerse ya.

Ese mismo día, Raúl Plascencia Villanueva –entonces titular de la CNDH– determinó atraer el caso, ya que “los hechos denunciados implican posibles violaciones a los derechos a la seguridad jurídica y a la legalidad”, tal como explicó entonces, y durante los siguientes meses, este organismo autónomo fue confirmando todas las anomalías expuestas por los padres de José Felipe.

Además del acta forense falsificada y de la inexistencia del supuesto médico que la realizó, la CNDH constató que las autoridades del estado nunca emprendieron diligencias tendientes a esclarecer la muerte del menor; nunca tramitaron el historial de su teléfono celular, para verificar con quién mantuvo contacto antes de morir; nunca realizAron el estudio criminalístico que por ley debe hacerse en todo fallecimiento no aclarado.

La CNDH también constató que los agentes encargados del caso se robaron distintas evidencias del expediente, en especial el peritaje fotográfico que registraba las heridas en el cuerpo del menor (fotos de las que la familia conserva copias), las prendas de vestir que portaba José Felipe al morir; así como su teléfono celular.

Por todas estas irregularidades –que no fueron fueron atendidas, aún cuando el gobernador estatal, Rolando Zapata, así se había comprometido–, en septiembre de 2013 la CNDH emitió su recomendación 34/2013, al confirmar que, en el caso de José Felipe, el gobierno de Yucatán incurrió en “conductas que configuran violaciones a los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica, trato digno, verdad, debida procuración y acceso a la justicia”.

Dicha recomendación, exigía al gobernador de Yucatán distintas acciones, para enmendar las violaciones a los derechos humanos comprobadas, ente las que destacan integrar adecuadamente la averiguación previa por la muerte del menor, “subsanándose todas las irregularidades” detectadas; iniciar procedimientos administrativos y penales en contra de los agentes involucrados en estas irregularidades; y realizar acciones de reparación para las víctimas.

“En ese momento –recuerda el señor Marco Antonio Castillo– parecía que las cosas empezaban a componerse, yo le prometí a mi hijo en su féretro que se haría justicia, y pensaba que al fin estaba alcanzándola.”

Sin embargo, no fue así.

En vez de repetir la investigación sobre la muerte del menor, corrigiendo todas las irregularidades detectadas, la Fiscalía General de Yucatán determinó “el no ejercicio de la acción penal”, y dio por concluido el tema. No hubo nueva indagatoria, no se realizaron las diligencias pendientes, ni se desahogaron las líneas que señalan a un asesinato. El caso simplemente fue archivado.

Sobre las irregularidades cometidas por los agentes, como el robo de pruebas del expediente, la Fiscalía lo único que hizo fue cesar a dos funcionarios de sus cargos. Nunca recuperó las pruebas robadas, ni fincó cargos penales a los funcionarios que perpetraron el hurto.

Por último, como reparación del daño, el gobierno de Yucatán ofreció 50 mil pesos a cada integrante de la familia de José Felipe. Pero ese dinero, destaca su padre, fue ofrecido como un apoyo emergente para enfrentar su difícil situación económica, no como una reparación integral del daño o como un reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado.

“Yo no necesito dinero –insiste–, yo lo que necesito es justicia, eso es lo que quiero.”

Con base en estas acciones del gobierno de Yucatán, la CNDH (ahora encabezada por Luis Raúl González Pérez) determinó el pasado 7 de septiembre de 2015 que las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en este caso han quedado solventadas favorablemente, y que su recomendación 34/2013 ha sido acatada por el gobernador Rolando Zapata Bello “con pruebas de cumplimiento total”.

Esta es la historia de José Felipe, un ejemplo de la justicia en México.

–¿Que sigue? –se pregunta al señor Marco Antonio.

–Sigue la justicia internacional –afirma–, sigue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En México no existe la justicia…”

Por cierto, el árbol en el que los papás de José Felipe se encadenaron frente a la CNDH, en 2012, para obligar a esta institución a abordar su caso, luego fue talado.

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Sri Lanka: el presidente Gotabaya Rajapaksa huye del país en un jet militar en medio de protestas

La fuerza aérea del país confirmó que Rajapaksa viajó a las Maldivas con su esposa y dos agentes de seguridad, mientras las protestas continúan y se declaró el estado de emergencia en el país.
13 de julio, 2022
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El presidente Gotabaya Rajapaksa ha huido de Sri Lanka en un avión militar, en medio de una ola de protestas masivas, consecuencia de la aguda crisis económica que azota al país.

La fuerza aérea de la nación asiática confirmó este miércoles que Rajapaksa, de 73 años, se trasladó a las Maldivas con su esposa y dos agentes de seguridad.

El presidente permanecía escondido después de que una multitud irrumpiera en la residencia presidencial el sábado. Se había comprometido a renunciar al cargo este miércoles.

Una fuente le dijo a la BBC que no planea quedarse en las Maldivas, un grupo de islas en el Océano Índico, y que tiene la intención de viajar a otro país.

La huida del presidente pone a Sri Lanka en riesgo de caer en un vacío de poder, en un momento en que necesita un gobierno que funcione para intentar salir de la grave situación financiera en la que se encuentra.

Según la Constitución del país, es el primer ministro, Ranil Wickremesinghe, quien debe liderar el país si el presidente renuncia.

Pero Wickremesinghe también es impopular y un grupo de manifestantes logró entrar a su oficina este miércoles.

Según la periodista de la BBC Tessa Wong, quien se encuentra en el lugar, los terrenos de la oficina ministerial fueron invadidos por un grupo de manifestantes visiblemente contentos, muchos de ellos agarraban lo que encontraban a su paso.

Muchos gritaban desde los balcones frases de júbilo, tras enfrentarse a los policías armados que se encontraban en las puertas del recinto.

El sábado pasado, los manifestantes le prendieron fuego a su residencia privada, pero ni él ni su familia estaban allí.

El primer ministro también había dicho que renunciaría para dar paso a un gobierno de unidad, pero sin dar una fecha precisa.

Estado de emergencia

Tras la huida del presidente Gotabaya Rajapaksa, Wickremesinghe declaró el estado de emergencia en todo el país debido a las protestas.

Además, declaró un toque de queda en la Provincia Occidental, que incluye la capital, Colombo.

Los manifestantes llevan meses en las calles protestando por las consecuencias de la grave crisis financiera que atraviesa el país.

Sri Lankan anti-government protesters invade the president's office during a protest. Photo: 9 June 2022

Getty Images
Protesters took over the president’s official residence on Saturday

Actualmente Sri Lanka no tiene acceso a monedas extranjeras como el dólar o el euro para pagar por sus importaciones.

Estas incluyen comida, medicinas y combustibles.

En un intento por atajar la crisis, las autoridades implementaron una prohibición a la venta de gasolina y diesel a consumidores particulares, convirtiendo al país en el primero en tomar esta medida desde la década de los años 70.

Esto provocó el cierre de las escuelas en Sri Lanka.

También obligo a que las autoridades pidieran a los 22 millones de habitantes de la nación que trabajaran desde casa, en un momento en que la inflación alcanza el 30%.


Análisis de Anbarasan Ethirajan

Reportando desde Colombo para BBC News

Esto es una caída en desgracia para el presidente Gotabaya Rajapaksa, quien fue durante tanto tiempo una figura política tan importante en Sri Lanka.

Pocos esperaban que las cosas terminaran de esta manera.

Como exjefe de defensa, Rajapaksa supervisó las operaciones militares en la controvertida guerra contra los rebeldes Tigres Tamiles que terminó en 2009.

Lo acusan de abusos contra los derechos humanos durante aquella guerra y también de atacar a los disidentes, pero ha negado en repetidas ocasiones estas acusaciones.

La familia de Rajapaksa ha dominado la política de Sri Lanka durante dos décadas y, con un fuerte respaldo de la mayoría budista cingalesa, Gotabaya se convirtió en presidente en 2019.

Su huida representa una victoria para los manifestantes que salieron a las calles a expresar su enojo contra la mala gestión de la economía y el aumento del costo de vida.


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https://www.youtube.com/watch?v=bRI5–UmHxo

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