PF corre policías hasta por tener fea letra; gasta más de 250 mdp en indemnizaciones desde 2014
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PF corre policías hasta por tener fea letra; gasta más de 250 mdp en indemnizaciones desde 2014

Pese a que los jueces confirman que los despidos son injustificados, la ley impide a los exagentes recuperar su trabajo y sólo tienen derecho a una indemnización. Los expolicías terminan laborando como albañiles, ambulantes y hay quienes se han suicidado, revela abogada que lleva sus casos.
Cuartoscuro
Por Arturo Angel
3 de diciembre, 2015
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Los 250 millones que en indemnizaciones han recibido los casi 700 policías despedidos son en promedio 350 mil pesos para cada policía a cambio de un trabajo que perdieron de forma definitiva, y por una razón injustificada según los jueces. // Foto: Cuartoscuro.

Los 250 millones que en indemnizaciones han recibido los casi 700 policías despedidos son en promedio 350 mil pesos para cada policía a cambio de un trabajo que perdieron de forma definitiva, y por una razón injustificada según los jueces. // Foto: Archivo Cuartoscuro.

Por escribir con fea letra en las infracciones; por contar con “sobrepeso” sin importar que sea masa muscular y no grasa; por supuestamente recibir dinero en las autopistas aunque en realidad no trabajen en una;  por no saber de un procedimiento del que nunca fueron notificados…

Son ejemplos de los “motivos” de la Policía Federal (PF) para dejar sin trabajo en los últimos dos años a casi 700 agentes, a los que luego tuvo que indemnizar pagándoles cerca de 250 millones de pesos por orden de jueces y magistrados que concluyeron que eran despidos injustificados.

En tres de estas sentencias judiciales, de las que Animal Político tiene copia,  los jueces confirmaron que la Policía Federal separó a los agentes bajo el argumento de no ser confiables por múltiples motivos, pero sin mostrar siquiera las pruebas aplicadas y el mínimo sustento de los resultados del control de confianza. Incluso los exámenes en algunos casos ya eran caducos.

De acuerdo un informe oficialrevelado vía transparencia, la Policía Federal desembolsó en 2014 poco más de 150 millones para indemnizar a 381elementos, mientras que de enero a octubre de este año ya sumaban otros cien millones para 318 policías.

El problema, explicó la abogada Reyna Velasco, que desde 2013 ha llevado más de cien casos de agentes afectados, es que aun con las indemnizaciones los policías no pueden recuperar su trabajo, pues la Constitución les da un trato diferenciado que les impide que puedan regresar al puesto como cualquier otro servidor público.

Como consecuencia, varios de los agentes han terminado trabajando en la informalidad, algunos como vendedores y otros como “guardias de seguridad” en empresas “patito”. Hay quienes desarrollaron cuadros de depresión, enfrentaron divorcios e incluso se suicidaron.

El propio Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, reconoció en el foro de seguridad Ciudadanos más Policías realizado el 10 de  noviembre, que es urgente una reforma al artículo 123 de la Constitución, el cual pone a los policías en una grave situación de vulnerabilidad laboral, pues tienen menos derechos incluso que cualquier otro servidor público que si puede recuperar su trabajo si es despedido sin justificación.

“Se trata de que tengan los mismos derechos de otros empleados de la federación, de las entidades federativas, de los municipios (…) Cómo exigirle a la policía que respete derechos, que sea el escudo entre el delincuente y la víctima, si nosotros no respetamos sus derechos y si la propia constitución los discrimina” dijo Sales.

Una evaluación mal hecha

La Ley del sistema Nacional de Seguridad establece que el  proceso de control de confianza es indispensable para que los agentes continúen en el puesto. Consiste en cinco pruebas: el polígrafo, entorno socioeconómico, psicológica, física y toxicológica. En caso de no pasarlo se establece que el policía no tiene el perfil y puede ser removido.

Pero las sentencias emitidas por los tribunales a favor de los agentes despedidos en los juicios de nulidad, evidencian fallas graves en la aplicación de este proceso de parte de Policía Federal.

Por ejemplo, en el caso del expolicía Germán Rosas Manilla, los magistrados de la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal federal de Justicia Administrativa determinaron que el agente fue sancionado un año y tres meses después de que se le aplicaron unas pruebas cuya vigencia era de solo un año.

En otro caso, el del policía Arturo Solís Gordillo, los jueces confirmaron que la  Policía Federal separó al policía en base a un reporte en donde se determinó que no cumplía el perfil, pero sin sustento de ninguna de las pruebas aplicadas.

“No se le permite al agente una real y auténtica defensa, pues aunque efectivamente se le da a conocer un resumen del resultado de las evaluaciones a las que fue sometido, en el expediente administrativo no consta ninguna de ellas (…) esto es, no se le dieron a conocer los motivos por los cuales se consideró que no había aprobado el proceso” señala la sentencia.

Las explicaciones que da la Policía Federal para despedir a los agentes en muchos caso van de lo “ilógico a lo absurdo”, señala la abogada Reyna Velasco, que tiene conocimiento de fondo de más de cien de estos casos. Se trata, como confirman los jueces, de  motivos sin fundamento.

“Hay muchos elementos que no están obesos pero les ponen que tienen sobrepeso y por eso los dan de baja. Hay un agente que tenía un peso determinado pero era por masa muscular y no grasa. Hay otro que le dijeron que su letra no era muy entendible entonces eso hacía que hubiera confusión  en el llenado de informes e infracciones. O sea por tener fea letra” dijo la abogada.

Las irregularidades sobran. Reyna dice que hay casos de policías que les notificaron que no pasaron evaluaciones que les aplicaron hace cinco o hasta diez años e incluso se han dado situaciones donde no les dicen nunca que les iniciaron proceso de separación y luego, cuando les vuelven a hacer una nueva prueba y les preguntan por ello, los tachan de mentirosos por no conocer lo que nunca se les informó y por ellos los califican de no confiables.

“Pobre consuelo”

Los 250 millones que en indemnizaciones han  recibido los casi 700 policías despedidos,  son en promedio  350 mil pesos para cada policía a cambio de un trabajo que perdieron de forma definitiva, y por una razón injustificada según los jueces.

La abogada Reyna Velasco explicó que el marco jurídico actual impide que los policías puedan ser recontratados, pues el artículo 123 de la constitución, apartado B Fracción XIII, contempla a los agentes bajo el régimen de otra ley (la de Seguridad) que establece que no se puede recontratar a quien sea dado de baja por control de confianza.

“Los funcionarios de seguridad están sujetos bajo un régimen especial según la Constitución. La misma Constitución es la que está coartando el derecho para poder ser reinstalados” dijo la abogada.

Sobre este punto ya se pronunció también el comisionado nacional de Seguridad Remato Sales durante su participación en el Foro Ciudadano más Policías. El funcionario dijo que el problema es grave, pues la debilidad laboral que sufren los agentes ante la Constitución se agrava por las fallas en el control de confianza.

“Creemos que es necesario replantear este procedimiento. Se le da mucho peso a pruebas como el del polígrafo cuando lo más importante por ejemplo, debería ser el análisis del entorno socioeconómico  que es mucho más objetivo” dijo sales.

Reyna Velasco consideró que el proceso de control de confianza bien aplicado es una buena herramienta de medición que debe conjugarse con otras. La deficiencia está en que se usa de forma inadecuada y se incurre en excesos.

“Los juicios se ganan porque los agentes quedan en un estado de indefensión jurídica, imposibilitados de defenderse en contra de un proceso de separación en donde les dicen que no son confiables pero no les dan pruebas en contra de las cuales puedan argumentar. Al no haber pruebas los jueces consideran que la separación no tiene sustento y anulan el procedimiento” dijo

De la quiebra a la muerte

El pasado 15 de noviembre el experimentado ex capitán de la Policía Federal Germán Federico Castillo llegó junto con su esposa a su casa tras haber comprado la despensa. Le entregó su cartera a su hija y le dijo que la quería mucho. Salió al patio trasero de su casa en Pachuca, colocó su pistola automática en la sien, y se mató.

Aun conmocionada, la esposa del oficial narró a los agentes investigadores que su marido estaba deprimido pues tenía problemas económicos, luego de que lo dieron de baja por un proceso de control de confianza del que llevan meses defendiéndose,  sin poder conseguir otro trabajo.

“El caso del capitán Castillo no es el primero. En Michoacán también hubo otro agente que entró en un cuadro de depresión y se suicidó. También están los divorcios, hay casos donde pasa un tiempo y la familia se desintegra porque la esposa es quien se hace cargo económicamente de la familia y surge in distanciamiento” dijo la abogada.

Aun con una indemnización y con una sentencia que diga que el agente fue separado injustificadamente este queda “marcado”, explica Velasco.  La mayoría de las corporaciones serias de seguridad tienen como premisa no contratar ex policías y menos si estuvieron vinculados con un procedimiento de control de confianza.

Los ex policías despedidos, primero tienen que lidiar con el costo de llevar su juicio por lo menos un año y si logran solventar eso y tener una indemnización, aun así quedan a la deriva en su futuro.

“Es triste porque hablamos de agentes que tenían incluso varios años y hasta décadas en el servicio y terminan trabajando de otra cosa para sobrevivir. Hay quienes se vuelven albañiles si aún tienen la fuerza, otros andan de choferes, y otros de plano de comerciantes informales. Buenos agentes que fueron echados injustamente…” dijo la litigante.

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Hepatitis infantil: la hipótesis publicada en 'The Lancet' que vincula el nuevo brote con COVID-19

En la comunidad médica han saltado las alarmas ante un extraño y repentino brote de hepatitis infantil de origen desconocido. Te contamos qué hipótesis se barajan y cuáles se han descartado.
Por Matilde Cañelles López / BBC News Mundo
21 de mayo, 2022
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En un año normal, son pocos los niños que necesitan un trasplante de hígado, y normalmente es porque previamente tenían una enfermedad que reducía su inmunidad.

Por ejemplo, en España se realizan unos 120 trasplantes infantiles cada año incluyendo todos los órganos. Y cada caso es una pequeña tragedia para las familias implicadas.

Así que cuando los números se salen de la norma, el asunto es serio. Por eso en la comunidad médica, empezando por Reino Unido y siguiendo por Israel y Estados Unidos, han saltado las alarmas ante un repentino y extraño brote de hepatitis infantil de origen desconocido, del que se conocen de momento 450 casos.

De estos, un 14% en EU y un 10% en Reino Unido han precisado un trasplante de hígado. En Europa se han contabilizado 232 casos, incluyendo España, con 26 casos hasta ahora.

¿Qué causa la nueva hepatitis?

La hepatitis es una inflamación del hígado producida normalmente por un virus. Cuando no se trata a tiempo, puede acabar siendo necesario realizar un trasplante de hígado.

En niños, este tipo de cirugía supone estar de por vida tomando medicinas inmunosupresoras. Lo cual no es menor: todos sabemos por la pandemia de COVID-19 que esto predispone al individuo a padecer enfermedades infecciosas con especial gravedad.

Otro aspecto que complica el tema es que, para que funcione bien a largo plazo, el hígado a trasplantar debe proceder de otro niño y no de un adulto.

Hígado

Getty Images
La hepatitis es una inflamación del hígado producida normalmente por un virus.

Ante el nuevo brote, es esencial determinar la causa, porque condiciona el tratamiento a utilizar. No olvidemos que un tratamiento temprano puede prevenir el trasplante de hígado.

Desde el primer momento se han ido manejando distintas hipótesis:

  1. La primera y más obvia fue que se tratara de alguno de los virus de la hepatitis, que son cinco, marcados con las letras de la A a la E. Esta hipótesis se descartó rápido, ya que ninguno de los niños resultó positivo para estos cinco virus.
  2. El siguiente candidato fue un adenovirus, ya que un porcentaje alto de los niños sí resultaba positivo para adenovirus en muestras de sangre. Pero hay dos problemas con esta hipótesis. El primero, que los adenovirus muy raramente provocan hepatitis en niños previamente sanos. Y el segundo, que las muestras de hígado han resultado negativas para adenovirus.
  3. Otra hipótesis que se ha barajado es que los niños sean especialmente susceptibles a los adenovirus por no haber estado antes en contacto con ellos debido a los confinamientos y cierres de colegios. Pero esta hipótesis tampoco se sostiene, ya que algunos de los niños que han padecido la hepatitis son relativamente mayores y habían tenido tiempo de estar en contacto con adenovirus antes de la pandemia.
  4. Incluso se ha postulado que los causantes pudieran ser animales de compañía, como los perros, pero tampoco se ha podido demostrar.

Ante la dificultad de encontrar una explicación sencilla, se está analizando la concurrencia de varios factores como, por ejemplo, la combinación de dos virus.

Debido a que el SARS-CoV-2 es un virus nuevo que además produce secuelas multiorgánicas en todo tipo de pacientes, incluidos niños, su implicación siempre se ha mantenido como una posibilidad. Y ahora ha surgido una nueva hipótesis que podría relacionarlos definitivamente.

La hipótesis del superantígeno

Hace unos días se publicó en The Lancet un artículo lanzando una atrevida hipótesis que podría explicar el fenómeno de las hepatitis.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que muchos de los niños afectados por esta nueva hepatitis habían pasado el COVID-19 recientemente (por ejemplo, en Israel sucedía en 11 de 12 casos).

También hay que comprender que en los niños la enfermedad causada por el SARS-CoV-2 transcurre de modo distinto respecto de los adultos.

Por ejemplo, en los niños se detectan trazas del virus en el intestino durante un periodo mucho más prolongado que en los adultos (figura 1). El aspecto bueno de estas diferencias es que en niños la enfermedad suele ser mucho más leve; el malo, que a veces se complica en forma de un proceso inflamatorio multiorgánico llamado MIS-C.

Gráfico

Matilde Cañelles
Figura 1. Permanencia del virus en intestino en adultos y en niños. Imagen adaptada por Matilde Cañelles.

Este síndrome aparece en un porcentaje pequeño de los niños un tiempo después (entre unas semanas y unos meses) de que el niño haya pasado la enfermedad, incluso si esta ha sido leve. Y suele ser bastante grave, hasta el punto de requerir hospitalización.

El hígado es uno de los órganos afectados con más frecuencia. De hecho, un 43% de los casos de MIS-C resulta en hepatitis.

Se piensa que la causa es un deterioro de la barrera intestinal, con salida de trazas del virus al torrente sanguíneo, lo que causaría inflamación.

Médica examinando a una niña.

Getty Images

Pues bien, la otra pieza que se añade a este rompecabezas es la presencia en la proteína Spike del SARS-CoV-2 de una secuencia que se asemeja a otra que aparece en una toxina de la bacteria Staphilococcus aureus, llamada enterotoxina B.

Esta secuencia se corresponde con lo que se llama un “superantígeno”, es decir, una parte de una proteína que el sistema inmunitario percibe como señal de alto peligro, desencadenando una reacción inflamatoria muy rápida y potente.

Se piensa que una mutación reciente aparecida en Europa podría aumentar la similitud.

Concatenación de dos circunstancias

Para añadir más leña al fuego, se sabe que, en ratones, una infección por adenovirus puede generar hipersensibilidad contra la enterotoxina B. Con esto ya tendríamos todas las piezas del rompecabezas. Se trataría de una concatenación de dos circunstancias:

  1. Una infección por SARS-CoV-2 con acumulación de virus en el intestino y salida de proteínas del virus al torrente sanguíneo debido a un aumento de la permeabilidad intestinal.
  2. Una infección por adenovirus que sensibilizaría al sistema inmunitario y provocaría una reacción desmedida con la subsiguiente inflamación del hígado.

¿Qué cambia si se confirma esta causa?

Esta hipótesis de momento es eso, una hipótesis. Es bastante enrevesada y no va a ser trivial demostrar que es cierta. Pero, de demostrarse, se podría tratar a los niños con esteroides de modo temprano, evitando el daño al hígado y previniendo el trasplante.

Esta terapia ya ha demostrado ser efectiva en algunos casos en Israel y en otro caso de una niña de tres años en Cincinnati (EU).

Por el contrario, si se comprueba que el daño en el hígado lo provoca de modo directo un virus, habría que seguir afinando los tratamientos con antivirales.

La lección que extraemos de todo esto es que, ante una situación tan compleja, se debe mantener la mente abierta a todas las posibles explicaciones. Y que, por desgracia, no siempre la más sencilla es la correcta.

*Matilde Cañelles López es investigadora científica. Ciencia, Tecnología y Sociedad, Instituto de Filosofía (IFS-CSIC), España.

*Esta artículo fue publicado en The Conversation y reproducido aquí bajo la licencia Creative Commons. Haz clic aquí para verlo en su versión original.


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