Primer mapa oficial de desapariciones en México; en Veracruz 1 de cada 4 casos del país
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Manu Ureste

Primer mapa oficial de desapariciones en México; en Veracruz 1 de cada 4 casos del país

La PGR dividió en cuatro grupos la incidencia de las desapariciones, a partir de las averiguaciones abiertas en dos años por la Unidad Especializada hoy convertida en Fiscalía. Además, revela que PF y Ejército concentran 75% de los casos de desaparición forzada.
Manu Ureste
Por Arturo Angel
21 de diciembre, 2015
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Foto: Cuartoscuro

Foto: Cuartoscuro

Por primera vez, el gobierno federal reveló una radiografía oficial de las desapariciones en México basada en investigaciones en curso, que confirma que Veracruz y Tamaulipas son los estados con el mayor número de casos ocurridos, mientras que las fuerzas federales son las que encabezan las denuncias por desaparición forzada.

El mapa fue elaborado por la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República (que ya se convirtió en Fiscalía tras el acuerdo publicado el 9 de octubre) y está sustentado en  los expedientes abiertos para el rastreo de poco más de 600 personas desaparecidas en un lapso de dos años.

A diferencia del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas que no está depurado, este diagnóstico  parte de  averiguaciones previas en donde está confirmada la desaparición de la persona y la posible intervención del crimen organizado. La información fue publicada en el Tercer Informe de Labores que la PGR entregó al Congreso.

En el tema específico del delito de desaparición forzada, la Unidad sustentó su análisis en 17 averiguaciones previas ya en integración  por casos ocurridos en un lapso de veinte años.

Cabe destacar que entre esos casos no figura el de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, debido a que la averiguación se mantuvo más de un año a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), sin que se diera acceso a los especialistas de la referida Unidad que depende de la Subprocuraduría de Derechos Humanos.

En octubre, el subprocurador de derechos Humanos de PGR, Omar Betanzos, confirmó que el expediente pasará de la SEIDO a su oficina, lo que permitirá a la fiscalía especializada intervenir también en esta investigación.

Cuatro grupos de desaparecidos

Para mostrar el nivel de incidencia de las desapariciones la PGR determinó dividir en cuatro grupos los casos que tiene bajo investigación a partir del sitio en el que se registraron los hechos.

Se trata,  según la explicación que da la Unidad especializada, de las zonas con mayor o menor incidencia y también  se incluye a Estados Unidos, Honduras y Guatemala por la cercanía con México.  Yucatán y Campeche no aparecen en ningún grupo, ya que no se tienen averiguaciones registradas en esas entidades.

El Grupo 1 está conformado, de acuerdo con el informe oficial, por los estados de Veracruz, Tamaulipas, Guerrero y Coahuila. Solo estos cuatro estados acumulan 46% de todas las investigaciones por desaparición que ha iniciado en dos años la unidad especializada, es decir, prácticamente la mitad de todos los casos.

En su informe, la PGR no detalló cantidades específicas por estado; sin embargo, una revisión hecha por Animal Político a través de solicitudes de transparencia a la base de datos de la Unidad, arroja que Veracruz es la entidad con la mayor proporción de desapariciones con un 24%. Esto significa que prácticamente 1 de cada 4 desapariciones en México ocurre en el estado gobernado por Javier Duarte.

Tamaulipas y Coahuila, que también forman parte del grupo 1, concentran el 18 y 16% de los casos bajo investigación respectivamente.

El Grupo 2 definido por la Unidad Especializada lo conforman los estados de Michoacán, Jalisco, Estado de México y el Distrito Federal con una incidencia de 20% del total de las desapariciones en el país, o lo que es lo mismo una quinta parte del total de las averiguaciones.

El Grupo 3 concentra  un porcentaje más bajo, con 12% de casos, ocurridos en Nuevo León, Chihuahua, Oaxaca, Morelos y Durango.

Finalmente el Grupo 4 tiene una incidencia más elevada con 22 por ciento de las averiguaciones abiertas pero aquí se contemplan  quince entidades federativas en total además de Honduras, Guatemala y Estados Unidos.

La PGR destacó que a través de esta organización se han conformado equipos de trabajo especializados lo que ha permitido obtener mejores resultados. Destacó que en el último año se consiguió la localización de 48 personas, 36 con vida y 12 sin vida. Las personas fueron ubicadas principalmente en el estado de México, Distrito Federal, Guerrero y Veracruz.

Por otra parte la Unidad Especializada de la PGR reportó que en los últimos doce meses se tiene registro de la desaparición de 39 personas de nacionalidad extranjera, principalmente franceses, ecuatorianos, peruanos y argentinos.

Gráfico: Omar Bobadilla.

Gráfico: Omar Bobadilla.

Federales lideran desaparición forzada

La Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR también reveló que en sus dos años de existencia inició 17 averiguaciones previas por caso específicos de presunta desaparición forzada, es decir, desapariciones en donde presuntamente estuvieron involucradas autoridades facultadas para realizar detenciones.

La mayoría de los expedientes corresponden a casos ocurridos entre los años 2013 y 2014, con un total de doce. No obstante, hay dos averiguaciones relacionadas con desaparición forzada que habrían acontecido en 2012 y tres más por hechos de 1994, es decir, hace más de veinte años.

El reporte de la PGR reveló que no son las autoridades locales sino las federales las que encabezan las denuncias por desaparición forzada que están bajo investigación. Acumulan 76% de los casos.

La Policía Federal es la institución involucrada en el mayor número de casos con siete denuncias seguida del Ejército Mexicano con seis. En cambio, apenas tres casos corresponden a la Policía Municipal y uno a la Policía Estatal.

“Las entidades federativas donde se denuncia un mayor número de personas desaparecidas con presunta responsabilidad de autoridades federales o locales son Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz” señala el informe entregado al congreso.

La Unidad Especializada no detalló los casos que se encuentran bajo investigación con excepción del de la joven Nitza Paola Alvarado, la cual presuntamente fue detenida ilegalmente por elementos del Ejército mexicano en diciembre del 2009 en Chihuahua, sin que hasta ahora se conozca su paradero.

En este caso la PGR subrayó que existe “un plan de búsqueda” de esta joven al que ya se comprometió el estado mexicano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y subrayó que se trata de una averiguación previa que sigue en integración.

Otro caso de desaparición forzada que será asumido en breve por la Unidad Especializada ya como Fiscalía es el de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Siguiendo la recomendación de organizaciones civiles y de expertos independientes la SEIDO declinó su competencia en el asunto para ser remitido a la Subprocuraduría de Derechos Humanos donde está radicada la Fiscalía especializada.

Cabe señalar que en poco más de un año, y aunque la investigación oficial apunta a que policías municipales intervinieron en la detención ilegal de los normalistas, la SEIDO no pudo reunir los elementos suficientes para realizar las consignaciones por el delito de desaparición forzada.

Gráfico: Omar Bobadilla.

Gráfico: Omar Bobadilla.

Solo cinco estados con bases homologadas

El pasado 26 de octubre la PGR anunció la puesta en marcha de un nuevo protocolo denominado AM/PM (Ante Mortem – Post Mortem) diseñado por la Cruz Roja Internacional, con el objetivo de acelerar la búsqueda de personas desaparecidas.

Fundamentalmente, explicó la PGR, se trata de un software alimentado por dos bases de datos, que cruza información genética de personas muertas sin identificar con datos de familiares de desaparecidos.

“La PGR trabaja en la capacitación del personal encargado de operar la base de datos AM/PM y se realizan las actualizaciones necesarias para atender los requerimientos técnicos de la plataforma digital para que el software opere en todas las Delegaciones de la PGR de las entidades federativas” dijo la dependencia.

La Procuraduría no especificó en su comunicado cuantos y cuales estados ya estaría funcionando este nuevo sistema pero el informe presentado al Congreso revela que son apenas cinco entidades, Veracruz, Tlaxcala, Puebla, el estado de México y el Distrito Federal, los que ya estandarizaron sus bases de datos.

En abril de 2015, agrega el reporte se recibió un versión mejorada del software AM/PM por parte de la Cruz Roja, pero aún no se completa al cien por ciento su implementación pues continúan las capacitaciones y adecuaciones técnicas.

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Qué es Roe vs. Wade y por qué está en el centro de la batalla política por el aborto en EU

La filtración de un borrador de la Corte Suprema de EU indica que el alto tribunal se acerca a la anulación del fallo que garantiza el derecho constitucional al aborto en ese país. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias?
4 de mayo, 2022
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Es el precedente legal más discutido en la historia moderna de Estados Unidos y su eliminación cambiaría el estado de derecho para millones de mujeres.

Un borrador de la Corte Suprema de ese país que se filtró el lunes indica que una mayoría de jueces del más alto tribunal estadounidense es favorable a revocar Roe vs. Wade, un fallo legal que protege el aborto como un derecho constitucional.

El documento fue difundido por el medio Politico y el martes la Corte Suprema confirmó su autenticidad, aunque aclaró que no es una decisión definitiva ni refleja la postura final de ninguno de los magistrados.

Según analistas, es la primera vez en la historia de la nación que este tipo de documento se filtra a la prensa antes de ser final y firme.

Su publicación ha consternado a quienes apoyan el derecho al aborto, mientras que los detractores celebran la posibilidad de que se confirme un fallo en esa línea el próximo julio.

Representantes de los dos partidos políticos principales de Estados Unidos reaccionaron en uno u otro sentido. También lo hizo el presidente Joe Biden, quien dijo que “recaerá sobre nuestros cargos electos en todos los niveles de gobierno proteger el derecho de una mujer a decidir”.

El juez presidente de la Corte, John Roberts, calificó la filtración como una “atroz ruptura de la confianza” y ordenó que se abra una investigación.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos.

Getty Images

Pero… ¿Qué es Roe vs. Wade y qué implicaciones tendría su revocación?

¿Por qué el caso se llama Roe vs. Wade y cuándo se decidió?

En 1969, una mujer soltera de 25 años, Norma McCorvey, bajo el seudónimo de “Jane Roe”, desafió las leyes de Texas sobre el aborto.

El estado prohibía el aborto por no estar contenido en la Constitución, excepto en los casos en los que la vida de la madre estuviera en peligro.

Como defensor de la ley contra el aborto estaba Henry Wade, el fiscal de distrito del condado de Dallas. Es por esto que la batalla legal se conoce como Roe vs. Wade.

McCorvey estaba embarazada de su tercer hijo cuando afirmó que había sido violada y presentó su caso en tribunales. No obstante, su alegato fue rechazado y la obligaron a dar a luz.

En 1973, su apelación llegó a la Corte Suprema de EU, donde su caso se escuchó junto con el de una mujer de Georgia de 20 años, Sandra Bensing.

Imagen de una protesta frente a la corte suprema de estados unidos

Getty Images

Ambas argumentaron que las leyes de aborto en Texas y Georgia iban en contra de la Constitución porque infringían el derecho de la mujer a la privacidad.

Por una votación de 7-2, los jueces de la Corte dictaminaron que los gobiernos carecían del poder para prohibir los abortos.

Los letrados decidieron que el derecho de una mujer a interrumpir su embarazo estaba protegido por la Constitución.

¿Cómo cambió aquel caso los derechos de las mujeres?

La determinación legal creó el sistema de “trimestre” que:

  • Otorga a las mujeres estadounidenses el derecho absoluto a un aborto en los primeros tres meses del embarazo.
  • Permite regulaciones gubernamentales en el segundo trimestre del embarazo.
  • Declara que los estados pueden restringir o prohibir los abortos en el último trimestre a medida que el feto se acerca al punto en el que podría vivir fuera del útero.
  • Roe vs. Wade también estableció que en el último trimestre una mujer puede someterse a un aborto a pesar de cualquier prohibición legal solo si los médicos certifican que es necesario para salvar su vida o su salud.

¿Por qué se desafía el caso en la actualidad?

La Corte Suprema está considerando un nuevo caso legal que desafía la prohibición del aborto después de 15 semanas en Misisipi.

Fachada del Tribunal Supremo de Estados Unidos

Getty Images
De acuerdo con varios analistas, es la primera vez en la historia de EE.UU. que se filtra el borrador de una decisión de la Corte Suprema.

Si la Corte falla a favor de Misisipi, terminará efectivamente con el derecho constitucional al aborto a nivel nacional.

Hay nueve jueces en el alto tribunal, seis de los cuales fueron designados por presidentes republicanos y cuyas decisiones suelen ser conservadoras.

El borrador que se filtró contiene la opinión del juez Samuel Alito, que afirma que Roe vs. Wade fue un “error flagrante”.

“Roe (vs. Wade) fue un error flagrante desde el inicio”, se lee en el documento. “Consideramos que debe ser anulado”, agrega.

“Ha llegado el momento de acatar la Constitución y devolver el asunto del aborto a los representantes elegidos por el pueblo”, añade.

¿Qué pasará si se anula Roe vs. Wade?

El aborto no se volverá ilegal de inmediato en todo el país. En cambio, recaerá en las legislaturas estatales decidir sobre este tema.

Pero se estima que alrededor de la mitad de los 50 estados del país se moverán para prohibir los abortos de inmediato. En algunos se han discutido decenas de leyes sobre el tema en los pasados años.

Protestan a favor de prohibir el aborto frente a la Corte Suprema de EE.UU.

Getty Images
Frente a la Corte Suprema también se congregaron personas que apoyan la prohibición al aborto.

Hay 13 estados que tienen las llamadas leyes de activación, lo que conduciría a una prohibición inmediata si la Corte Suprema decide anular el precedente.

Estos son: Arkansas, Idaho, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, Texas, Oklahoma y Wyoming.

Otros estados continuarían brindando acceso, no solo para las mujeres en su jurisdicción, sino también para aquellas que vivan en estados donde esté prohibido.

De acuerdo con el Instituto Guttmacher, estos estados que protegerían el aborto suman 16 e incluyen al Distrito de Columbia, capital del país.

¿Qué grupos se verán más afectados?

El Instituto Guttmacher calcula que unos 36 millones de mujeres en edad reproductiva vivirían en estados sin acceso al aborto.

La revocación afectaría mayormente a mujeres pobres, en estados sureños y del oeste, que tendrían que movilizarse a las jurisdicciones progresistas para realizarse un aborto.

En concreto a mujeres jóvenes y afroestadounidenses, ya que estos grupos tienen más probabilidades de buscar un aborto, según datos oficiales.

Una joven llora frente a la Corte Suprema en medio de una protesta luego de la filtración del borrador

Getty Images
Datos indican que las mujeres jóvenes son quienes se realizan abortos de forma más frecuente, así que cualquier restricción afectaría a este grupo directamente.

Cerca del 57% de los abortos reportados en 2019 se realizaron en mujeres de entre 20 y 29 años.

¿Qué implica para otros derechos civiles?

Algunos expertos afirman que el razonamiento esbozado para eliminar Roe vs. Wade, que no ha sido oficialmente presentado, podría sentar un precedente para que la Corte Suprema revoque otros derechos civiles, como el matrimonio igualitario.

Un abogado radicado en Denver, David Lane, le dijo al medio USA Today que la eliminación de la disposición crearía una “vía subterránea” en la que los ciudadanos tendrían que moverse de estado a estado para alcanzar los derechos que tenían a nivel nacional.

“Hay innumerables eventos trascendentales que podrían derivarse de esto”, dijo el experto en derechos civiles.

La decisión que consagra el derecho nacional al matrimonio igualitario no es tan antigua ni está tan establecida como Roe vs. Wade. Este fallo data de 2016.

Cartel de personas LGBTT en apoyo al aborto

Getty Images

En el borrador que se filtró, el juez Samuel Alito hizo una distinción entre los derechos enunciados en la Constitución, como el derecho que otorga la Segunda Enmienda a portar armas, y el tipo de “derechos no enumerados” que el tribunal en Roe vs. Wade dijo que garantizaban el acceso al aborto.

Aunque Alito no lo mencionó, esto también protege el matrimonio homosexual y los métodos anticonceptivos, opinó el corresponsal de la BBC en Estados Unidos, Anthony Zurcher.

Para el periodista, la Corte entiende que los primeros son mucho más seguros que los segundos, que deben estar fuertemente arraigados en la historia y “tradición” de Estados Unidos.

“Puede que no pase mucho tiempo antes de que los opositores al matrimonio homosexual, la fertilización in vitro o ciertas formas de anticoncepción citen las palabras de Alito para argumentar que tampoco hay nada en la Constitución que prohíba vetar esas prácticas”, detalló Zurcher.


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