Proyecto de Ley de Desaparición Forzada: 10 claves y 5 críticas de las organizaciones civiles
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Manu Ureste

Proyecto de Ley de Desaparición Forzada: 10 claves y 5 críticas de las organizaciones civiles

Organizaciones civiles y familiares de víctimas de desaparición forzada señalan que si bien la iniciativa de Ley que envió el presidente Peña Nieto al Senado incorpora algunas de sus propuestas, varios puntos de la iniciativa les generan preocupación.
Manu Ureste
Por Manu Ureste
18 de diciembre, 2015
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Marcha en la ciudad de México por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. //Foto: Manu Ureste

Imagen de archivo de una marcha en la ciudad de México por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. //Foto: Manu Ureste

En México, al igual que los casos de tortura, las desapariciones forzadas también son generalizadas, así como la participación de agentes del Estado en estos delitos.

Así lo advirtió el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas en un informe que publicó en febrero de este 2015, en el que concluyó que casos como el de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa “ilustran los serios desafíos que enfrenta el Estado en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas”.

En el documento –que puedes leer íntegro aquí-, la ONU expuso varias observaciones como, por ejemplo, que México no cuente con información estadística precisa sobre el número de personas sometidas a desaparición forzada, lo que impide conocer “la verdadera magnitud de este flagelo y dificulta la adopción de políticas públicas que permitan combatirlo”.

Entre las recomendaciones, la ONU también instó a que el Estado mexicano aprobara “a la mayor brevedad posible” una ley general de desaparición forzada.

Diez meses después, el pasado 10 de diciembre, el presidente Peña Nieto envió al Senado la iniciativa de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas, la cual ha sido recibida como “un esfuerzo positivo” por organizaciones civiles y familiares de víctimas, pero también con críticas.

Entre las principales claves de la iniciativa de ley del Ejecutivo, que se discutirá a partir del 2016 debido a que el 15 de diciembre el Congreso concluyó su periodo de sesiones, están los siguientes puntos:

1.- Distinguirá tres tipos de delitos: Delito de Desaparición forzada de Personas -“cometido por servidores públicos, un particular o grupo de particulares que priven de la libertad a una o más personas”-. Delito de Desaparición por Particulares -“sancionará a la persona o grupo de personas que sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, priven de la libertad a una o más personas”-. Y Delitos Vinculados a los Delitos de Desaparición Forzada -por ejemplo, cuando un particular o autoridad omitan entregar información sobre un desaparecido, u obstaculicen a propósito la investigación-. Cabe destacar que esta tipificación de los tres delitos da respuesta a una de las 11 iniciativas que ciudadanos plantearon el pasado mes de septiembre, y que puedes leer en esta nota que publicó Animal Político.

2.- Fuertes sanciones. De hasta 150 años de prisión para quienes cometan el delito de desaparición forzada, y 135 años para quien cometa el delito de desaparición forzada a particulares. Ambos serán perseguidos de oficio.

3.- Distribución de competencias. La Ley tiene como objetivo distribuir competencias y coordinar a los distintos órganos de gobierno, para prevenir y sancionar los delitos de desaparición de personas.

4.- Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Establecerá una colaboración entre las distintas instancias de los órdenes de gobierno, víctimas, familiares, y organizaciones civiles.

5.- Unidades Especializadas. Contarán con “un mayor grado de especialización sobre la búsqueda, investigación y persecución, de los delitos en materia de desaparición de personas”. Tanto la Federación, como cada una de las entidades, contará con una unidad.

6.- Registro nacional de personas desaparecidas. Tendrá información de hospitales, centros de detención y servicios médicos y forenses.

7.- Consejo Nacional Ciudadano. Estará integrado por defensores, familiares y especialistas, quienes emitirán opiniones al Sistema Nacional de Búsqueda.

8.- Atención a Víctimas. Se determinarán “las medidas de atención inmediata para brindar ayuda y asistencia”, tanto a la víctima de desaparición como también “a sus familiares u otras personas afines”.

9.- Declaración Especial de Ausencia. Los familiares de la persona desaparecida puedan solicitar a la autoridad judicial la emisión de una Declaratoria Especial de Ausencia, para que se reconozca y proteja “la personalidad jurídica de la persona desaparecida, así como otorgar las medidas para asegurar la protección de sus familiares”.

10.- Protección de Personas. El Estado deberá garantizar medidas urgentes a personas involucradas en los procesos de búsqueda cuando su vida corra peligro. La reubicación temporal, protección de inmuebles, o escoltas de cuerpos especializados, son algunas de esas medidas.

Aquí puedes leer (página 38) el documento íntegro de la propuesta de Ley publicada en la Gaceta del Senado.

“El proceso de elaboración de la propuesta no fue exhaustivo”: Amnistía Internacional

Dolores González, integrante de un grupo de organizaciones civiles que acompañan al Movimiento Nacional de Personas Desaparecidas, señala que si bien “la iniciativa logró recoger bastantes de los puntos que se plantearon desde la sociedad civil”, aún quedan varios pendientes que generan preocupación. Por ejemplo, los siguientes:

1.- Fortalecer más el Sistema Nacional de Búsqueda. “La propuesta establece ordenar y coordinar las capacidades del Estado para buscar a las personas, mientras que el colectivo de familiares lo que propone es que se amplíen esas capacidades, que se regionalicen y que se articulen de una manera más eficiente”, expone González.

2.- Preocupa homologación de bases de datos. “La iniciativa plantea que el registro de personas desaparecidas se haga por entidad federativa. Pero hay preocupación en cuanto a la homologación de estos registros y de las bases de datos”.

3.- Poca confianza en autoridades estatales. Dolores González apunta que la experiencia ha demostrado que “existen limitantes en la investigación de los estados”. Una limitación, recalca, “tiene que ver con que los estados no tienen un marco normativo profesionalizado para abordar la problemática”. Otro limitante es la “poca confianza” en las autoridades locales. “A partir de estos limitantes las familias han insistido en que debe haber una presencia de la Federación para garantizar que las investigaciones se hagan adecuadamente, y para que pueda atraer casos de desaparición cuando así se requiera”, explica la activista.

4.- Deficiencias en la atención a víctimas. Perseo Quiroz, director de la oficina de Amnistía Internacional en México, apunta que otra deficiencia de la iniciativa es que “no atiende de manera ideal las afectaciones que genera la desaparición de una persona”. “Hablamos no sólo de la atención a afectaciones emocionales, sino también las jurídicas y económicas, tanto de familiares como de las personas desaparecidas”.

5.- Falta discusión. Quiroz reconoce que “hubo un trabajo por parte del Ejecutivo para incorporar los comentarios de organizaciones y familiares”, pero critica que “el proceso (de elaboración de la propuesta) no fue tan exhaustivo, ni tan enriquecedor como hubiéramos querido”. Por lo que dijo que Amnistía Internacional, que publicará en enero su informe sobre desapariciones forzadas en México, espera que este proyecto de ley “se discuta de manera extensa dentro del Congreso de la Unión”.

Por su parte, Gabino Gómez, integrante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), en Chihuahua, recordó que una de las propuestas ciudadanas que plantearon en septiembre es que, durante el proceso de discusión de la Ley, se lleven a cabo foros regionales en los que puedan participar los familiares de las víctimas.

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Príncipe Felipe: quiénes son las 30 personas que asisten este sábado al funeral del esposo de la reina Isabel II

La Familia Real y un grupo muy reducido de personas podrán presenciar el funeral del príncipe Felipe.
17 de abril, 2021
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El duque de Edimburgo tendrá un funeral con bandas y una escolta militar, pero solo 30 de sus allegados podrán asistir a la ceremonia de este sábado debido a las restricciones en Reino Unido por la pandemia del coronavirus.

La despedida al príncipe Felipe, quien murió el 9 de abril con 99 años, se producirá en la capilla de San Jorge, ubicada en el castillo de Windsor, a menos de 40 kilómetros de Londres.

Y se iniciará a las 15:00 hora local (16:00 GMT).

Esta es la lista de las personas que asistirán al funeral.

  • Reina Isabel II
  • Príncipe Carlos, hijo primogénito de Isabel II y el príncipe Felipe
  • Camila, duquesa de Cornualles y esposa del príncipe Carlos
  • Princesa Ana, única hija de Isabel II y el príncipe Felipe
  • Vicealmirante Timothy Laurence, esposo de la princesa Ana
  • Príncipe Andrés, duque de York. Tercer hijo de Isabel II y el príncipe Felipe
  • Príncipe Eduardo, conde de Wessex. Cuarto y último hijo de Isabel II y el príncipe Felipe
  • Condesa de Wessex, Sophie Rhys-Jones. Esposa del príncipe Eduardo
  • Príncipe Guillermo, duque de Cambridge. Hijo primogénito del príncipe Carlos
Castillo de Windsor

Reuters
La despedida al príncipe se producirá en una capilla en el castillo de Windsor.
  • Catherine Middleton, duquesa de Cambridge y esposa del príncipe Guillermo
  • Príncipe Harry, duque de Sussex. Segundo hijo del príncipe Carlos
  • Peter Phillips, hijo de la princesa Ana. Nieto de Isabel II y el príncipe Felipe
  • Zara Tindall, hija de la princesa Ana. Nieta de Isabel II y el príncipe Felipe
  • Mike Tindall, esposo de Zara
  • Princesa Beatriz, hija del príncipe Andrés
  • Conde Edoardo Mapelli Mozzi, esposo de la princesa Beatriz
  • Princesa Eugenia, hija del príncipe Andrés
  • Jack Brooksbank, esposo de la princesa Eugenia
  • Luisa Mountbatten-Windsor, hija príncipe Eduardo
  • Vizconde James Mountbatten-Windsor, segundo hijo del príncipe Eduardo
  • Eduardo, duque de Kent. Primo de Isabel II y nieto del rey Jorge V
  • Ricardo, duque de Gloucester. Primo de Isabel II y nieto del rey Jorge V
  • Princesa Alejandra, prima de Isabel II y nieta del rey Jorge V
  • Príncipe Bernardo de Baden. Nieto de una de las hermanas del el príncipe Felipe
  • Príncipe Donatus de Hesse, primo lejano del príncipe Felipe
  • Príncipe Felipe de Hohenlohe-Langenburg. Nieto de una de las hermanas del príncipe Felipe
  • David Armstrong-Jones, hijo de la princesa Margarita, hermana de Isabel II
  • Penelope Knatchbull, condesa Mountbatten de Burma
  • Sarah Chatto, hija de la princesa Margarita, hermana de Isabel II
  • Daniel Chatto, esposo de Sarah
Isabe II y Felipe

PA Media
Isabel II se casó con Felipe en 1947.

La procesión hasta la capilla de San Jorge para el funeral estará encabezada por la banda de los Guardias Granaderos.

Y será seguida por el los jefes del alto mando militar, incluido el jefe del Estado Mayor de Defensa, Nicholas Carter, y el primer almirante Tony Radakin.

Este último, tras la muerte del príncipe Felipe, brindó un homenaje a la carrera naval del duque y afirmó que “era uno de nosotros“.

También en la procesión estará el brigadier Archie Miller Bakewell, un oficial de protección personal.

Lo acompañarán en un vehículo de la marca británica Land Rover dos escoltas y un par de asistentes personales.

Bakewell fue secretario privado y mano derecha del príncipe Felipe durante más de una década, y comenzó a trabajar con él en 2010.

El decano de la capilla de Windsor, el reverendo David Conner, oficiará el funeral.

Los otros asistentes previstos serán cuatro cantantes que interpretarán temas musicales que eran del gusto del duque.

Familia Real

BBC

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