Proyecto de Ley de Desaparición Forzada: 10 claves y 5 críticas de las organizaciones civiles
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Manu Ureste

Proyecto de Ley de Desaparición Forzada: 10 claves y 5 críticas de las organizaciones civiles

Organizaciones civiles y familiares de víctimas de desaparición forzada señalan que si bien la iniciativa de Ley que envió el presidente Peña Nieto al Senado incorpora algunas de sus propuestas, varios puntos de la iniciativa les generan preocupación.
Manu Ureste
Por Manu Ureste
18 de diciembre, 2015
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Marcha en la ciudad de México por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. //Foto: Manu Ureste

Imagen de archivo de una marcha en la ciudad de México por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. //Foto: Manu Ureste

En México, al igual que los casos de tortura, las desapariciones forzadas también son generalizadas, así como la participación de agentes del Estado en estos delitos.

Así lo advirtió el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas en un informe que publicó en febrero de este 2015, en el que concluyó que casos como el de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa “ilustran los serios desafíos que enfrenta el Estado en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas”.

En el documento –que puedes leer íntegro aquí-, la ONU expuso varias observaciones como, por ejemplo, que México no cuente con información estadística precisa sobre el número de personas sometidas a desaparición forzada, lo que impide conocer “la verdadera magnitud de este flagelo y dificulta la adopción de políticas públicas que permitan combatirlo”.

Entre las recomendaciones, la ONU también instó a que el Estado mexicano aprobara “a la mayor brevedad posible” una ley general de desaparición forzada.

Diez meses después, el pasado 10 de diciembre, el presidente Peña Nieto envió al Senado la iniciativa de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas, la cual ha sido recibida como “un esfuerzo positivo” por organizaciones civiles y familiares de víctimas, pero también con críticas.

Entre las principales claves de la iniciativa de ley del Ejecutivo, que se discutirá a partir del 2016 debido a que el 15 de diciembre el Congreso concluyó su periodo de sesiones, están los siguientes puntos:

1.- Distinguirá tres tipos de delitos: Delito de Desaparición forzada de Personas -“cometido por servidores públicos, un particular o grupo de particulares que priven de la libertad a una o más personas”-. Delito de Desaparición por Particulares -“sancionará a la persona o grupo de personas que sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, priven de la libertad a una o más personas”-. Y Delitos Vinculados a los Delitos de Desaparición Forzada -por ejemplo, cuando un particular o autoridad omitan entregar información sobre un desaparecido, u obstaculicen a propósito la investigación-. Cabe destacar que esta tipificación de los tres delitos da respuesta a una de las 11 iniciativas que ciudadanos plantearon el pasado mes de septiembre, y que puedes leer en esta nota que publicó Animal Político.

2.- Fuertes sanciones. De hasta 150 años de prisión para quienes cometan el delito de desaparición forzada, y 135 años para quien cometa el delito de desaparición forzada a particulares. Ambos serán perseguidos de oficio.

3.- Distribución de competencias. La Ley tiene como objetivo distribuir competencias y coordinar a los distintos órganos de gobierno, para prevenir y sancionar los delitos de desaparición de personas.

4.- Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Establecerá una colaboración entre las distintas instancias de los órdenes de gobierno, víctimas, familiares, y organizaciones civiles.

5.- Unidades Especializadas. Contarán con “un mayor grado de especialización sobre la búsqueda, investigación y persecución, de los delitos en materia de desaparición de personas”. Tanto la Federación, como cada una de las entidades, contará con una unidad.

6.- Registro nacional de personas desaparecidas. Tendrá información de hospitales, centros de detención y servicios médicos y forenses.

7.- Consejo Nacional Ciudadano. Estará integrado por defensores, familiares y especialistas, quienes emitirán opiniones al Sistema Nacional de Búsqueda.

8.- Atención a Víctimas. Se determinarán “las medidas de atención inmediata para brindar ayuda y asistencia”, tanto a la víctima de desaparición como también “a sus familiares u otras personas afines”.

9.- Declaración Especial de Ausencia. Los familiares de la persona desaparecida puedan solicitar a la autoridad judicial la emisión de una Declaratoria Especial de Ausencia, para que se reconozca y proteja “la personalidad jurídica de la persona desaparecida, así como otorgar las medidas para asegurar la protección de sus familiares”.

10.- Protección de Personas. El Estado deberá garantizar medidas urgentes a personas involucradas en los procesos de búsqueda cuando su vida corra peligro. La reubicación temporal, protección de inmuebles, o escoltas de cuerpos especializados, son algunas de esas medidas.

Aquí puedes leer (página 38) el documento íntegro de la propuesta de Ley publicada en la Gaceta del Senado.

“El proceso de elaboración de la propuesta no fue exhaustivo”: Amnistía Internacional

Dolores González, integrante de un grupo de organizaciones civiles que acompañan al Movimiento Nacional de Personas Desaparecidas, señala que si bien “la iniciativa logró recoger bastantes de los puntos que se plantearon desde la sociedad civil”, aún quedan varios pendientes que generan preocupación. Por ejemplo, los siguientes:

1.- Fortalecer más el Sistema Nacional de Búsqueda. “La propuesta establece ordenar y coordinar las capacidades del Estado para buscar a las personas, mientras que el colectivo de familiares lo que propone es que se amplíen esas capacidades, que se regionalicen y que se articulen de una manera más eficiente”, expone González.

2.- Preocupa homologación de bases de datos. “La iniciativa plantea que el registro de personas desaparecidas se haga por entidad federativa. Pero hay preocupación en cuanto a la homologación de estos registros y de las bases de datos”.

3.- Poca confianza en autoridades estatales. Dolores González apunta que la experiencia ha demostrado que “existen limitantes en la investigación de los estados”. Una limitación, recalca, “tiene que ver con que los estados no tienen un marco normativo profesionalizado para abordar la problemática”. Otro limitante es la “poca confianza” en las autoridades locales. “A partir de estos limitantes las familias han insistido en que debe haber una presencia de la Federación para garantizar que las investigaciones se hagan adecuadamente, y para que pueda atraer casos de desaparición cuando así se requiera”, explica la activista.

4.- Deficiencias en la atención a víctimas. Perseo Quiroz, director de la oficina de Amnistía Internacional en México, apunta que otra deficiencia de la iniciativa es que “no atiende de manera ideal las afectaciones que genera la desaparición de una persona”. “Hablamos no sólo de la atención a afectaciones emocionales, sino también las jurídicas y económicas, tanto de familiares como de las personas desaparecidas”.

5.- Falta discusión. Quiroz reconoce que “hubo un trabajo por parte del Ejecutivo para incorporar los comentarios de organizaciones y familiares”, pero critica que “el proceso (de elaboración de la propuesta) no fue tan exhaustivo, ni tan enriquecedor como hubiéramos querido”. Por lo que dijo que Amnistía Internacional, que publicará en enero su informe sobre desapariciones forzadas en México, espera que este proyecto de ley “se discuta de manera extensa dentro del Congreso de la Unión”.

Por su parte, Gabino Gómez, integrante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), en Chihuahua, recordó que una de las propuestas ciudadanas que plantearon en septiembre es que, durante el proceso de discusión de la Ley, se lleven a cabo foros regionales en los que puedan participar los familiares de las víctimas.

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Elecciones en EU: ¿podría Donald Trump ir a la cárcel si pierde las elecciones?

El mandatario podría estar jugándose en las urnas algo más que su futuro político. Te explicamos por qué.
3 de noviembre, 2020
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Para Donald Trump, una derrota en las elecciones de este martes no sería solamente una humillación política. El mandatario arriesga mucho más.

Las investigaciones en torno a los escándalos que han ocurrido durante su gestión sugieren, según expertos, que el mandatario puede enfrentar una compleja situación financiera personal, además de procesos penales, si tiene que salir de la Casa Blanca el próximo 20 de enero.

Hasta el momento, frente a la posibilidad de una investigación criminal en su contra, lo protege la inmunidad que le brinda el cargo. Los presidentes en ejercicio no pueden ser procesados.

Lo que lleva a la pregunta obvia: ¿qué pasa si ya no es el presidente?

La inmunidad en el cargo

“Creo que hay la posibilidad de que se le imputen cargos criminales a Trump”, dice a BBC Mundo Bennett Gershman, catedrático de derecho constitucional en la Universidad de Pace, quien se desempeñó por una década como fiscal en el estado de Nueva York.

“Los cargos que el presidente podría enfrentar tienen que ver con fraude bancario, fraude de impuestos, lavado de dinero, fraude electoral”, entre otros, asegura Gershman, citando “toda la información que ha salido a la luz en los medios sobre su conducta financiera”.

Como si esto fuera poco, Trump enfrenta grandes riesgos financieros, incluyendo, según informes de los medios estadounidenses, una enorme deuda personal y dificultades con su imperio empresarial.

El diario The New York Times ha dicho que en los próximos cuatro años Trump tiene que pagar más de 300 millones de dólares en préstamos, en momentos en que algunas de sus inversiones personales no pasan por el mejor momento.

Y si Trump sale derrotado en los comicios, tal vez sus acreedores sean menos flexibles a la hora de exigir el pago de esas obligaciones.

La Casa Blanca ha actuado como una barrera frente a los problemas legales y financieros del mandatario, advierten sus críticos. Si esa muralla desaparece, Trump enfrentaría días difíciles.

No admite faltas

El presidente asegura haber sido víctima de numerosas conspiraciones por parte de sus enemigos para acusarlo falsamente de haber cometido crímenes antes y durante su tiempo en el poder.

Joe Biden.

Reuters
Trump ha acusado repetidamente a Biden sin presentar pruebas.

Trump niega de manera tajante haber cometido cualquier falta.

Y subraya el haber salido airoso de las investigaciones que ha llevado a cabo el Departamento de Justicia en torno a los numerosos escándalos que han enmarcado su gestión, así como del juicio político que le realizó el Congreso a comienzos de este año.

Pero todos esos procesos partían de la base de la inmunidad presidencial frente a los procesos penales. El Departamento de Justicia ha dicho en repetidas ocasiones que un mandatario no puede ser procesado penalmente mientras ocupe el cargo.

No obstante, esas investigaciones podrían ser la base de nuevas actuaciones judiciales contra Trump, le dicen expertos a BBC Mundo.

“Ya sabemos que puede enfrentar acusaciones de fraude electoral, ya que el fiscal federal del Distrito Sur de Manhattan en efecto ya nombró como co-conspirador junto a Michael Cohen“, asegura Gershman.

El experto se refiere a la investigación federal contra el exabogado personal de Trump, Cohen, quien en 2018 se declaró culpable de irregularidades electorales durante la campana de 2016 relacionadas con pagos efectuados a la actriz porno Stormy Daniels, quien alega haber tenido un affaire con el presidente.

Stormy Daniels.

Reuters
La actriz Stormy Daniels estuvo en el centro de uno de los escándalos que afectaron al presidente.

Durante la investigación contra Cohen, la fiscalía describió en su acusación oficial a un entonces candidato presidencial, al que designaron como “Individuo 1”, supuestamente relacionado con esa actividad criminal. Los medios estadounidenses asumieron universalmente que la Fiscalía se refería en ese momento a Trump.

En su momento, el hecho fue noticia nacional. El 7 de diciembre de 2018, The New York Times titulaba: “Fiscales dicen que Trump dirigió pagos ilegales durante la campaña”.

Agregaba el diario que “fiscales federales dijeron el viernes que el presidente Trump dirigió pagos ilegales para evitar un potencial escándalo sexual que amenazaba sus posibilidades de ganar la Casa Blanca en 2016, poniendo el peso del Departamento de Justicia detrás de las acusaciones previamente realizadas por su exabogado”.

El informe Mueller

Gershman dice que cabe suponer que “pueda haber otros cargos por obstrucción a la justicia” a partir de los resultados del llamado informe Mueller.

En 2019, el fiscal especial Robert Mueller entregó su investigación sobre las acusaciones de interferencia del gobierno ruso en la campaña presidencial estadounidense de 2016.

Dicho informe no encontró prueba concluyente de que la campaña del entonces candidato Trump estuviera deliberadamente colaborando con el gobierno ruso.

Sin embargo, el informe documentó una serie de actuaciones controversiales del mandatario en respuesta a esa investigación.

Mueller manifestó entonces que el Congreso estadounidense debía decidir si le seguía un “impeachment” o juicio político a Trump por supuesta obstrucción de justicia, ya que el presidente tenía inmunidad frente a los canales normales de la justicia penal.

Robert Mueller.

EPA
Hay expertos que creen que Trump podría afrontar cargos derivados de la investigación que llevó a cabo el fiscal especial Robert Mueller.

En esa ocasión, el Congreso se abstuvo de abrirle un juicio político a Trump, aunque sí lo hizo meses después por un caso distinto, esta vez ante versiones que decían que el presidente había intentado manipular al gobierno de Ucrania para que investigara supuestas irregularidades cometidas por Hunter Biden, el hijo del candidato demócrata Joe Biden.

En diciembre de 2019 la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, acusó formalmente a Trump, pero en febrero siguiente, el Senado, de mayoría republicana, lo absolvió.

Trump fue apenas el tercer mandatario estadounidense en la historia en enfrentar un “impeachment”.

Cargos locales y federales

Como presidente, Trump podría en principio autoperdonarse por cualquier violación a las leyes federales que hubiese cometido, aunque no hay antecedentes en la historia del país de una situación semejante.

En cambio, sí ha ocurrido que un mandatario que enfrenta la posibilidad de cargos criminales salga del cargo y sea perdonado por su sucesor.

Ese fue el caso en 1974 cuando Richard Nixon renunció después del escándalo de corrupción de Watergate, y su entonces vicepresidente y sucesor en el cargo, Gerald Ford, le extendió un perdón judicial total.

Richard Nixon.

BBC
Nixon es hasta ahora el único presidente en la historia de EE.UU. que ha recibido un perdón total.

“Hay muy poca probabilidad de que Trump enfrente cargos federales, pues es de esperar que se autoperdone”, le dice a BBC Mundo Norman Ornstein, experto del American Enterprise Institute, un centro de investigación política de línea conservadora.

En un escenario de derrota electoral, si Trump no se atreve a autoamnistiarse, dice Ornstein, el mandatario tendría algún incentivo para renunciar al cargo antes del final de su periodo, que se cumple el 20 de enero de 2021.

En ese escenario hipotético extremo, el actual vicepresidente Mike Pence quedaría a cargo para completar los días finales del periodo presidencial y podría perdonar a Trump por anticipado de cualquier crimen a nivel federal que hubiese podido cometer.

Pero las potenciales dificultades legales de Trump no terminan ahí, asegura Ornstein.

Los medios estadounidenses han estado ventilando la posibilidad de que, aparte de cargos federales, Trump también enfrente cargos criminales a nivel local, le recuerda a BBC Mundo el exfiscal Gershman.

Carteles frente a la Casa Blanca.

Reuters
Detractores del presidente han colgado carteles que piden su arresto frente a la Casa Blanca.

El 1 de noviembre, la publicación The New Yorker se unía a muchos otros medios estadounidenses discutiendo un escenario en el que el fiscal de Nueva York, Cyrus Vance, quien ha estado investigando los negocios privados del presidente, podría eventualmente acusarlo de irregularidades relacionadas con su pasado como magnate inmobiliario.

En eso concurre Ornstein, quien le dice a BBC Mundo: “Hay investigaciones agresivas en curso por el Fiscal General del Estado de Nueva York, y el Fiscal del Distrito de la Ciudad de Nueva York sobre irregularidades de impuestos y de otra índole potencialmente cometidas antes de que Trump fuese presidente”.

A diferencia de los cargos federales, los de nivel local no son susceptibles de perdón presidencial.

Una decisión política

Los expertos insisten en que no hay seguridad de que las autoridades decidan emprender estas acciones en contra de Trump, incluso si creyesen que existe evidencia para justificarlo.

Ya en 1974 el gobierno de la época decidió que enjuiciar a Nixon solo extendería la agonía del escándalo de Watergate, y, alegando conveniencia nacional, prefirió perdonarlo.

Al respecto, Joe Biden dijo el pasado 6 de agosto en una entrevista que, en caso de ser elegido presidente, ni se opondría ni impulsaría un proceso penal contra Trump, dejando esa decisión enteramente a los fiscales del Departamento de Justicia.

Si esos fiscales federales, o los del estado de Nueva York, finalmente deciden adelantar un proceso contra Trump, no será una situación que se resuelva rápidamente.

Por cuenta de los litigios previos, un juicio fácilmente podría tomar meses o incluso años en comenzar, le dice Gershman a BBC Mundo

Si fuera encontrado culpable por cargos como los que se han discutido, Trump podría enfrentar una pena “de años, no de meses” en prisión, advierte el académico.

“La ley aplica para todos”, recuerda Gershman.

Ornstein, por su parte, sospecha que los fiscales de Nueva York seguirán adelante con sus investigaciones contra Trump.

“No creo que terminen sus esfuerzos contra Trump cuando deje su cargo. Trump es vulnerable, y lo sabe”, le dice Ornstein a BBC Mundo.

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BBC

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