¿Qué propone la reforma contra la tortura y tratos crueles?
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¿Qué propone la reforma contra la tortura y tratos crueles?

La iniciativa busca reformar el Código Penal Federal y la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para prevenir los delitos y garantizar los derechos de las víctimas, según explica la propuesta presidencial.
Cuartoscuro
Por Nayeli Roldán
15 de diciembre, 2015
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El 10 de diciembre, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado la iniciativa para expedir la “Ley general para prevenir, investigar y sancionar los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes”. // Foto: Cuartoscuro.

El 10 de diciembre, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado la iniciativa para expedir la “Ley general para prevenir, investigar y sancionar los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes”. // Foto: Cuartoscuro.

La tortura y malos tratos ocurren de manera “generalizada” en México, según documentó el relator de la ONU, Juan E. Méndez, en su visita a nuestro país en abril pasado. La evidencia: las 11 mil 608 quejas por torturas recibidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sólo entre 2006 y abril de 2014, mientras que organizaciones sociales documentaron más de 500 casos en el mismo periodo.

La cifra podría ser mayor, debido a que las víctimas no denuncian por temor a represalias o desconfianza, advierte el informe de la ONU. Además, los testimonios de varios casos confirman “la frecuente” utilización de torturas y malos tratos en diversas partes del país por parte de policías municipales, estatales y federales, agentes ministeriales estatales y federales y las fuerzas armadas.

Aún con ese número de incidencias, a nivel federal, la organización Amnistía Internacional reporta que sólo existen siete condenas de tortura desde 1991 —cuando  se tipificó como delito en México— mientras que en abril pasado, tres agentes de policía de Baja California fueron consignados por dicho delito.

Debido a que estos delitos “son una problemática nacional”, el 10 de diciembre, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado la iniciativa para expedir la “Ley general para prevenir, investigar y sancionar los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes”.

Se trata de reformas al Código Penal Federal y a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para establecer los tipos penales, la distribución de competencias y coordinación entre las autoridades; prevenir los delitos y garantizar los derechos de las víctimas, según explica la propuesta presidencial.

Debido a que el Congreso concluye su periodo de sesiones este martes 15 de diciembre, la iniciativa será discutida hasta 2016. Según el presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Yunes, recibirán las observaciones de organizaciones civiles y expertos en la materia para dictaminar la ley.

Estos son algunos 10 aspectos de la iniciativa que debes saber:

  1. Se clasifica a como tipos penales distintos al delito de tortura y el de trato o penas crueles, inhumanos o degradantes. Serán investigados por oficio (sin necesidad de denuncia por parte de las víctimas); por denuncia o vista de la autoridad judicial y serán imprescriptibles, es decir, no perderá vigencia ni validez.
  2. El delito de tortura queda definida como el acto y omisión cometido por un funcionario público o particular que inflija dolosamente penas, dolores o sufrimientos físicos o psicológicos a una persona con fin de obtener una confesión, coaccionarla para que realice o deje de hacer una conducta determinada; como medio intimidatorio o castigo personal por un acto que haya cometido o se sospeche; como una medida preventiva o por razones basadas en discriminación o cualquier otro fin determinado.
    Las penas van de 10 a 20 años de prisión y de 500 a mil días de multa.
  3. Se juzgará al servido público con cargo superior jerárquico que haya sabido que sus subordinados cometieron tortura y no lo haya impedido o prevenido. La sanción va de 8 a 16 años de prisión y de 250 a 500 días de multa.
  4. La iniciativa prevé sanciones también contra particulares que cometan tortura o tratos crueles. La multa va de seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 días de multa.
  5. Las penas por tortura se podrán reducir hasta en una tercera parte cuando los autores den información relevante que permita esclarecer los hechos o identificar a otros responsables, siempre y cuando no sean reincidentes y se garantice la reparación integral del daño a la víctima.
  6. Quienes cometan tratos crueles y degradantes (agresiones que causen angustia, miedo o sentimiento de inferioridad fundados y provoquen el menoscabo de la integridad personal de la víctima), recibirán una pena de entre uno y nueve años de prisión y 250 a 500 días de multa y la destitución e inhabilitación para cualquier cargo por el mismo lapso de tiempo.
  7. Se propone la creación de Unidades Especializadas, dependientes de las Instituciones de Procuración de Justicia, para iniciar y desarrollar la investigación, pedir atención para las víctimas y solicitar medidas cautelares.
  8. Se prevé un Registro Nacional de los Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, integrado por la base de datos de la Procuraduría General de la República y de las entidades.
  9. Las víctimas tendrán derecho a presentar todos los medios de prueba, incluyendo la valoración médico-psicológica independiente a la que realicen las autoridades.
  10. Ninguna declaración o información obtenida mediante tortura podrá invocarse como medio de prueba. Tampoco la evidencia o elementos encontrados derivados de la información obtenida bajo tortura, salvo que se desprenda de información conseguida con independencia de esos actos.
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Reuters

Conficto en Chihuahua: El tratado por el que México le debe millones de metros cúbicos de agua a EU

Un acuerdo firmado entre ambos países en 1944 está en el centro de la polémica en el norte de México, cuyo presidente dijo temer que pueda utilizarse como arma electoral durante la actual campaña en EU.
Reuters
18 de septiembre, 2020
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Un tratado firmado en 1944 entre México y Estados Unidos está detrás de que miles de personas lleven meses en pie de guerra en el lado mexicano de la frontera.

El acuerdo regula cómo los dos países deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, que forman parte del límite territorial entre ambos.

El gobierno de México tiene poco más de un mes para entregar a su vecino del norte la parte que le corresponde. Para ello, asegura que debe utilizar la almacenada en la presa la Boquilla, en el estado de Chihuahua, en el norte del país.

Y aunque afirma que el suministro está garantizado para la población, los agricultores de la zona se niegan a la extracción porque aseguran que los dejaría sin el recurso suficiente para poder cultivar tras haber sufrido una pronunciada sequía.

La tensión aumentó a ritmo vertiginoso en la última semana con graves enfrentamientos entre miembros de la Guardia Nacional y campesinos, que tienen desde entonces tomada la presa para evitar el desfogue.

Una mujer agricultora fue asesinada el 8 de septiembre tras participar en las protestas. Según testigos, fue alcanzada por disparos de guardias nacionales. La Fiscalía estatal investiga lo sucedido.

El propio presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, responsabilizó a “grupos políticos” de las protestas y mostró su preocupación por el hecho de que este conflicto impida cumplir con el tratado firmado con EU y por cuál podría ser su reacción.

De hecho, el mandatario aseguró este jueves que el gobernador de Texas -estado fronterizo con Chihuahua- envió una carta al secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, “reclamando que México no está cumpliendo con el pago del agua y haciendo algunas propuestas”.

Protesta en La Boquilla

Reuters
La Fiscalía de Chihuahua investiga la muerte de una mujer agricultora tras participar en una de las protestas. Según testigos, fue abatida por disparos de la Guardia Nacional.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acusó por su parte a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de ocultar a quienes “se aprovechan de manera irregular” desde dentro del organismo robando agua de la zona, una práctica que ya ha sido bautizada como “huachicoleo de agua” o “aguachicoleo”.

Mientras, varios diputados de Chihuahua consideran precisamente que el tratado en cuestión es la base del problema y anunciaron que acudirán a tribunales internacionales para pedir que el acuerdo sea revisado y pueda así garantizar el abastecimiento de agua a los productores del estado.

¿Qué dice el tratado?

De alguna manera, se podría decir que el llamado Tratado de la Distribución de las Aguas Internacionales firmado por México y EU en 1944 tiene su origen de algún modo en otro acuerdo alcanzado casi un siglo antes.

El Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo (más conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo), firmado en 1848 al final de la guerra entre ambos países iniciada por la disputa de Texas, fue el que estableció que México cedería a EU más de la mitad de su territorio en aquel entonces.

Pero además, también fijó la frontera entre ambos países en el río Bravo -conocido como río Grande por los estadounidenses- y cuyas aguas son hoy centro del conflicto en Chihuahua.

La ubicación estratégica del río hacía necesario un plan de distribución entre ambos actores. Tras años de negociación y varias propuestas fallidas, México y EU firmaron en Washington el tratado vigente en la actualidad.

Mapa

BBC

Según el acuerdo, México se queda con dos tercios de la corriente principal del Bravo y cede a su vecino el resto, que no podrá ser menor de unos 432 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales.

Como contraparte, EU cede a México cada año 1.850 Mm3 del río Colorado, que en su mayoría se encuentra en suelo estadounidense pero que también pasa por la frontera entre ambos países hasta desembocar en el golfo de California, entre los estados mexicanos de Baja California y Sonora.

“Es un tratado que no fue nada fácil de negociar y en el que se tuvieron que hacer muchísimas proyecciones de ingeniería porque define los límites entre los dos países y esta distribución de las aguas”, le dice a BBC Mundo Roberto Velasco, director general para América del Norte del gobierno mexicano.

También establece que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), un organismo binacional, es el encargado de resolver las posibles diferencias en materia de límites.

Firma del tratado en Washington en 1944

IBWC
Representantes de México y EU firmaron el tratado en Washington en 1944.

El pacto estipula que EU cumplirá con su entrega de agua cada año, mientras que México podrá hacerlo en períodos de cinco años.

“Es de los mejores acuerdos que se han logrado en la historia con relación a EU”, afirmó López Obrador la semana pasada.

Pero el quinquenio actual concluye el próximo 24 de octubre y, según el gobierno de México, aún le faltan 378 Mm3 de agua para poder cumplir su parte del acuerdo.

¿Cuál es la situación actual?

El centro del conflicto está en la presa La Boquilla del río Conchos, el afluente del Bravo más voluminoso de los seis tributarios que tienen que aportar agua para el cumplimiento del tratado.

Según los agricultores, desfogar líquido de este punto supondría comprometer su capacidad de riego y poner en grave peligro el futuro de unas 20.000 familias que viven del campo en la región.

“En agosto tuvimos el mes más seco de los últimos 90 años, no hay agua. No podemos ser el único estado semidesértico que exporta agua con una precipitación media anual de 250 mm”, le dice a BBC Mundo Salvador Alcantar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua.

Presa La Boquilla

Reuters
La extracción del agua de la presa la Boquilla está en el centro del conflicto en Chihuahua.

Conagua aseguró que el riego para el ciclo agrícola 2019-2020 ya fue garantizado y que solo resta por entregar a los campesinos unos 100 Mm3 de la presa la Boquilla, lo que critica no puede completarse debido a la toma de las instalaciones.

Según datos oficiales, esta presa contaba el 16 de septiembre con 920Mm3 de agua almacenada. Es poco más del 32% de su capacidad máxima.

Para los campesinos, la situación actual pone en evidencia que será extremadamente difícil garantizar que pueda haber agua suficiente para el ciclo agrícola del año próximo y creen que Chihuahua “ha hecho más de lo que le corresponde” para que México pueda cumplir con su compromiso internacional.

“Prescindimos de uno de los dos cultivos que antes teníamos por ciclo y también se vendieron derechos de más de 7.000 hectáreas. Lo hicimos para que las presas funcionen como una alcancía, para cuidar la poquita agua que hay ahora, o no sembraremos un solo metro el año que entra”, dice Alcantar.

Protesta en La Boquilla

Reuters
Agricultores de Chihuahua aseguran que contribuyeron al ahorro de agua para su almacenamiento en la Boquilla de cara al próximo período de cultivo.

Velasco reconoce que 2020 ha sido un año seco, pero el gobierno confía en que siga lloviendo y asegura que unos 780 Mm3 almacenados “es la disponibilidad adecuada” para garantizar el próximo ciclo de riego.

“Nos podrían decir que hay que garantizar los siguientes 40 ciclos, pero la realidad es que eso no funciona así sino con concesiones anuales”, responde.

¿Qué alternativas hay para cumplir el tratado?

Los agricultores no entienden por qué hay que “pagar por adelantado” y proponen como alternativa aguardar a final de octubre para esperar a posibles escurrimientos de agua y evaluar entonces la cantidad debida a EU.

En caso de que haya déficit por parte de México, proponen que el agua se extraiga de alguna de las presas internacionales construidas y gestionadas por ambos países.

“¿Por qué nomás el Conchos? Hay otros tributarios que deben aportar agua para cumplir con las asignaciones del tratado, y nomás voltean a ver a Chihuahua”, critica Alcantar.

Mapa presas Río Bravo

Conagua
El río Conchos es el afluente del Bravo más voluminoso de los seis tributarios que tienen que aportar agua en México para el cumplimiento del tratado.

Pero después de que México cerrara el quinquenio pasado debiendo agua que tuvo que devolver después, Velasco asegura que las reglas acordadas entre las dos secciones internacionales de la CILA no permiten que el país vuelva a terminar un período con deuda.

Sobre la propuesta de que sean las presas internacionales las que aporten el agua faltante, Velasco la califica de “irresponsable”, ya que se utilizan sobre todo para el consumo humano en ciudades del norte de México y la cantidad almacenada actualmente hace “muy difícil” destinarla a otros fines.

Presa internacional La Amistad

CILA México
Agricultores creen que presas internacionales como la Amistad, gestionada por México y EU, podrían contribuir con el agua faltante.

Según cifras del gobierno, el río Conchos debería aportar el 54% del agua contemplada en el tratado, aunque en lo que va de ciclo solo ha contribuido con el 44%.

“En Chihuahua se está cargando lo que se tiene que cargar. En este momento, toda la atención está sobre ellos porque el resto de tributarios ya hicieron su parte”, asegura Velasco.

¿Cómo podría reaccionar EU?

El enfrentamiento ha escalado a lo más alto de la esfera política en México.

Tanto el gobernador de Chihuahua como alcaldes de la zona mostraron su apoyo a los agricultores, mientras que el presidente López Obrador no ha ocultado su preocupación por las posibles consecuencias de que el país no cumpla con el acuerdo.

“Es muy delicado que en estos 45 día de campaña (electoral en EU) se vaya a utilizar que no estamos cumpliendo con el tratado y se tomen medidas unilaterales que afecten a México”, alertó días atrás.

AMLO

Gobierno de México
AMLO pidió a los agricultores de Chihuahua confiar en que el agua para regadío estará garantizada.

El mandatario insistió en pedir la confianza de los agricultores de Chihuahua. “No se van a quedar sin agua. Si no, (…) le hablaría al presidente Trump para decirle: ‘¿Sabe qué?, dennos una prórroga, ayúdennos en esto porque no vamos a poder cumplir con el compromiso'”.

Aunque reconoce que no se ha recibido ninguna advertencia formal de EU en caso de que México no entregue su parte, Velasco también coincide en que la campaña electoral provoca en el país vecino un clima más crispado ante el que se deben extremar precauciones.

Dice que lo que pretenden evitar es que el país vecino pudiera imponer sanciones como respuesta, “que empiecen a apretar los flujos comerciales o a establecer aranceles a mercancías provenientes de Chihuahua”.

Protesta en La Boquilla

Reuters
El gobierno mexicano expresó su preocupación por la reacción de EU ante Chihuahua en caso de que México no cumpla con su parte del tratado.

“Sí nos han expresado su preocupación de que el gobierno de Chihuahua, que además es vecino de Texas y su principal socio, no esté cooperando para buscar una solución en algo que es en interés de los dos países”, revela el funcionario de la Cancillería mexicana.

Alencar rechaza que el gobierno federal utilice esta posible reacción como medida de presión para que permitan la extracción de agua de la Boquilla.

“Que no nos traten de asustar diciendo que si no se cumple, se suspenderán las relaciones comerciales entre ambos países. Para que haya que pagar, debe haber una exigencia de EU, y yo no he visto ninguna nota diplomática donde les estén pidiendo el agua”, responde.

¿Debería reformarse el tratado?

Reformar o actualizar las condiciones de un tratado que fue firmado hace 76 años podría ser una de las opciones para tratar de solucionar este conflicto.

Tratado de 1944

IBWC
AMLO definió el tratado de aguas como uno de los mejores en la relación de México y EU.

Pero Alencar cree que hay alternativas suficientes para evitar llegar a ese punto. Y el gobierno mexicano tampoco apoya la idea, al considerar que tanto los litros de agua acordados como la posibilidad de entregar su parte cada cinco años en lugar de anualmente son ventajas que el país no debería perder.

Otra de las pocas cosas en las que coinciden ambas partes es cuando aseguran estar abiertas al diálogo para llegar a un acuerdo, aunque los campesinos critican que el gobierno federal no está atendiendo sus demandas.

“Estamos abiertos, pero no a un diálogo donde se busque poner el interés de unos grupos sobre otros, sino que tenga su centro en el interés nacional (…). El agua no es de Chihuahua ni de un grupo de personas, es de un río transfronterizo“, recuerda Velasco.

El vocero de los agricultores alerta por su parte de cuál es su mayor temor si, como prevén, el año que viene no tienen agua suficiente para el riego.

“En 1995 no se abrieron las presas para sembrar y hubo una migración masiva desde nuestros municipios. Los hombres en edad productiva se marcharon para dar sustento a la familia, fue una desintegración familiar fuerte que aún estamos sufriendo”, recuerda.

“Y ese es el problema social que podemos volver a ver si no sembramos el año próximo”.


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