[contextly_sidebar id=”yAoHx9IRUA90IMXiPBJVl7xFTz1CS0Ly”]Quedan cinco meses de los 8 años de plazo que México tenía para implementar el nuevo sistema penal y hay pendientes en todos lados.
El marco legal está incompleto, incluyendo dos leyes nacionales atoradas en el Congreso; los recursos no sobran: se necesitan 19 mil millones de pesos para la puesta en marcha; el sistema no funciona completo: solo 22% de los estados terminaron; y decenas de miles de policías faltan por ser capacitados.
Pero no habrá prórroga. La titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), María de los Ángeles Fromow, dijo que el sistema entrará en funcionamiento el 18 de junio como mandata la Constitución.
Cursos exprés para policías de 40 horas en lugar de 120, construcción de salas de justicia más sencillas pero suficientes en vez de grandes complejos, asignación obligatoria de la quinta parte de los subsidios de seguridad de un estado y municipio para el nuevo sistema penal, forman parte de la estrategia de la SETEC y los estados para alcanzar a cumplir con la meta.
Lo que sí adelantó es que el nuevo sistema penal acusatorio – que privilegia la presunción de inocencia, medidas alternativas y oralidad – y el sistema actual que sigue vigente, operarán de forma conjunta varios años debido a los casos que ya se iniciaron con el actual y por ley no se pueden transferir al nuevo.
Se tratará, dijo, de una transición de tres a cinco años. Es decir, el actual sistema todavía podría estar funcionando hasta el 2020.
“El 18 de junio se estará operando en todo el país (el nuevo sistema penal) con todos los derechos, con instalaciones adecuadas pero con la perspectiva de ir mejorando toda la infraestructura. Ese día no se terminará el trabajo (…) además entraremos a una fase de transición con dos sistemas operando” dijo Fromow.
Faltan leyes
Fromow explicó que para el correcto funcionamiento del nuevo sistema penal acusatorio aún hace falta la promulgación de dos normas de carácter nacional, es decir que se aplicarán en todo el país. Una de ellas La ley Nacional de Ejecución de Sanciones, la cual fijará las condiciones en que una persona podrá cumplir su sentencia, ya sea mediante prisión o con penas alternativas que permitan su rehabilitación.
Recordó que una de las ventajas del sistema penal acusatorio es que plantea un mayor número de alternativas –distintas a la cárcel- para quien sea sentenciado, lo que además ayudará a despresurizar los reclusorios que hoy presentan una sobrepoblación superior al 20 por ciento.
“Nos falta el último de los andamiajes. El cómo ejecutas la sanción penal que se imponga y a la vez cómo reisertas a esa persona adecuadamente en la comunidad y haces la cohesión social. Si tienes medidas cautelares por ejemplo y cómo vas a reinsertar a esa persona en la comunidad. Es una ley vital”, explicó Fromow.
La otra ley de carácter nacional que falta es la de Justicia para Adolescentes la cual contemplará medidas específicas de tratamiento para los menores de edad que cometan delitos, de acuerdo con los lineamientos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cabe señalar que antes se expidió una Ley Federal de Justicia para Adolescentes pero nunca entró en vigor por múltiples deficiencias que tenía, dijo Fromow.
De acuerdo con al SETEC los proyectos de ambas leyes se encuentra en el Senado y deberán salir en el actual periodo de sesiones para que se pueda cumplir con la obligación constitucional de que el sistema penal acusatorio funcione integralmente antes de junio.
Fromow destacó por otra parte que hay una miscelánea de leyes que necesitan ser reformadas a partir de lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y cuyas minutas se encuentran ya en la Cámara de Diputados.
“Hay 11 leyes federales que necesitamos modificar para la operación; son modificaciones a leyes orgánicas del Poder Judicial, de la defensoría, de la PGR, de distintas áreas que son indispensables para la operación del sistema y que tiene que sirven para volver operativo lo que está en el código nacional” dijo la titular de la SETEC.
Plan B: todos ponen dinero
La estimación al inicio de la administración actual es que se necesitaban 40 mil millones de pesos para lograr la implementación en todo el país de la reforma penal. La SETEC informó que hasta ahora se han invertido cerca de 21 mil millones entre recursos federales y aportaciones de las entidades Es decir, aun se necesitan invertir otros 19 mil millones.
Fromow dijo que ya se presentó esta estimación ante la Secretaria de Hacienda sin embargo, reconoció que difícilmente se tendrá todo ese dinero. De entrada, y como Animal Político publicó en diciembre, confirmó que los recursos para la SETEC tuvieron un recorte de casi el 30% en este año.
En ese contexto dijo que se está haciendo un esfuerzo nacional en distintos frentes. Por ejemplo, se estableció que a partir de este año el 20% de los fondos de seguridad que recibirán las entidades y municipios se destinarán exclusivamente para la implementación de la reforma penal. Además se exhortará a los estados para que puedan incrementar incluso ese porcentaje.
A esto se sumarán los recursos de la Iniciativa Mérida ya traducidos en especie, es decir, en equipos e infraestructura para los tribunales y salas penales de juicio oral, así como para los servicios periciales de las distintas entidades. La funcionaria no precisó a cuánto asciende dicha aportación pero dijo que es un apoyo significativo.
Existe el compromiso de la Embajada de los Estados Unidos de que todas sus aportaciones se recibirán antes del mes de mayo.
“Esto nos permite avanzar mucho más rápido en los requerimientos de los estados y bajo ese contexto tener lo necesario para la operación del sistema… Todos ponemos recursos y todos podemos aportar”, dijo Fromow.
Ranking de estados
De acuerdo con los datos oficiales de la STEEC, hay siete entidades en las cuales ya opera al 100% el sistema penal acusatorio, es decir, con el marco legal ya completo y dando cobertura a todos los delitos. Se trata de Chihuahua, Morelos, Estado de México, Zacatecas, Durango, Yucatán y Nuevo León.
En las 25 entidades restantes el sistema funciona parcialmente ya sea porque no cubre todos los delitos o porque no se aplica en todos los municipios de la entidad.
La información oficial detalla además que el porcentaje de población que vive en una zona donde ya funciona el nuevo sistema es del 68.9 por ciento que equivalen a poco más de 80 millones de personas.
Para tener una mejor medición del avance en la implementación del sistema penal en las entidades, Fromow dijo que se construyó un ranking a partir de 400 indicadores distintos. A partir de ahí se clasifica a las entidades en una escala del 1 al 10 y a su vez divididas en los niveles óptimo, alto, medio alto, medio, medio bajo, bajo y mínimo.
En ese contexto Nuevo León, Chihuahua y Yucatán figuran como las tres entidades con mayor avance y con una calificación superior a nueve que representan un nivel óptimo. En tanto, las más atrasadas son Baja California Sur con una calificación de 4.5 y Sonora con 3.9, que significa un nivel medio bajo.
La titular de la SETEC destacó el caso de Sonora en donde hubo un esfuerzo nacional y una inversión directa de 200 millones de pesos para que pusiera en marcha la estrategia de implementación de la reforma, toda vez que el estado tenía un avance prácticamente nulo hasta el año pasado.
“En realidad diría que los principales retrasos en los estados lo tenemos por el tema de la falta de personal, de personal capacitad, es el común denominador que vemos en varios de ellos”, dijo Fromow.
Recordó, como este portal también ya publicó, que hay una estrategia especial para agilizar la capacitación de los más de 330 mil policías estatales y municipales para el país, con el compromiso de que todos estén listos a más tardar el 30 de mayo. Dicha estrategia contempla dar talleres recortados de 40 horas a los agentes, en vez de los de 120 horas que implican una formación más integral.
Se ha trabajado también con algunas entidades para verificar como están trabajando. Fromow se refirió al caso concreto de Veracruz en donde se hizo una revisión específica de cómo la entidad está invirtiendo el dinero destinado para la implementación de la reforma, luego de que se recibieron reportes de que no se estaba gastando adecuadamente.
“Veracruz requirió una asesoría técnica para infraestructura en el equipamiento (…) fuimos y analizamos con el Secretario de Finanzas para hacer un replanteamiento de su estrategia para que tengan el equipamiento que se requiere en el estado”, dijo Fromow.
Un país: dos sistemas
El 18 de junio funcionará en todo el país el sistema penal acusatorio sin embargo, el actual sistema penal esencialmente escrito, continuará funcionando ya que por ley las averiguaciones previas que ya estén abiertas y los juicios penales en curso deberán continuarse integrando de la misma forma.
De acuerdo con las estimaciones oficiales, serán de tres a cinco años en que ambos sistemas estarán funcionando de forma paralela, es decir hasta el 2020. Esto, dijo Fromow, implica un reto para las entidades que con recursos y personal similar deberán mantener a flote los dos procedimientos.
Fromow confió en que esto no genera una saturación del sistema toda vez que el nuevo modelo implica que sean menos los casos que lleguen a tribunales. Un análisis hecho por la dependencia señala que la meta es que solo el 1% de los procesos llegue a un juicio oral.
Durante esta etapa de transición, explicó al titular de SETEC, también se continuará invirtiendo en el tema de la implementación del nuevo sistema pues no se trata de un esfuerzo que concluirá una vez que llegue el plazo constitucional.
“Hay entidades como el estado de México, Chihuahua y Nuevo León que aunque ya cumplieron aún están en una mejora continua de su infraestructura. SETEC tiene un plan estratégico de infraestructura y equipamiento visto por lo menos varios años adelante para ver que más se va a necesitar” dijo.
