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Foto: Tomada de cjf.gob.mx

Juicios orales: iniciarán en junio sin personal capacitado, instalaciones ni recursos

Pese a las faltas, el gobierno federal dice que no habrá prórroga y para mayo se culminará la fase de implementación inicial; periodo de transición entre viejo y nuevo sistema se extendería hasta cinco años.
Foto: Tomada de cjf.gob.mx
Por Arturo Ángel
14 de enero, 2016
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El nuevo sistema penal acusatorio privilegia la presunción de inocencia y la oralidad //Foto: Tomada de cjf.gob.mx

El nuevo sistema penal acusatorio privilegia la presunción de inocencia y la oralidad //Foto: Tomada de cjf.gob.mx

Quedan cinco meses de los 8 años de plazo que México tenía para implementar el nuevo sistema penal y hay pendientes en todos lados.

El marco legal está incompleto, incluyendo dos leyes nacionales atoradas en el Congreso; los recursos no sobran: se necesitan 19 mil millones de pesos para la puesta en marcha; el sistema no funciona completo: solo 22% de los estados terminaron; y decenas de miles de policías faltan por ser capacitados.

Pero no habrá prórroga. La titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), María de los Ángeles Fromow, dijo que el sistema entrará en funcionamiento el 18 de junio como mandata la Constitución.

Cursos exprés para policías de 40 horas en lugar de 120, construcción de salas de justicia más sencillas pero suficientes en vez de grandes complejos, asignación obligatoria de la quinta parte de los subsidios de seguridad de un estado y municipio para el nuevo sistema penal, forman parte de la estrategia de la SETEC y los estados para alcanzar a cumplir con la meta.

Lo que sí adelantó es que el nuevo sistema penal acusatorio – que privilegia la presunción de inocencia, medidas alternativas y oralidad – y el sistema actual que sigue vigente, operarán de forma conjunta varios años debido a los casos que ya se iniciaron con el actual y por ley no se pueden transferir al nuevo.

Se tratará, dijo, de una transición de tres a cinco años. Es decir, el actual sistema todavía podría estar funcionando hasta el 2020.

“El 18 de junio se estará operando en todo el  país (el nuevo sistema penal) con todos los derechos, con instalaciones adecuadas pero con la perspectiva de ir mejorando toda la infraestructura. Ese día no se terminará el trabajo (…) además entraremos a una fase de transición con dos sistemas operando” dijo Fromow.

Faltan leyes

Fromow explicó que para el correcto funcionamiento del nuevo sistema penal acusatorio aún hace falta la promulgación de dos normas de carácter nacional, es decir que se aplicarán en todo el país. Una de ellas La ley Nacional de Ejecución de Sanciones, la cual fijará las condiciones en que una persona podrá cumplir su sentencia, ya sea mediante prisión o con penas alternativas que permitan su rehabilitación.

Recordó que una de las ventajas del sistema penal acusatorio es que plantea un mayor número de alternativas –distintas a la cárcel- para quien sea sentenciado, lo que además ayudará a despresurizar los reclusorios que hoy presentan una sobrepoblación superior al 20 por ciento.

“Nos falta el último de los andamiajes.  El cómo ejecutas la sanción penal que se imponga y a la vez cómo reisertas a esa persona adecuadamente en la comunidad y haces la cohesión social. Si tienes medidas cautelares por ejemplo  y cómo vas a reinsertar a esa persona en la comunidad. Es una ley vital”, explicó Fromow.

La otra ley de carácter nacional que falta es la de Justicia para Adolescentes la cual contemplará medidas específicas de tratamiento para los menores de edad que cometan delitos, de acuerdo con los lineamientos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cabe señalar que antes se expidió una Ley Federal de Justicia para Adolescentes pero nunca entró en vigor por múltiples deficiencias que tenía, dijo Fromow.

De acuerdo con al SETEC los proyectos de ambas leyes se encuentra en el Senado y  deberán salir en el actual periodo de sesiones para que se pueda cumplir con la obligación constitucional de que el sistema penal acusatorio funcione integralmente antes de junio.

Fromow destacó por otra parte que hay una miscelánea de leyes que necesitan ser reformadas a partir de lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y cuyas minutas se encuentran ya en la Cámara de Diputados.

Hay 11 leyes federales que necesitamos modificar para la operación; son modificaciones a leyes orgánicas del Poder Judicial, de la defensoría, de la PGR, de distintas áreas que son indispensables para la operación del sistema y que tiene que sirven para volver operativo lo que está en el código nacional” dijo la titular de la SETEC.

Plan B: todos ponen dinero

La estimación al inicio de la administración actual es que se necesitaban 40 mil millones de pesos para lograr la implementación en todo el país de la reforma penal. La SETEC informó que hasta ahora se han invertido cerca de 21 mil millones entre recursos federales y aportaciones de las entidades Es decir, aun se necesitan invertir otros 19 mil millones.

Fromow dijo que ya se presentó esta estimación ante la Secretaria de Hacienda sin embargo, reconoció que difícilmente se tendrá todo ese dinero. De entrada, y como Animal Político publicó en diciembre, confirmó que los recursos para la SETEC tuvieron un recorte de casi el 30% en este año.

En ese contexto dijo que se está haciendo un esfuerzo nacional en distintos frentes. Por ejemplo, se estableció que a partir de este año el 20% de los fondos de seguridad que recibirán las entidades y municipios se destinarán exclusivamente para la implementación de la reforma penal. Además se exhortará a los estados para que puedan incrementar incluso ese porcentaje.

A esto se sumarán los recursos de la Iniciativa Mérida ya traducidos en especie, es decir, en equipos e infraestructura para los tribunales y salas penales de juicio oral, así como para los servicios periciales de las distintas entidades. La funcionaria no precisó a cuánto asciende dicha aportación pero dijo que es un apoyo significativo.

Existe el compromiso de la Embajada de los Estados Unidos de que todas sus aportaciones se recibirán antes del mes de mayo.

“Esto nos permite avanzar mucho más rápido en los requerimientos de los estados y bajo ese contexto tener lo necesario para la operación del sistema… Todos ponemos recursos y todos podemos aportar”, dijo Fromow.

Ranking de estados

De acuerdo con los datos oficiales de la STEEC, hay siete entidades en las cuales ya opera al 100% el sistema penal acusatorio, es decir, con el marco legal ya completo y dando cobertura a todos los delitos. Se trata de Chihuahua, Morelos, Estado de México, Zacatecas, Durango, Yucatán y Nuevo León.

En las 25 entidades restantes el sistema funciona parcialmente ya sea porque no cubre todos los delitos o porque no se aplica en todos los municipios de la entidad.

La información oficial detalla además que el porcentaje de población que vive en una zona donde ya funciona el nuevo sistema es del 68.9 por ciento que equivalen a poco más de 80 millones de personas.

Para tener una mejor medición del avance en la implementación del sistema penal en las entidades,  Fromow dijo que se construyó un ranking a partir de 400 indicadores distintos. A partir de ahí se clasifica a las entidades en una escala del 1 al 10 y a su vez divididas en los niveles óptimo, alto, medio alto, medio, medio bajo, bajo y mínimo.

En ese contexto Nuevo León, Chihuahua y Yucatán figuran como las tres entidades con mayor avance y con una calificación superior a nueve que representan un nivel óptimo. En tanto, las más atrasadas son Baja California Sur con una calificación de 4.5 y Sonora con 3.9, que significa un nivel medio bajo.

La titular de la SETEC destacó el caso de Sonora en donde hubo un esfuerzo nacional y una inversión directa de 200 millones de pesos para que pusiera en marcha la estrategia de implementación de la reforma, toda vez que el estado tenía un avance prácticamente nulo hasta el año pasado.

“En realidad diría que los principales retrasos en los estados lo tenemos por el tema de la falta de personal, de personal capacitad, es el común denominador que vemos en varios de ellos”, dijo Fromow.

Recordó, como este portal también ya publicó, que hay una estrategia especial para agilizar la capacitación de los más de 330 mil policías estatales y municipales para el país, con el compromiso de que todos estén listos a más tardar el 30 de mayo. Dicha estrategia contempla dar talleres recortados de 40 horas a los agentes, en vez de los de 120 horas que implican una formación más integral.

Se ha trabajado también con algunas entidades para verificar como están trabajando. Fromow se refirió al caso concreto de Veracruz en donde se hizo una revisión específica de cómo la entidad está invirtiendo el dinero destinado para la implementación de la reforma,  luego de que se recibieron reportes de que no se estaba gastando adecuadamente.

“Veracruz requirió una asesoría técnica para infraestructura  en el equipamiento (…) fuimos y analizamos con el Secretario de Finanzas para hacer un replanteamiento de su estrategia para que tengan el equipamiento que se requiere en el estado”, dijo Fromow.

implementacion sistema penal

Un país: dos sistemas

El 18 de junio funcionará en todo el país el sistema penal acusatorio sin embargo, el actual sistema penal esencialmente escrito, continuará funcionando ya que por ley las averiguaciones previas que ya estén abiertas y los juicios penales en curso deberán continuarse integrando de la misma forma.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, serán de tres a cinco años en que ambos sistemas estarán funcionando de forma paralela, es decir hasta el 2020. Esto, dijo Fromow, implica un reto para las entidades que con recursos y personal similar deberán mantener a flote los dos procedimientos.

Fromow confió en que esto no genera una saturación del sistema toda vez que el nuevo modelo implica que sean menos los casos que lleguen a tribunales.  Un análisis hecho por la dependencia señala que la meta es que solo el 1% de los procesos llegue a un juicio oral.

Durante esta etapa de transición, explicó al titular de SETEC, también se continuará invirtiendo en el tema de la implementación del nuevo sistema pues no se trata de un esfuerzo que concluirá una vez que llegue el plazo constitucional.

“Hay entidades como el estado de México, Chihuahua y Nuevo León que aunque ya cumplieron aún están en una mejora continua de su infraestructura. SETEC tiene un plan estratégico de infraestructura y equipamiento visto por lo menos varios años adelante para ver que más se va a necesitar” dijo.

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Joshua vs Andy Ruiz: qué es el 'sportswashing' y por qué acusan a los boxeadores de prestarse a esa práctica

Mientras Anthony Joshua se prepara para luchar contra Andy Ruiz en el "Choque en las dunas", Amnistía Internacional sugiere que los sauditas están tratando de "blanquear" su reputación a través del deporte.
7 de diciembre, 2019
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Existen muchos grandes eventos deportivos en Arabia Saudita: por ejemplo, la pelea de Anthony Joshua contra Andy Ruiz tiene atento al mundo del boxeo este fin de semana.

Al combate, hay que sumar la primera carrera de la temporada de Fórmula E, que fue en Riad el pasado noviembre, y los planes de organizar una nueva carrera de F1 allí.

También se anunció recientemente que la Supercopa de España, con el nuevo formato de cuatro equipos también se celebrará en Arabia Saudita durante los próximos tres años.

Una decisión que ha sido muy criticada, con la ministra española de Deportes en funciones, María José Rienda, diciendo que el gobierno no apoyaría la celebración de competencias “en países donde no se respetan los derechos de las mujeres”.

Una declaración clave para entender cómo y por qué Arabia Saudita es el último país en ser acusado de sportswashing o blanqueo de imagen deportivo”: la práctica de usar eventos deportivos para cambiar la percepción pública de un país.

Término nuevo, estrategia antigua

El término “sportwashing”, que combina las palabras en inglés “sport” (deportes) y “washing” (lavar), fue acuñado en 2015.

Pero entonces se usaba para Azerbaiyán, país con riqueza petrolera pero también un historial de violaciones de derechos humanos.

Chelsea celebrando

Etsuo Hara
La final de la Liga Europa se celebró en Bakú, Azerbaiyán, a pesar de muchas quejas.

Ese año, después de haber patrocinado al Atlético de Madrid, Azerbaiyán apostó por mejorar su imagen con el deporte.

Invirtieron dinero en la organización de los “Juegos Olímpicos Europeos” y un año después organizó su primera carrera de Fórmula 1, inicialmente bajo el nombre de Gran Premio de Europa pero luego simplemente se llamó el Gran Premio de Azerbaiyán.

Bakú también se hizo con la final de la Liga Europa 2019.

Y ahora, cuando se busca el nombre del país en internet, te encuentras, por ejemplo, éxitos de la F1 o de atletismo, haciendo que las violaciones de los derechos humanos bajen de posición.

Cuando el nombre del país aparece en las noticias, suele ser más en el contexto de grandes eventos deportivos y figuras de alto perfil.

Y, sutilmente, esperan los estrategas, ver a estas figuras jugando en ese país transmite al público la señal de que las cosas no pueden ser tan malas allí.

La palabra puede ser nueva pero la práctica no. La Sudáfrica del apartheid participó en muchos esfuerzos para organizar eventos deportivos, incluido una carrera de F1 en la década de 1980 que fue muy controvertida.

Deporte en vez de abusos

Ahora, según sugiere Amnistía Internacional, Arabia Saudita está haciendo lo mismo. La organización defensora de los derechos humanos no quiere que pase a un segundo plano el historial “abismal” de ese país.

Se han implantado fuertes restricciones a la libertad de expresión y a los derechos de las mujeres, al igual que el uso de la pena de muerte para delitos no reconocidos como crímenes por el derecho internacional.

El asesinato del periodista Jamal Khashoggi dentro de la embajada de este país en Turquía también ocupa un lugar destacado en la conciencia mundial.

Seguridad llevándose a una manifestante

Getty Images
Los servicios de seguridad en los Juegos Olímpicos de Pekín se llevaban rápidamente a cualquiera que protestara por la causa tibetana.

Los sauditas tal vez esperan que, a través del deporte, la gente piense menos en estas cosas y más en los grandes momentos deportivos cuando escuchen las palabras “Arabia Saudita”.

La teoría dice que el “sportwashing” funciona particularmente bien por dos razones.

Primero, está el hecho de que la mayoría de los organismos que rigen el deporte insisten en que sus eventos son apolíticos.

La separación del deporte y la política es intrínseca para muchos de ellos. La FIFA castiga a los países donde el gobierno intenta desempeñar un papel en la federación de fútbol de la nación, hasta el punto de vetarlos de torneos.

Esto hace que resulte atractivo para las naciones donde el debate político es limitado. Existe una presión activa de organizaciones como la FIFA o el Comité Olímpico Internacional para que los temas controvertidos se mantengan alejados de sus eventos.

El COI fue muy cauteloso con las protestas pro-Tíbet en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, por ejemplo. Y a los suizos Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri, la FIFA casi los suspende por celebrar goles contra Serbia con un gesto que imitaba la bandera albanesa en el Mundial de 2018.

El efecto Streisand

Fórmula E

Getty Images
El Diriyah E-Prix en Riad abrió la temporada de Fórmula E.

La segunda razón es que, si bien los temas controvertidos se mencionan mientras se prepara un evento, una vez que este comienza, el enfoque inevitablemente se pone en el deporte y eso no cambia.

El gran volumen de historias, una Copa del Mundo tiene hasta cuatro partidos cada día, lo que significa que no hay oportunidad para que los periodistas se concentren en otra cosa.

Las historias sobre protestas en Brasil por el costo de los Juegos Olímpicos de Río 2016, por ejemplo, desaparecieron una vez que el evento empezó. Simplemente, había demasiadas cosas ocurriendo a la vez.

Amnistía Internacional dijo que Anthony Joshua está siendo “engañado” al aceptar pelear en Arabia Saudita y agregó que “cualquiera que haya criticado al régimen ha sido exiliado, arrestado o amenazado”.

“No hay nada parecido a libertad de expresión o derecho a protestar”, denuncia AI.

Pero Joshua respondió que, si bien le daba las gracias a los grupos de derechos humanos que “expresaban su opinión”, sentía que era mejor interactuar con el régimen que simplemente “acusar, señalar con el dedo y gritar desde Reino Unido“.

Añadió que un hombre no podía “ponerse una capa y salvar al mundo”.

Pero, solo el hecho de que Joshua tenga que responder preguntas como esas ya es algo que los organizadores de la pelea quizás no hubieran querido.

Es posible que al tratar de hacer “sportwashing”, los países terminen creando su propia versión del efecto Streisand, por el cual terminan llamando la atención sobre lo que estaban buscando esconder.


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