Corte falla a favor de 469 alumnos de Michoacán e impide que la universidad les cobre cuotas
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Corte falla a favor de 469 alumnos de Michoacán e impide que la universidad les cobre cuotas

Los ministros consideraron que la gratuidad de la educación, incluida en la Constitución de Michoacán, está por encima de la autonomía universitaria; el abogado de los estudiantes espera que el caso siente jurisprudencia.
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Por Nayeli Roldán
14 de enero, 2016
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El Dr. Serna González, rector de la Universidad Nicolaíta. Foto: Cuartoscuro

El Dr. Serna González, rector de la Universidad Nicolaíta. Foto: Cuartoscuro

Los 469 alumnos que se ampararon para no pagar la cuota de inscripción en la Universidad Nicolaíta desde 2014 podrán continuar con sus estudios sin la obligación de hacer los pagos, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó un proyecto de sentencia que apoyaba la facultad de las universidades para aplicar cuotas.

Los ministros José Ramón Cossío, Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez y Norma Piña consideraron que la gratuidad de la educación —incluida en la Constitución de Michoacán— está por encima de la autonomía universitaria, luego de analizar el caso de María Ángeles Cárdenas, el primero sobre este tema que llegó al máximo tribunal del país.

En la sesión pública de este miércoles 13 de enero, con cuatro votos a favor, la Primera Sala de la Corte desechó el proyecto de sentencia del ministro Mario Pardo Rebolledo, por lo tanto, el caso será turnado a otro ministro para que elabore una nueva propuesta de resolución.

Jorge Álvarez, abogado que lleva el caso, aseguró a Animal Político que esta es una buena noticia para miles de universitarios michoacanos porque los ministros están reconociendo que las cuotas vulneran el derecho a la educación gratuita.

Los cuatro ministros se pronunciaron en el mismo sentido: la autonomía universitaria no la exime de hacer cumplir la Constitución. José Ramón Cossío advirtió que “la autonomía universitaria no genera independencia respecto de los gobiernos estatales y el derecho de gratuidad, en el caso concreto de Michoacán, debe permanecer y no hacerse regresivo”.

Por lo tanto, la judicialización del caso continuará este año, hasta que otro ministro elabore un proyecto y que la votación respectiva siente jurisprudencia sobre el pago de cuotas.

El proyecto desechado

Después de que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo decidió restablecer la obligatoriedad de las cuotas de inscripción por 420 pesos en 2014, 792 alumnos interpusieron amparos; de ellos jueces de distrito admitieron el caso de 469.

Argumentaron que la Constitución de Michoacán protegía el derecho a la educación gratuita, luego de la reforma aprobada en 2012, en la cual se establece que “toda educación que el Estado imparta será gratuita”, desde preescolar hasta nivel universitario.

Después de la reforma Constitucional, el exgobernador Leonel Godoy firmó un convenio con la universidad, en el que se comprometía a que el gobierno estatal destinaría los recursos suficientes para que absorber el pago de cuotas para que los estudiantes ya no desembolsaran dicho pago.

Sin embargo, el exrector Salvador Jara argumentó que la universidad ya no tenía recursos para seguir subsidiando el pago de cuotas, pues el gobierno estala no había renovado el convenio durante 2012 y 2013.

Finalmente, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán concedió los amparos a los estudiantes, lo que les permitió continuar con sus estudios sin necesidad de pagar cuotas de inscripción.

La Universidad se inconformó con la decisión y pidió a la Suprema Corte de Justicia atraer el caso. El de la alumna María Ángeles Cárdenas fue el primero en llegar a la Primera Sala y el ministro Pardo Rebolledo sustentó en su proyecto de resolución que las universidades estaban en su derecho de imponer las cuotas necesarias, debido a la autonomía.

El ministro sostenía que “la reforma constitucional de gratuidad de la educación media y superior en Michoacán no obliga a un organismo descentralizado como lo es la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, porque en ejercicio precisamente de su autonomía puede establecer cuotas de inscripción y colegiaturas para que se pueda ingresar a ella y exigir los recursos correspondientes”.

Después de exponer diversas consideraciones, el ministro Pardo afirmaba que el derecho a la educación “sí puede limitarse”, pues en este caso, “la propia autonomía encierra precisamente una excepción o limitación al propio derecho a la gratuidad respecto de la educación que imparta el Estado”.

Pero ante la negativa de cuatro ministros por esta interpretación de la ley, el caso de María Ángeles y los 468 alumnos restantes continúa como hasta ahora; es decir, sigue vigente el amparo que ganaron en tribunales de Michoacán y seguirán estudiando sin necesidad de pagar cuotas de inscripción.

El abogado Jorge Álvarez espera que el próximo proyecto de sentencia tome en cuenta la gratuidad de la educación como derecho Constitucional y, por lo tanto, ninguna institución de educación, en todos los niveles, podría imponer cuotas de inscripción obligatorias y el gobierno estatal debería etiquetar los recursos suficientes.

El proyecto desechado consideraba que la Universidad Nicolaíta no era parte del Estado al ponderar la autonomía, pero este argumento no se sostiene debido a la Constitución local, asegura el abogado.

Además, el argumento de que la universidad no tiene recursos debido a que el gobierno local no renovó convenios, “para hacer efectivos los derechos establecidos en la Constitución, no es necesario el establecimiento de convenios”, dice Álvarez.

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Rusia y Ucrania: documentan detenciones y secuestros de civiles ucranianos en las zonas controladas por los rusos

La ONU ha identificado 36 casos de políticos, periodistas y activistas que han sido "secuestrados" en territorio ucraniano.
25 de marzo, 2022
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Los ucranianos están siendo detenidos arbitrariamente y sometidos a desapariciones forzadas en áreas controladas por Rusia, le dijo la ONU a la BBC.

La ONU verificó al menos 36 casos de detenciones de civiles, y en varios casos a las familias se les negó cualquier información sobre el destino de los detenidos.

Los ucranianos dicen que temen una creciente campaña de secuestros e intimidación, mientras que Rusia lucha por afirmar el control sobre las ciudades que captura.

Viktoriia Roshchyna, periodista, estaba trabajando en áreas ocupadas en el este del país cuando unos hombres no identificados se la llevaron el 15 de marzo.

El medio para el que trabaja, Hromadske Media, dijo que “probablemente fue detenida por el FSB”, el servicio de inteligencia interno de Rusia, según los relatos de testigos de su secuestro en la ciudad de Berdiansk.

Fue liberada seis días después cuando un video estilo rehén, aparentemente grabado bajo coacción, comenzó a circular en los medios prorrusos de Telegram. En él, Roshchyna dijo que Rusia no la había tomado cautiva y agradeció a las fuerzas de Moscú por “salvarle la vida”.

Periodistas y representantes locales

Svetlana Zalizetskaya, una periodista de la ciudad ocupada de Melitópol, acusó a las fuerzas rusas de tomar como rehén a su padre de 75 años como castigo por negarse a cooperar con la nueva administración.

Zalizetskaya, directora de la agencia de noticias local RIA Melitópol, escribió en Facebook que su padre había sido detenido después de su reunión con el líder de la ciudad instalado por Rusia. En la publicación se negó a dejar de criticar la invasión.

Dijo que recibió una llamada telefónica de sus captores, en la que su padre le informó que estaba retenido “en algún sótano” y dijo que “no sabía qué querían de él”.

Sus captores exigieron que Zalizetskaya, quien se comprometió a “contarle al mundo las atrocidades” cometidas por las fuerzas de Moscú en Melitópol, se entregase.

El Sindicato Nacional de Periodistas de Ucrania dijo que cuatro periodistas también habían sido detenidos y luego liberados en Melitópol.

El jefe del sindicato, Sergiy Tomilenko, dijo que las detenciones eran parte de “una ola de limpieza de información” que tenía como objetivo la “intimidación de periodistas y figuras públicas”.

Un portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos (ACNUDH), cuya misión de monitoreo en Ucrania ha estado documentando los secuestros, le dijo a la BBC que los objetivos “son en su mayoría representantes de las comunidades locales, periodistas y personas que hablaron sobre sus posiciones proucranianas“.

Pero dijeron que no pudieron evaluar si los detenidos forman parte de “listas específicas supuestamente elaboradas por funcionarios de seguridad rusos”.

En febrero, funcionarios estadounidenses enviaron una carta a la ONU advirtiendo que Rusia había elaborado una “lista de muerte” de ucranianos para ser atacados o detenidos tras la invasión del país.

Algunas fuentes han sugerido que un hackeo de una aplicación de servicios digitales de Ucrania en enero pudo haber ayudado a Rusia a identificar objetivos; mientras que el Royal United Services Institute ha especulado con que un hackeo del registro nacional de seguros de automóviles de Ucrania pudo haber permitido que los servicios de seguridad identificaran las ubicaciones de los objetivos.

Las fuerzas rusas han detenido a varios funcionarios en las partes ocupadas de Ucrania en las últimas semanas. En la ciudad sureña de Melitópol, el alcalde Iván Fedorov fue secuestrado por las tropas rusas a principios de este mes.

Al hablar sobre su detención con los medios locales, Fedorov alegó que otros detenidos en el centro al que fue llevado estaban siendo torturados.

“No me tocaron físicamente, pero créeme, siete hombres armados eran suficientes para dejar clara su posición”, dice Fedorov. “En la celda de al lado alguien estaba siendo torturado, había gritos que generaban mucha presión psicológica”.

“Tratan de acusarlos de sabotaje y apretar los dedos en la puerta para que digan de qué ejército son, pero son solo residentes locales”.

Se han producido presuntos secuestros en varias otras ciudades, incluida Nova Kajovka en el norte, donde desapareció el secretario del ayuntamiento; y en Bucha, donde el ayuntamiento local le dijo a la BBC que seis empleados fueron detenidos y luego liberados después de una redada rusa.

Advertencias a los parlamentarios

La parlamentaria ucraniana Alyona Shkrum dijo que creía que las detenciones probablemente aumentarían a medida que Rusia enfrenta una falta de cooperación y una mayor resistencia en las regiones ocupadas.

“Estoy segura de que Putin pensó que sería como en Crimea: vienen, se apoderan de los edificios administrativos y el alcalde dice ‘cooperamos, ahora seré su alcalde, ¿qué mas da?'”, le dijo a la BBC.

“No sucedió en absoluto aquí… Nadie, ni siquiera de partidos prorrusos, accedió a hacer lo que los soldados rusos querían que hicieran”.

Shkrum, una parlamentaria prooccidental, le dijo a la BBC que los servicios de seguridad ucranianos le advirtieron que probablemente estaba en una lista negra rusa y que evitara su apartamento en Kiev.

“Prácticamente hay dos listas”, dijo. “Una lista de personas para ser asesinadas, como miembros del parlamento, que en su mayoría son personas con las que (Rusia) siente que no puede cooperar. Y una lista de personas para ser tomadas como rehenes y llevadas a Moscú y obligadas a votar sobre algo”.

“También tengo sanciones en mi contra en Rusia, así que supongo que estoy en la lista para ser asesinada o capturada”, agregó Shkrum.

Vecinos temen campañas de detenciones

Los secuestros no se han limitado a figuras públicas. También se ha detenido a algunos civiles y exmiembros de las fuerzas armadas.

Mattia Nelles, un analista político ucraniano, le dijo a la BBC que su tío, exmédico del ejército ucraniano que luchó en Donbás entre 2016 y 2018, había sido atacado por soldados rusos en la ciudad oriental de Svatove”.

“Las fuerzas de seguridad de la Federación Rusa llegaron a su casa y lo buscaron”, dijo Nelles. “Por suerte, no estaba en su casa, pero los vecinos confirmaron que lo buscan”.

Nelles dijo que no estaba claro qué elementos de las fuerzas rusas estaban detrás de la ola de detenciones, pero en el caso de su tío dijo que las tropas eran una mezcla de personal del ejército y algunas otras fuerzas de seguridad. Solo podemos especular si es FSB, no llevaban insignias”.

Teme que la campaña de arrestos se itensifique en los próximos días. Observó que en las áreas del sur, como Jersón, hasta ahora “la cantidad de arrestos parece relativamente baja” y algunas de las listas parecen estar “elaboradas sobre la marcha” a medida que las fuerzas rusas identifican a los que se resisten a la ocupación.

“Los vecinos temen que estamos viendo el comienzo de una campaña sostenida”, advirtió.


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