[contextly_sidebar id=”DrDMy6t5x5XJRaun5U3mTwyFwTGseqc7″]Anaïs Huerta conoce pocos detalles de la vida de su tío abuelo Félix Llorente Gutiérrez.
Sólo sabe, por lo que alguna vez le escuchó decir a su abuela, que Félix “era un hombre agradable y muy cariñoso”. Que a sus 27 años tuvo una esposa y un hijo a los que también se les perdió la pista. Y que desapareció hace 80 años tras el estallido de la Guerra Civil Española, cuando las tropas fascistas en Medina del Campo, Valladolid, lo encarcelaron un 15 de agosto de 1936 por su ideología de izquierda y su militancia en el sindicato ferrocarrilero.
Desde entonces, el silencio.
Un silencio impertérrito que se ha prolongado durante ocho décadas. Primero, durante el régimen del general Francisco Franco, quien perpetuó una férrea dictadura durante 39 años. Y luego, con la llegada de la transición y con la democracia actual, en la que las autoridades españolas no han abierto ni una investigación sobre las 114 mil 266 desapariciones forzadas que, según denunciaron familiares ante una Corte en 2006, tuvieron lugar en España entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951.
El caso argentino que “puede ayudar a miles de víctimas” en México
Por eso, impulsada por un precedente en Argentina -una jueza de ese país acaba de conseguir que la justicia española ordene exhumar el cadáver de una víctima del franquismo para entregárselo a su hija de 90 años-, Anaïs explica que acudió a la justicia mexicana para que la ayuden a hacer lo que en España no quieren ni oír hablar por temor a reabrir viejas heridas: que se investigue qué suerte corrió Félix aquel 15 de agosto y que el crimen no prescriba, que se determinen responsabilidades, y que encuentren sus restos para que la familia pueda estar en paz.
“México fue un país que nunca apoyó al franquismo y que además recibió a más de 27 mil exiliados después de la Guerra Civil –recuerda Anaïs, cineasta residente en México desde hace 10 años-. Por eso tengo esperanza en que la justicia mexicana investigue este caso, porque si lo hace, además puede abrir otro precedente para investigar los casos de desapariciones forzadas que son un problema enorme en México”.
Acompañada por Amnistía Internacional (AI), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), la joven nacida en Canadá pero de padre y familia española interpuso ayer martes 26 de enero una denuncia en la PGR “contra quien o quienes resulten responsables” en España por la desaparición de Félix -aquí puedes leer el comunicado íntegro de AI-.
Y para acompañar la querella, Anaïs subraya que puso a disposición de la fiscalía mexicana “todas las pruebas” que consiguió durante cinco años de investigación que ella misma y su padre llevaron a cabo.
Entre esas pruebas, por ejemplo, se adjuntó la ubicación exacta de una vieja bodega subterránea de vinos en Medina del Campo, donde Anaïs cree que yacen los restos de su tío abuelo, junto con los de al menos otras 200 víctimas.
“En esa bodega hay cientos de restos. Eso algo que sabe todo el pueblo desde hace años. De hecho, el actual dueño nos dijo que de adolescente entró a la bodega y vio montones de calaveras”, cuenta la cineasta, quien tras el hallazgo acudió a un reputado perito forense para intentar hallar en ese rompecabezas a su pariente. Pero no lo logró, debido a la falta de colaboración de las autoridades que no les dieron acceso a los archivos de la guerra civil, por lo que la búsqueda “se quedó estancada” en ese punto.
“Lo que buscamos con esta denuncia es que el estado español, y no las asociaciones civiles ni las familias, sea el que investigue qué sucedió con mi familiar, que nos den acceso a los archivos, y que nos permitan exhumar los restos. Pero, por ahora, en España no se puede hacer nada. Las puertas están absolutamente cerradas. Por eso acudí a Amnistía Internacional y a México, para presionar desde afuera”, dice Anaïs en una entrevista con Animal Político.
Con 22 mil desapariciones, ¿México indagará este caso?
Cuando se le pregunta a Perseo Quiroz, director de la oficina de Amnistía Internacional México, si es buena idea pedir a la PGR que investigue un caso de desaparición forzada en España de hace 80 años, máxime teniendo en cuenta que en México se calcula que hay más de 22 mil personas desaparecidas, éste asiente con la cabeza para, a continuación, contestar que la ley los ampara.
“Es cierto que aquí hay una grave crisis de derechos humanos, y así lo hemos expuesto en numerosos informes -apunta Quiroz-. Pero, por otra parte, se da la paradoja de que México es uno de los países con un marco legislativo para la defensa de los derechos humanos más avanzados del mundo”.
“La legislación mexicana establece que cuando un crimen se comete en el extranjero pero continúa teniendo efectos en México, las autoridades de este país son competentes para investigar el delito. Y aunque la desaparición forzada fue en España, puesto que Anaïs lleva 10 años en México como residente, esta desaparición continúa generando efectos”, argumenta el activista. “Por eso es crucial que las autoridades mexicanas garanticen, en colaboración con la justicia española, la realización de todas las diligencias de prueba necesarias para el esclarecimiento de este caso, y a su vez, el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de Anaïs”.
Asimismo, Quiroz opina que México está ante una oportunidad para demostrar que busca combatir el problema de la desaparición forzada, especialmente tras el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el cual cumplió ayer 16 meses sin que se haya esclarecido.
“La reputación de México a nivel internacional está abollada. Y si de verdad el Estado quiere empezar a dar señales de que busca recomponer la situación, debe empezar a tomar decisiones tanto en el interior como en el exterior. Y este caso de Félix sería una buena oportunidad para demostrar esa congruencia”, recalca el responsable de Amnistía, quien, no obstante, advierte que acudirán “a instancias internacionales de justicia” si la fiscalía rechaza o ignora la denuncia.
“Estamos, en definitiva, ante un tema que puede beneficiar a España, pero también a miles de familias mexicanas que tienen víctimas de desaparición. Porque si se acepta investigar, estaríamos abriendo precedentes judiciales sobre desaparición que, hasta ahora, no se han dado en este país”, remata Quiroz la argumentación.
Por su parte, Anaïs Huerta hace hincapié en que cuando se trata de un crimen de lesa humanidad no debería importar la nacionalidad de la víctima para iniciar una investigación en cualquier parte del mundo, ni tampoco que hayan pasado 80 años.
“Hay quienes dicen que hay que pasar la página. Y claro, se puede cerrar el libro, pero siempre que se escriba primero qué fue lo que pasó, porque en España hay una generación de jóvenes que no saben lo que pasó –lamenta la cineasta, que concluye-. No saben que hay mucha gente que se está muriendo sin que antes puedan enterrar dignamente a su padre o abuelo”.
