[contextly_sidebar id=”ashjHRQuaJm2yhMty8h0Hl51D97KrHYF”]Tras una estancia de 22 horas, la diputada de Sinaloa Lucero Guadalupe Sánchez López salió de las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), donde se reservó su derecho a declarar sobre la presunta falsificación de documentos.
Su abogado Rubén Tamayo señaló que la situación jurídica de la diputada local cambió al pasar de testigo a indiciada por el uso de documentos falsos para visitar al ‘Chapo’ en el penal del Altiplano.
Será en las próximas horas cuando la SEIDO analice si consigna la averiguación sin detenido, lo que podría dar inicio a un proceso de desafuero.
La diputada de Sinaloa abandonó las instalaciones de la PGR alrededor de las 19:15 horas de este jueves 21 de enero.
Elementos de la Policía Federal detuvieron el miércoles 20 de enero a la diputada y la trasladaron a las instalaciones de la SEIDO en calidad de testigo.
Los agentes federales procedieron luego de que se emitió una orden de localización en contra de Sánchez López.
De acuerdo con el artículo 111 constitucional, para proceder penalmente, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.
“Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”, indica la Constitución.
Sánchez López renunció a la bancada del PAN en el Congreso de Sinaloa. La renuncia ocurrió días después de que la procuradora General de la República, Arely Gómez, afirmó que se investiga a la diputada por haberse reunido supuestamente con Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán.
