6 premios Nobel respaldan investigación del GIEI, ante campaña de desprestigio
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6 premios Nobel respaldan investigación del GIEI, ante campaña de desprestigio

A través de una carta, las ganadoras del Nobel pidieron al gobierno de México "descartar cualquier intento de desacreditar la integridad o las contribuciones de cualquiera de los integrantes del grupo de expertos".
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Por Paris Martínez
4 de febrero, 2016
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Los padres adelantaron que el 15 de enero se reunirán con autoridades federales. // Foto: Archivo Cuartoscuro

Los padres adelantaron que el 15 de enero se reunirán con autoridades federales. // Foto: Archivo Cuartoscuro

Seis defensoras de los derechos humanos, reconocidas con el Premio Nobel de la Paz, demandaron al gobierno mexicano “mantener su compromiso” de apoyar la investigaciones que realiza el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, en torno a la desaparición de 43 alumnos de Ayotzinapa, así como por el asesinato de otros tres.

A través de una misiva, hecha pública el pasado 1 de febrero, el grupo de ganadoras del premio Nobel –integrado por Jody Williams, Ribogerta Menchú, Shirin Ebadi, Mairead Maguire, Tawakkol Kaman y Leyma Gbowee– exigió a las autoridades mexicanas “descartar cualquier intento de desacreditar la integridad o las contribuciones de cualquiera de los integrantes del GIEI”.

La misiva de estas seis Nobel de la Paz se da después de que, desde finales de 2015, los activistas María Isabel Miranda de Wallace y José Antonio Ortega comenzaron una campaña de denostaciones en contra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano continental que nombró al GIEI, y cuya autoridad reconoce el Estado mexicano.

Luego de que, en septiembre de 2015, el Grupo de Expertos presentara los resultados preliminares de su investigación –en los cuales refutaba las conclusiones oficiales de la Procuraduría General de la República–, María Isabel Miranda de Wallace afirmó que detrás de este reporte preliminar estaba un intento de Emilio Álvarez Icaza (secretario ejecutivo de la CIDH) por obtener una candidatura del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La acusación de María Isabel Miranda, sin embargo, no vino acompañada de ninguna evidencia.
Por su parte, José Antonio Ortega denunció que el objetivo de la CIDH y de su Grupo de Expertos es “desacreditar por completo a las instituciones públicas del país y desestabilizarlas, para así favorecer un proyecto electoral, específicamente el de Andrés Manuel López Obrador”.

Al igual que Miranda de Wallace, cuando formuló esta acusación, José Antonio Ortega tampoco presentó pruebas de su dicho.

Al respecto, la misiva de las Nobel de la Paz destaca: “Nosotras urgimos enérgicamente a las autoridades a descartar cualquier intento de desacreditar la integridad o las contribuciones de cualquiera de los integrantes del GIEI, ya que es importante que la confianza pública en el proceso no se vea disminuída. Es de suma importancia que la seguridad de todos los miembros del Grupo de Expertos esté garantizada, para que puedan desarrollar su trabajo”.

Las firmantes de la misiva son:

– Jody Williams, quien obtuvo el Nobel de la Paz en 1997 por su lucha contra el uso de minas antipersonales y bombas de racimo durante conflictos bélicos, así como por la limpieza de zonas minadas.

– Rigoberta Menchú, ganadora del Nobel de la Paz en 1992 por su defensa de los ciudadanos guatemaltecos, básicamente indígenas y campesinos, sobre los que la dictadura de ese país aplicó una campaña armada de exterminio, durante la guerra civil de 30 años en ese país.

– Shirin Ebadi, abogada iraní que obtuvo el Nobel de la Paz en 2003 –convirtiéndose así en la primera mujer musulmana en recibir esta distinción– por su defensa de los derechos de las mujeres en este país, donde este sector de la población no goza de igualdad ante la ley ni los mismos derechos y privilegios que los hombres. Asimismo, es destacada su defensa de los derechos de la infancia, y de los derechos civiles y políticos de la población iraní en general, luego de la “revolución” islámica de 1979.

– Mairead Maguire es una luchadora social que obtuvo el Nobel de la Paz en el 76, tras encabezar el Movimiento por la Paz de Irlanda del Norte, integrado lo mismo por católicos que por protestantes, y que impulsó una salida político al conflicto que por décadas sostuvieron las fuerzas armadas británicas y el grupo independentista conocido como Ejército Republicano Irlandés.

En 2009, además, fue detenida por el gobierno de Israel, cuando tripulaba –junto a otros 20 activistas– un pequeño barco con ayuda humanitaria, que intentó romper el cerco naval impuesto por el estado hebréo sobre la Franja de Gaza, y que en ese momento amenazaba con causar una crisis humanitaria en ese enclave palestino.

– Tawakkol Kaman es la primer mujer árabe que obtuvo el Nobel de la Paz, en 2011, tras encabezar el grupo Mujeres sin Cadenas, en Yemen, donde además fue figura emblemática de las jornadas pacíficas conocidas como Primavera Árabe.

– Leyma Gbowee fue reconocida con el Nobel de la Paz en 2002. Desde la adolescencia dio asistencia a las niñas y niños afectados por la guerra civil en Liberia, muchos de ellos reclutados o esclavizados por las fuerzas en pugna. En 2002 fundó el movimiento Mujeres de Liberia, Acción Masiva por la Paz, que comenzó con un pequeño grupo de mujeres que oraban en un mercado, que en poco tiempo se convirtió en un conglomerado de miles de mujeres cristianas y musulmanas.

Este movimiento obligó al reinicio de negociaciones de paz y, en 2002, al establecimiento de un acuerdo que puso fin a la guerra y al inicio de un proceso de democratización, que llevó a la elección de Ellen Johnson Sirleaf como presidenta de Liberia. La primer mujer presidenta de un país africano.

A continuación, te presentamos de forma íntegra la carta dirigida a las autoridades mexicanas:

“México debe dar apoyo total a la investigación independiente sobre Ayotzinapa”
Febrero 1, 2016

El caso de Ayotzinapa –en el que tres estudiantes fueron asesinados y 43 más fueron desaparecidos de manera forzada en la localidad de Iguala, en el estado del sureste mexicano de Guerrero, en septiembre de 2014– es una prueba importante del compromiso de México ante la justicia.

Como ganadoras del Nobel de la Paz, llamamos a las autoridades mexicanas a mantener su compromiso con la investigación, imparcial e independiente, que sobre la desaparición de los estudiantes realizan la Procuraduría General de la República y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El GIEI está integrado por cinco distingidos profesionales de los derechos humanos, con amplia experiencia en casos que involucran desaparición: Claudia Paz y Paz, Carlos Martín Beristain, Ángela Buitrago, Francisco Cox Vidal y Alejandro Valencia Villa.

El GIEI fue creado en noviembre de 2014 mediante un acuerdo establecido entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado Mexicano y representantes de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.

Públicamente queremos expresar nuestro reconocimiento ante el hecho de que dos integrantes del grupo de expertos internacionales son mujeres, profesionales del derecho con antecedentes sobresalientes en el abordaje de casos controversiales, como en el caso de la ex fiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz, quien supervisó la investigación contra el dictador guatemalteco general Efraín Ríos Montt, por crímenes contra la humanidad cometidos durante la guerra civil de 36 años en Guatemala. Asimismo, Ángela Buitrago es una abogada especializada en derechos humanos. Ambas mujeres han abordado casos difíciles, con gran riesgo para su seguridad.

En otoño pasado, el gobierno mexicano acordó extender el mandato del grupo hasta abril de 2016 –así como hacer cambios en la forma en la que la PGR está llevando la investigación, incorporando las recomendaciones formuladas por el Grupo de Expertos. El GIEI presentó sus resultados preliminares en septiembre, en una conferencia de prensa con la presencia de las familias de los estudiantes desaparecidos.

Nosotras urgimos enérgicamente a las autoridades a descartar cualquier intento de desacreditar la integridad o las contribuciones de cualquiera de los integrantes del GIEI, ya que es importante que la confianza pública en el proceso no se vea disminuída. Es de suma importancia que la seguridad de todos los miembros del Grupo de Expertos esté garantizada, para que puedan desarrollar su trabajo.

Aquí puedes consultar el texto íntegro en inglés, difundido por la Iniciativa de Mujeres Nobel .

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Vacunas COVID: A qué se debe el secretismo que rodea los contratos entre los gobiernos y las farmacéuticas

Los detalles de los contratos entre algunas grandes farmacéuticas y los gobiernos son confidenciales, lo que ha provocado críticas y sospechas.
28 de enero, 2021
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El mundo entero se disputa una plaza para recibir la vacuna contra el coronavirus, un bien todavía demasiado escaso y producido por pocos laboratorios farmacéuticos.

Los gobiernos firman contratos con las compañías que han desarrollado esas vacunas en tiempo récord y, sin embargo, información crítica de esos acuerdos permanece oculta para el gran público debido a estrictas cláusulas de confidencialidad.

Cuánto cuestan o cómo se distribuirán son detalles que en la mayoría de los casos la ciudadanía desconoce, porque así lo exigen los acuerdos firmados.

En Perú, por ejemplo, las negociaciones entre el gobierno y la compañía Pfizer encallaron por este motivo. Y en Colombia el gobierno afirma que las cláusulas de confidencialidad le impiden ofrecer aún un cronograma claro de vacunación.

El problema es mundial.

En respuesta a una petición de información en el Parlamento Europeo a mediados de noviembre, la comisaria de Salud, Estela Kiriakides, afirmó: “Debido a la naturaleza altamente competitiva de este mercado, la Comisión está legalmente imposibilitada para desvelar la información que contienen estos contratos”.

Y la ministra belga de Presupuesto, Eva de Bleeker, tuvo que retirar poco después de publicarlo un mensaje en Twitter en el que recogía la lista de precios de los laboratorios con los que había negociado la UE.

A las quejas por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por algunos fabricantes de vacunas, se suman ahora las de las voces que exigen mayor transparencia en un asunto de salud pública vital.

Y la polémica sigue subiendo de tono, sobre todo en la Unión Europea (UE), enojada después de que los laboratorios Pfizer y AstraZeneca le comunicaran que no estarán en condiciones de suministrar al bloque la cantidad de dosis iniciales acordadas.

Ello ha llevado a que, según fuentes de la UE citadas por la agencia Reuters, desde Bruselas se les exija a las farmacéuticas que hagan públicos los términos de los contratos y amenace con controlar las exportaciones de las vacunas producidas en Europa.

¿Por qué tanto secreto?

Una práctica habitual

Según Jonathan García, experto en salud pública en la Universidad de Harvard, en EE.UU., “esto no es nada nuevo; es frecuente que en los contratos entre los sistemas de salud de los países y las farmacéuticas se incluyan cláusulas de confidencialidad”.

“Los laboratorios buscan fraccionar el mercado para poder negociar precios distintos con los distintos países”, añade.

Esto les permite negociar con los países en función de sus recursos, ofreciéndoles precios más bajos a los países pobres o en desarrollo y exigiendo cantidades más altas a los más ricos.

La compañía AstraZeneca ha revelado que la vacuna que ha desarrollado en colaboración con la Universidad de Oxford tendrá un coste aproximado de entre 3 y 4 dólares por dosis (se requieren dos). Pero el suyo es por ahora un caso excepcional.

Además de los precios, se mantienen muchas veces en secreto la información relativa a la producción y logística, y las conocidas como cláusulas de responsabilidad.

En ellas se estipulan límites a la responsabilidad de los laboratorios en el caso de posibles efectos adversos de los medicamentos y se indica que si hay diferencias no las resolverán los tribunales nacionales, sino unas cortes especiales de arbitraje internacional.

Vacuna de Pfizer.

Reuters
Pfizer es una de las compañías señaladas por la exigencia de confidencialidad en los contratos.

Las voces que reclaman mayor transparencia alertan de que la urgencia por el desarrollo de una vacuna para una enfermedad que se ha cobrado ya más de dos millones de vidas en todo el mundo ha podido llevar a los gobiernos a aceptar limitaciones de responsabilidad aún mayores.

En la Estrategia para la Adquisición de Vacunas que hizo pública la Comisión Europea se decía que “la responsabilidad por el desarrollo y el uso de la vacuna, incluida cualquier indemnización específica requerida, recaerá sobre los Estados miembros que la adquieran”.

El caso de Perú

Un país de América Latina, Perú, se ha convertido en ejemplo destacado de los problemas que acarrea esta limitación de responsabilidad para las farmacéuticas.

Las negociaciones del gobierno peruano con la compañía Pfizer para la adquisición de la vacuna no cuajaron porque, según dijo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, “se identificaron algunas cláusulas que requerían un análisis más profundo para determinar la compatibilidad con las leyes peruanas y los alcances que puede asumir el Estado”.

BBC Mundo trató de contactar con Pfizer, pero no obtuvo respuesta.

La falta de acuerdo con Pfizer llevó a las autoridades peruanas a buscar otras opciones, como la vacuna del fabricante chino Sinopharm.

Mujer recibe la vacuna en Hungría.

EPA
El ritmo al que avanza la vacunación varía según los países.

Al contrario de lo que sucede en otros países de la región, como Argentina o Chile, la vacunación no ha comenzado aún en Perú y las autoridades no han podido ofrecer un cronograma seguro.

En Colombia, el gobierno ha sido objeto de fuertes críticas por no haber comenzado aún a vacunar a la gente y haber aludido a las cláusulas de confidencialidad para justificar por qué no podía ofrecer aún una fecha para comenzar a hacerlo.

La confidencialidad en los contratos, sin embargo, cuenta con defensores, con base, sobre todo, en los llamados “subsidios cruzados”. Al poder cobrarles más a los países ricos, los laboratorios se ven en condiciones de ofrecer precios asequibles a los países con menos recursos.

El economista David Bardey señala en conversación con BBC Mundo que si hubiera transparencia en los precios de los medicamentos, “sería más complicado para los laboratorios cobrar precios más altos a los países más ricos si estos pueden observar precios menores para otros países”.

“Si queremos que los países más desarrollados paguen más, es mejor que los precios no sean públicos“, indica el experto, que alerta además de que los países más avanzados están adquiriendo muchas más dosis de las que necesitan porque “sus gobiernos tienen una gran presión de su opinión pública y eso los está empujando a una especie de nacionalismo sanitario”.

Se suele aludir también al derecho que tienen las compañías a obtener un beneficio de las grandes inversiones que hacen en investigación.

Y un tercer factor son los derechos de propiedad intelectual. Un experto español en salud pública que prefirió no dar su nombre resume el papel que, a su juicio, están jugando los grandes laboratorios occidentales: “Están defendiendo su patente para evitar que otros la fabriquen en la India y se las vendan a menor coste a los países pobres”.

Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

EPA
Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se enfrenta al problema de hacer que las farmacéuticas cumplan sus compromisos.

Jonathan García cree que los argumentos a favor de la transparencia ganan valor en el contexto de la pandemia.

“Estamos hablando de una emergencia sanitaria global, de algo que sucede cada 100 años, ante lo que uno esperaría que el sistema utilizara mecanismos mucho más transparentes y buscara un esquema más cooperativo. En cambio vemos que se sigue buscando un mercado monopólico y mantener ventajas en los precios”.

Las diferencias en el acceso a las vacunas han llevado al mundo a un riesgo de “fracaso moral catastrófico”, como definió el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, el hecho de que los países más necesitados vayan a tener que esperar años para inmunizar a su población.

La historia de las epidemias muestra que no sería la primera vez. Ya sucedió con la poliomielitis y la viruela, enfermedades erradicadas mucho antes en los países más avanzados.

O con el VIH, que todavía diezma a muchas poblaciones africanas cuando los pacientes en el llamado primer mundo han visto prolongada significativamente su esperanza de vida gracias al desarrollo de los tratamientos antirretrovirales.

“Los medicamentos están disponibles; el problema son los costos”, indica García.

Y los países de renta media, como la mayoría de los de América Latina, no pueden permitirse al negociar con los laboratorios la actitud exigente mostrada por la Unión Europea, un bloque formado por 27 estados entre los más prósperos del mundo.

*Con información adicional de Martín Riepl en Lima y Carlos Serrano en Miami.


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